La segunda guerra mundial afectó la economía no solo la de los países envueltos en el conflicto sino a nivel general. República Dominicana no fue la excepción. La situación se tornó difícil. Los buques de guerra y los submarinos aterrorizaban los mares y dificultaban el comercio marítimo que era el predominante.

El 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, que causó cientos de muertes y la destrucción de buques y aviones, República Dominicana le declaró la guerra a Japón, una de las potencias del Eje, del cual formaba parte Alemania.

El 21 de mayo de 1942 el submarino alemán U-156 hundió en aguas del mar Caribe el barco de vapor dominicano «Presidente Trujillo», con 45 tripulantes, de los cuales 30 murieron en la tragedia.

En Baní la especulación se hizo sentir y apareció el mercado negro. La prensa local se hizo eco y exigió a las autoridades que actuaran para controlar la situación.

Hasta los barberos, agrupados en un gremio, hicieron publico un anuncio donde decían que »debido a las circunstancias actuales que han encarecido todos los artículos de primera necesidad», ajustaban los precios de sus servicios a partir del 16 de Enero del 1942.

Los nuevos precios eran los siguientes: recorte de pelo, 20 centavos; afeitada, 15 centavos; pelo y barba, 30 centavos y »pelada de niños» 15 centavos. El aviso estaba firmado por Porfirio Germán, presidente del gremio, y  Manuel A. Mejía, secretario, así como los señores Pastor Manuel Ortíz, Joaquín A. Valera y Fausto Bienvenido Castillo, miembros.

Había a nivel nacional un organismo de control de precios de los artículos de primera necesidad, dirigido por Federico Fiallo, que emitió la tarifa número 9 para la Común de Baní, donde fija el máximo a que pueden ser vendidos los siguientes productos:

Aceite de Maní galón un peso 50ç; Aceite de Maní medio galón 80ç; Almidón libra 4ç; Arenque ahumado a 2 y 3ç; Arroz Superior libra 7 medio ç; Arroz Medio libra 7ç; Arroz Inferior libra 6ç.

Asimismo Azúcar corriente libra 5 y medio ç; Azucar refinada libra 7ç; Bacalao libra 7ç; Café en granos libra 10ç; Carne de cerdo libra 10ç; Carne de filete libra 14ç; Carne de primera clase (grillada o bola sin hueso) libra 12ç; Carne de tercera corriente libra 8ç; Casabe, torta grande 2ç; Casabe, torta mediana 1ç.

Otros productos incluidos eran: Carbón Vegetal lata 7ç; Carbón vegetal barril 80ç; cebolla libra 16ç; Cebollín libra 7ç; Chocolate corriente tablita 1ç; Fósforos caja 2ç; Frijoles libra 5ç; Garbanzos extranjeros libra 18ç; Gas botella 5ç.

Además Harina de Trigo libra 10ç; Harina de Maíz libra 9ç; Huevos de Gallina uno 1ç; Jabón para lavar pasta 10 onzas 8ç; Leche botella 3ç; Maíz libra 2ç; Maizena caja 5ç; Manteca de cerdo libra 24ç; Manteca de cerdo líquida vidrio 8ç; Mantequilla criolla en paquete libra 50ç; Margarina libra 35ç; Miel de abejas botella 5ç; Ñame barril un peso y 50ç; Papas libra 4ç; Plátanos carga un peso y 40ç.

La lista la completaban el Queso de bola criollo libra 20ç; Queso blanco criollo quesitos a 3 y a 10 ç; Sal en grano libra 4ç; Sal molida en saquitos 3 libra 18ç; Salchichón corriente                      libra 24ç; Sardina corriente lata 12ç y Yuca carga 80ç.

Visto así en el tiempo estos precios llaman a risa, pero en ese momento, con un reducido poder adquisitivo, las cosas se veían de otro modo. Los jornaleros apenas ganaban centavos por día de trabajo o algún chiripeo que apareciera y era mucha el hambre que se pasaba en las clases desposeidas.

Por ejemplo en ese mismo año el señor Ramón L. Báez, un reconocido comerciante de Baní que luego se trasladó con mucho éxito a Santo Domingo, vendía una casa en la calle Uladislao Guerrero de concreto, que eran todavía escasas en un pueblo lleno de bohios, con seis habitaciones, cocina, pozo, letrina, completamente saneada y en buen estado, por la suma de 895 pesos.

Son frecuentes las frases de que eso mí abuelo lo compró o vendió por tanto, indicando una suma que luce irrisoria, pero había que tenerla.

jpm/am

Es el día de las elecciones y se abre la votación. El elector llega al colegio electoral y le entrega su cédula de identidad y electoral al presidente, quien, después de comprobar que este se encuentra registrado en el correspondiente padrón de electores, le entrega una papeleta o boleta de papel, para que la marque, en secreto, sobre el recuadro del candidato de su preferencia y luego introduzca en una urna de cartón, en la que permanecerá custodiada por los funcionarios del colegio hasta que se cierre la votación y se inicie el escrutinio, el momento estelar de la jornada electoral en que se cuentan los votos.   

La que antecede es la antigua ceremonia de votación que, por disposición del Tribunal Constitucional, permanecerá vigente en los tiempos de la Revolución Digital, como consecuencia de la insuficiente y defectuosa incorporación del voto electrónico en la Ley Orgánica del Régimen Electoral.  

En este sentido, con el voto disidente del magistrado, Rafael Díaz Filpo, el órgano a cargo de la garantía de la supremacía de la Constitución declaró, mediante la sentencia TC/0484/22, del 21 de diciembre del 2022, la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley Núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, así como del párrafo del artículo 52 de la Ley Núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos, el primero de los cuales le otorgaba facultad a la Junta Central Electoral, en consulta con los partidos políticos, para automatizar progresivamente el proceso de votación, en tanto que el segundo disponía la utilización por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos del formato del sistema automatizado de la Junta Central Electoral. 

Motivado por el fracaso de la implementación del voto automatizado en las Elecciones Generales Municipales del 2020, que afectó profundamente la confianza en el voto electrónico, el abogado Namphi Rodríguez interpuso una acción directa en inconstitucionalidad contra el referido artículo 99 de la Ley 15-19, que ha sintonizado a nuestro país con Alemania y Austria, en lo relativo a la aplicación del voto electrónico. 

Todo esto estuvo precedido por el cuestionamiento extremo del expresidente, y entonces precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, a las primarias automatizadas que celebró esa organización en el mes de octubre del año 2019.  

Como en otros casos, el accionante fundamentó muy bien su recurso y atacó acertadamente el solitario artículo de la Ley Electoral en que el legislador plasmo, de modo improvisado, la automatización completa del proceso electoral.   

Nuestro Tribunal Constitucional sostiene que lo primero que debe ponerse de manifiesto es que el artículo 99 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral no consagra un modelo concreto de votación electrónica, sino que se limita a conferir potestad a la Junta Central Electoral para gestionar la automatización del proceso de votación, lo cual incluye el acto individual de votar y su conteo.  

A propósito de lo anterior, el TC destaca su importancia “a la luz del mandato expreso contenido en el artículo 4 de la Constitución, que establece que los encargados de los poderes públicos …son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes”. 

Continuaremos en la próxima entrega. 

jpm/am

La semana que transcurre ha estado dominada por el debate en el Ccongreso entre legisladores oficialistas y de la oposición por la aprobación de la ley de fideicomiso público.

La ley de fideicomiso público es interesante porque desde hace cierto tiempo en República Dominicana se vienen implementando fideicomisos privados y ahora estamos pasando a los fideicomisos públicos que comprometen bienes del estado sin que tuviéramos una ley que regule esa figura de inversión.

La figura de los fideicomisos es relativamente nueva en República Dominicana y bien implementada puede ser beneficiosa para implementar proyectos de desarrollo, pero la gran preocupación es que, como otras cosas,  termine siendo usada para que unos cuantos vivos locales y extranjeros se terminen apoderando de patrimonios públicos que pertenecen al pueblo dominicano.

En el caso del turismo de Pedernales lo ideal sería que el gobierno pudiera hacer las inversiones necesarias para que más adelante inversionistas extranjeros trajeran inversiones reales para construir hoteles y en los más de 40 millones de metros cuadrados en donde se implementarán dichas estructuras.

Estamos hablando de que el gobierno pudiera hacer una buena carretera desde Barahona hasta Pedernales, un aeropuerto internacional, un acueducto, un primer hotel turístico, y que también pudiera transformar el muelle minero en un muelle de cruceros en Cabo Rojo de Pedernales.

Ese fue el modelo de Puerto Plata, Samaná y también Punta Cana, que son hoy en día los grandes polos turísticos en donde se alojan millones de turistas de todo el mundo que vienen a República Dominicana a disfrutar de nuestros encantos de playa y sol, así como de otros atractivos turísticos.

Al parecer la condición de sobre endeudamiento en que hemos caído o quizás la falta de compromiso con la región de Pedernales, han inducido a las actuales autoridades a inclinarse por las alianzas público privadas y los fideicomisos para impulsar el inicio del desarrollo turístico de Pedernales.

Ojalá que esto no termine en un simple apropiamiento de vivos locales y extranjeros de nuestras tierras y nuestras playas y que el estado preserve el derecho de propiedad que legítimamente le corresponde.

Hoy en día un metro cuadrado de tierra en la parcela 215.A de Pedernales puede costar 4 dólares, pero en 20 años ese precio puede superar los 100 dólares el metro cuadrado, por tanto, el estado debe mantener el derecho de propiedad sobre esas tierras.

De todas maneras, el desarrollo del turismo en Pedernales debe iniciarse porque ahí es donde están las posibilidades de que haya una mejoría en las condiciones de vida de muchas personas que viven en esa empobrecida provincia y no tienen forma de vivir en otro lugar.

jpm/am