CALIFORNIA.- El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó este jueves a la justicia de Estados Unidos, tras una orden para su arresto dictada por el juez Thomas S. Hixson.

Toledo, quien reside en California, se puso a disposición de la justicia de la Corte de San José, con sede en un edificio federal donde deberá pasar una serie de exámenes antes de ser enviado a un centro penitenciario de Perú, donde cumplirá una prisión preventiva de 18 meses mientras continúa su proceso por el caso Interoceánica por el que la Fiscalía ha solicitado 35 años de prisión.

De esta forma terminan cuatro años de un largo proceso en el que Toledo primero fue considerado prófugo de la justicia y luego, cuando lo detuvieron por primera vez en California, comenzó una larga estrategia de dilaciones para evitar su regreso a Perú.

A sabiendas de que ya se habían agotado las instancias judiciales, el exmandatario reveló que se entregaría este viernes por la mañana.

«No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel y no sé quiénes van a venir a recogerme de Perú, lo único que le pido a la justicia es que no me maten en la cárcel, déjenme luchar con nuestros argumentos», señaló en una entrevista.

A sus 77 años, este economista se sentará en el banquillo de los acusados para responder a los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Si es encontrado culpable, se arriesga a recibir una pena de hasta 20 años de prisión.

El exmandatario está involucrado en dos causas. La primera se refiere al «Caso Ecoteva», llamado así porque ese era el nombre de una de las empresas que presuntamente Toledo y su esposa, Eliane Karp, crearon en Costa Rica para lavar millones de dólares.

La segunda causa investiga el «Lava Jato», uno de los mayores escándalos de corrupción trasnacional de las últimas décadas, que demostró que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos a políticos en varios países de América Latina para obtener contratos de obras públicas.

En el caso de Toledo, está acusado de haber recibido por lo menos 31 millones de dólares mientras fue presidente (2001-2006), por lo que la Fiscalía ya solicitó una condena de 20 años y seis meses de cárcel.

Prontuario

En 2017, cuando ya habían sido procesados, Toledo y Karp huyeron a EE.UU., por lo que la Justicia peruana los consideró prófugos hasta que, el 16 de julio de 2019, el expresidente fue detenido en California por los cargos que pesaban en su contra por las coimas de Odebrecht.

Como su esposa sólo está involucrada en la causa Ecoteva y no en el «Lava Jato», permaneció libre, aunque también con pedido de extradición.

NUEVA JERSEY.- Tres dominicanos fueron arrestados y acusados de participar en un tiroteo, intento de asesinato, armas y obstrucción de la justicia.

Dhey Alcántara, de 24 años; Jesús Santana, de 30, y Mariano Romero, de 31, residen en Paterson.

La balacera ocurrió la mañana del pasado 8 de abril en la avenida Park, de la ciudad de Paterson.

Santana fue arrestado el 12 de abril en la calle Monmouth y avenida Walnut, de Trenton, Romero el día 11 de ese mismo mes en Park Avenue y la calle Carroll, de Paterson, y Alcántara en el Centro Médico de la Universidad de Saint Joseph, a donde acudió a atenderse de un balazo que recibió en el incidente.

Alcántara está acusado de intento de asesinato en primer grado, posesión ilegal de un arma en segundo grado y posesión de un arma con un propósito ilegal en segundo grado.

Santana, de su lado, fue acusado de tres cargos de asalto agravado en segundo grado, posesión ilegal de un arma en segundo grado y posesión de un arma con un propósito ilegal en segundo grado.

Romero fue imputado de posesión ilegal de un arma en segundo grado y obstaculización de la justicia en tercer grado, pero fue liberado luego de una audiencia el 17 de abril.

La investigación inicial determinó que Alcántara había disparado contra Santana, quien respondió el fuego impactando al agresor.

El trío podría enfrentar décadas de prisión si son declarados culpables.

jt/am

NUEVA YORK.- El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TCRD), Milton Ray Guevara, dictó la conferencia «Génesis del Tribunal Constitucional, la doble nacionalidad y sentencias relativas a la diáspora», en la que, además de exponer los logros del tribunal constitucional dominicano, abordó temas importantes para la comunidad en el exterior.

Al referirse a las inquietudes que puede generar el término doble nacionalidad entre los dominicanos residentes en la Gran Manzana, explicó que el TCRD, a través de su sentencia TC/0033/2012, anuló y eliminó la disposición legal que establecía un tratamiento desigual y discriminatorio en el pago de impuestos sucesorales entre los dominicanos residentes en la República Dominicana y los residentes fuera del país.

“He ahí una prueba fehaciente de que el Tribunal Constitucional dominicano tiene pendiente a sus compatriotas residentes más allá de sus fronteras, y que está y estará siempre presto a proteger y garantizar sus derechos fundamentales”, expresó el Magistrado.

Explicó que el órgano constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por dominicanos que residían en el extranjero, quienes al momento de viajar al país por el fallecimiento de su padre y proceder a pagar los impuestos correspondientes, descubrieron que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) les exigió el pago de un 50 % adicional al monto estipulado.

También se refirió a la sentencia TC/0602/18, que establece que los dominicanos con doble nacionalidad no están obligados a proveerse de una tarjeta de turista para ingresar al territorio nacional, pero que deben acreditar su condición con un documento oficial.

Enfatizó que, en el caso de la República Dominicana, la Constitución concede la potestad de adquirir una nacionalidad extranjera sin tener que renunciar a la dominicana, de donde surge la denominada doble nacionalidad: «El párrafo único de este artículo solo condiciona la prerrogativa de la doble nacionalidad cuando quien goce de este derecho decida postularse a la presidencia y vicepresidencia de la República, exigiéndole la renuncia a la segunda nacionalidad con diez años previos a las aspiraciones», subrayó.

Resaltó que el Estado dominicano asume con sus nacionales la obligación de garantizar el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, así como en los tratados internacionales que han sido ratificados debidamente.

Agregó que el Estado también tiene el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos cuando se encuentren en territorio extranjero. «Así que les recomiendo, como aspiramos que lo hagan los extranjeros y naturalizados en nuestro país, cumplir con los deberes fundamentales, las leyes y los valores humanos que les permitan una convivencia pacífica», argumentó.

Destacó que en su trayecto como cónsul en la ciudad de Nueva York se comprometió con la diáspora y sus descendientes a trabajar para que les reconocieran el derecho a mantener la nacionalidad dominicana cuando optaran por la estadounidense o cualquier otra.

«La oportunidad se presentó en 1994, aunque fue una reforma precedida por una crisis que lastimó profundamente nuestra democracia, pero tuvo sus luces, y la doble nacionalidad es una de ellas», aseguró.