El 27 de octubre se conmemoró el centenario del natalicio del expresidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, que gobernó durante los períodos: 1974-1979 y de 1989 a 1993.

El inicio de su primer mandato coincidió con la finalización de los treinta años gloriosos que vivió el mundo a partir de 1945 con la conclusión de la segunda guerra mundial y que terminaron con la crisis petrolera de 1973. Esa escalada en los precios internacionales del petróleo ofreció a Pérez la oportunidad de encabezar una Venezuela próspera, la del famoso dame dos, y de ejercer un liderazgo regional con acuerdos flexibles de suministro con países como la República Dominicana, cuya economía se movilizaba con derivados fósiles, así como una gran influencia mundial que fortaleció con el empuje de la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP).

El segundo mandato también hizo paralelismo con otro momento de cambio mundial, el del fin de la guerra fría, y el gobernante que lo asumía se había curado de populismo, quería impulsar transformaciones estructurales y reivindicarse de todo el lodo que le arrojaron con acusaciones de corrupción después de haber concluído su primera presidencia.

También venía afectado por la ruptura con su ex delfín, Jaime Lusinchi, a quien empujó hacia la presidencia de Venezuela, pero el discípulo no devolvió el empujón cuando Carlos Andrés quiso retornar. Ambos habían roto por querellas entre las damas con las que compartían sus vidas sentimentales, por los que CAP se las arregló para ganar la convención de Acción Democrática sin el apoyo de la maquinaria del partido que estaba controlada por su nuevo adversario.

Al ganar la candidatura y luego la presidencia en esas circunstancias se sintió liberado de compromisos partidarios, y se propuso transformar a Venezuela, gobernando con lo que bautizó como la generación de Ayacucho, integrada por jóvenes tecnócratas que había enviado a formarse en las mejores universidades del mundo en los programas de becas de su primera presidencia. Desde el punto de vista de la capacidad técnica y curricular integró el mejor gabinete alguno que haya tenido Venezuela o cualquier país latinoamericano, y esa fue una de las causas del fracaso de ese gobierno.

Mirtha Rivero, en su ensayo “La rebelión de los náufragos”, expone el choque:

“Pero los tecnócratas resolvían problemas técnicos de la economía y no podían enfrentar una situación política de crisis. Carecían de experiencia para seguir adelante, y una prueba de eso fue lo que sucedió con el precio de la gasolina. Porque era absolutamente imprescindible aumentarla, de eso no tengo la menor duda, pero ocurrió que no hubo venta política. Antes de subir el precio había que ir preparando el terreno, pero esos ministros no eran políticos, y eso no fue lo que se hizo”.

El colapso de esa segunda gestión de Carlos Andrés Pérez resquebrajó el sistema de partido e hizo surgir todo lo que vino después y que ha hundido a Venezuela en el descalabro.

Contrario a la imagen de político corrupto y permisivo que injustamente se le etiquetó, era sumamente receloso de los fondos públicos y es falso de toda falsedad que acumulara una gran fortuna, como quedó demostrado después de su muerte:

“Nunca he negociado con la política, nunca recibí una ayuda para mi campaña electoral o a la de mis compañeros a cambio de favores”, solía reiterar Carlos Andrés Pérez, y yo que tuve el privilegio de tratarle, así lo creo.

JPM

En el atletismo, de conformidad con el Reglamento de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismos (IAAF), un corredor solo debe iniciar su salida al sonar el disparo, si sale antes el juez declara falsa su salida y queda descalificado.

La drástica e inevitable penalidad que paga un atleta por una salida extemporánea se debe a la claridad de la referida normativa y a la rápida y firme actuación de los jueces olímpicos.

Distinto al deporte olímpico, en la competencia política dominicana tradicionalmente no se aplica la ley ni los árbitros actúan diligentemente cuando un competidor sale antes de que se produzca el disparo de inicio de la carrera tras el poder político, que no es otro que la proclama electoral que dicta la Junta Central Electoral para dejar abierto el período electoral.

Por tanto, frente al llamado de atención que acaba de realizar el árbitro electoral contra las actividades de campaña a destiempo no sería extraño que un jugador político le reclame no haber frenado a tiempo la campaña de la Fuerza del Pueblo (FP) ni la precampaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ya escogió, al margen de las disposiciones legales, su candidato presidencial para las elecciones del 2024, las cuales empezaron pocas semanas después del 16 de agosto del 2020.

No se puede negar que el PLD materializó, sin obstáculo ni admonición, una de las jugadas más inteligentes y exitosas de la política, la cual le posibilitó detener la fuga de sus militantes hacia otros partidos y escoger su candidato presidencial, en uno de los momentos más difíciles de su historia.

La JCE ha reaccionado extemporáneamente como las mismas actividades de campaña que probablemente acordará detener con los propios partidos políticos.

A propósito de lo anterior, veamos que es la precampaña.  De conformidad con el artículo 40 de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la precampaña es “un período durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, realizan las actividades y el proselitismo interno de los precandidatos, con el propósito de definir las candidaturas a cargos de elección popular”.

En ese mismo orden, las actividades relativas a las campañas internas de los partidos solo pueden desarrollarse durante el período de campaña, el cual debe iniciarse el primer domingo del mes de julio del año preelectoral y concluir con la escogencia del candidato, el primer domingo de octubre, cuando sea mediante elecciones primarias, y a más tardar el último domingo del mes de octubre, cuando se trate de las demás modalidades de elección.

Cuando las precampañas se realizan a destiempo, son siempre largas, costosas y perjudiciales para quienes no disponen de recursos suficientes para cubrirlas, lo que afecta la equidad e integridad del proceso de selección de los candidatos a los cargos de elección popular.

La realización de precampañas extemporáneas, de conformidad con el numeral “8” del artículo 78 de la referida Ley 33-18, se castiga con la inadmisibilidad de la candidatura del infractor, así como con sanciones administrativas de uno a doscientos salarios mínimos en perjuicio de los candidatos que realicen manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio oficial de la campaña electoral.

Mientras tanto, acompañemos a la JCE y sometámonos al imperio de la ley.

jpm-am

Los países que integran hasta el momento la Alianza para el Desarrollo en Democracia están abocados a impulsar una agenda de seguridad regional con el propósito de resguardar las actividades de comercio e inversión asumida  en el marco de los diálogos políticos sostenidos para consolidar e desarrollo de esta importante alianza.

Las  políticas de fomento de la confianza y la seguridad incrementan la transparencia  para el comercio y la inversión y fortalecen la estabilidad regional. La aplicación y el desarrollo adicional de las medidas de fomento de la confianza y la seguridad, de conformidad con el marco constitucional de cada Estado de la contribuye a la paz tan necesaria  para la seguridad jurídica.

Para  el caso de los flujos migratorios  irregulares crecientes, sin precedentes en los países que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia, de acuerdo con lo planteado en el marco del diálogo político, es urgente la necesidad de un abordaje inmediato, bajo un enfoque integral  y con la responsabilidad compartida efectiva de todos los países de la región de las Américas  que se han constituido en ruta de origen, tránsito y destino, lo cual significa que los países no pueden enfrentar este desafío de manera aislada, por lo tanto, se trata de un problema regional que requiere una solución regional.

La seguridad regional juega un rol  fundamental  y clave en  nuestros países para que a partir de un trabajo conjunto, se busquen soluciones y oportunidades para abordar integralmente las causas de la migración  y promuevan mayor inversión de calidad, políticas públicas robustas, comercio,  inversión e infraestructura, que incentive la generación de empleos y desarrollo sostenible en sus tres pilares: económico, social y ambiental, en particular,  en los países de origen  de esta migración, con miras a contener los riesgos a los que se exponen las personas migrantes.

Un elemento a incorporar como preocupación para la Alianza para el Desarrollo en Democracia , a  nuestro juicio, es la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos para nuestras sociedades. La ADD debe asumir el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el estado de derecho, y la cooperación multilateral  respetuosa de la soberanía de cada Estado, en  particular  a través del intercambio de información, la asistencia jurídica mutua y la extradición.

Las obligaciones contraídas por los Estados de la región que son  Parte  de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional  y sus tres Protocolos, para que el lavado de activos, el secuestro, el tráfico ilícito de personas, la corrupción y los  crímenes  relacionados se tipifiquen como delito en la región y que los bienes producto de esos delitos se identifiquen, rastreen, congelen o incauten y, en el último término se decomisen y enajenen.

Los Países que impulsan la Alianza para el Desarrollo en Democracia  deben trabajar en mejorar la coordinación y la cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos transnacionales  y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales.

Finalmente, la Alianza para el Desarrollo en Democracia  debe afianzar el compromiso en la lucha contra la corrupción, pasiva y activa, que constituye una amenaza a la seguridad regional  y socava las instituciones, públicas y privadas, y la confianza de la sociedad, genera grandes daños económicos, compromete la estabilidad, erosiona el estado de derecho y vulnera la capacidad  gubernamental  para responder a otras amenazas a la seguridad. Sus efectos se propagan hacia diferentes campos de la actividad de los Estados  de la región, por lo que la cooperación, la asistencia judicial mutua, la extradición y la acción  concertada para combatirla es un imperativo político y moral.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

jpm-am