DOHA, Qatar- En busca de fortalecer las relaciones bilaterales entre República Dominicana y el Estado de Qatar, la vicepresidenta Raquel Peña sostuvo una audiencia con el Amir, Su Alteza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, donde se trataron temas de intercambio que beneficiarán a ambas naciones.

Peña, quien se encuentra agotando una apretada agenda de trabajo, en representación del presidente Luis Abinader, conversó con el Amir sobre los planes de cooperación entre ambos países que serían de gran importancia para la inversión extranjera.

Previo al encuentro, sostuvo reuniones con Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud, ministro de Industria y Comercio de esa nación y Ali bin Ahmed Al Kuwari, Ceo del fondo soberano de inversión, Qatar Investment Authority, con quienes trató temas que ayudarán a mejorar el crecimiento económico del país, tomando como referencia a Qatar, uno de los países con el PIB per cápita más alto del mundo.

Luego, Peña fue recibida por Su Excelencia la Sheikha Al Mayassa en su despacho, donde conversaron sobre el arte y la cultura. Al finalizar la reunión, la Sheikha guió a la vicepresidenta durante un recorrido por el Museo Nacional de Qatar donde intercambiaron experiencias sobre la cultura e historia de ambos países.

En el curso de su agenda, la vicemandataria realizó un recorrido por el Centro Traumatológico Hamad, el más grande y concurrido de esa región, que, además, cuenta con tecnología de primera y ofrece sus servicios de manera gratuita.

Allí fue recibida por el cirujano y científico dominicano y director médico adjunto del centro, el doctor Rubén Peralta y la ministra de Salud de Qatar, la doctora, Hanan Al KuwariEn. En este escenario, compartió impresiones sobre los avances tecnológicos y sus aportes en el sector salud, así como experiencias que podrían replicarse en República Dominicana.

Más tarde, la vicemandataria se reunió con el CEO de la aerolínea, Qatar Airways; Akbar Al Baker con quien conversó sobre las oportunidades de colaboración entre esta empresa y la República Dominicana, así como otros proyectos de interés para el sector turístico en el país.

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SANTO DOMINGO.- Los largos taponamientos y caos que en los últimos días han afectado  al Gran Santo Domingo provocan no sólo pérdidas económicas por el gasto excesivo de combustible sino también el enojo de la población, que se ve impedida de llegar a tiempo a su destino.

Muchos se quejan de que para llegar a su hora al trabajo, centro de estudios o cualquier otro lugar tienen que salir de sus casas hasta dos horas antes  y de que les toma otras tantas para retornar.

Los tapones ya no están solo en las llamadas horas pico, como ocurría hace tiempo; ahora se producen en todo momento.

LEGISLADOR VE HAY COLAPSO

El diputado Luis Henríquez,  del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),  atribuyó el problema a  irresponsabilidad de las autoridades nacionales y municipales.

El legislador por la provincia de Santo Domingo dijo que el desorden del tránsito ha llevado al colapso a la capital y el municipio Santo Domingo Este (SDE).

“Esto se debe a la carencia de una política de planificación y a la irresponsabilidad de las alcaldías que en lugar de accionar con medidas resolutivas, adoptan medidas paliativas”, denunció el también miembro del Comité Central del PLD.

CUESTIONA «RUTAS DE BICICLETAS»

Citó el caso del Distrito Nacional en donde dijo que el caos del  transporte no se resuelve con “rutas de bicicletas”.

Henríquez dijo que calles y avenidas de la  de la capital y su municipio Santo Domingo Este se mantienen  entaponadas a todas horas y todos los días, lo cual también provoca contaminación del  ambiente, daño  la salud de las personas,  pérdida de tiempo y lesión a la economía de los hogares.

Respecto a Santo Domingo Este pidió que las autoridades se comprometan a hacer un plan de ordenamiento para ir solucionando el embotellamiento de tránsito, que llena de angustia  y desesperación  a automovilistas y transeúntes.

an/am/sp

SANTO DOMINGO.-  El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) explicó que el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales viola varios artículos de la Constitución y derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justicia, durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Diputados que estudia dicha pieza, encabezada por Rogelio Genao Lanza.

Miguel Surun Hernández, quien asistió a la consulta en compañía de otros miembros del gremio, indicó de manera escrita y verbal que dicha pieza elaborada y depositada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios.

Agregó que dicho proyecto en sus artículos 11, 12, 13 y 14 pretende quitarle facultades al Congreso Nacional, a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que el mismo ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y contra la Constitución.

Los juristas también denunciaron que dicha pieza plantea la realización de audiencias y procesos virtuales obligatorios, no opcionales, con lo que viola la Tutela Judicial; además se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las Secretarías que establece la Constitución y la Ley 821.

“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población Dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales serán a discreción de un Juez”, lo que vulnera los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal,  Código de Trabajo y otros.”, expresó.

Calificó como preocupante que el proyecto pretenda dar validez probatoria a los documentos escaneados, tratándolos como originales, a pesar de ser fotocopias a color, lo que abriría las puertas a los fraudes judiciales.

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