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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional y el Banco de Reservas recurrieron por ante el Tribunal Constitucional la sentencia que ordenó la entrega de 20.8 millones de dólares a la sociedad Prado Universal Corp., que preside el convicto narcotraficante español Arturo del Tiempo.
Solicitaron al Tribunal Constitucional que revoque la sentencia emitida por la jueza Awilda Reyes Beltré, que otorga ganancia de causa a los socios de Del Tiempo.
El recurso de revisión fue realizado a través de los procuradores adjuntos Ricardo José Taveras Cepeda y María Hernández García, la fiscal Yeni Berenice Reynoso, y los abogados Fabiola Medina, Cristóbal Rodríguez, Yuroski Mazara Mercedes y Miguel Núñez Herrera, en representación del Banreservas.
Los miembros del Consejo Directivo del BR pidieron a los jueces del TC que el recurso de revisión sea declarado de extrema urgencia, por la «gravedad y daño permanente que pueden ocasionar las interpretaciones y criterios jurídicos contenidos en esa sentencia».
Reynoso, el Procurador y los abogados de la entidad bancaria sostienen que el tribunal debe declarar inadmisible la acción de amparo..
La instancia fue depositada por ante la Secretaría de la Cuarta Sala Penal, que deberá tramitar el expediente por ante el Tribunal Constitucional para conocer del recurso de revisión.
Pide investigación
Domínguez Brito solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia que investigue la actuación de la jueza Reyes Beltré.
En una carta al juez Mariano Germán Mejía, el Procurador opina que “se debe iniciar una investigación en contra de la actuación de la magistrada Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional”, quien también condenó a la Procuraduría al pago de un astreinte de un millón de pesos por cada día de retardo al cumplimiento de dicha sentencia.
Alega que Reyes Beltré “no tomó en cuenta ninguno de los medios presentados por los impetrados en el desarrollo del conocimiento de la audiencia de amparo, asumiendo como una violación al derecho de propiedad y del ejercicio de la libre empresa un crédito que no se ha constituido y que, por lo tanto, no es susceptible de liquidación ni de exigibilidad”.
Sostiene que “el tribunal ignoró todo el debido proceso penal y civil agotado en el caso en cuestión, asumiendo la jueza de manera incomprensible que la ejecución de actuaciones judiciales han perjudicado derechos fundamentales de la impetrante del amparo”.
En ese sentido, calificó de abusiva la sentencia en contra del ministro de Hacienda, el administrador general del Banco de Reservas, la fiscal del Distrito Nacional y la Procuraduría, al condenarlo al pago de “sumas absurdas de dinero si no obtemperan al reconocimiento inmediato de unos derechos supuestamente afectados”.
“Es deber fundamental de todo juez de amparo ponderar, con estricto apego al derecho, los argumentos de todas las partes envueltas en la acción”, indicó.
Manifestó que la actuación de Reyes Beltré pudiera constituir un obstáculo a la lucha de las autoridades contra el crimen organizado, ya que pudieran tratar de amilanar o mermar el rol del Estado en esa materia.
jt/am
