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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal Constitucional acogió un recurso de revisión depositado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y dispuso elaborar reglamentos sobre la tasa que deben cobrar los defensores públicos a los imputados solventes y crear un registro de los abogados privados que estén en condiciones de representar a esos acusados de delitos penales.
La decisión ordena a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), mediante sentencia, elaborar esos reglamentos que establecen los artículos 5 y 43 de la Ley 277-04 que regula Servicio Nacional de Defensa Pública.
Miguel Surun Hernández calificó dicha sentencia como positiva y trascendental para los abogados y abogadas del país; así como para la población en general, ya que evita la competencia desleal y facilita el acceso a la justicia gratuita de las personas de escasos recursos.
Surun Hernández felicitó el trabajo realizado por el Tribunal Constitucional con la actual sentencia que también estableció la gratuidad del servicio de defensa para imputados sin medios suficientes para contratar un abogado.
“ Con la actual sentencia el TC acogió un recurso de revisión de amparo sometido por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en contra de la sentencia número 00340-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) el 22 de septiembre de 2016, la cual fue revocada por el órgano constitucional”, explicó Surun Hernández.
El dispositivo del fallo está contenido en el comunicado 64/17, emitido el 25 de octubre, el cual fue publicado en la página web del Tribunal Constitucional.
of-am