SAN JUAN, Puerto Rico.- Organizaciones proinmigrantes en Puerto Rico catalogaron como persecución el arresto por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de un dominicano mientras esperaba en su auto a un amigo que compraba materiales eléctricos en un negocio de San Juan.

Juan Francisco Areche Minaya, sin récord criminal y con más de 28 años residiendo en la isla, fue detenido el 11 de agosto y permanece bajo custodia, luego de que el juez Elvin Talavera Peraza le denegara la fianza bajo el argumento de que representaba riesgo de fuga.

INTERVENCIÓN POR REGISTRO DE VEHÍCULO

En una conferencia de prensa, la abogada de inmigración Charito García Miranda reveló que los oficiales federales intervinieron con Areche Minaya luego de verificar la registración de su vehículo a través del banco de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Meramente porque este individuo, cuyo carro estaba estático frente a un negocio en la avenida central a las 9:00 a.m., por meramente ese vehículo aparecer en los registros del DTOP, registrado a nombre de él; es ese el simple y llano motivo que causa la detención de un ser humano y la privación de su libertad. Y eso, señores, es persecución”, afirmó la también directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entidad que convocó la conferencia, mantiene un pleito en los tribunales contra la Administración de la gobernadora Jenniffer González y, en específico, contra el DTOP por haber suministrado a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información confidencial de licencias de conducir de unos 6,000 migrantes para facilitar las intervenciones migratorias ordenadas por la Administración Trump.

CUESTIONAN NEGACIÓN DE FIANZA

En el intercambio con los medios, los activistas argumentaron que el procesamiento del dominicano, padre de dos ciudadanos estadounidenses e hijo de una ciudadana, ha trastocado el bienestar no solo del detenido, sino de su familia.

“Cuando una persona lleva 28 años aquí, no tiene récord criminal, tiene a sus hijos y a su madre en Puerto Rico y aun así se le cataloga como riesgo de fuga, tenemos que cuestionar seriamente cómo se están adjudicando estos casos y si las personas inmigrantes están recibiendo procesos verdaderamente imparciales”, planteó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

Darjeerling Areche, la hija mayor del migrante, reiteró que su padre, de 49 años, se dedicaba a trabajar honradamente.

“Mi papá es un hombre de familia y para los agentes federales su crimen fue estar trabajando honradamente para llevarle el pan a su familia. Esta detención ha causado un impacto negativo en mis estudios, en la vida de mi hermanito”, indicó la joven.

Las entidades sostuvieron que la decisión de no otorgar fianza por supuesto riesgo de fuga no fue sustentada por la evidencia presentada en sala y que representa un abuso en la discreción del juez.

DETALLES DEL ARRESTO Y CONTEXTO LEGAL

Los representantes denunciaron que el caso muestra el supuesto patrón de decisiones abusivas en los procesos migratorios en los tribunales que ponen en entredicho la imparcialidad de algunos funcionarios.

En un comunicado, la ACLU compartió que el caso adquiere mayor relevancia a la luz de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito en “Guerrero Orellana v. Moniz”, ya que es el primero que se ve en la isla tras la determinación del 13 de agosto.

Las abogadas explicaron que, con base en ese fallo, la jueza federal Gina R. Méndez-Miró concluyó que Areche Minaya había demostrado una probabilidad sustancial de prevalecer en su reclamo y que tenía derecho a una vista de fianza.

La opinión y orden de Méndez-Miró señaló que Areche Minaya ingresó a Puerto Rico sin inspección alrededor de 1998. La madre del hombre, Juana Minaya, ha presentado en dos ocasiones una Petición de Familiar Extranjero (formulario I-130) con el fin de que este pudiera solicitar la residencia permanente.

El primer formulario se sometió el 25 de agosto de 1992 y fue aprobado por el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) el 15 de octubre de ese año. La segunda solicitud se presentó el 13 de noviembre de 2015 y fue aprobada el 23 de febrero de 2016 por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS).

“Entretanto, el Sr. Areche ha residido en Puerto Rico sin antecedentes penales registrados y mantiene a su madre —quien padece enfermedades documentadas— y a sus hijos pequeños”, lee el documento legal.

Según la petición de habeas corpus, siete individuos enmascarados se acercaron al Sr. Areche en San Juan a las 10:00 a.m., mientras aguardaba a su amigo para recoger material eléctrico en Roger Electric destinado a un trabajo. El Sr. Areche fue “detenido abruptamente, sin previo aviso ni sirenas” y puesto bajo custodia de las autoridades migratorias.

Les gusta llamarnos héroes. Nos mencionan en los discursos, nos aplauden en diciembre cuando llegamos cargados de maletas y nos cuentan con orgullo cuando el Banco Central publica las remesas. Somos más de tres millones. Sostenemos con nuestro trabajo a casi un tercio de los hogares de la República Dominicana. Y, sin embargo, en la práctica institucional dominicana seguimos siendo tratados como ciudadanos de segunda.

El dominicano en el exterior es un dominicano a medias para el Estado. Bueno para enviar, pero no para decidir. Bueno para mantener, pero no para participar. Esa es la contradicción más dolorosa de nuestra democracia.

EL SOSTÉN ECONÓMICO QUE NO SE REFLEJA EN DERECHOS

En 2024 y 2025, las remesas superaron los 11 mil millones de dólares anuales. Más que el turismo en muchos meses, más que cualquier inversión extranjera directa, más que toda la ayuda internacional junta. Cada dólar que llega es una medicina que el hospital público no dio, una universidad que el Estado no pagó, un techo que el gobierno no construyó.

El dominicano de Nueva York, de Madrid, de Boston, de Lawrence, de Paterson, de San Juan, trabaja doble turno, limpia oficinas, maneja camiones, cuida ancianos, para que su familia aquí no pase hambre. Y lo hace mientras paga impuestos en un país que no es el suyo y mantiene a otro que lo ignora.

¿Qué nos devuelve el Estado dominicano? Consulados caros e ineficientes, servicios consulares que son los más costosos de América Latina, una Junta Central Electoral que los ve con desconfianza, partidos que solo los buscan cada cuatro años y un Congreso que nos dio curules como si fueran una limosna folclórica.

Nos dieron el voto, sí. Pero un voto recortado, lejano, casi simbólico. No podemos votar por un alcalde, por un regidor, por un senador. No podemos incidir en la comunidad que mantenemos. Nos permiten votar por el presidente, como si el presidente fuera una figura abstracta y no el administrador de un país que financiamos.

UNA REPRESENTACIÓN DE CARTÓN

Los siete diputados de ultramar son la mejor prueba del engaño. Siete curules para más del 15% de la población dominicana de origen. Siete voces ahogadas en un hemiciclo de 190 diputados, sin presupuesto, sin equipo, sin poder real de fiscalización y atados a cúpulas partidarias que los colocan en las listas por lealtad, no por representación.

El dominicano de ultramar no eligió ese modelo. Nos lo impusieron. Nunca se nos preguntó cómo queríamos ser representados. Nunca se hizo un pacto serio para crear una verdadera circunscripción del exterior con autonomía, con capacidad de incidir en la Ley de Presupuesto, en la política consular, en la protección de sus derechos laborales.

Peor aún, nos han convertido en botín electoral. Cada cuatro años, los partidos alquilan locales en Queens, hacen caravanas en El Bronx, reparten gorras en Washington Heights, prometen consulados eficientes, casas para el retorno y seguros de salud. Pasan las elecciones y todo sigue igual: el pasaporte más caro, la carta de ruta más cara, la legalización más cara, la cita que nunca aparece.

LA HUMILLACIÓN CONSULAR

Ningún dominicano de clase media en República Dominicana pagaría lo que paga un dominicano en el exterior por un documento. Un pasaporte dominicano en Nueva York cuesta casi el doble que en Santo Domingo, y tarda más. Un poder notarial, una transcripción de acta, una doble ciudadanía para nuestros hijos se convierte en un vía crucis de burocracia, de funcionarios nombrados por cuota política y no por mérito.

Han llenado el servicio exterior de sus compañeros de partido, no de servidores del ciudadano. El consulado, que debería ser la casa del dominicano ausente, se ha convertido muchas veces en un local partidario. Y eso lo sabe el que ha madrugado en una fila en el consulado de Nueva York o en el de Madrid.

Mientras tanto, el Estado dominicano no tiene una política real de protección legal para su diáspora. Cuando un dominicano es desalojado en Nueva Jersey, cuando es detenido injustamente, cuando muere y su familia no puede repatriar el cuerpo porque cuesta 4,000 dólares, el Estado no aparece. Aparece la colecta entre amigos. Aparece la iglesia. Aparece el GoFundMe.

EL RETORNO SIN HONOR

Y qué decir del que decide volver. El dominicano que regresa después de 20 o 30 años de trabajo no encuentra una ventanilla única, no encuentra un programa de reinserción, no encuentra un reconocimiento a su aporte. Encuentra aduanas que le cobran como si fuera un contrabandista por las pocas cosas que lleva, un sistema de salud que no lo reconoce, una banca que no le cree su historial crediticio, y un barrio que lo ve como el “rico” que viene de fuera.

Nos piden invirtamos, pero no nos dan seguridad jurídica. Nos piden que creamos, pero nunca nos dan participación.

NO SON REMESAS, SON PERSONAS

El problema es de concepto. El Estado dominicano ve al dominicano en el exterior como una fuente de divisas, no como un ciudadano. Lo ve como remesa, no como persona. Y mientras nos siga viendo así, seguiremos construyendo una democracia incompleta.

Una verdadera reforma debe comenzar por reconocer tres verdades incómodas:

Primero, la diáspora no es un apéndice, es parte del centro de la nación. República Dominicana no es solo la isla de 48 mil kilómetros cuadrados. Es una nación transnacional que vive en dos o tres territorios a la vez.

Segundo, la ciudadanía no puede ser territorial. Si te obligo a mantener económicamente a tu familia aquí, a pagar por los servicios del Estado allá, debo darte los mismos derechos que al que vive aquí.

Tercero, la representación actual es un fraude. Necesitamos una Ley de la Diáspora, un estatuto real que garantice servicios consulares de carrera, voto para elegir a nuestros propios senadores, participación en el Consejo Nacional de la Magistratura, protección legal efectiva y un fondo de retorno digno.

Los dominicanos en el exterior no queremos lástima. No queremos que nos digan héroes una vez al año. Queremos ser lo que nunca nos han permitido ser del todo: dominicanos completos, con los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma dignidad que cualquier otro ciudadano.

Hasta que eso no ocurra, República Dominicana seguirá siendo un país que expulsa a sus hijos y luego les cobra por extrañarlo.

Por RAMÓN VALDEZ (CHANGO)

Hay momentos en la vida política en los que resulta necesario hacer una pausa y comparar gestiones, no desde el fanatismo ni desde las simpatías personales, sino desde los resultados y la experiencia de quienes han vivido de cerca cada proceso.

En el caso del Consulado Dominicano en Nueva York, considero necesario analizar un antes y un después de la llegada de Jesús “Chu” Vásquez, particularmente cuando se compara su gestión con la de Eligio Jáquez.

Debo comenzar haciendo una aclaración: nunca fui simpatizante de la gestión de Eligio Jáquez mientras estuvo al frente del Consulado. Por el contrario, fui uno de sus críticos y, en determinados momentos, enfrenté públicamente decisiones que consideraba perjudiciales para los compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sin embargo, ser crítico de una gestión no significa perder la capacidad de reconocer sus aspectos positivos cuando se hace una comparación.

Y es precisamente ahí donde, desde mi punto de vista, aparece una diferencia importante: Eligio Jáquez mostró mayor sensibilidad hacia los compañeros del partido y una mayor disposición a atender sus necesidades, mientras que durante la actual gestión de Chu Vásquez se ha generado un creciente sentimiento de inconformidad entre sectores del perremeísmo de Nueva York.

Uno de los puntos que más preocupa a los compañeros es la situación de quienes fueron desvinculados de sus puestos. Según lo que hemos observado y denunciado, 46 compañeros vinculados al partido fueron cancelados, muchos de ellos personas que dependían de esos ingresos para sostener a sus familias.

A esto se suman las quejas relacionadas con reducciones salariales, dificultades para acceder a determinados servicios y lo que algunos empleados describen como un ambiente laboral de presión e incertidumbre.

También preocupa la percepción de que el Consulado ha reducido o cerrado algunas oficinas y servicios, mientras los usuarios continúan enfrentando dificultades y costos que consideran elevados. Si una institución pública existe para servir a los ciudadanos, cualquier cambio que afecte la calidad, rapidez o accesibilidad de sus servicios debe ser explicado con transparencia.

Pero hay algo que resulta todavía más contradictorio para muchos compañeros: después de la salida de decenas de miembros del partido, se habla de nuevos nombramientos en posiciones consulares.

La pregunta que surge es sencilla: ¿cómo se puede justificar la salida de tantos compañeros mientras, al mismo tiempo, se contemplan nuevos nombramientos?

No se trata de pedir privilegios partidarios. Se trata de exigir coherencia, sensibilidad y responsabilidad política.

Un compañero que pierde su empleo no pierde solamente un salario. Detrás de ese puesto hay una familia, una renta, compromisos económicos y, muchas veces, años de trabajo y sacrificio.

Por eso sostengo que hoy debemos mirar la realidad sin prejuicios.

Si antes fui crítico de Eligio Jáquez y hoy considero que su gestión fue superior en determinados aspectos, no es por sentimentalismo ni por intereses personales. Es porque la comparación de las experiencias permite llegar a conclusiones diferentes.

Durante la gestión de Jáquez hubo también errores, decisiones cuestionables y enfrentamientos políticos. Pero, desde mi perspectiva, existía una mayor preocupación por mantener el vínculo con los compañeros del partido y atender sus inquietudes.

Hoy, en cambio, existe una percepción de distanciamiento entre el Consulado y una parte importante de la dirigencia y militancia del PRM en Nueva York.

Y eso debe preocuparnos.

Un gobierno no puede olvidarse de quienes trabajaron para llevarlo al poder. Los funcionarios pasan, pero el partido, sus militantes y las comunidades permanecen.

Por eso, aunque fui contrario a muchas de las actuaciones de Eligio Jáquez cuando estuvo en el Consulado, hoy debo reconocer que, frente a la situación que muchos compañeros dicen estar viviendo actualmente, aquella gestión puede ser vista por algunos como un verdadero paraíso en comparación con la actual.

Mi posición no nace de un cambio de simpatía política. Nace de una comparación.

Y quiero dejar algo claro: quien escribe estas líneas fue uno de los que enfrentó a Eligio Jáquez cuando entendió que estaba actuando en contra de los intereses de los perremeístas.

Por tanto, si hoy hago una valoración favorable de algunos aspectos de aquella gestión, lo hago precisamente porque creo que la crítica debe ser objetiva, venga de donde venga.

El PRM en Nueva York necesita recuperar la comunicación con sus compañeros, escuchar sus reclamos y garantizar que las decisiones que se tomen desde el Consulado sean transparentes, coherentes y sensibles.

Porque al final, más allá de los nombres de los funcionarios, lo que debe importar es el respeto a los empleados, a los compañeros del partido y, sobre todo, a la comunidad dominicana que utiliza los servicios consulares.

Ese es el verdadero antes y después.

Por LUIS CASTILLO

Esta semana el Banco Central de la República Dominicana recibió a una delegación de J.P. Morgan encabezada por Carlos Aspillaga para explorar ampliación de inversiones en el país. Una excelente noticia que celebro.

Sin embargo, como dominicano residente en Boston y como analista de la realidad económica nacional, no puedo dejar de señalar una asimetría estructural en nuestra política de atracción de capital.

Los números del propio BCRD hablan por sí solos:

• Inversión Extranjera Directa (1er semestre 2026): US$3,276.5 millones
• Remesas recibidas (2025): US$11,866.3 millones
• Proyección remesas 2026: >US$12,200 millones
• Remesas enero-julio 2026: US$7,316.4 millones (81.4% desde EE.UU.)

La diáspora dominicana aporta 3.6 veces más divisas que toda la IED y constituye un pilar de nuestras reservas internacionales y estabilidad cambiaria. El BCRD lo reconoce.

La pregunta estratégica es: ¿Por qué seguimos tratando a la diáspora solo como una fuente de transferencias corrientes para consumo, y no como lo que realmente es: el mayor fondo de capital patriótico del país?

No se trata de sustituir a J.P. Morgan. Se trata de complementar con capital más leal.

Propongo 4 instrumentos concretos que países como Israel, India y México ya implementan con éxito:

1. Bono Diáspora en USD: Emitido por el BCRD con garantía soberana, destinado a infraestructura, con tasa preferencial para dominicanos en el exterior.

2. Fondo de Inversión Diáspora: Vehículo administrado por la banca nacional para canalizar inversión hacia vivienda asequible, pymes, agronegocios y turismo comunitario.

3. Ventanilla Única de Inversión Diáspora: Plataforma digital y legal que permita a un dominicano en EE.UU. o Europa invertir en RD sin fricción burocrática ni necesidad de presencia física.

4. Mesa Técnica Trimestral BCRD – Diáspora: No un acto folclórico, sino una mesa de trabajo con agenda de inversión, con participación del Gobernador.

Si lográramos convertir apenas el 10% de las remesas anuales en inversión productiva, hablaríamos de US$1,200 millones adicionales al año en capital productivo. Sin deuda externa. Sin condicionalidades.

El dominicano en Nueva York, Boston, Madrid o Puerto Rico no es solo un remitente. Es empresario, profesional, propietario y tiene acceso a apalancamiento en el mercado estadounidense. Pero sobre todo, tiene un vínculo que ningún inversionista extranjero puede replicar.

Es hora de pasar de una política de remesas a una política de inversión diaspórica.