Triste final de Alan García

Las dos últimas decisiones del expresidente peruano Alan García Pérez no contribuyen en nada a demostrar su inocencia en el caso Odebrecht: el intento de evadir la persecución judicial

refugiándose en la embajada de Uruguay, buscando un asilo político a todas luces improcedente; y la fatal determinación de quitarse la vida al momento en que se ejecutaba

una orden de detención.

Lo de la persecución política como justificación para al asilo no le serviría como había ocurrido en ocasión de un requerimiento judicial anterior, porque esta vez no podía alegarse una

judicialización selectiva, porque abarcaba a otros tres expedientes de distintas formaciones políticas, y a la principal líder opositora, amén de contravenir la Convención de Asilo

Diplomático de la OEA que en su artículo 3 establece que «no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante los

tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes».

Esa acción era totalmente contradictoria con las declaraciones que ofreció al estar bajo una coerción que le impedía salir de su país por dieciocho meses, y dijo que para él no

representaba castigo el estar obligado a permanecer en su país.

Como orador y político culto, Alan García conocía muy bien la sentencia de Henry David Thoreau de que para un hombre honesto la cárcel es un templo.

En la carta que dejó escrita, titulada «razón de mi acto», para explicar su suicidio dice  «la historia tiene más valor que cualquier riqueza material», por lo que tenía que emplearse en

documentar su inocencia para que los que se ocupen de estudiar su figura puedan desmontar infamias.

Mientras se alegaba que el vínculo con caso Odebrecht se limitaba al cobro de cien mil dólares por una conferencia dictada en Brasil, no veía que esa fuera razón para vincular a un

expresidente a un expediente de soborno, pero luego se reveló la delación en la que Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, de que la empresa había depositado sobornos por valor de cuatro millones de dólares, en cuentas a nombre de Jorge Nava, ex ministro de la presidencia y mano derecha de García, cosa de la que es difícil creer que el presidente

estuviera al márgen.

A diferencia de lo que ha ocurrido en República Dominicana, donde no hay señalamientos directos, ni se le practicó interrogatorio al principal delator, Marcos Vasconcelos Cruz, en Perú

este lunes se interrogará al ex intendente Jorge Barata.

«He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos», dice en su carta de despedida, que en ese aspecto muestra a alguien que se siente superior a sus semejantes.

Si otros expresidentes están siendo investigados ¿Por qué no podría serlo Alan García?

Dice ha dejado a sus hijos «la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo,y a mi cadáver como una muestra de desprecio a mis adversarios porque ya cumplí la

misión que me impuse».

Su cadáver no es sólo señal de desprecio para sus adversarios, es una tragedia para su familia, para su partido y para su país, y el peor legado que podía entregar a sus nietos.

No le redime, por el contrario lo proyecta como alguien que acorralado frente a evidencias que no puede negar, optó por quitarse la vida. Se ha otorgado un final infame.

wj/am