SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la extradición de los dominicanos Audry Rodríguez Paredes y Luichy Joel Sosa requeridos por Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos.
Rodríguez Paredes, alias Aguja y El Barbú, enfrenta cargos en Puerto Rico por asociación para distribuir cocaína con fines de importación ilegal, asociación para importar cocaína, importación de cocaína y tentativa de importación de dicha sustancia.
Sosa será juzgado en Pensilvania por robo y uso, porte y posesión de armas de fuego.
WASHINGTON 7 May.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que un nuevo ultimátum a la Unión Europea para que cumpla con el acuerdo comercial alcanzado el pasado año, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha calificado de «excelente».
«He mantenido una excelente conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (…) Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, según lo acordado, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé darle de plazo hasta el 250º aniversario de nuestro país o, de lo contrario, sus aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos», ha declarado en un mensaje en sus redes sociales.
El inquilino de la Casa Blanca ha señalado que ha estado «esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial» alcanzado en Escocia, que ha destacado como «el mayor acuerdo comercial de la historia».
SANTO DOMINGO.- El Instituto de Radio y Televisión Dominicana (RTVD) celebró su segunda graduación correspondiente a los tres trimestres académicos del año 2025.
Un total de 342 estudiantes de diferentes puntos del país culminaron programas de formación técnica y especializada en áreas vinculadas a la comunicación, televisión, producción audiovisual y herramientas digitales.
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Dominicana, Ellis Pérez; el director general de RTVD, Iván Ruiz, y el director del Instituto, Leo Silverio.
COMPROMISO CON LA FORMACIÓN
Ruiz destacó el compromiso de la institución con la preparación de nuevos talentos y el fortalecimiento de la industria audiovisual dominicana.
Los graduandos fueron capacitados en un total de 17 cursos técnicos avalados por el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
Entre las áreas impartidas figuran Conducción de TV, Coordinador de Piso, Periodismo Digital e Inteligencia Artificial, Redacción de Noticias, Guion de Series, Colorización DaVinci y Marketing Digital.
También recibieron enseñanza en Maquillaje Básico, Locución, DaVinci Resolve, Asistente de TV, Guion Básico, Producción de TV Básico, Iluminación para TV y Periodismo para TV.
UN NUEVO CICLO EN LA TELEVISIÓN
Leo Silverio, director del instituto, sostuvo que con los 342 graduados “se abre un nuevo ciclo en la televisión nacional”.
“Radio Televisión Dominicana cuenta actualmente con 35 pasantes, entre profesionales y principiantes, interesados en ampliar sus conocimientos prácticos en una televisión moderna y de calidad. Esta representa la mayor cantidad de pasantes en un canal del país”, apuntó.
En representación de los graduandos, Elianny Toribio, quien se formó en el programa Producción de TV Básico, agradeció a RTVD por haber garantizado que cada uno de estos cursos beneficiaran a tantos jóvenes de escasos recursos que como ella tienen sed de aprender.
Santo Domingo, 8 may.- La antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026 iniciará hoy un recorrido por las 31 provincias y el Distrito Nacional, comenzando en Pedernales.
Nombrada «Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores», la iniciativa busca promover principios vinculados al deporte y la convivencia social, más allá del traslado simbólico del fuego deportivo, afirmó José Monegro, presidente del Comité Organizador.
La ruta honra la memoria de García Saleta (Wiche), considerado uno de los principales impulsores del deporte en la República Dominicana y figura clave en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974.
Durante el recorrido serán promovidos valores como la disciplina, la solidaridad, honestidad y la perseverancia, considerados pilares fundamentales del evento regional.
El presidente Luis Abinader encabezó el miércoles último el acto oficial de recibimiento de la antorcha en el Palacio Nacional, donde resaltó el papel del deporte en la formación de la juventud y en el fortalecimiento de la cohesión social.
El mandatario expresó su deseo de que la llama «ilumine cada rincón del país» y motive a las futuras generaciones, destacando el símbolo como un elemento de unidad nacional rumbo a la celebración de los Juegos.
La antorcha fue portada inicialmente por el medallista olímpico de taekwondo Gabriel Mercedes y luego pasó por distintas figuras ligadas al deporte y la organización del certamen, entre ellas Bernardita García Smester, hija de Wiche García Saleta, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.
La travesía arrancará formalmente este viernes en el Parque Municipal de Pedernales y continuará por distintos municipios del sur del país.
El primer día incluirá paradas en Oviedo, Juancho, Enriquillo, Paraíso, La Ciénaga y Barahona.
El 10 de mayo la antorcha recorrerá Barahona, Cachón, Cabral, Duvergé, El Limón y Jimaní, mientras que el día 11 continuará por comunidades de la provincia Independencia, incluyendo La Descubierta, Boca de Cachón y Postrer Río.
Los XXV JCC se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto próximos con la participación de más de seis mil 200 atletas de más de 30 países.
Monegro afirmó que esta edición será «la más grande de la historia» y reiteró el compromiso de organizar un evento basado en el juego limpio, la ética deportiva y la responsabilidad social.
Además, recordó que la mascota oficial está inspirada en el barrancolí, ave representativa de la identidad dominicana y símbolo del espíritu nacional.
WASHINGTON 7 May.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra una empresa controlada por el Ejército de Cuba y su directora, así como contra una compañía minera, en el marco del creciente bloqueo y las presiones de la Administración Trump contra la isla y sus autoridades.
Los afectados por estas medidas son el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y su directora, Ania Guillermina Lastres Morera; además de la minera Moa Nickel S.A. (MNSA), ha indicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sin dar más detalles.
Por su parte, el Departamento de Estado ha precisado que GAESA es «una empresa paraguas controlada por el Ejército cubano (que) controla aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla». Así, ha asegurado que la compañía «está diseñada (…) únicamente en beneficio de las élites corruptas» del país y no para los ciudadanos, triplica el presupuesto del Estado y controla 20.000 millones de dólares en activos ilícitos, haciendo «responsable» a Lastres de la gestión de estos ingresos en el extranjero.
«Mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una crónica falta de inversión en infraestructuras críticas como la red eléctrica, gran parte de las ganancias de las actividades de GAESA se desvían a cuentas bancarias ocultas en el extranjero», ha agregado.
Por otra parte, MNSA es una «empresa conjunta» de la canadiense Sherritt International Corporation y la estatal cubana La Compañía del Níquel, y está sancionada por haber «explotado los recursos naturales de Cuba en beneficio del régimen y a expensas del pueblo cubano». «Obtiene beneficios de activos que el régimen cubano expropió originalmente a personas y empresas estadounidenses», ha asegurado el Departamento.
La cartera dirigida por Marco Rubio, que ha apuntado a nuevas sanciones contra entidades vinculadas a La Habana «en los próximos días y semanas», ha enmarcado estas medidas como parte de la «campaña» de Washington para abordar las «apremiantes amenazas a la seguridad nacional» que presuntamente constituyen las autoridades cubanas y «exigir responsabilidades tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material o financiero».
El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha criticado en redes sociales estas nuevas medidas «de castigo colectivo» hacia su país y ha considerado que, con ellas, «el Gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir» a la isla.
«Su actuación descansa en la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del Gobierno estadounidense», ha agregado.
Este mismo jueves, un grupo de expertos de Naciones Unidas ha advertido de que el bloqueo de combustible al que está sometido el país caribeño desde principios de año equivale a una «inanición energética» con graves consecuencias tanto para el desarrollo general como para los Derechos Humanos en la isla.
«Cuba ha sido sometida a una inanición energética por parte de Estados Unidos, una situación en la que la falta de combustible paraliza el funcionamiento de los servicios esenciales necesarios para una vida digna. Este bloqueo ilegal no solo perturba la vida cotidiana, sino que también socava el disfrute de una amplia gama de Derechos Humanos», han declarado en un comunicado.
Además, el grupo de expertos ha incidido en que la orden ejecutiva con la que la Administración Trump autorizó este bloqueo no demuestra en qué modo Cuba representa una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos. «Si bien la orden hace referencia a las preocupaciones sobre Derechos Humanos en Cuba, no considera cómo la medida en sí misma -una medida coercitiva unilateral- perjudica directamente el disfrute de los Derechos Humanos del pueblo cubano», ha considerado.
Santo Domingo 8 may.- El Ministerio dominicano de Vivienda y Edificaciones (Mived) entregó el pabellón de karate del Centro Olímpico Félix Sánchez completamente remozado, como parte de los trabajos de adecuación de infraestructuras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La instalación cuenta con una capacidad de dos mil 226 asientos y fue equipada con iluminación de 1,500 lux en el área de competencia, además de sistemas de seguridad, detección de incendios y megafonía, cumpliendo con estándares internacionales para eventos de alto nivel.
El titular del Mived, Víctor Bisonó, destacó que las obras responden a una visión de desarrollo del deporte y respaldo a los atletas.
De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, valoró la calidad de la obra y el avance de las infraestructuras deportivas. Afirmó que los trabajos garantizan el éxito de los deportistas en cada disciplina.
El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, aseguró que estos serán los Juegos Centroamericanos más grandes por la cantidad de atletas y disciplinas participantes.
El pabellón incluye vestidores, baños, cafetería, parqueos y sistema eléctrico optimizado.
Asimismo, se realizaron trabajos de impermeabilización, mantenimiento de la estructura metálica y la instalación de techo de aluzinc con aislante térmico, junto a mejoras en ventilación y pintura general.
La entrega del pabellón de karate se suma a las intervenciones que ejecuta el Mived en distintas instalaciones deportivas.
Estas obras buscan garantizar escenarios adecuados para los JCC, que se desarrollarán en la República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto con la participación de unos seis mil atletas.
NUEVA YORK.- El Frente Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario Moderno en Nueva York manifestó su «firme respaldo» a la decisión del presidente Luis Abinader de detener la actividad minera en la provincia San Juan.
La organización valoró que el mandatario actuara escuchando a los ciudadanos y anteponiendo el bienestar colectivo. “Con esta acción, el presidente vuelve a demostrar que gobierna de la mano del pueblo, con sensibilidad, humildad y compromiso social, poniendo siempre por encima el bienestar de la gente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, señaló el Frente en un comunicado.
Rafaela Gómez, presidenta, y Juanita Martínez, secretaria general de las mujeres de la seccional del PRM en Nueva York, calificaron la decisión del mandatario como «trascendental para San Juan» y para la República Dominicana.
“Nosotras, las mujeres del PRM en Nueva York, reconocemos y valoramos esta firme decisión y reiteramos nuestro respaldo a un liderazgo cercano, humano y comprometido con las mejores causas del pueblo dominicano”, subrayaron.
DEFENSA DEL INTERÉS COMUNITARIO
El Frente indicó que la suspensión del proyecto responde al clamor de diversos sectores de San Juan que exigían proteger sus recursos, su medio ambiente y su modelo de desarrollo local.
Afirmó que la medida fortalece la confianza ciudadana en las autoridades y envía un mensaje claro de que las políticas públicas deben construirse desde la consulta y el respeto a las comunidades.
COMPROMISO CON LA DIÁSPORA
Gómez y Martínez reafirmaron, además, su compromiso de mantener una comunicación activa con la comunidad dominicana en Nueva York y de seguir respaldando las acciones del Gobierno que «defienden la dignidad, la justicia social y el desarrollo equilibrado de la República Dominicana».
LIMA 7 May.- El Defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutierrez, ha descartado que se produjese fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 12 de abril, pero sí ha hablado de «hechos irregulares», relacionados con los problemas logísticos que motivaron que la jornada de votación tuviera que alargarse un día más.
«No existen pruebas fehacientes de fraude electoral; sin embargo, sí cuestionamientos a hechos irregulares», ha dicho Gutiérrez en base a los informes recibidos por las diferentes misiones electorales, o de la Fiscalía, en una rueda de prensa celebrada este jueves, según recoge la cadena peruana RPP.
Gutiérrez también ha aprovechado para cuestionar el papel de algunos de los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a los que ha afeado un «marcado desconocimiento» de sus competencias constitucionales en los centros de votación.
Así, ha señalado que algunos funcionarios «no brindaron la colaboración oportuna debida a instituciones como el Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y también a algunas misiones de observación de observadores».
La falta de coordinación entre funcionarios de la ONPE y del JNE se vio «particularmente en Lima Metropolitana», en lo concerniente al despliegue y repliegue de material electoral, «generando acusaciones mutuas de grave negligencia y responsabilidad que atentan contra la confianza en el sistema electoral».
La primera vuelta de las elecciones quedó marcada por los problemas logísticos que aparecieron en algunos centros de votación, con la falta de material electoral para ejercer el derecho al voto e incluso con algunos de ellos cerrados. Aquello provocó el cese del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, investigado por estos hechos.
Su gestión quedó en entredicho después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran problemas para emitir su voto y por ello las autoridades peruanas decidieron prorrogar la jornada electoral hasta el 13 de abril. Pese a todo, las diferentes misiones electorales internacionales descartaron que se produjera fraude, como han asegurado algunos candidatos.
Entre ellos Rafael López Aliaga, tercero con el 98% por ciento de las actas escrutadas, a tan solo 23.000 votos de diferencia del candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, quien previsiblemente se enfrentará en la segunda vuelta del 7 de junio a Keiko Fujimori, que encara sus cuartas elecciones presidenciales.
SANTO DOMINGO. – El próximo 23 de julio de 2026 se celebrará el Festival Internacional de la Canción Punta del Este, República Dominicana, certamen que se proyecta como plataforma para promover nuevas figuras del canto, la composición y la autoría.
La presentación oficial del concurso fue encabezada por Milly Carmen Reyes, directora nacional del festival en el centro de entretenimiento Room 21.
Reyes, actriz y cantante indicó que “El Festival Internacional de la Canción (FIC) es un evento enfocado en promover canciones inéditas y nuevos talentos, sirviendo como plataforma de proyección internacional y encuentro cultural”.
A la presentación asistieron figuras relevantes del ámbito artístico y cultural, entre ellas Julia Martínez, embajadora honorífica del festival, Vanessa Mejía, intérprete y ganadora en República Dominicana 2025.
INSCRIPCIÓN DE OBRAS
Los organizadores invitaron a autores, compositores e intérpretes de todos los géneros musicales a inscribir sus obras.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de mayo de 2026, ofreciendo una oportunidad única para presentar canciones ante un jurado internacional.
El festival transformará a Punta del Este en un escenario de gala y diversidad sonora. La iniciativa busca consolidar a la República Dominicana como epicentro de la canción en el Caribe.
El caso de Mario Redondo Llenas reactiva la tensión clásica e incómoda que existe entre el derecho y la memoria social. No es un debate nuevo, pero sí exige ser abordado con rigor cuando los hechos que lo provocan han dejado una huella profunda e imborrable en la conciencia colectiva.
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es más clara de lo que sugiere la reacción pública. En un Estado de derecho, la pena tiene carácter necesariamente temporal. Su cumplimiento íntegro produce el efecto definitivo de la extinción de la potestad punitiva del Estado. No hay espacio para prolongaciones encubiertas ni para sanciones informales que se extiendan más allá de lo que la ley ha previsto.
El artículo 40.16 de la Constitución dominicana establece que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y la reinserción social. Este no es un enunciado retórico, sino un mandato estructural del sistema penal. La pena no se justifica solo como castigo, sino como un instrumento que, una vez cumplido, habilita el retorno del individuo a la sociedad.
Ese regreso implica consecuencias jurídicas concretas. Cumplida la pena, el individuo recupera plenamente sus derechos fundamentales, de dignidad, honor, libre circulación y la posibilidad real de rehacer su vida.
En ese marco, como parte del derecho de reinserción social, a Redondo Llenas no se le puede negar vivir en la República Dominicana. Cualquier decisión sobre el lugar donde decida establecerse sólo puede ser voluntaria. Sugerir o imponer, de manera directa o indirecta, que abandone el país, equivale a introducir una forma de expulsión social que el orden constitucional no admite.
Sin embargo, ese plano jurídico convive con el de la memoria social. Y la memoria no se rige por los mismos principios que el derecho. No tiene plazos, ni responde a criterios de proporcionalidad o legalidad. Hay crímenes que, por su brutalidad, como el de Mario Redondo Llenas, trascienden el expediente judicial y se convierten en marcas indelebles en la historia emocional de una sociedad.
Mario José Redondo Llenas
Pretender que ese recuerdo desaparezca sería ingenuo. Incluso podría ser indeseable. La memoria colectiva cumple como función ética la de recordar lo ocurrido, advertir sobre sus consecuencias, preservar una conciencia histórica. Pero esa función no puede transformarse en una fuente de derecho ni en un mecanismo de sanción indefinida.
Distorsión
Cuando la reacción social intenta prolongar el castigo más allá de la pena cumplida -mediante el rechazo absoluto, la exclusión permanente o la negación práctica de oportunidades- se produce una distorsión que debe ser advertida: la sustitución del derecho por la emoción. Y ese desplazamiento, aunque comprensible en términos humanos, resulta incompatible con los principios básicos del Estado de derecho.
Existe, en este punto, una línea de equilibrio que no puede ser erosionada. El derecho no garantiza el olvido, pero sí impide la condena perpetua. La justicia penal se agota en la pena; lo demás pertenece al ámbito de la valoración social, no al de la coerción jurídica. Convertir la memoria en castigo es, en esencia, desnaturalizar ambas cosas.
Esto no implica que la sociedad esté obligada a absolver moralmente ni a olvidar. Implica, más bien, que ese juicio moral no puede traducirse en la negación de derechos. El individuo que ha cumplido su condena no puede ser colocado en una situación de exclusión estructural que haga imposible, en los hechos, la reinserción que el propio sistema proclama como finalidad.
En ese contexto, cualquier decisión sobre dónde rehacer su vida debe ser estrictamente personal. No puede estar condicionada por presiones sociales que, en la práctica, operan como una sanción adicional. La reinserción no puede ser un concepto vacío, sino que debe ser una posibilidad real, aunque socialmente incómoda.
El desafío, entonces, no es imponer el olvido, sino sostener los principios. Un sistema jurídico que cede ante los casos difíciles termina debilitando sus propias garantías. Y ese debilitamiento no distingue entre culpables notorios y ciudadanos comunes.
Por eso conviene insistir, sin matices, que el derecho cierra o clausura el castigo, pero no decreta el olvido. La memoria permanece; la sanción no.
Defender esa frontera no es un acto de indulgencia. Es, en realidad, una afirmación de civilidad y de fidelidad al Estado de derecho. Porque cuando el castigo deja de tener límites, lo que está en juego ya no es la justicia, sino su negación.
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