El fortalecimiento de la institucionalidad democrática debe ser una tarea permanente y sostenida a la que no puede rehuir el liderazgo político de la República Dominicana. Establecer regulaciones y controles más eficientes y efectivos a las organizaciones que conforman el sistema de partidos es una prioridad. Los partidos políticos de este país no pueden seguir siendo fuentes de escándalos y de malos ejemplos. Dirigentes, militantes y simpatizantes de esas formaciones no pueden continuar promoviendo el caos y la anarquía, ni protagonizando actos reñidos con el ordenamiento jurídico sin que reciban las debidas sanciones. Es innegable que la democracia dominicana ha avanzado mucho en los últimos 20 años y está claro quelos cambios que se observan son el producto de las reformas institucionales que se han impulsado desde la sociedad y el Estado. Pero todavía falta mucho más y las élites políticas deben actuar con la madurez suficiente para generar los consensos que permitan dar respuestas a las debilidades que tiene el sistema de partidos de la República Dominicana. La Ley de Partidos es una de esas respuestas urgentes que necesita la sociedad de hoy, la cual tiene más de 15 años debatiéndose en el Congreso Nacional, en tertulias políticas y medios de comunicación sin lograr los resultados esperados. En el país, se han realizado infinidad de actividades, promovidas éstas por organismos internacionales y locales, donde han participado expertos cuyos conocimientos y asesorías han sido de mucha utilidad, pero no ha habido forma de persuadir a los responsables de construir el consenso necesario. En el año 2012, varios candidatos firmaron un acuerdo comprometiéndose a impulsar la aprobación de la Ley de Partidos, pero con el paso del tiempo ésta aún continúa empantanada en el Congreso Nacional sin que diputados y senadores la voten de manera definitiva. Esta leyobligará a las organizacionespolíticas a ser verdaderamente democráticas, transparentes en el manejo de los recursos financieros y viabilizadoras, a la vez, de la participación plena de los ciudadanos promoviendo principios y valores que sustenten el fortalecimiento sostenible de las instituciones partidarias del sistema. Es deber de todos los dominicanos exigirle a los líderes y dirigentes de los distintos partidos políticos que se pongan de acuerdo, que construyan el consenso para que esa ley sea aprobada a la mayor brevedad, lo cual garantizará el fortalecimiento del sistema democrático de la República Dominicana.
Un consenso necesario
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