El juez Jerónimo Mejía dijo que el proceso se suspendía debido a la inasistencia del ex gobernante, quien se encuentra fuera del país desde el 28 de enero luego de que la Corte Suprema de Justicia autorizara investigarlo por otro caso relacionado por presunta corrupción en la compra de comida deshidratada por 45 millones de dólares a través de un programa de asistencia nacional.
La declaración de rebeldía abrió el camino para que se gestione la captura de Martinelli y su repatriación, aunque Mejía aclaró que es el pleno de la Corte Suprema el que debe decidir sobre esa materia.
El fiscal del caso, Harry Díaz, y al menos uno de los abogados de una de las presuntas víctimas por el espionaje telefónico presentaron el viernes por la tarde solicitudes ante el pleno del máximo tribunal de justicia para que ordene la detención del exmandatario.
«La renuencia del acusado entorpece la marcha de la administración de justicia», planteó el fiscal Díaz en su petición.
El opositor político Mitchell Doens, uno de los querellantes contra Martinelli, se expresó de acuerdo con la declaratoria de desacato contra el exgobernante. «Él tiene que venir a dar la cara por los desmanes contra los derechos humanos y sus actos de corrupción».
Díaz había presentado hace semanas un escrito de acusación contra el expresidente y una solicitud a las autoridades para que lanzaran una alerta internacional para localizarlo, aunque el exlíder conservador aún no ha sido acusado formalmente.


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