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La República Dominicana se acerca a un momento delicado que la clase política parece empeñada en ignorar. Dentro de poco comenzará la entrega de las primeras pensiones bajo el actual modelo de la Ley de Seguridad Social, y todo apunta a que miles de trabajadores recibirán montos muy por debajo de lo que imaginaron después de décadas de cotización.
Ese día no será simplemente un trámite administrativo. Será un choque de realidad.
Durante más de veinte años se vendió la idea de que el sistema de capitalización individual garantizaría estabilidad, ahorro y pensiones dignas. Hoy, sin embargo, los cálculos que circulan entre especialistas y trabajadores muestran otro panorama: jubilaciones que en muchos casos apenas alcanzarán para cubrir una fracción del costo de vida.
En un país donde el precio de los alimentos, la salud, el transporte y los servicios básicos no deja de subir, una pensión insuficiente no es solo un problema económico. Es un problema social.
Indignación
Porque cuando una persona descubre que después de 30 o 40 años de trabajo su retiro se traduce en una pensión que no le permite vivir con dignidad, lo que surge no es resignación. Surge indignación.
Y cuando esa indignación se multiplica por miles o cientos de miles de ciudadanos, el resultado puede ser una crisis social de proporciones imprevisibles.
Por eso resulta incomprensible la lentitud con que el sistema político ha manejado la discusión sobre la reforma de la Ley de Seguridad Social. El tema lleva años en debate. Informes, comisiones, propuestas y mesas de diálogo han producido diagnósticos suficientes para saber que el modelo necesita correcciones profundas.
Sin embargo, las decisiones siguen posponiéndose.
Los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno y los actores económicos vinculados al sistema todavía están a tiempo de actuar. Pero ese margen se reduce cada día.
Revisar las comisiones de las administradoras, garantizar una pensión mínima realista, ajustar los mecanismos de cálculo y proteger mejor los ahorros de los trabajadores no debería ser una batalla ideológica. Es una necesidad nacional.
La política, cuando funciona, sirve para anticipar los problemas antes de que estallen en la calle.
Si el sistema político decide seguir mirando hacia otro lado, el país podría enfrentarse a un escenario de frustración colectiva cuando llegue la primera generación de pensionados y descubra que el sistema no cumplió lo que prometió.
En ese momento, el debate dejará de ser técnico.
Será social. Y quizás demasiado tarde.
jpm-am
