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POR ROBERTO VERAS
Los periodistas conocen bien la Ley 6132 sobre la difusión del pensamiento, la cual regula la libertad de expresión en la República Dominicana, estableciendo responsabilidades y límites éticos en el ejercicio del periodismo.
Esta ley garantiza el derecho a informar, pero también impone el deber de hacerlo con veracidad y responsabilidad, exigiendo que toda denuncia esté sustentada en pruebas, aunque no se revele públicamente la fuente de la información.
En días recientes, un periodista dio a conocer una lista de colegas supuestamente vinculados a pagos provenientes de una agencia americana. Sin embargo, estas acusaciones se basaron únicamente en rumores y carecían de evidencias concretas que respaldaran los señalamientos realizados.
La difusión de información sin pruebas no solo vulnera los principios éticos del periodismo, sino que también pone en riesgo la credibilidad del profesional que la emite.
Duro golpe
Como resultado, el periodista en cuestión ha enfrentado un duro golpe a su reputación y ha perdido la credibilidad ante la opinión pública. Este caso sirve como recordatorio de que en el periodismo, las acusaciones sin fundamentos pueden considerarse actos de difamación, afectando no solo a las personas involucradas, sino también al propio emisor de la noticia.
El compromiso con la verdad y la responsabilidad informativa son pilares fundamentales en la labor periodística. Las denuncias deben estar respaldadas por pruebas verificables para garantizar su credibilidad y evitar caer en la desinformación.
La Ley 6132 establece claramente las obligaciones de los comunicadores, protegiendo el derecho a la información, pero exigiendo al mismo tiempo una actuación ética y profesional.
Este incidente debe ser una lección sobre la importancia de investigar con rigor y presentar hechos respaldados por evidencia sólida. Solo así se puede mantener la confianza de la audiencia y preservar la integridad del periodismo.
jpm-am
