Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
México y Cuba dominan scull en remo de JCC; Dominicana sexto
Irán advierte respuesta ataque ucraniano a buque en el Caspio
Ucrania acusa a Rusia facilitar a Irán satélites para atacar a EEUU
EEUU e Israel, genocidas contra palestinos y cubanos (1 de 2)
El sureste de China, en alerta máxima tras llegada tifón Noul
BERLIN: Al menos un muerto y 16 heridos en atropello múltiple
EU: Encuesta muestra malestar por manejo Trump a economía
PLD defiende el derecho de los
partidos a consultar ciudadanos
Reeligen Amado Díaz vocero de
bloque de diputados del PRM
CONEP pide a Congreso legislar «con cabeza fría y no al vapor»
SANTO DOMINGO.- La directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC) Rosalía Sosa, opinó que hay que elaborar un reglamento para implementar la Ley de Régimen Especial y Naturalización, promulgada por el presidente Danilo Medina.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, externó preocupación los fondos para la aplicación del mismo.
“Nosotros estamos conscientes que no se van a resolver todos los problemas, pero sí a la mayoría de las personas se le va a dar una solución a su situación”, subrayó.
Expuso que la ley tiene tres momentos que son la validación, regularización y la naturalización.
“Nosotros impulsamos y auguramos que el procedimiento establecido en el reglamento sea razonable, sencillo y accesible, porque la gran mayoría de las personas afectadas son de escasos recursos económicos”, adujo sosa.
Sugirió que en la ley sean consignadas las partidas presupuestarias para su implementación, tras afirmar que uno de los grandes problemas que tiene el país es que las normas no están acompañadas de recursos para su aplicación.
Pronosticó que con esta iniciativa se reducirá la presión internacional porque “es inaceptable que un Estado viole los derechos humanos de las personas en su territorio, sea nacional o extranjero”.
