La economía global atraviesa una transformación silenciosa pero contundente: el bienestar ha dejado de ser una aspiración individual para convertirse en una industria estructurada, multimillonaria y en expansión acelerada. Este fenómeno, conocido como wellness economy, integra sectores como el turismo de salud, la alimentación saludable, el fitness, la salud mental, la medicina preventiva y las experiencias holísticas.

De acuerdo con organismos internacionales, esta industria ya supera los 4.5 billones de dólares a nivel mundial, con tasas de crecimiento que superan a sectores tradicionales como la manufactura o el comercio minorista. La razón es clara: las personas ya no solo buscan vivir más, sino vivir mejor.

La industria del bienestar no es una moda pasajera. Es el resultado de cambios profundos en el comportamiento del consumidor global: mayor conciencia sobre la salud física y mental, incremento del estrés urbano y laboral, envejecimiento poblacional en economías desarrolladas y digitalización que facilita el acceso a servicios personalizados.

Esto ha dado lugar a un ecosistema económico donde convergen clínicas especializadas, retiros de bienestar, turismo médico, spas terapéuticos, productos orgánicos y plataformas digitales de salud. En este contexto, los países que logren articular una oferta integral de bienestar no solo atraerán turistas, sino también inversión, talento y posicionamiento internacional.

Estrategia

La República Dominicana ha avanzado de manera significativa en algunos componentes de esta industria, pero aún no ha consolidado una estrategia país que le permita capitalizar plenamente esta tendencia global. Actualmente, el país se posiciona de forma destacada en turismo de salud y bienestar, con una oferta competitiva en cirugías estéticas, odontología y procedimientos ambulatorios.

Esto se complementa con su entorno vacacional, lo que genera una combinación atractiva entre servicios médicos y experiencia turística. A esto se suma su fortaleza en infraestructura hotelera, clima tropical, biodiversidad y conectividad aérea, aunque estas ventajas siguen subutilizadas dentro de un enfoque integral de bienestar.

Si se analiza el mapa regional, la República Dominicana posee condiciones que podrían convertirla en un hub de bienestar del Caribe y América Latina. Cuenta con una ubicación estratégica, clima favorable durante todo el año, costos competitivos, capital humano en desarrollo y una marca país asociada al descanso.

Sin embargo, el principal reto no es la falta de recursos, sino la ausencia de articulación estratégica. Para posicionarse de manera sólida en esta industria, el país debe diseñar una política pública integral de wellness economy, incentivar inversiones, certificar estándares internacionales, integrar sectores clave y construir una narrativa país enfocada en bienestar.

La industria del bienestar representa una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI. La República Dominicana tiene condiciones reales para convertirse en un referente regional, pero el tiempo es un factor crítico y otros países ya avanzan con mayor claridad estratégica.

La pregunta no es si el país puede competir, sino si decidirá hacerlo con visión, planificación y liderazgo. Porque en la economía del bienestar no basta con tener ventajas: hay que saber convertirlas en posicionamiento global.

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Por RAMFIS RAFAEL PEÑA NINA

Quien hereda no siempre es quien merece heredar.
El derecho debería ser consecuencia del cumplimiento de los deberes. Sin embargo, heredar no equivale necesariamente a merecer. Nuestro ordenamiento jurídico lo consagra como un mandato casi automático, sustentado únicamente en el vínculo biológico, como si el ADN bastara para justificar un privilegio.

Así, se diluye el derecho de quien construyó los bienes. Se limita su facultad plena de disponer libremente de lo que con esfuerzo, sacrificio y visión logró edificar a lo largo de su vida.

Las leyes nacen en contextos históricos determinados; responden a realidades concretas y a necesidades de su tiempo. No son inmutables. He consultado el tema con colegas, y muchos se amparan en el Código Napoleónico, al que consideran casi perfecto, como si no requiriera revisión ni actualización.

Pero la historia demuestra lo contrario. Hubo épocas en que el “ojo por ojo” fue norma aceptada, y hoy lo vemos como un principio superado. Incluso en el ámbito religioso, el Nuevo Testamento se entiende como una evolución del Antiguo, suavizando su rigidez y adaptando sus principios a una visión más humana y compasiva.

En la actualidad, cabe preguntarse cuántos herederos son verdaderamente merecedores de los derechos que reciben. ¿Dónde queda la consideración hacia quienes dedicaron su vida a construir un patrimonio con la esperanza de ser acompañados en la vejez?

Muchos de esos padres y abuelos enfrentan el peso de los años en soledad, marcados por el abandono y la amarga sensación de ser olvidados, sin que quienes habrán de heredar asuman el deber mínimo de brindarles cuidado, respeto y dignidad en sus últimos días.

Se les niega incluso la posibilidad de premiar a quienes sí cumplen con ese deber moral: quienes acompañan, cuidan y ofrecen afecto en los momentos más difíciles, cuando más se necesita la presencia humana y la solidaridad genuina.

Ignorar a quienes nos dieron la vida y lo entregaron todo se asemeja a una forma de abandono cruel, casi a empujarlos a una muerte emocional desgarradora, donde la ausencia pesa más que cualquier enfermedad.

Reconocer el derecho de premiar a quien verdaderamente lo merece podría convertirse en un mecanismo disuasivo frente al maltrato y la indiferencia. Sin embargo, la experiencia demuestra que los bienes, más que unir, con frecuencia generan división y conflictos.

En sociedades más avanzadas, se reconoce con mayor amplitud la libertad de disposición patrimonial, permitiendo que quien ha construido un legado decida, con justicia y conciencia, a quién corresponde heredarlo, no por inercia, sino por mérito.
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Por JULIO MARTINEZ

Hay decisiones que llegan tarde y dejan un sabor agridulce. Así me sucede con la incorporación formal al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), después de una primera vida completa como abogado en mi país y de haber apostado, desde mis inicios, a la fuerza gremial de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), aquella institución que ya articulaba la vida profesional del foro mucho antes de la creación del Colegio como corporación de derecho público.

ADOMA nació en 1961 con la misión de representar, capacitar y defender a los profesionales del derecho, y durante décadas fue el referente natural de la abogacía dominicana. Más tarde, con la institucionalización del CARD, hoy regulado por la Ley 3‑19 como colegio de derecho público con personalidad jurídica propia, el Estado reconoció formalmente la necesidad de un organismo que organizara y disciplinara el ejercicio de la profesión. Sobre el papel, ambos espacios — la asociación histórica y el colegio — debían complementarse en la defensa integral de la clase togada.

La función esencial de un colegio de abogados, como recuerdan la doctrina comparada y las propias normas del CARD, es clara: controlar el ejercicio de la abogacía, proteger los intereses de sus miembros, impulsar la formación continua y garantizar el cumplimiento del código de ética profesional. Esto supone, en términos concretos, luchar por condiciones laborales dignas, acceso real a seguridad social y pensiones, educación jurídica de excelencia y respeto al abogado en todos los escenarios institucionales donde actúa.

Sin embargo, buena parte de la energía gremial en la abogacía dominicana se ha diluido en crisis internas, disputas postelectorales y alianzas coyunturales, más propias de la lógica partidaria que de una agenda corporativa seria. No son pocos los juristas y bloques de asociaciones que han denunciado, en los últimos años, una grave crisis institucional y la politización del Colegio de Abogados, señalando que ese desvío le resta legitimidad como representante auténtico de la profesión.

Mientras el gremio discute cuotas de poder, el abogado de a pie se enfrenta a un sistema donde quienes también son abogados — jueces, fiscales, defensores públicos, notarios— muchas veces lo tratan como si no lo fuera. Se olvida que todos partimos de la misma base: un título de derecho y una inscripción en la matrícula profesional. La diferencia de rol institucional no debería traducirse en una jerarquía de dignidad ni en un patrón de maltrato recíproco entre actores que, en teoría, son engranajes de una misma maquinaria de justicia.

El problema no se agota en la relación entre abogados, jueces y fiscales. Existe toda una constelación de auxiliares de la justicia — alguaciles, secretarios, notarios, peritos— cuya actuación condiciona el ejercicio profesional. La doctrina nacional sobre auxiliares de la justicia subraya que estos deben actuar bajo parámetros de legalidad, sujeción a aranceles y respeto al abogado litigante.

Sin embargo, la realidad cotidiana muestra algo distinto: alguaciles que fijan unilateralmente sus tarifas, notificaciones que se cobran por encima de lo que percibe un profesional por una consulta compleja, notarios que operan sin un marco uniforme de honorarios y sin suficiente control deontológico.

Ahí es donde el gremio debería hacerse sentir con firmeza: estableciendo aranceles de referencia, promoviendo normas claras sobre costos de servicios auxiliares, reclamando al Poder Judicial que recuerde a cada auxiliar su condición de servidor público y no de feudo independiente. Esa defensa de la estructura mínima de ejercicio profesional es, precisamente, uno de los mandatos clásicos de los colegios de abogados en los distintos ordenamientos.

En lugar de ello, el protagonismo mediático del CARD suele aparecer ligado a debates de alta política judicial — como la selección de jueces de altas cortes o enfrentamientos con el Congreso — que, si bien son constitucionalmente relevantes, pocas veces se articulan con una agenda concreta para mejorar las condiciones de vida y trabajo del abogado común. Diversas voces en el foro han advertido que esta deriva, combinada con acuerdos políticos internos, mantiene al Colegio atrapado en una disputa de cúpulas mientras la base profesional continúa desprotegida.

Mientras tanto, las demandas genuinamente gremiales siguen esperando: un seguro médico digno para los abogados y sus familias; un régimen de pensiones que evite ver colegas envejecidos ejerciendo por mera necesidad económica; programas de educación continua robustos, que superen el esquema de actividades aisladas y apunten a una actualización sistemática en un derecho cada vez más complejo; y una política activa de colocación y reconversión profesional para los más jóvenes.

También falta una lucha sostenida por el respeto al abogado allí donde su dignidad se ve más comprometida: destacamentos policiales sin espacios adecuados para la entrevista con detenidos, recintos penitenciarios donde la defensa se ejerce en pasillos y patios, oficinas públicas en las que obtener un expediente o una certificación se convierte en una carrera de obstáculos, ventanillas privadas donde el profesional es tratado como un tramitador molesto y no como un operador esencial del sistema de justicia. Un colegio realmente comprometido exigiría protocolos de atención, áreas reservadas para la entrevista abogado‑cliente y canales expeditos para canalizar quejas ante fiscalías, jefaturas policiales y autoridades administrativas.

Recuperar el prestigio de la profesión pasa también por mirar hacia dentro: formación en ética, en trato al colega, en cultura institucional. La defensa de la toga no puede limitarse a reclamar privilegios externos; implica también la voluntad de corregir desviaciones internas, sancionar conductas indecorosas, exigir estándares mínimos de presentación, puntualidad, probidad y competencia técnica. Un colegio serio no solo denuncia atropellos ajenos; también depura su propia casa.

No se trata de negar la dimensión política de todo gremio — la defensa de derechos y las propuestas de reforma siempre tendrán impacto político—, sino de recordar que la politiquería no puede sustituir a la agenda gremial. Un colegio de abogados y una asociación histórica como ADOMA tienen sentido cuando el abogado que madruga a hacer fila en un tribunal, que enfrenta a un fiscal hostil, a un alguacil abusivo o a un burócrata indiferente siente que detrás de él hay instituciones que lo respaldan, que fijan reglas y que piensan en su futuro más allá del próximo ciclo electoral.

Ese es el anhelo que persiste, después de una primera vida en el derecho, mi segunda vida dedicada al ejercicio del derecho y ahora desde la distancia geográfica, viviendo en Miami: ver a ADOMA y al CARD caminar más pegados a las coyunturas partidarias y menos cerca del suelo donde pisan, todos los días, los miles de abogados que todavía creen que su profesión puede ser un instrumento de dignidad y no solo un título colgado en la pared.

jpm-am