SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo una condena de cinco años de prisión en contra de dos hombres enjuiciados por asaltar a mano armada a un comerciante en esta provincia en 2019.

Ángel Domingo Carrión Medina y Roberto Julio del Giudice Castillo fueron enjuiciados por los crímenes de asociación de malhechores y robo agravado en perjuicio del comerciante Ramón Antonio Casado Báez.

El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, integrado por los jueces Kenia del Pilar Tavárez Henríquez, Haydeliza Ramírez Henríquez y Esmirna Antonia Ortega Ventura, dictó la sentencia tras declararlos culpables de violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379 y 385 del Código Penal.

El acusador público Pedro Adael García de Peña, del Departamento de Litigación Final de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, aportó en el juicio pruebas suficientes que sirvieron para acreditar que Carrión Medina y Del Giudice Castillo cometieron el hecho en horas de la noche del 28 de noviembre de 2019.

Ambos, portando armas de fuego, se presentaron al colmado El Flaco, del sector Miramar, propiedad de Casado Báez, donde se apropiaron de dinero en efectivo y teléfonos móviles.

El tribunal acogió la acusación del Ministerio Público y ordenó que Carrión Medina cumpla la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Del Giudice Castillo en el CCR Cucama, de la provincia La Romana.

cfl-am

SANTO DOMINGO (EFE).- Entidades de la sociedad civil y el Gobierno de los Estados Unidos presentaron ese jueves los resultados del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ, siglas en inglés), que se ejecutó en varias provincias y barriadas del país durante los últimos siete años.

Uno de sus principales objetivos era aumentar el compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito, dijo en un comunicado Participación Ciudadana, a cargo del proyecto junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), con el auspicio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), estadounidense.

Este proyecto fue implementado desde el año 2015 en el área geográfica denominada el «Corredor Duarte» que va desde Santo Domingo Norte hasta Puerto Plata e incluye las provincias de Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Santiago, Duarte y Puerto Plata, así como el Distrito Nacional en 18 barrios de la zona norte, y en los municipios de Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.

De acuerdo a la información, se alcanzaron dos grandes componentes, entre ellos el de Seguridad y Justicia, cuyo objetivo primordial fue el de contribuir al afianzamiento de las capacidades de la sociedad civil, destacando la participación activa de 689 organizaciones en la que fueron capacitadas 9,569 personas en prevención del crimen y la violencia.

Además de la conformación de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia incorporada por más de 170 organizaciones, la creación de la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas por 18 organizaciones y la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.

En cuanto al componente de Transparencia y rendición de cuentas en la Planificación Territorial Dominicana, se ejecutaron acciones en los municipios de Santiago, Las Terrenas, San Pedro de Macorís, Jarabacoa, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Durante los siete años de ejecución del proyecto, se incorporó también el componente de Participación Cívica, en el que se realizaron encuentros con candidatos a la Presidencia de la República y a las alcaldías, se integró el acceso a las personas con discapacidad en la que se sistematizaron las experiencias y prácticas de 581 actores que se incorporaron a este proceso.

Dentro del marco del proyecto, los estudios e investigaciones fueron un «gran aporte» para el desarrollo de las acciones implementadas durante la ejecución del PASJ, donde se contó con 25 publicaciones vinculadas a la seguridad y la justicia que están disponibles en la página web de Participación Ciudadana.

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- La Policía abatió a un supuesto miembro de una banda de asaltantes e hirió a otros dos en un presunto intercambio de disparos en el distrito municipal El Aguacate, de la provincia Duarte.

El ahora occiso y sus compinches, cuya identidad no ha sido revelada, estaban hospedados en una vivienda, a 100 metros del ayuntamiento de la citada localidad y cuando notaron la presencia de la Policía la emprendieron a tiros contra los agentes.

Los agentes repelieron el ataque de los antisociales, quienes eran investigados por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).

Informaciones extraoficiales señalan que la supuesta banda se dedica asaltar entidades bancarias en la provincia Espaillat.

El cadáver fue llevado a la morgue del hospital municipal de Arenoso.

jt/am

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Policía ultimó a uno de tres hombres que intentaron robar en un supermercado del sector Cecara, en el barrio Los Santos, de esta ciudad.

El muerto es Esmerli Castillo, quien fue sorprendido tratando de irrumpir en el supermercado La Cayena junto a otros individuos que lograron escapar.

El dueño del negocio dijo que la alarma sonó a las 3:00 de la madrugada, por lo que alertó a la Policía y le pidió que fuera a supervisar.

Reveló que es la tercera vez que delincuentes ingresaban al negocio a robar.

Cuando la Policía llegó al lugar los ladrones ya habían hecho un hoyo en la pared con un gato hidráulico y otras herramientas.

jt/am

SANTO DOMINGO.- La situación de inseguridad que viven los ciudadanos de Santo Domingo Este impide el desarrollo de ese municipio, denonció el dirigente político y religioso Dio Astacio.

Atribuyó esa situación a la falta de gerencia de las autoridades municipales, «quienes aún no han entendido su papel frente a la población que los eligió».

“Los alcaldes deben ser gerentes que administren las principales tareas de una determinada ciudad, gestionando sus soluciones de una manera integral, de la mano con la propia ciudadanía”, explicó.

Dijo que “no puede ser posible que teniendo nosotros las principales academias de béisbol de las Grandes Ligas no podamos sacarle provecho a eso, porque la inseguridad no lo permite”.

Astacio, quien también es director ejecutivo del Gabinete de la Familia, lamentó que a pesar del potencial turístico que tiene Santo Domingo Este, sus alcaldes no se han ocupado por su desarrollo, higiene y seguridad.

“Es lamentable ver que tenemos tantos monumentos históricos, áreas turísticas, como el Faro a Colón, que cuando los viajeros llegan por el aeropuerto Las Américas tengan que buscar un hotel en el Distrito Nacional, que no tengamos un hospital que pueda garantizar las atenciones de Salud que requiere esa población”, declaró.

Indicó que «estos son temas que debería gestionarlos un alcalde que comprende su rol y su compromiso con una ciudad».

“Nadie visita un lugar sucio y descuidado, a la gente le gusta lo ordenado y limpio. La inseguridad y la arrabalización están relacionados, por eso nosotros creemos en cuidar el ornato de una ciudad, porque Santo Domingo Este tiene todo el potencial para convertirse en una marca ciudad, como lo son en otros países de nuestra región”, concluyó.