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No sabía que el combate, aunque sea de palabra, al narcotráfico tiene ribetes políticos. Organizaciones partidarias gastan bríos señalando narcotraficantes ligados a otros partidos, pero chillan ante los intentos del Gobierno estadounidense por establecer controles a esa práctica criminal en el Caribe.
La disposición del Gobierno dominicano de permitir que Estados Unidos pueda utilizar “provisionalmente» áreas de dos aeropuertos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región, deja al descubierto quién es quién en este asunto. Asombra el inusitado nacionalismo que ha brotado contra la medida.
El primer grito lo emitió desde Venezuela Diosdado Cabello, cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Como “locura imperial” tildó la acción. Sobre este señor -cualquiera es un señor, dijo Gardel- pesan graves acusaciones de parte de los Estados Unidos, se le vincula, como a su jefe, de partícipe del llamado Cartel de los Soles.
El presidente Abinader ha consentido en prestar áreas del aeropuerto Internacional de las Américas y otro espacio en la Base Aérea de San Isidro, la cual opera un aeródromo militar. Aviones y personal técnico de Estados Unidos prepararán acciones logísticas contra el narcotráfico, a través de la operación «Lanza del Sur».
Grupos dominicanos que son más adeptos a Maduro “ y su viejo de gobierno de difuntos y …heces” que, a su propio país, protestan la medida porque no ha gustado a los beneficiarios del gobierno venezolano. De ningún modo, las operaciones a realizarse aquí implican la posibilidad de invadir a ese país hermano.
El presidente Abinader, en correspondencia con su sentido democrático, tuvo a bien participar a los tres expresidentes de la República el plan de colaboración con EUA para el combate al crimen organizado. Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina dieron su no objeción al acuerdo. No se justifica el tirar la piedra y esconder la mano.
Resulta fácil entender que sobre República Dominicana pende «una amenaza real que no reconoce fronteras», como aseguró el presidente Abinader. Por eso, la decisión responde a una necesidad estratégica: reforzar el anillo de protección aérea y marítima ante el incremento de las actividades del crimen organizado en la región.
La adhesión al dictador Maduro no debe prevalecer sobre el interés nacional. Si el Gobierno estadounidense se presta a reforzar la vigilancia contra el tráfico criminal de drogas, esa colaboración es válida. La falsa izquierda debe buscar otros argumentos para justificar a Maduro. Lo mismo va para sectores de Fuerza del Pueblo.
jpm-am