Un día 10 de mayo de 1998, falleció el Dr. José Francisco Peña Gómez. Su impronta merece registro histórico.

Fue el 6 de marzo de 1937, cuando vio la única luz que le permitió su origen, la luz que realmente ilumina, la creada por la naturaleza, en la frontera de dos culturas bifurcadas por la historia, a una altura que le acercaba más al cielo, allá en la loma de Guayacanes de la comarca del Flaco, Paraje Santa Cruz, Provincia Valverde Mao, al lado de sus ancestros, Vicente Oguís y María Marcelino, en un albergue de tierra desnuda.

          Aún extrañaba el vientre que lo concibió, cuando miles de seres humanos mancharon de sangre la tierra de la cuna donde había nacido o enrojecieron las aguas del río Masacre, el Masacre de Freddy Prestol Castillo, el que se pasa a pie, mientras el destino reservaba a este infante de apenas un año de edad, gritando en el escenario del dolor y de la muerte, en la matanza que ávido de sangre ordenara el dictador  Rafael Leonidas Trujillo, el 6 de octubre de 1937, réplica miniatura de la orgía macabra cometida por los haitianos a  partir del 3 de abril de 1805, conocida como El Degüello de Moca, pero igual de condenable.

          Incubado en el regazo adoptivo de María Fermina Gómez y Regino Peña, ángeles del humanismo, seguiría gritando contra las injusticias por todo el camino de su accidentada existencia, como si hubiere nacido marcado por las arengadoras frases escritas por el poeta chileno Pablo Neruda: “…las cosas no terminan nunca con el olvido ni con el silencio”.  

          Jamás imaginaron los jinetes de la muerte, que la sobrevivencia de un inerme y desamparado infante en medio del improvisado campo santo –justificado por almas infernales que aún viven–, se convertiría en su calvario histórico, atormentados por un apóstol de la libertad y de la vida, superviviente de ese alevoso, convicto y confeso genocidio.  Su nombre, José Francisco Peña Gómez.  

          Humildad, nobleza y valor parecen haber sido las semillas que opacaron los defectos en el espíritu de este hombre, pues germinaron extendiéndose como la verdolaga por encima de las malezas sociales por todo el camino de su vida, convirtiéndolo en un símbolo del altruismo humano, un político filántropo, especie muy escasa en nuestra cultura latinoamericanista, elevándose a las más altas cumbres del reconocimiento político internacional.

          Socialmente la humildad fue de origen en José Francisco Peña Gómez, pero lo más significativo fue la conversión de esta condición, en una virtud de su escala moral que se acrisoló a lo largo de su brillante y desprendido record de servicio a la nación, siendo capaz de preservarla no obstante haber alcanzado, como políglota autodidacta, una investidura nacional e internacional que le brindó en bandeja de plata fama, prestigio, poder y oportunidad de tener fortuna que nunca procuró.

          Su nobleza dominó siempre su voluntad de poder.  El apoyo a la firma del armisticio que puso fin a la Guerra de Abril de 1965 y devolvió la paz al pueblo dominicano, la fórmula conciliadora frente a la extorsión electoral de 1978 –a nuestro juicio muy infortunada–, el retiro de las elecciones de 1974, y la firma del Pacto por la Democracia para confinar la crisis política de 1994; demostraron su excesiva vocación humana al supeditar la razón y el derecho propio y de su partido, el PRD, a la preservación del bien jurídico y social más importante del hombre que es la vida, ayudando a preservar así la existencia de todos los dominicanos.

          El valor fue página deslumbrante en la historia de su carrera política.  Soldado del anti trujillismo durante la más cavernaria de las dictaduras latinoamericanas, actor connotado de la revuelta cívico militar de Abril del 65, sumando su voz de trueno al llamado al restablecimiento del orden constitucional quebrado con el Golpe de Estado al profesor Juan Bosch en septiembre de 1963; columna nodal de la lucha crucial por el reconocimiento de las libertades públicas y ciudadanas, conculcadas por el terrorismo de estado de los sucesivos gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer de 1966 a 1978; entre otros capítulos en los que fue condición sine qua non exponer la propia vida.

          Esta virtud, la del valor, fue el eje central que dominó su historia, pues aunque el acerbo cultural y el intelecto son importantes en los seres humanos, si falta el valor, la historia de los hombres termina siendo un fiasco para el destino de los pueblos.  Cuando ambas condiciones convergen con la nobleza y la virtud de lo justo en un mismo ser, estamos en presencia de un prócer, tal es el caso del fenecido José Francisco Peña Gómez.

          Lo anterior arroja la moraleja del pensamiento de mi humilde autoría que dice: “Es preferible la cultura común acrisolada en el valor que la erudición aprisionada en la cobardía”, especie última que se ha expandido como la pólvora en la sociedad dominicana, formando un ejército de “Torquemadas” con la neurosis de perseguir a cualquier actor de estado y sociedad forjado en el valor, la moral y el trabajo.  

El político francés del siglo XVIII, Joseph Fouché dijo: “Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”.  El debate milenario sobre esta sentencia aún carece de consenso doctrinal.

Pero una vida de “viacrucis” social, consagrada a la lucha por las libertades y los derechos del hombre, con absoluto desapego por el dinero y las riquezas, como inspirada en la doctrina inserta en el pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset que dice: “La vida no vale nada si no es para quemarla al servicio de algo grande”, tal cual fue la de Peña Gómez, no tuvo precio o era de dimensión  imposible de pagar con el oro corruptor,  ni siquiera con el poder cuando no era la expresión legítima y la garantía absoluta y diáfana de la integridad soberana y la voluntad popular de la nación.

          Con ese oro molido de valores abstractos, el “Corcel negro” esculpió como el orfebre, un pensamiento político que convirtió en una “Biblia” de honor que le hizo obviar que la crisis política de 1994, era una arritmia de la historia y en consecuencia imponía el principio de la excepcionalidad como sentido de  oportunidad histórica para ascender al poder sin elecciones.

En aquel álgido momento, expuse en artículo periodístico que jamás volverían a converger en un ciclo común, como en la crisis de 1994, factores tan favorables al ascenso del Dr. Peña Gómez al poder, prohijados por 30 años de atribulada historia política de lucha antitética, contra un poderoso modelo de Estado forjado en la cultura de la corrupción administrativa, el fraude electoral, la represión y la dádiva, sofisticada por un longevo maestro del poder como lo fue el extinto Joaquín Antonio Balaguer Ricardo.

Nuestros juicios fueron premonitorios. Dos años después, en 1996, se produjo lo inverosímil, la alianza anti histórica PLD-PRSC bautizada  como Frente Patriótico que derrotó al Dr. Peña Gómez en las elecciones presidenciales del mismo año.

Llegado el proceso electoral municipal de 1998, extenuado y enfermo, ostentando la candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional, el líder de masa más grande de la historia de la república, anticipó su despedida con palabras de profundo

Cristianismo:  

“Yo amo a mi pueblo, a mi país.  A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso.  He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con veneno más sutil, como ahora.  Pero yo los perdono.  Mis adversarios pueden contar con mi perdón”.  

          Ese 10 de mayo de 1998, José Francisco Peña Gómez, bajó el telón de su misión terrenal y empezó a cabalgar hacia la historia. La posteridad aún no se ha pronunciado sobre el sitial que le corresponde.

JPM

El Estado dominicano es el único que cuenta con tres órganos superiores de control con rango constitucional (artículo 246 Constitucional). Ellos -Congreso Nacional,  Cámara de Cuentas y Contraloria General de la República- tienen como tareas fiscalizar el patrimonio, el ingreso, el gasto y, por demás, el uso por destino de los fondos públicos.

Si bien cierto y harto evidente la dispersión institucional cada vez mayor, no es menos cierto que es notaria la ausencia de un régimen de sanciones sobre los cuentandantes que incurren en actos reñidos con la ética en el manejo de los fondos públicos.

Están pendientes de aprobación los Reglamentos que el marco jurídico del sistema nacional del control ordena, lo que deja abierta las compuertas al dispendio y a las desviaciones de los fondos públicos. Algo peor, los órganos de control carecen de sendos regímenes de sanciones.

Urge realizar una reingeniería integral a la función contralora, al marco administrativo y jurídico en el marco de los objetivos que cumplen hoy día el Estado moderno.

La dispersión atenta contra la eficacia, eficiencia, economicidad y el uso por destino de los fondos públicos, dando paso a la generalizada corrupción e impunidad en todos los estamentos del Estado, los poderes públicos, del gobierno y sus instituciones.

Es pertinente, relevante, y oportuno (hoy más que ayer), fusionar la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, las Superintendencias, erigir y dar rango constitucional al Poder Contralor y delegar, asignar, a éste, las tareas de fiscalizar el patrimonio, el ingreso, el gasto y el uso por destino de los fondos públicos.

¿A cuánto asciende el patrimonio público? ¿Cuáles bienes integran el patrimonio público? ¿Conoce la administración pública los hechos que graba el sistema tributario?  ¿En ocasión, alguna, se ha podido cualificar y/o cuantificar el uso por destino de los fondos púbicos?

La Contraloría General debe dar respuestas a estas y otras interrogantes.

La función de control es el eje transversal del paradigma del proceso administrativo y la herramienta idónea para lograr una gestión pública eficaz, eficiente, y económica.

 miganseverino@yahoo.com

JPM

El proyecto de nuevo código penal establece penas de prisión para los funcionarios que no acaten una sentencia o el mandato de la ley.

El funcionario que obstaculice o impida la ejecución de una ley o sentencia será sancionado con penas de prisión de dos a tres años y de siete a nueve veces el salario mínimo del sector público. Es decir, se le impondrá una multa de más de 50 mil pesos.

Este nuevo delito se denomina en el proyecto como “sanción por obstáculos de ejecución de una ley o sentencia”, ubicado en el libro cuarto del proyecto, y pertenece al capítulo de la infracciones contra la administración pública cometidas por personas que ejercen una función pública. Es decir, que esta infracción es una conducta contra la administración pública. El proyecto de código lo establece en el artículo 299 y se expresa:

“Artículo 299. Sanción por obstáculo de ejecución de una ley o sentencia. El funcionario o servidor público que, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, obstaculice o impida la ejecución de una ley o una sentencia o decisión pronunciada por un tribunal nacional con autoridad legal para ser ejecutada será sancionado con dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve veces el salario mínimo del sector público que perciba el imputado al momento de la comisión de la infracción.”

Los delitos contra la administración pública protegen el bien jurídico viene a ser el normal y recto funcionamiento de la Administración Pública. “es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, institución fundamental para la convivencia social y desarrollo de las libertades y otros principios democráticos de cualquier país” afirma la doctrina comparada.

Este delito ha sido una reclamación por abogados y el resto de la sociedad, toda vez, que en el ejercicio del derecho, los abogados enfrentamos a diario muchas dificultades para ejecutar lo decidido por los tribunales de la república o el no acatamiento de la ley.

La Constitución en su artículo 159 pone a cargo de ejecutar las sentencias al Poder Judicial, pero históricamente este poder, no ha cumplido con este mandato constitucional. Ha sido poco diligente en el ejercicio de dicha regla.

“Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. ..”

Se prevé con esta regla penal muchos funcionarios presos. Miles de sentencias no se acatan en la RD. Es un gran dolor de cabeza para el ejercicio de los abogados y el usuario de la justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una línea jurisprudencial de responsabilidad internacional contra Estados por no ejecutar una sentencia. Y ha dicho que él no cumplimento de una sentencia es una violación al acceso a la justicia.

Ya lo dijo la corte IDH: El Estado violó la Protección Judicial y el Acceso a la Justicia. La responsabilidad del Estado no termina con la sentencia, termina con la ejecución de la sentencia. “La corte ha señalado, en virtud del artículo 25.2.c de la convención, que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios para ejecutar las decisiones definitivas, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados.” Corte IDH. Cuscul Pivaral y otros. Vs. Guatemala. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359 (69).

hngarrido@yahoo.es