Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Abinader y Leonel irán encuentros con empresas inversión extranjera
Reclamos de la oposición matizan el proceso electoral dominicano
Meteorología emite niveles de alerta para 23 provincias en RD
Asociación Cibao entrega fondos para desarrollo proyectos sociales
Dictan 30 años de prisión asesino de una mujer durante un asalto
Haitianos en Bávaro: bomba de tiempo (OPINION) 
Alcaldía de Santiago mantiene
operativos limpieza y saneamiento
Arrestan 280 haitianos y 7 de RD en Parque Nacional Los Haitises
Rusia emite orden busca y captura contra el Presidente de Ucrania
Aeropuerto internacional de Haití cumple dos meses sin operación
Una adecuada supervisión del Ministerio de Salud Pública
Demos gracias a la globalización por la tremenda ayuda que le está brindando al país. Hace un tiempo, EEUU informó de la sobrevaluación y los sobornos por 3.5 millones de dólares en la compra de los aviones Super Tucanos.
Más recientemente, EEUU anunció que ODEBRECHT confesó haber sobornado a funcionarios dominicanos por 92 millones de dólares, para obtener contratos de obras sobrevaluadas en miles de millones de dólares, en sólo una década.
Ahora le tocó el turno al sector salud. Los norteamericanos se cansaron de recibir quejas sobre las malas prácticas de determinadas clínicas de cirugía estética, que han causado decenas de muertes y lesiones a ciudadanos y residentes de ese país.
Hace unas semanas, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York hizo pública una advertencia a los neoyorquinos sobre malas prácticas y falta de control oficial, que han provocado 16 muertes, en menos de dos meses, un escándalo transnacional.
‘‘Exhortamos a cualquier persona que se haya realizado una cirugía cosmética en la República Dominicana, y que haya desarrollado una infección en la piel, a buscar ayuda médica inmediata’’, dijo la comisionada de salud doctora Mary T. Bassett.
La infección bacterial fue detectada en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA), reincidente, ya que en junio del 2013 Salud Pública lo cerró por varios casos, pero días después lo reabrió, sin la debida supervisión y seguimiento.
Esos casos y denuncias son de larga data. Nuria Piera y otros medios han denunciado varios, con nombres y apellidos. Desde luego, estas deficiencias del MSP han generado cientos de muertes maternas e infantiles, sin consecuencias por tratarse de gente pobre.
Estas muertes empañan los planes del turismo de salud
Da pena que tengamos que esperar que nuestro principal socio denuncie públicamente la incapacidad oficial para garantizar la vida y la tranquilidad de cientos de muchachas que vienen al país, con la esperanza de mejorar su físico y de elevar su auto estima.
De haber habido una adecuada supervisión del Ministerio de Salud Pública, esto no estaría pasando, y no llegaría a nivel de escándalo internacional, en circunstancias que, sin dudas, tendrá otro efecto multiplicador adverso para nuestro país.
Por desgracia, una advertencia tan sonora, –por la credibilidad e influencia de su emisor–, se disemina por el mundo en un momento en que médicos e inversionistas anuncian importantes planes para ofertar y promover “el turismo de salud”.
Contrario a la Ley General de Salud 42-01, el Ministerio de Salud no supervisa ni habilita, regularmente, los centros privados de salud, ni mucho menos los públicos, dejando a la ciudadanía en un evidente desamparo.
Tanto los centros privados como los públicos fueron habilitados provisionalmente en el 2003, de un plumazo, para el inicio del Seguro Familiar de Salud. No obstante, 14 años después, la gran mayoría todavía mantiene este estatus irregular.
Estas muertes lamentables, y estas advertencias internacionales vergonzosas, no ocurrirían si las autoridades nacionales, de una vez por todas, tomaran en serio las constantes denuncias y quejas, de diversos sectores, sobre el mal estado, la falta de recursos y las deficiencias de los servicios públicos.
Y, además, si el MSP realmente llenara su función supervisora y sancionadora de las clínicas privadas que operan sin las condiciones mínimas, establecidas por la Ley General de Salud 42-01 para garantizar a la ciudadanía eficacia y seguridad en el cuidado de su salud.
jpm