Venezuela: cae el hombre, pero no el sistema

Por Manuel Jiménez V.

Durante meses se manejó más una sospecha que una certeza: que el régimen de Nicolás Maduro se encontraba al filo de la navaja. No era una percepción gratuita. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, sin precedentes en magnitud y narrativa, colocó a Venezuela bajo una presión inédita, oficialmente justificada en la necesidad de frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

El debate real no giraba en torno a si algo ocurriría, sino cómo ocurriría: una invasión abierta o una operación quirúrgica que propiciara una salida interna, con participación de sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas, para poner fin a un régimen que se había colocado al margen de la legalidad tras desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En un contexto de oposición debilitada, fragmentada y sin capacidad de imponer una ruta propia, la expectativa —más que la esperanza— de los venezolanos se concentraba en una sola pregunta: ¿qué decidiría hacer Estados Unidos?

La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión. Los reportes de detonaciones, disparos y movimientos armados en Caracas y otras ciudades del país despertaron a una población sobresaltada, hambrienta de información y consciente de que algo fuera de lo ordinario estaba ocurriendo.

La confirmación llegó poco después, cuando el propio régimen denunció ataques de fuerzas estadounidenses. La incertidumbre se profundizó con la revelación de Delcy Rodríguez sobre el desconocimiento del paradero de Maduro y culminó con la declaración del presidente Donald Trump anunciando la detención del mandatario venezolano y su traslado, junto a su esposa, a un buque en aguas del Caribe.

La reacción fue inmediata y emocional. Venezolanos en Europa, América Latina y Estados Unidos celebraron lo que entendieron como el final de un largo viacrucis. Las imágenes de júbilo, incluso en países como República Dominicana, reflejaron una catarsis colectiva comprensible tras años de crisis, represión y exilio. Sin embargo, la euforia fue breve.

Apenas 48 horas después, comenzó a imponerse una realidad menos festiva y más compleja: el régimen chavista no había desaparecido. Había perdido a su figura central, pero conservaba su estructura política, militar y coercitiva. Maduro ya no estaba en Caracas, sino recluido en una prisión de Nueva York, pero el poder interno seguía funcionando bajo los mismos códigos y actores.

No se produjeron liberaciones de presos políticos. No regresaron exiliados. No se desmontaron los aparatos de intimidación. Los grupos paramilitares continuaron patrullando las calles y la retórica del poder siguió intacta en voces como las de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.

El escenario que se perfila es ambiguo y preocupante: una Venezuela sin Maduro, pero sin soberanía plena; con una figura de facto en el poder interno y una tutela externa que administra decisiones estratégicas, especialmente en materia energética.

El país parece desplazarse hacia una forma de protectorado informal, donde la autodeterminación queda supeditada a decisiones tomadas fuera de sus fronteras.

La oposición venezolana, una vez más, ha quedado relegada. No capitalizó el momento histórico ni logró posicionarse como alternativa real ante la comunidad internacional ni ante su propio pueblo.

Desde 1998, cuando una mayoría apostó por Hugo Chávez, pasando por el aval posterior a su heredero Nicolás Maduro, Venezuela ha transitado un camino continuo de frustraciones acumuladas.

Lo que comenzó como un proyecto político terminó convirtiéndose en una crisis estructural que expulsó a más de siete millones de ciudadanos y degradó profundamente las instituciones del Estado.

Hoy, el país se encuentra en una pausa incómoda. A la espera de que el presidente de Estados Unidos determine cuándo —y bajo qué condiciones— se considerará viable una transición “segura”.

Tiempo es un recurso del que Washington dispone con amplitud, especialmente si ya se proyecta como administrador de los recursos petroleros que Venezuela comenzará a exportar en beneficio compartido, según el discurso oficial.

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