SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Turísticas Inmobiliarias (ADETI) opinó que la regulación de las plataformas digitales que ofrecen alojamiento turístico inmobiliario, en especial Airbnb, es clave en el cumplimiento de las normas de seguridad, salubridad y calidad en los servicios a los visitantes de República Dominicana.

Jorge Subero Medina dijo que esto, además del tema impositivo que permite regularizar una competencia leal y una mayor competitividad en el mercado, es una de las vías más correctas para velar por la conservación de una buena reputación del país.

Recordó que en el pasado ocurrieron hechos aislados que han puesto en juego la reputación y credibilidad de República Dominicana por la falta de seguridad  en esta modalidad de renta, que ha incrementado el interés de turistas locales y extranjeros pasando de un 7.1% en el año 2019 a un 28.5% de cara al año 2021 según estadísticas del Ministerio de Turismo del país.

«Esto evidencia que por los costos accesibles y las pocas exigencias hacia estas plataformas de renta a corto plazo, los aspectos ya mencionados ponen en riesgo la Marca País, y crea alertas de inseguridad para los extranjeros que gozan de visitar y conocer nuestros destinos», indicó.

Señaló que las autoridades y el sector privado han trabajado de manera conjunta en el relanzamiento del turismo en el país, y este es el momento de afianzar esta labor protegiendo nuestro sector y nuestra identidad.

Dijo que ADETI, como asociación empresarial, reúne a las principales empresas turísticas inmobiliarias del país, como Cana Rock, Ciudad Destino Cap Cana, Costasur/Casa de Campo, Club Hemingway, Green One Playa Dorada, Grupo Puntacana, Grupo Velutini, Kaynoa, Metro Country Club, Playa Grande Golf & Ocean Club, Playa Nueva Romana, Puntarena, Rincón Bay, Terra RD Partners (gestora de activos de INICIA) y Tropicalia (Organización Cisneros).

an/am

Santo Domingo, 20 jul.- El director de Epidemiología de Dominicana, Ronald Skewes, alertó hoy a la población a estar atentos con el dengue al estar en un año epidémico y en la época del año que más casos aparecen.

Hasta el momento el país registró dos mil 800 casos de dengue y 14 muertes sospechosas, mientras que los hospitales infantiles del Gran Santo Domingo reciben un promedio de cinco pacientes diarios.

Por lo anterior, los directores de esos centros instan a los padres a llevar a sus hijos a recibir asistencia desde que presenten fiebre.

Skewes expresó que las familias y comunidades deben contribuir con la limpieza de sus entornos para evitar los criaderos de mosquitos Aedes aegypti, causante del dengue que afecta al país.

«Estamos en zona de alerta epidemiológica por dengue, no hemos llegado a zona de alarma», dijo el funcionario.
jcm/ema

Santo Domingo, 19 jul.- Dos congresistas estadounidenses que visitaron el país a principios de este julio emitieron una declaración en Estados Unidos en la cual afirmaron constatar las «arduas condiciones de trabajo y de vida que sufren los cortadores de caña para producir azúcar para nuestro consumo».

El presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Earl Blumenauer, demócrata por Oregon, y su homólogo de Michigan, el también demócrata Dan Kildee, copresidente del grupo del Azúcar de la Cámara, advirtieron de que una «cultura del miedo» parece impregnar la industria.

«Viven (los trabajadores) con sus familias en asentamientos de vivienda proporcionados por la empresa, llamados ‘bateyes’, en condiciones duras y deficientes. Incluso el Central Romana, el mayor productor de azúcar de la República Dominicana, que inició algunas mejoras, reconoció que sus instalaciones necesitan mejoras mucho mayores», establecieron los legisladores.

Sus impresiones están contenidas en un comunicado servido este martes por la embajada de Estados Unidos en el país.

Blumenauer y Kildee se reunieron en Santo Domingo con una delegación de alto nivel del Gobierno dominicano que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña, y de la que también participó el canciller Roberto Álvarez.

VEN HAY «CULTURA DE MIEDO»

«Una cultura del miedo parece impregnar la industria, donde los supervisores de la empresa (Central Romana), guardias armados y los miembros de un sindicato no representativo vigilan a los trabajadores tanto en los campos como en los bateyes», precisaron los representantes estadounidenses.

En ese orden, destacaron que «algunos trabajadores describieron que se les ordenó permanecer callados y no hablar con nadie sobre sus condiciones antes de nuestra visita. Tal acoso e intimidación son totalmente inaceptables y confirman la necesidad de una acción inmediata».

El informe admite que se han logrado «avances importantes» para abordar el trabajo infantil y reducir la trata de personas.

«Sin embargo, nuestras observaciones y conversaciones con personas en el terreno confirmaron los informes oficiales y periodísticos recientes de que persisten los indicadores de trabajo forzoso (en los bateyes)», agregaron.

Los congresistas visitaron el país ante denuncias de trabajo forzoso en la industria azucarera dominicana, y atendiendo a que República Dominicana forma parte del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (RD-Cafta).

TRABAJADORES DE ASCENDENCIA HAITIANA

«La industria depende predominantemente de trabajadores de ascendencia haitiana, que carecen de protecciones básicas y acceso a permisos de trabajo temporales o cualquier tipo de situación regularizada o legal», estableció el documento.

La información consideró que algunos de estos trabajadores «también forman parte de las más de 135,000 personas apátridas» estimadas en todo el país.

«Sin estatus legal, los trabajadores seguirán siendo muy vulnerables a abusos y al trabajo forzoso. Ahora es el momento de que las empresas rindan cuentas a sus trabajadores y se unan a los funcionarios del Gobierno para remediar su situación y finalmente poner fin al riesgo de trabajo forzoso», plantearon los legisladores estadounidenses.

Exhortaron a los Gobiernos estadounidense y dominicano a unir sus esfuerzos para colocar a la industria del azúcar en el «camino correcto».

«Estamos con estos trabajadores y los funcionarios dominicanos que intentan proteger los derechos de los trabajadores, especialmente los de ascendencia haitiana. Mejorar los estándares laborales en nuestros países socios comerciales también ayuda a elevar los estándares para los trabajadores estadounidenses», afirmaron.

Los representantes demócratas revelaron que el Gobierno de Abinader reconoce que la economía no progresará hasta que todos los trabajadores tengan derechos básicos y protecciones en el trabajo y en sus comunidades, «y su compromiso con la reforma fue evidente en nuestra reunión».

«Además», destacaron, «elogiamos los pasos del Gobierno de la República Dominicana para combatir la corrupción y fortalecer su economía».EFE

SANTO DOMINGO.- Fue condenado a 30 años de prisión un hombre que asesinó a balazos a su pareja en el sector Los Mina, de Santo Domingo Este, y huyó hacia Estados Unidos.

Félix Aldencis Peguero Méndez, de 63 años, fue declarado culpable de la muerte de Katerine Joce Alberto Pérez, de 22 años.

El asesinato ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada del 15 de febrero de 2012. Ese día, la víctima compartía con una amiga frente a un negocio y Peguero Méndez llegó en un taxi, se demontó, sacó un arma, le propinó varios balazos, regresó al vehículo, bajó de nuevo y volvió a disparale.

Consumado el crimen, Peguero Méndez huyó de la escena y se mantuvo prófugo durante ocho años, hasta que el 4 de mayo de 2020 fue arrestado en Reading, Pensilvania, desde donde fue extraditado a República Dominicana.

Peguero Méndez fue enviado a la cárcel del 15 de Azua por las juezas Elizabeth Rodríguez, Dolores Galay de la Cruz y Flor Batista.

jt/am