POR EURIPIDES A. URIBE PEGUERO

Aunque en las elecciones de 1986 Joaquín Balaguer retornó a la Presidencia de la República en forma democrática y transparente, la crisis que se generó en las elecciones de 1990, donde consiguió la reelección en forma dudosa, presentaba de nuevo al país a un hombre aferrado al poder y capaz de cualquier maniobra fraudulenta para retenerlo.

Durante ese nuevo periodo, logrado en forma cuestionada, Balaguer no hizo nada para despejar las dudas de que pretendería a toda costa la continuidad en el Gobierno de la nación en 1994.

José Francisco Peña Gómez surgía a partir del 1990 como líder del PRD y principal contendor de Balaguer para las elecciones del 1994. Ante los aprestos de Balaguer y su círculo político-militar, el líder perredeísta vio como una alternativa para evitar que Balaguer retuviera nuevamente el poder con sus maniobras fraudulentas la participación del recurso militar en alguna forma.

El gran líder perredeísta, durante los mal recordados 12 años de Gobiernos de Joaquín Balaguer, estuvo invocando porque apareciera un coronel “que se casara con la gloria”. Parecía claro que evocaba el papel del coronel Francisco Alberto Caamaño en su rol para restablecer la constitucionalidad en 1965.

En la nueva circunstancia, buscaba que, ante la imposibilidad de las alternativas institucionales y democráticas, obstaculizadas por el régimen balaguerista, otro líder militar librara al país de la opresión de su Gobierno en el infausto periodo de los 12 años comprendidos entre 1966 y 1978. El “coronel” requerido no apareció y Balaguer tuvo que ser sacado del poder después de una gran crisis tras haber perdido las elecciones de ese último año.

Después de 1986

Posteriormente, en la nueva etapa de Joaquín Balaguer (a partir de 1986), Peña Gómez no solo consiguió uno, sino varios coroneles de los cuerpos armados que estuvieron dispuestos a deponerlo si pretendía mantenerse en el Gobierno al resultar derrotado en las elecciones de 1994. La situación para la intervención de estos oficiales se produjo cuando el viejo caudillo y su círculo trataron de desconocer los resultados electorales que daban el triunfo al líder perredeísta, pero este, aunque contaba con un equipo militar para hacerlo, contuvo esa participación y decidió el diálogo que dio fin a la crisis con la firma del Pacto por la Democracia el 10 de agosto de ese año.

El paso de los años y la madurez política de Peña Gómez o el arraigo de la enfermedad que le afectaba, le harían reconsiderar el papel de ese grupo de oficiales a quienes dijo al inicio de la crisis de ese año (1994) que no cambiaría la presidencia de la República por la vida de un solo dominicano.

Con esta expresión les invocaba a no emprender ninguna acción y dejarles resolver la crisis a través del diálogo.

El capitán de navío MAGR era uno de los coroneles activos que formaba parte del grupo de coroneles que se había constituido para enfrentar a Balaguer y su círculo militar si intentaban permanecer en el Gobierno tras un proceso electoral que no le favoreciera. Este oficial naval y EAUP eran muy buenos amigos y ya habían compartido sus inquietudes con respecto al régimen de Joaquín Balaguer desde las elecciones de 1990. MAGR se presentó ante el coronel JMSJ quien era el coordinador del grupo. En varias reuniones realizadas con José Francisco Peña Gómez, más de 200 coroneles activos de todos los cuerpos armados coordinaban las acciones a tomar en caso de ser necesario.

Comprometidos

Para que se comprenda la magnitud de la capacidad de acción de este grupo de oficiales hay que saber que en él estaban el jefe de Operaciones de la Secretaría de las Fuerzas Armadas (J-3); el jefe de personal del Ejército Nacional (G-1); el jefe de Operaciones de la Marina de Guerra (M_3); el jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea Dominicana (A-3) y el director de la Academia de cadetes de la Policía Nacional. Había oficiales comprometidos en el mismo Palacio Nacional y varios comandantes y subcomandantes de batallones distribuidos en las seis brigadas de infantería, la brigada de Apoyo de Combate y de otras unidades del Ejército Nacional. En una reunión con Peña Gómez en una casa campestre cercana a la Capital se llegaron a contar alrededor de 250 coroneles y tenientes coroneles de los cuerpos armados.

La existencia de este grupo de oficiales pasó desapercibida para la mayor parte de la población debido a varios factores. Estos coroneles no tuvieron ninguna participación visible y objetiva en los eventos que culminaron con la crisis de 1994. Solo estuvieron listos para una intervención que nunca se produjo. El estrecho círculo de la dirigencia del PRD que sabía de la existencia del equipo militar, posiblemente ha guardado silencio protegiendo la imagen tan vilipendiada del venerado líder José Francisco Peña Gómez, atacado por cualquier causa, aun después de fu muerte. Tal vez evitan que se le acuse de tratar de utilizar militares para conseguir sus objetivos políticos.

En cuanto al silencio de los oficiales comprometidos en la trama articulada, algunos habrán pensado en el cuestionado principio constitucional de la apoliticidad de los cuerpos armados. Resguardarán sus nombres para que no se conozca que se aliaron con un político de oposición para intervenir contra un Gobierno al cual debían rendir su lealtad. Pero este argumento es rebatible, porque los pueblos tienen derecho a resistirse ante Gobiernos opresivos que mantienen el poder en forma fraudulenta y por alguna razón no funcionan los mecanismos que tiene la democracia para deponerlos.

Una prueba de la vocación demócrata que tuvieron estos oficiales fue que a pesar de que existía una aguda crisis política generada por el intento de Balaguer en permanecer en el Gobierno en forma irregular, un absoluto rechazo a su Gobierno y una división entre los miembros de los cuerpos armados que inclinaba su apoyo en forma desfavorable al grupo gobernante. A pesar de que la situación se convirtió en un caldo de cultivo para hacerlo, este grupo militar no la aprovechó para deponer a Balaguer y asumir ellos el Gobierno de la nación, dejando a un lado los propósitos del líder político que seguían. Se circunscribieron a las directrices de José Francisco Peña Gómez, quien, en el momento crucial que demandaba su intervención, les requirió no hacerlo y esperar la solución que buscaba sin un derramamiento de sangre.

Estos oficiales demócratas se mantuvieron en el anonimato, pero la mayoría de ellos estuvo diseminada en los mandos militares durante el gobierno del PRD con Hipólito Mejía a partir del año 2000.

Y en repuesta a la interrogante en el título de esta reseña, “Los Coroneles de Peña Gómez”, sí existieron y este escrito es un testimonio que expone uno de sus componentes, quien exhorta a los demás, especialmente a JMSJ, a exponer detalles más profundos sobre este grupo, desconocidos por el autor porque no era de los principales integrantes.

JPM

SANTO DOMINGO.- Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) opinó que el proyecto de ley de Fideicomiso Público tiene la «clara» intención de privatizar la administración del Gobierno.

“Este proyecto engloba los casos más sensitivos de la inversión, lo cual sería funesto para nuestro país. En el mismo se le da una autonomía a las personas para que puedan ser dirigidos por políticos, técnicos o empresarios para administrar los fondos públicos como si fuera una empresa privada», expresó.

Domínguez Brito añadió que esta nueva legislación exime del cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia como las leyes de Contrataciones Públicas, de Crédito Público, Presupuesto para el Sector Público y la de Control Interno y Externo de los Fondos Públicos.

“Esto es la antesala de un crimen, es como en el asesinato, legalizar la acechanza, la premeditación y alevosía”, afirmó el exfiscal del Distrito Nacional.

Agregó que  “los gobiernos del PLD establecieron un sistema de administración con controles, este retroceso es inadmisible”.

El proyecto de ley de Fideicomiso Público cursa en la Cámara de Diputados y  fue aprobado por el Senado.

an/am

SANTO DOMINGO.- El presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Foppredom),  Pelegrín Castillo, advirtió que constituye un serio error creer que República Dominicana puede seguir siendo considerada administradora de las crisis haitianas.

El exministro de Energía y Minas agradeció que el Senado de EEUU destacara la importancia de los vínculos históricos y estratégicos de amistad y alianza de República Dominicana con esa nación y llamara a la administración Biden a preservarlos y potenciarlos, como claves para la estabilidad de la Isla y la región.

Dijo que esto ocurrió en un momento en que sectores de la administración demócrata la asedian y agreden con un absurdo enfoque racialita basado sobre datos «manipulados o falsos» para impulsar una agenda que atenta contra los derechos fundamentales de la nación dominicana.

LLEGÓ ELMOMENNTO DE IR MAS LEJOS

“El senado de EEUU debe entender que llegó el momento de ir mas lejos, de cambiar profundamente el esquema de los últimos decenios, esquema equivocado, insuficiente y contraproducente, que no ha funcionado para Haití, y que además amenaza con hundir a la República Dominicana en los abismos de violencia y caos en que se encuentra Haití», manifestó.

Castillo dijo que el vecino país es un Estado Fallido que tristemente ha sido desahuciado por la comunidad internacional y equivocadamente ha visto en República Dominicana un «Estado Pivote y zona de amortiguamiento o buffering» hacia la que se pueden derivar con facilidad la solución de los complejos y abrumadores problemas.

El  también vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista explicó que pese a que Haití es una nación histórica emblemática, nunca las grandes potencias y los organismos internacionales han hecho un esfuerzo de rescate y reconstrucción de sus bases nacionales, ni tampoco han respetado su derecho inalienable al propio desarrollo.

«En cambio, han preferido que República Dominicana asuma en los hechos un rol de tutela o hegemonía insular, que no nos corresponde asumir y nos expone a peligros inmensos, mientras millones de haitianos ocupan progresivamente el territorio nacional, lo que a su vez, le niega también al pueblo dominicano su derecho al propio desarrollo», dijo Castillo en documento remitido a ALMOMENTO.NET.

an/am