La infraestructura genera el desarrollo material de las naciones y sus relaciones productivas.

Y la superestructura, la filosofía, las ideas y leyes liberan, pautan y enmarcan el ordenamiento y la convivencia civilizada de los pueblos.

Según los marxistas la superestructura se origina a partir de la infraestructura, pero versados en el tema postulan una relación que implican y yuxtaponen a ambas categorías.

En nuestro caso los gobernantes tienen tendencia a inclinarse ya por las obras de infraestructura o por las de superestructura.

En el caso de Leonel Fernández se inclinó más por obras de infraestructura, siendo la línea I del Metro de Santo Domingo, algunos elevados, escasas avenidas y carreteras parte de lo que él proclama como sus obras fundamentales.

Fernández concentró esa obra de infraestructura en el Distrito Nacional, olvidándose del resto del país, incluyendo la gran provincia de Santo Domingo, que rodea a la capital del país.

En cambio, el presidente Fernández desconoció la separación e independencia de los poderes del estado, arrebatándole al Congreso Nacional su calidad de fiscalizador del Ejecutivo.

Designó a conocidos dirigentes del PLD o subordinados a ellos como principales directivos del Poder Judicial, anulando su condición de árbitro de los conflictos que se ventilan en la sociedad.

Convirtió a la Junta Central Electoral en un instrumento de su Partido de la Liberación Dominicana, tanto a nivel de la mayoría de su alta dirección (pleno) como de su empleomanía, frente a la cual mantuvo a dirigentes de su partido.

Ese dominio de la JCE por parte de su partido, llevó al colapso que se produjo en febrero de 2020 cuando debieron suspenderse las elecciones generales municipales, ya en desarrollo, lo que provocó los grandes plantones juveniles  en la Plaza de la Bandera.

Eliminó el poder contralor, con integrantes de Cámaras de Cuentas a su servicio, y una Contraloría General de la República que no cumplía su obligación de ley de fiscalizar la administración pública.

Esa falta de control y la ambición desmedida de poder de Fernández produjo los más escandalosos niveles de corrupción e impunidad de los tiempos modernos, provocando las grandes marchas verdes, manifestaciones de tal intensidad como nunca se vieron en el país.

Fernández llegó al extremo de hacer una reforma constitucional en 2010 para beneficiarse personalmente, pues le permitió volver a intentar ser presidente de la República luego de tres mandatos, incluyendo dos consecutivos.

Desde el inicio de su gobierno, por el contrario, el presidente Luis Abinader acometió simultáneamente un conjunto de obras y acciones de infraestructura en todo el territorio nacional, una larga relación de las cuales están siendo inauguradas, y otras muchas e importantes que faltan.

Una parte de ellas fueron abandonadas o dejadas a medio talle, pero consciente de que terminarlas representa un ahorro del dinero de los contribuyentes y llevan bienestar a la gente, el actual gobierno procedió a terminarlas, para lo cual incluso creó la Ley No. 118-21 Sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas.

Cuando concluya su gestión 2020-2024 podrá y sean contabilizadas todas sus obras viales, escuelas, hospitales, acueductos, viviendas y otras el gobierno estima que será la de mayor cantidad en un período de 4 años.

Y simultáneamente desde su primer día el gobierno Abinader sentó las bases de un nuevo ordenamiento democrático, con el acatamiento de la separación e independencia de los poderes del estado.

Hoy, bajo el gobierno Abinader, todos podemos atestiguar la independencia de los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Contralor.

Luego de esta relación de hechos y datos de la realidad el lector puede valorar quien representa avances y quien retrocesos entre Luis Abinader y Leonel Fernández.

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La democracia contemporánea nos lleva a escenarios donde las elecciones se asemejan a un campo de guerra, donde los contrincantes luchan no solo contra el oponente, sino también por conquistar la mente del votante. En este contexto, la utilización de todos los recursos posibles, desde el uso de las ciencias sociales, instrumentos tecnológicos, hasta los signos y símbolos, como el lenguaje, imágenes, figuras, colores, sonidos y formas, se convierten en herramientas clave para construir contenidos persuasivos.

POR ROBERTO VERAS   

En la historia de la República Dominicana, pocas figuras políticas han sido tan controvertidas como el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Su gobierno autoritario dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país.  

Durante décadas, los descendientes de Trujillo han estado prohibidos de participar en la política partidaria, en un esfuerzo por evitar que el legado autoritario del pasado se mantenga vivo en el presente. Sin embargo, recientemente se ha producido un sorprendente cambio de rumbo en este panorama político. 

Desde hace muchos años, el nombre de Ramfis Trujillo ha estado asociado con la sombra del régimen trujillista. Como nieto del dictador, su figura ha sido considerada un recordatorio incómodo de una época oscura en la historia dominicana.

Sin embargo, a pesar de la prohibición impuesta a los Trujillo para hacer política partidaria, Ramfis Trujillo ha logrado romper las barreras establecidas y ha obtenido el reconocimiento de la Junta Central Electoral para su partido, el Partido Esperanza Democrática (PED). 

Este hecho ha generado una profunda reflexión en la sociedad dominicana. Por un lado, existe el temor justificado de que la creación de un partido liderado por un descendiente directo de Trujillo pueda abrir la puerta a la resurgencia de prácticas autoritarias y antidemocráticas. La sombra del pasado sigue siendo alargada, y es comprensible que haya quienes vean en esta aprobación un retroceso en los avances democráticos logrados en las últimas décadas. 

Violación

Sin embargo, también hay quienes argumentan que negar la participación política a Ramfis Trujillo y a sus seguidores es una violación de sus derechos fundamentales como ciudadanos. La prohibición de hacer política partidaria a los Trujillo puede ser interpretada como una forma de discriminación política, basada en el apellido y el linaje familiar.

Si bien es importante recordar y aprender de la historia, también es esencial permitir que las nuevas generaciones se involucren en el proceso democrático y expresen sus ideas y propuestas políticas. 

El reconocimiento otorgado al Partido Esperanza Democrática plantea una pregunta fundamental: ¿puede la democracia dominicana superar su pasado autoritario y permitir que todas las voces, incluso las más controvertidas, tengan un espacio legítimo en la arena política? .

La respuesta no es sencilla y seguramente generará debates y controversias en los próximos años. 

Como sociedad, debemos estar atentos y vigilantes para asegurarnos de que los valores democráticos y los derechos humanos sean respetados en todo momento. La historia nos ha enseñado las terribles consecuencias de la dictadura y la opresión, y no debemos permitir que se repitan.

Sin embargo, también debemos reconocer que negar la participación política a determinados individuos basándonos únicamente en su linaje familiar puede ser problemático en términos de igualdad y justicia. 

En última instancia, la aprobación del Partido Esperanza Democrática y la participación política de Ramfis Trujillo nos enfrentan a una paradoja: cómo reconciliar la necesidad de recordar y aprender de la historia con la importancia de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es un desafío que la República Dominicana deberá enfrentar con madurez y responsabilidad, manteniendo siempre la mirada puesta en la consolidación de una democracia fuerte y duradera. 

Mientras tanto, el surgimiento del Partido Esperanza Democrática pone a prueba nuestra capacidad como sociedad para confrontar nuestro pasado y construir un futuro basado en los valores de la democracia, la justicia y el respeto por los derechos humanos.

Solo el tiempo dirá si esta decisión ha sido un acierto o un error, pero, en cualquier caso, no debemos perder de vista el compromiso de salvaguardar la libertad y la igualdad como pilares fundamentales de nuestra nación. 

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POR ROMMEL SANTOS DIAZ

Las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen la libertad de buscar, solicitar, obtener y utilizar financiamiento para el logro de sus objetivos sociales, tanto de fuentes públicas como privadas, nacionales o extranjeras. Del mismo  modo, pueden generar ingresos propios e invertir los excedentes en su objeto social, sin mayor restricción que el cumplimiento de la normativa tributaria de cada país. Los Estados deben fomentar el  financiamiento de las OSC a través de diversas fuentes, de modo que permita su sostenibilidad e independencia.

Es importante señalar que con más frecuencia  las Organizaciones de la Sociedad Civil están enfrentando obstáculos legales  para financiar sus misiones con recursos de fuentes lícitas, inspirados, por ejemplo, por  argumentos de protección de la soberanía nacional.

Por otro lado, existen prácticas equivocadas de regular a las Organizaciones de la Sociedad Civil como entidades con fines lucrativos únicamente por realizar actividades económicas, cuando invierten sus ganancias en la realización de su misión.

Cabe destacar  que se puede fomentar el acceso al financiamiento a través de la identificación y mitigación de trabas legales que obstaculizan el alcance a recursos de diversas fuentes, inhibiendo  así la sostenibilidad financiera e independencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

En el marco del estándar ilustrativo interamericano  la Comisión Americana  reitera que como parte de la libertad de asociación, los Estados deben promover y facilitar el acceso de las organizaciones  de derechos humanos a fondos de cooperación financieros tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus medios de financiación.

Bajo la lógica anterior, los organismos que se creen con el fin de coordinar o dar seguimiento a nivel estatal de la recepción y manejo de recursos deben estar orientados a promover y no a restringir las posibilidades de financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos.

En el contexto global existe un estándar ilustrativo en el que el Relator Especial ha subrayado reiteradamente  que la capacidad para buscar, obtener, y utilizar recursos, de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales, es esencial para la existencia y la eficacia de las actividades de cualquier asociación, por pequeña que sea.

Finalmente, el estándar ilustrativo regional o bajo otra fuente indica que los ingresos generados  no serán distribuidos como ganancias a los miembros de las asociaciones sin fines de lucro. Tales asociaciones podrán, sin embargo, utilizar tales ingresos para sufragar gastos en personal y reembolsar gastos con relación a las actividades de la asociación y para el propósito del sustento organizacional.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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