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SANTO DOMINGO (EFE).- El Senado rechazó las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal con el objetivo de despenalizar el aborto en tres causales, lo que de inmediato fue condenado por grupos feministas apostados frente al Congreso Nacional.
De esta manera, quien fuera condenado por causar o inducir a un aborto sufrirá penas de cárcel de entre 2 y 10 años, según lo aprobado por el Senado, dominado de manera absoluta por el oficialismo.
El presidente Danilo Medina había rechazado una anterior sanción de los senadores, y solicitado que el aborto no fuera perseguido en los casos de violación, rapto o incesto, siempre y cuando se practique la interrupción dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y que el hecho hubiese sido denunciado.
Además, cuando para la interrupción del embarazo se agoten todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar la vida de la madre y la criatura, hasta donde sea posible, y en casos de una malformación congénita que establezca, clínicamente, la inviabilidad de la criatura.
Los senadores, sin embargo, rechazaron esas particularidades y volvieron a ratificar la penalización del aborto en todas sus manifestaciones.
Varios legisladores argumentaron tras la sesión que el Código Penal establece en uno de sus artículos que los médicos podrán decidir qué hacer en casos donde la salud de la madre corra alto riesgo de producirse el alumbramiento.
La decisión fue duramente criticada por grupos feministas que permanecieron varias horas frente a la sede del Congreso Nacional y que recibieron el apoyo de la ministra de la Mujer, Janet Camilo, quien dijo que postura de los senadores confirma el «machismo» que impera en el país.
Horas antes de conocerse la decisión, Amnistía Internacional (AI) destacó la oportunidad que tienen los senadores dominicanos de «desechar una de las leyes más restrictivas sobre el aborto y comenzar a proteger los derechos de millones de mujeres y niñas».
«Los senadores en la República Dominicana tienen una oportunidad de oro para proteger la vida de millones de mujeres y niñas. Deben aprovechar esta oportunidad y desechar una de las leyes más restrictivas sobre el aborto, contenida en un Código Penal que data del siglo XIX», dijo en un comunicado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.
El tema del aborto desató en el país posiciones encontradas, pues las iglesias y partidos conservadores exigían su penalización, mientras sectores oficialistas como el Ministerio de la Salud y organizaciones de la sociedad civil solicitaban que el Congreso Nacional acogiera las modificaciones del Poder Ejecutivo.
Las organizaciones liberales locales aseguran que la penalización del aborto solo causa que más mujeres lo practiquen a escondidas, con el consabido riesgo para su salud.
Además, de que esto solo perjudica a las mujeres pobres, porque las de la clase alta podrían salir del país y practicarse un aborto donde este no fuera penalizado.
