El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, afirmó que este día encuentra a la mayoría de juristas desamparados, desempleados, otros  laborando en condiciones deplorables con bajos salarios,  precariedades de insumos, deficiencias en infraestructuras físicas, limitado acceso a la  educación, de oportunidades de crecimiento, carencia de  seguro médico subsidiado y otros.

“Calificó como insólito que el Consejo Nacional de la Seguridad Social del país, después de 20 años de la implementación y aprobación de la Ley 87-01, todavía se niega a poner en vigencia el seguro contributivo y subsidiado en favor de los profesionales del Derecho que laboran de forma independiente”, denunció el gremialista.

CONCENTRACION EL 27 DE FEBRERO

Por tal razón, convocó a una concentración frente al Congreso Nacional el próximo 27 de febrero, para reiterar su reclamo de que se cumpla la Ley 87-01 y que se adopten medidas para mejorar las condiciones de los juristas del país.

Manifestó que el Card se suma a otras entidades que a una sola voz reclamarán que se ponga un alto a lo que calificó como una la mafia de la Seguridad Social.

El gremialista advirtió que las autoridades del Colegio de Abogados no detendrán su lucha en favor de los miembros del gremio.

Las actividades por la celebración del Día Internacional del Abogado incluyeron la entrega de una Ofrenda Floral, una conferencia “La Pirámide Invertida vs la Prueba Adversa”, impartida por el jurista Pedro Duarte Canaán y entrega de certificados de diplomados impartidos por el gremio a través de la Escuela Nacional del Abogado (ENA).

En los actos también estuvieron presentes Lucía Florentino, secretaria de organización del Card, Cesario González, secretario de Educación; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad y el diputado Pedro Botello, entre otras personalidades.

an/am

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora de corte Mirna Ortiz cuestionó la actitud de jueces que conocen casos de corrupción, los cuales a su juicio siguen «sin asumir la magnitud” de los mismos. 

Dijo, sin embargo, que el Ministerio Público «se mantiene confiado en los procesos.

Ortiz,  coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), opinó que los tribunales continúan emitiendo decisiones «bajo un pensamiento ortodoxo”.

A manera de ejemplo citó la del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de varíar la prisión preventiva a Alfredo Alexander Solano. uno de los imputado por corrupción administrativa del Caso Medusa.

Opinó que los jueces siguen «sin asumir la magnitud de los casos de corrupción», pero dijo que el Ministerio Público «se mantiene confiado en el proceso», pese a la decisión del Tercer Juzgado. 

“El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.

DENUNCIA SE NIEGAN A HACER EXAMEN DE LA LEY

Al ser consultada por los periodistas sobre la decisión el juez Amauri Martínez de disponer el cese de la prisión preventiva a favor del imputado Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público,  indicó que “los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias».

Sostuvo que frente a los casos de corrupción que maneja el Ministerio Público se hace necesario «sin dilaciones y conforme lo establecido por el Tribunal Constitucional, extender los plazos».

Resaltó que hay una gran  cantidad de imputados y de pruebas, y  complejidad de la obtención de estas últimas, lo cual no se había visto con otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana.

“Los jueces se niegan a entender esa realidad y, en este caso, incluso, el Juez tampoco escuchó el llamado y el clamor de una víctima que le dijo a la justicia dominicana a través de una denuncia que su vida se sentía amenazada con la libertad del ciudadano Solano, y esa persona es nada más y nada menos que la exesposa del imputado”, añadió.

LA DECISIÓN DEL JUEZ

Al variar la prisión preventiva al acusado Solano, el juez Martínez le dispuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.

La procuradora Ortiz resaltó que al tribunal se le explicó que la exesposa de Solano presentó, el día 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada de manera persistente a través de llamadas telefónicas amenazantes, realizadas por el imputado desde la cárcel, desde dónde le advertía incluso, que la cárcel no era eterna, o sea, «poniendo fecha y hora para que a su salida resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.

“El Juez entendió que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en prisión y que eso era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”, dijo.

Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público además de Ortiz estuvo representado por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.

Ortiz recordó que el Ministerio Público se mantiene confiado en el proceso pese a la decisión del tribunal. “El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.

OTROS ACUSADOS

Además de Alfredo Alexander Solano, el proceso también se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.

También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.

LOS CARGOS

Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

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