SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República instruyó a sus dependencias de toda la República Dominicana a que soliciten multas de entre 2,000 (US$34)  y cien mil pesos (US$1,724)  a las personas que sean arrestadas por violar el toque de queda impuesto por el Gobierno para tratar de controlar la pandemia de coronavirus.

Observó que en los casos de que los imputados estén imposibilitados de pagar esas multas, los fiscales deben solicitar al Juez competente la conversión de las mismas en trabajo comunitario de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro.

La disposición en este sentido está contenida en una “Instrucción General” que la procuradora general Miriam Germán Brito remitió este lunes a los procuradores titulares de las fiscalías, generales de cortes de apelación titulares y generales de cortes titulares de procuradurías especializadas.

Esta comunicación,  a la cual tuvo acceso ALMOMENTO.NET, ha sido enviada con copia a la Directora General de Persecución del Ministerio Público.

En su artículo primero, ordena a los agentes de la Policía Nacional que presenten ante el Ministerio Público “sin demora y sin falta, a todas aquellas personas que sean arrestados por violación al toque de queda y a las medidas relativas a las aglomeraciones de más de 10 personas en los espacios públicos y privados de uso público, impuestos en el decreto 7-21, de  8 de enero de 20 21, o cualquier otro decreto emitido por el Poder Ejecutivo”.

Señala que “en caso de verificar que el pago de una multa constituiría una imposibilidad para el imputado, deben solicitar al juez competente la conversión de la multa en trabajo comunitario de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro y, fuera de sus horarios habituales”.

Respecto a los montos a ser cobrados, los mismos se detallan en la siguiente tabla:

La Procuradora informa que, a partir de la fecha, para el registro y verificación de las multas correspondientes a las sanciones indicadas, se utilizará la plataforma tecnológica de la Procuraduría general de la República, conocida como Back Office.

Instruye a los procuradores fiscales titulares remitir los días lunes de cada semana la Dirección General Administrativa y Financiera la relación de las multas cobradas en la semana anterior.

sp-am

SANTO DOMINGO.- El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, pidió a los agentes que patrullan las calles durante el toque de queda que no atropellen a las personas que detengan porque hayan violado esa disposición.

La solicitud surge horas después de la publicación en las redes sociales de varios videos de policías y militares agrediendo a ciudadanos que sorprenden transitando después del horario del toque de queda implementado por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19.

“Si bien es cierto la población debe contribuir cada día para respetar el trabajo de @PoliciaRD, de igual forma exhortamos a los agentes a no cometer atropellos de ninguna índole contra ningún ciudadano al momento de ser detenido por el toque de queda”, escribió Vásquez en Twitter.

Este domingo se ha hecho viral un video de un hombre que fue apresado frente a su familia en una villa que había alquilado para pasar estos días “para evitar estar en la calle”.

El hombre fue apresado en traje de baño y pedía a los agentes que le permitieran vestirse, pero los uniformados no accedieron.

Los agentes que acudieron al lugar penetraron a la villa y cuando el hombre exigió hacer una llamada “como establece la ley”, los policías le dijeron que haría su llamada cuando estuviera en el destacamento.

La acción de los agentes con las personas que rentaron la villa fue ampliamente censurada en las redes sociales.

jt/am

SANTO DOMINGO.- El exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra declaró este lunes que su empresa desembolsó varios millones de dólares en cuentas de dos de los imputados por este caso en la República Dominicana, unos fondos destinados a pagar sobornos al también acusado exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.

Al reanudar la declaración que comenzó el pasado viernes, Dantas Bezerra reiteró ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que Odebrecht realizó pagos, a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas, al empresario Ángel Rondón y al abogado Conrado Pittaluga, quienes habrían actuado como canalizadores de los sobornos.

En cuanto a la cuantía de los pagos realizados por Odebrecht a Pittaluga, el testigo afirmó que no recuerda «el monto exacto, pero eran algunos millones de dólares».

Esos fondos estaban destinados al exministro Díaz Rúa, afirmó el testigo brasileño en respuesta a preguntas del Ministerio Público.

En concreto, mencionó que se realizaron pagos en cuentas de las compañías Lashan Corp, Neoport, Comansa, pertenecientes a esos dos acusados, imputados por el caso junto a cuatro ex altos funcionarios.

Asimismo, durante la sesión Dantas Bezerra identificó varios documentos presentados por el Ministerio Público como elementos probatorios y señaló que la empresa entregó esos datos a la Procuraduría General de la República (PGR) mediante correspondencia.

Los abogados de la defensa insistieron en la falta de validez del testimonio del ex ejecutivo de la constructora brasileña durante la sesión, que fue interrumpida con frecuencia por la interposición incidentes por parte de los representantes de los acusados, rechazados por el tribunal.

Los defensores coincidieron en argumentar que el testigo, de manera genérica, se ha referido a comunicaciones de terceros vía correo electrónico o a lo que escuchó de otras personas, reiterando que el brasileño no ha presentado pruebas concluyentes que apoyen la acusación.

En declaraciones a periodistas al margen de la sesión, Díaz Rúa dijo que Bezerra es un «testigo preparado por el Ministerio Público» para declarar en su contra y que, entre sus objetivos, pretende «limpiar» la imagen de Odebrecht «para seguir operando» en el país.

Tras un receso de cerca de una hora y media, el proceso se reanudó con preguntas dirigidas a Bezerra sobre el papel del imputado Ángel Rondón en la trama de los sobornos.

El testigo no supo decir «específicamente» la cantidad pagada a este acusado y se remitió al acuerdo firmado entre Odebrecht y las autoridades dominicanas, donde se reconoce la entrega de 92 millones de dólares y que esos pagos constituían sobornos.

Según Bezerra, el dinero se entregó a Rondón a través de las empresas controladas por Departamento de Operaciones Estructuradas, y aunque el testigo manifestó dudas sobre qué compañía las realizó, terminó mencionando a la Constructora del Sur como entidad que habría depositado los sobornos en cuentas offshore.

La relación entre Odebrecht y el imputado era de asociación comercial, en la que Rondón era un agente que representaba los intereses de la empresa, socio e intermediario en el pago a los funcionarios públicos, explicó Dantas Bezerra en respuesta a preguntas de la acusación.

En la sesión del viernes pasado, Dantas Bezerra ya admitió que Obebrecht pagó millones de dólares en sobornos en el país que eran canalizados a través de Rondón y Pittaluga, y también citó como receptor de sobornos al exministro.

El dinero se entregaba para que estos hicieran posible la adjudicación de obras públicas, reconoció el ejecutivo, que también declaró que la empresa admitió la comisión de los delitos de corrupción, lavado de activos y violación a las reglas de contabilidad.

El interrogatorio a Dantas Bezerra continuará este martes y cuando concluya su testimonio deberán comparecer ante el tribunal los testigos Rodrigo Maluf Cardoso, Marcelo Hofke y María Eugenia Batista.

Además de los tres ya mencionados, los otros tres acusados dominicanos por el caso de los sobornos desembolsados por la compañía son los exsenadores Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana para obtener la adjudicación de obras públicas entre 2001 y 2014.

SANTO DOMINGO.- La cúpula de la Iglesia católica dominicana reiteró este domingo su oposición al aborto en cualquiera de sus manifestaciones, en momentos en los que el Congreso Nacional (bicameral) debate si aprobarlo o no en tres causales defendidas por el presidente del país, Luis Abinader.

«La vida es un derecho anterior a toda legislación. Sin vida no hay posibilidades de disfrutar de ningún otro derecho», expusieron los obispos dominicanos en una carta pastoral en la cual califican de «violación constitucional» la eventual sanción congresual del aborto.

La Carta Magna de República Dominicana establece en uno de sus artículos que «el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte».

El documento de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) afirmó que la ciencia demuestra que el niño en el vientre de su madre tiene una vida individual, con identidad genética propia y unicidad e irrepetibilidad comprobada.

«Incorporar el aborto en nuestra legislación, en cualquier circunstancia, es una flagrante violación constitucional, y un golpe al Estado Social y Democrático de Derecho», aseguraron.

Los jerarcas católicos dijeron sentirse «estremecidos» con aquellos que piensan sacrificar niños inocentes bajo apelativos eufemísticos como decisión sobre el propio cuerpo, empoderamiento femenino o derechos sexuales y reproductivos.

«Apelamos a nuestros gobernantes y legisladores, elegidos para representar a nuestro pueblo, a que defiendan el parecer de la mayoría de ese mismo pueblo que desea que se respete y se defienda la vida», se lee en una parte del documento.

Los obispos se oponen a quienes, como Abinader, defienden el aborto cuando represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto, o existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Abinader dijo en diciembre pasado, en una entrevista concedida al diario español El País, que favorece esas tres causales.

«Mire, yo estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana sino del mundo, con el aborto libre, pero sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Esa ha sido la posición oficial de nuestro partido», dijo el mandatario en esa ocasión.

El Congreso Nacional dominicano debate el asunto desde hace varios años y ha aprobado en par de ocasiones un nuevo Código Penal que mantiene la penalización del aborto, pero en ambas oportunidades el expresidente del país Danilo Medina rechazó promulgar la ley.

La República Dominicana se mantiene entre los únicos seis países de la región que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.

De acuerdo a encuestas hechas públicas, el 79 % de la población dominicana está de acuerdo con el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, el 76 % lo apoya por malformaciones del feto incompatibles con la vida y el 67 % cuando es fruto de violación o incesto y pederastia.

SANTO DOMINGO.- El Metro y el Teleférico de Santo Domingo extenderán a partir de este lunes sus horarios de servicio de transporte público.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que la medida se tomó ante la ampliación del libre tránsito una vez iniciado el toque de queda.

El horario de servicio en el Metro será de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche y los sábados y domingos de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Asimismo, el Teleférico operará los días de semana de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, sábados de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y los domingos de 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

“Llegada la hora de cierre, la Opret garantizará el servicio a todas las personas que hasta ese momento se encuentren en la fila”, informó la institución en un comunicado.