No le había prestado mucha atención a esta protesta. Primero desconocía la gravedad del problema;  y segundo, pensé que si la situación  era tan grave como lo denuncian los residentes de esa zona de Santo Domingo Este, unas autoridades que tuvieran el mínimo de sensibilidad iban a atender el reclamo de sus residentes como debe ser.

Incluso, el ruido que escuchaba me hacía pensar que había  un interés marcadamente político en los reclamos, por eso no le puse atención al tema. Además, la persistencia de esos reclamos que aparecen con mucha frecuencia en grupos de  pastores cristianos me pareció molestosa. ¿Es que no habrá otro problema en esta zona que los hermanos insisten tanto con este  llamado  de “No al muro de la muerte”?, preguntaba.

Sin embargo, mientras me desplazaba por la Avenida Rafael Fernández Domínguez  en mi vehículo, después de cruzar la Charles Gaulle, en dirección a la Avenida Hípica, a mi esposa le llamó la atención ese muro tan grueso, sólido  e infranqueable que partía la amplia Avenida en dos mitades. Comenzábamos a observar ambos que se trata de  una división grosera y a  todas luces irracional y sin ningún sentido vial, ni siquiera estético. Se trataba de un despropósito mayúsculo, espantoso y ofensivo, ajeno a todo criterio de integración y desplazamiento normal y dinámico. Un monstruoso obstáculo vial que agrede, afea, molesta, y sobre todo, pone en riesgo a conductores y a peatones.

Le dije a mi esposa, si yo hubiese sido el ministro de Obras Públicas y me muestran algo así, en ese mismo instante, detengo esta obra y ordeno de inmediato la demolición de lo realizado hasta aquí.  Este muro es un  monumento a la falta de planificación, a la improvisación, al afán de emprender obras sin tomar en cuenta las aspiraciones ni la dinámica de movilización  de los ciudadanos. Se puede decir que con la construcción, con la continuidad de ese muro se está imponiendo una decisión impopular y faraónica sobre la voluntad y el mejor desenvolvimiento de los ciudadanos de esta zona.

Ese muro,  ese monumento a la intolerancia, esa representación anti  democrática, esa  marca tan inútil como impopular,   contraria  a la convivencia, al respeto y al derecho,  debe comenzar a ser demolido. Los ciudadanos de Santo Domingo Este merecen  respeto. El “muro de la muerte”, no solo pone riesgo la integridad física, sino también el derecho y la  fuerza cívica y  moral de ciudadanos que viven en una sociedad democrática que tiene que tomarlos en cuenta en la toma de las decisiones que impactan su diario vivir.

No fue motivado por las protestas que reacciono ante esta barbaridad del “Muro de la muerte”, fue por el impacto que,  sin pensar en nada más,  me produjo esta esperpéntica y tétrica franja de concreto gris que separa  y somete a un hermetismo forzado a dos espacios ciudadanos  que deben fluir  unidos  e integrados en su avance y desarrollo.  Reacciono ante este muro letal cuando en un momento en que buscaba solaz y esparcimiento tuve que desplazarme por varios kilómetros  en línea paralela  a una monótona incomoda muralla que lo que me generó fue miedo e indignación.

Tarde, y rogándoles a todos ustedes que me excusen, me uno a sus reclamos, como una voz más que se suma para decirle “No, al Muro de la Muerte”.

jpm-am

Resumen. Este artículo está orientado a compendiar, con relativa brevedad, las diferentes aristas del tema, que, por su incidencia manejan interés y responsabilidad en su ejecución. Es por ello que iniciamos analizando su construcción histórica, desde el inicio de nuestra vida republicana, hasta nuestros días, haciendo marcado énfasis en hechos que deben corregirse y en los que debemos valorar como positivos. Posteriormente entramos de lleno en la norma y su objetivo (diferente jerarquía) siempre manteniendo la línea de enfoque en nuestro interés.

Palabras claves. Constitución, desarrollo sostenible, gobierno abierto, participación social, propiedad y patrimonio.

Nuestra Constitución en estos momentos dedica todo un Título al ordenamiento territorial, desarrollado en capítulos y secciones, enmarcado en los artículos 193 a 207, de la misma.

Este artículo quiere aportar insumo, para la reflexión en lo referente a la utilidad de la definición y el respeto del orden, la programación y planificación con visión de futuro, mediante un particular análisis de nuestro amparo normativo y de la responsabilidad de las partes con interés y/o compromiso con estas ejecutorias, las que institucionalmente deben cadena de compromiso.

Antecedentes históricos.

No hay objetividad al realizar un análisis de hechos sociales si previamente no consideramos su evolución, es por ello que al hacerlo respecto del derecho de propiedad o patrimonial, con particular enfoque en la propiedad inmobiliaria, consideraremos las etapas históricas incidentes, lo recibido de estatus anterior a la independencia y en segundo orden lo que hemos hecho como Estado. Es válido resaltar que no existe Estado sin Territorio (que delimite su autoridad y soberanía) y este necesita para alcanzar desarrollo sostenible, un correcto ordenamiento territorial. 

La administración por los españoles de esta parte de la isla, evidentemente hace replica de su particular administración en la cual la incidencia de los ayuntamientos era evidente, aspecto que, a nuestra consideración en muy positivo, por resultar el gobierno cercano que, está llamado a disponer de forma más asertiva. En este orden vemos que se dispuso la organización en lo relativo a la administración y tutela de los derechos de orden público, es importante citar a Wenceslao Vega quien expresa “en Las Indias el régimen de las tierras comunes de los municipios. Desde las primeras capitulaciones para fundar ciudades, quedaron reservados para el uso común y gratuito de los vecinos ciertos terrenos aledaños a las mismas. Este principio recibió consagración legan para la Isla Española, mediante la real Cédula del 15 de abril de 1541, que dispuso claramente: “que los pastos, montes, aguas y términos sean comunes” en las ciudades y villas “para que  todos los vecinos dellas, asi los que agora hay como los que de aquí en adelante uviere, puedan gozar delios libremente.”[1] ….Los Ejidos quedaron en manos de los ayuntamientos, para su cuido y administración, los cuales no podían ni enajenarlos, ni arrendarlos a particulares.”[2] Es una tutela patrimonial de los intereses inmobiliarios del Estado en manos de los municipios.

Las variaciones en la atención, asistencia y administración de la cosa común en esta isla, por parte de España, ha quedado registrado en diferentes acontecimientos históricos que tienen narrativa e interpretación diferente, pero en nuestra trayectoria de enfoque continuamos con la verificación de hechos sociales que, dan cuentas de, respuestas sociales a ese estado de cosas, estas podrían definirse como supervivencia sin amparo institucional. En estas circunstancias se generan los denominados “terrenos comuneros” nuestro historiador los recoge y cuenta “Los terrenos o sitios comuneros empezaron a ser mencionados a principios del Siglo XVII y XIX la mayoría de los terrenos llanos del país formaban parte de algún Sitio Comunero. Cuando en 1911 se empezaron a dividir y mensurar los terrenos comuneros del país, un censo de ellos arrojó la cantidad de 5,862 Sitios Comuneros.”[3] Lo anterior da cuentas de que se inicia a principios del siglo XVII y para 1911 se cuenta con una cantidad que, resulta definida en la época, como realidad caótica en lo que refiere a identificar, la titularidad del derecho de las tierras.

Los autores que han estudiado el fenómeno de los terrenos comuneros en Santo Domingo, han presentado diversa hipótesis, que, al criterio de Wenceslao Vega, no resultan concluyentes. Aspectos que resultan admitidos por todos. El ambiente de inadecuada gobernanza, precariedad económica, hechos que condujeron a una sobrevivencia mediante la impropia negociación de derechos no individualizados, así lo cuenta el citado historiador WV, “Las dificultades para mensurar las propiedades rurales causarían problemas a la hora de ventas y sucesiones y entonces se empezó a usar el valor dado originalmente al terreno entero al ser adquirido…..entonces a los muchos años y tras ventas y sucesiones, los codueños deseando hacer una partición, buscaban peritos que dieran a la propiedad el valor que debió haber tenido originalmente, y entonces con esa suma como base, calculaban la parte proporcional que cada dueño tenia en el momento de la partición”[4] dentro del caos, optaron por opción adecuada, lógica y de respeto al derecho de los demás.

Para 1916 se produce la invasión norteamericana y la acostumbrada codicia del invasor, respecto de los tesoros propiedad del pueblo invadido, siendo aquí el más atractivo, la propiedad inmobiliaria. Se construye una fórmula para garantizar la firmeza en la titularidad de dicho derecho en el territorio nacional. Se procuraba con ello certidumbre de las adquisiciones a favor de ciudadanos del país invasor; a cuyos fines se contratan los servicios de José Francisco Peinado, (intelectual dominicano) quien produce lo solicitado, material intelectual, con el diseño de dos normativas una para definir con amplia sanidad la titularidad del derecho inmobiliario y otra para la publicidad de dicho derecho, finalmente estas se presentan como una sola y se genera una orden ejecutiva que, luego por soluciones del momento y para lograr la salida del poderoso invasor, el país acuerda convertir en ley, junto a otras disposiciones ejecutivas, que, con la retirada del invasor habrían quedado sin amparo legal para su aplicación.

DERECHO DE PROPIEDAD O PATRIMONIAL.

Para referirnos a esta institución del derecho, es preciso que veamos la reflexión que señala Ferrajoli en su obra Justicia y Razón “Si la propiedad privada fue llamada por Beccaria *un terrible y quizás no necesario derecho*, la potestad de juzgar es seguramente, como escribieron Montesquieu y Condorcet el más terrible y odioso de los poderes,..”[5]  frente a estos criterios que necesariamente evocan la construcción de régimen de gobierno (comunista) y estructuras punitivas (sistemas penales y sus variaciones pena de muerte, varias condenas de reclusión por tiempo superior a las expectativas de vida) asumimos como lógica consecuente que, la ciencia jurídica, como ciencia social está en una evolución constante, en la cual un eje fundamental es la tutela a favor de la vulnerabilidad. Un aspecto a resaltar es, que, los puntos débiles de un Estado no son necesariamente iguales a los de otro, aun cuando pertenezcan al mismo hemisferio y compartan historia parecida.

REFLEJO EN LA PARTICULAR REALIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL.

Considerando que este municipio, resultó catastralmente cercado por propiedades tituladas a favor de Rafael Trujillo Molina, su madre, su esposa y hermano (parcelas 1-Ref. D.C. 2, 58-ref. D.C. 4, 17-A D.C. 2) las cuales luego de la tiranía pasan al Estado Dominicano, las cuales producto de desordenadas administraciones generaron, irrespeto, precaria realización y programación de los servicios públicos, ausencia de estrategia en el diseño y planificación urbano con miras a un desarrollo social sostenible, teniendo como resultado el escaso avance social, con incremento en las actividades delictivas en diferentes órdenes a la que no escapa, el derecho de propiedad inmobiliaria. Su reparación amerita del concurso y buena voluntad de los sancristobalenses que aman su pueblo.

Aspectos de interés a ser puntualizados al momento de trabajar el tema del ordenamiento territorial, la estabilidad social, como consecuencia de fortaleza institucional, la cual es fundamento de la seguridad jurídica. Es en este orden que entendemos que, las características de un adecuado ordenamiento territorial, las que vienen dadas en un diseño de división político territorial, con la creación de estructuras de implementación y seguimiento, que, garanticen las bases para un gobierno abierto, respeto al medio ambiente y descentralización de la autoridad. Esto mediante la garantía de los principios expresados en la Constitución y los que deban ser incorporados, por su evidente importancia y conexidad.

Para lograr mejores resultados en este gran proceso, debe legislarse produciendo normas que conduzcan a adecuar en ese sentido, además de las producidas como son la creación del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel, debe implementarse la red nacional de información espacial, organismo facilita diseño para la construcción del ordenamiento territorial, un Catastro Nacional (y municipal) actualizado, así como plan nacional de saneamiento (y municipal) de todos los terrenos. Estas instituciones deben aportar servicio particular a los municipios, para fines de mejor ejecución del gobierno local.

Los aspectos de interés aquí desarrollados, ameritan un particular abordaje que, estos espacios por su naturaleza no permiten, es por ello que invito a reflexión e investigación particular, si queremos aportar a la construcción de un mejor país.

JPM

El Mediterráneo es un mar continental que abarca un área de 2,5 millones de kilómetros, que conecta con el océano Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, tiene una longitud aproximada de 3,900 km² y su anchura máxima es de unos 1,600 kilómetros. Su ubicación entre Europa, Asia y África le permite bañar las costas de más de 20 países, dividiendo a Europa y África por tan solo 14 kilómetros. 

Este mar considerado como uno de los principales del mundo, tanto por su dimensión, como por el papel clave que tuvo en el desarrollo de asombrosas civilizaciones, tanto occidentales como orientales, que pasaron a lo largo de la historia de la humanidad por esta masa de agua, se está convirtiendo en un gran sepulturero de miles de migrantes que cruzan sus aguas en busca de mejores condiciones de vida. 

Desde hace un tiempo miles de migrantes procedentes del continente Africano, de Asia y del Oriente Medio se están lanzando a este cuerpo de agua arriesgando sus vidas, solamente el año pasado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró 3,789 muertes de refugiados que cruzaban el mar, la mayoría de los cuales huyen de la guerra y la persecución. 

A esas muertes hay que añadir al menos otros 78 migrantes en su mayoría provenientes de Pakistán, Egipto y Siria que encontraron la muerte en el agua frente a las costas de Grecia tras zozobrar el barco pesquero que los transportaba el pasado 15 de junio. El número de víctimas podría ser mucho mayor. Según algunos de los ocupantes de la embarcación,  en ella viajaban 750 pasajeros, siendo uno de los peores desastres migratorios de los últimos años.

En este año 2023 la OIM ha reportado casi 2,000 migrantes ahogados intentando llegar a Europa, los naufragios en el mar mediterráneo van en aumento y son muy preocupantes, otro caso es el de 37 migrantes desaparecidos después de que su bote volcara entre Túnez y la isla italiana de Lampedusa, asimismo se denunció que una segunda embarcación con unos 50 migrantes a bordo necesita un rescate urgente de las autoridades de Malta o Italia. 

Las noticias de tragedias en el mar Mediterráneo, que están dejando cientos de personas, incluyendo niños, muertos o desaparecidas, se están volviendo demasiado frecuentes y tienen un coste humano demasiado alto, ante el hecho de un viaje muy peligroso, donde a veces familias enteras, adolescentes mujeres y niños tratan de llegar a Europa en busca de seguridad y oportunidades. 

Los niños y niñas que hacen estos viajes están expuestos al abuso, a la explotación, una posible muerte y si tienen la suerte de sobrevivir, a menudo quedan en condiciones inseguras e inadecuadas, y/o criminalizados y discriminados con la consecuente violacion a sus derechos humanos. Esto supone una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta grave situación que se presenta en el mar mediterraneo, ha sido denunciada por la Internacional Progresista planteando,’’ la política sistemática de devoluciones de embarcaciones de refugiados a la deriva por parte del gobierno griego. El estudio mapea más de 1.000 casos, las historias ocultas de familias enteras —que huyen de la guerra y la persecución a las que se ha negado la oportunidad de presentar su caso de refugio y asilo.

La organización progresista también denunció las intenciones de la Unión Europea de al igual que hizo con el gobierno de Libia propiciar un acuerdo con el gobierno de Túnez con la entrega de 100 millones de euros este año , para evitar que los refugiados lleguen a Europa, asi como las autoridades griegas violan el derecho internacional y abandonan a los refugiados a su suerte en el mar con el consentimiento de la Unión Europea.

“ El desplazamiento masivo de personas no se detendrá con fosas comunes más profundas, muros más grandes o milicias fronterizas mejor financiadas”.”Se calcula que el número de refugiados por causas climáticas podría alcanzar la aterradora cifra de 1.200 millones de personas en 2050, por culpa de las guerras, el saqueo económico y el caos climatico”, finalizó diciendo la organización progresista.

Los incidentes fatales del mar mediterraneo hacen necesaria una acción rápida, colectiva y decidida, en favor de los refugiados  de hoy y de mañana, que solo buscan un lugar seguro para ellos y para sus seres queridos como lo haría cualquiera de nosotros en una situación parecida, hay que proteger la vida de todos los migrantes económicos y de todos los refugiados forzosos que huyen de la guerra y la violencia.

Hay que evitar por todos los medios a nuestro alcance que el mediterraneo se siga convirtiendo en un enorme cementerio de migrantes, uniendo las mejores voluntades de nuestros países en la defensa común de las personas y el planeta, propiciando un clima de respeto a los derechos humanos y de solidaridad con los más vulnerables ya sean estos refugiados o migrantes.

jpm-am