SANTO DOMINGO.- El senador de La Romana, Iván Silva, solicitó a sus colegas solidaridad y apoyo ante lo que llama una «ignominiosa estafa», que según dice ha afectado a prestigiosas familias empresariales de La Romana y la provincia Peravia.

Dijo que las empresas víctimas de este fraude han sufrido un «oprobio institucional» por parte de la Junta Central Electoral, la Dirección General de Impuestos Internos, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y el Ministerio de Hacienda.

Citó entre las familias afectadas a Serrano y Mayol, propietarias de las empresas Hilari Mayol C x A, Mayol & Co., S.R.L. Grand Cays Corporation y Okra Company, LTD”.

Mencionó en particular la marca «La Famosa», definida como un distintivo de Baní y de toda la República Dominicana, «emblema y marca de progreso y emprendimiento».

FRAUDE INMOBILIARIO

Dijo que mediante un fraude inmobiliario se busca despojar a los accionistas de Costa Dorada S.A. y predios en Baní, mediante el uso de cédulas de identidad falsas y documentos apócrifos.

Denunció que este presunto fraude está orquestado por una asociación que beneficia a Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y a una sociedad compuesta por el coronel Ricardo Elías Soto Subero, junto a sus hijos, el teniente Reynaldo Elías Soto Sánchez, Ricky Soto Sánchez, Rissy Soto Sánchez y Brian Soto Sánchez, beneficiándose como dueños de la empresa Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L

Explicó que el fraude se centra en la propiedad adquirida el 13 de junio de 1967 al Banco Agrícola, un terreno de 6,363,202 metros cuadrados ubicado en Bahía de las Calderas, en la parcela número 21 del distrito catastral número 5 de Baní.

«Este terreno, cuya parte sur colinda con la playa de Los Corbanitos, ha sido el escenario de un próspero proyecto turístico conocido como Puntarenas, que ha experimentado un gran auge en los últimos años», comentó.

Pidió a sus colegas legisladores el apoyo para investigar y fiscalizar esta problemática que enfrentan actualmente las familias empresariales.

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SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) respaldó las reiteradas denuncias del comercio y empresariado dominicano, que se ha visto agobiado y al borde de la quiebra, por la competencia desleal, que al margen de la ley, dicen vienen concretando negocios de origen chino, inobservando la seguridad social con la contratación del personal, evasión fiscal, pago de impuestos y la sobrevaluación, entre otras irregularidades.

Trajano Potentini, presidente de FTJ, pidió de la Dirección General de Aduanas, Impuestos Internos, Ministerio de Trabajo, Tesorería de la Seguridad Social y Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Pro-Competencia, su urgente intervención y atención, para organizar y conjugar los males que aquejan a los empresarios, a los cuales se le estaría afectando su seguridad jurídica y trato igualitario.

DENUNCIA DE ANI

La entidad cívica recordó, que desde principio de año, en el mes de febrero, la Asociación Nacional de Importadores (ANI), en la persona de José Antonio Álvarez y Ángelo Viro, presidente y vicepresidente, respectivamente, se quejaban y denunciaban ante las autoridades, fundamentalmente, las Direcciones Generales, de Aduanas e Impuestos Internos, sobre las prácticas de competencia desleal por parte del comercio chino, en perjuicio de la industria y el comercio nacional.

Potentini explicó que la denuncia de ANI, motivó a sugerencia de varios empresarios, la necesidad de retomar desde la Dirección General de Aduanas, la denominada mesa del dialogo, constituida en noviembre del pasado año 2022.

Dijo que la misma, precisamente tenía como objetivo principal discutir, analizar y buscar los correctivos, de cara al fenómeno del comercio chino, con la violación de leyes e irregularidades en el sector, incluyendo, entre otras, la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, de fecha veinticinco (25) de enero de 2008, la cual tipifica muchas de las inconductas, de las cuales acusan a comerciantes chinos.

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