NUEVA YORK.- La Dirección de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Bronx Sur realizó su primer encuentro con la comunidad, como parte del plan de actividades con residentes en esta demarcación, con miras a las elecciones de 2028.
Juana Lidia Perdomo, presidenta de la FP en Bronx Sur, destacó la «alegre y entusiasta asistencia de la comunidad a este encuentro de confraternidad».
Asimismo, ponderó el compromiso del partido con la comunidad y dijo que «seguiremos trabajando de manera intensa junto a la gente para ganar los próximos comicios de la mano de nuestro líder, el expresidente Leonel Fernández».
De su lado, Jesús Rosario, secretario general de la seccional, afirmó que “hoy más que nunca, la Fuerza del Pueblo avanza a pasos agigantados para sacar del poder a este desgobierno del PRM, que ha llevado a nuestro país a la deriva».
En tanto, el vocero de la organización, Iván Canals, aseguró que “esta maquinaria está anillada, aceitada y en las calles, trabajando intensamente día a día, sumando a dominicanos que se sienten representados y convencidos de que la Fuerza del Pueblo es el vehículo idóneo para reencauzar a la República Dominicana hacia el bienestar y el progreso”.
Melvin Rodríguez, encargado de tecnología, expresó que el éxito del encuentro ha sido fruto del trabajo tenaz de un gran equipo de hombres y mujeres que desde ya le dicen al gobierno que “e’ pa’fuera que van”.
Por su parte, Julio Solano, encargado operativo, sostuvo que «el Bronx Sur crece y se fortalece con el objetivo claro de que la Fuerza del Pueblo gane de forma arrolladora las elecciones de 2028».
El encuentro fue realizado la tarde de este domingo en el parque Devoe.
SANTO DOMINGO.- El director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá, opinó que los restos de Pedro Santana no deben estar en el Panteón Nacional.
«Creo que Santana no debe estar en el Panteón Nacional. Fue una decisión injusta de parte del presidente Joaquín Balaguer, que se explica por el hecho de que el exmandatario era un conservador igual que Santana», declaró.
Calificó como contradictorio que Balaguer denostara a Santana en su discurso y al mismo tiempo lo reconociera como patriota.
«Pedro Santana nunca creyó en la existencia de la República. Participó en la ruptura con Haití, pero bajo el supuesto de que el siguiente paso debía ser la anexión o el protectorado a una potencia», añadió.
Recordó que desde marzo de 1844, Santana buscó el protectorado francés y que en 1861 consumó la anexión a España, lo que implicó una traición a la patria. Además, ordenó el fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez y de otros 21 patriotas.
«Sus manos quedaron manchadas de sangre y no solamente fue un traidor, sino un criminal desde el punto de vista político», recalcó.
VE DESHONESTAS ACUSACIONES ADP CONTRA LIBROS TEXTO
De otro lado, calificó de temerarias y deshonestas las acusaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) contra los libros de texto de historia de 5.º y 6.º de primaria, elaborados bajo la responsabilidad de esa institución.
Aclaró que los textos fueron hechos conforme al currículo vigente, aunque con la libertad propia de los libros de texto, y abarcan desde la prehistoria de la isla hasta finales del siglo XX. Dijo que del presente siglo solo se trataron temas marginales como distribución de la población, Producto Bruto Interno y la Constitución de 2010.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, Cassá explicó que los seis libros fueron elaborados por un equipo multidisciplinario de especialistas en edición, documentación, pedagogía y psicología, en coordinación con el Ministerio de Educación.
«La ADP aduce que ha habido una desnaturalización de la historia dominicana y eso es totalmente falso. Nos hemos sustentado en documentos, en tradiciones historiográficas y en convicciones honradas», afirmó.
Sostuvo que son fantasías las acusaciones de que los libros responden a la Agenda 2030 o promueven la desnacionalización y la fusión con Haití.
DUARTE FUE UN DEMÓCRATA RADICAL, NO RACISTA
Cassá definió a Juan Pablo Duarte como un demócrata radical y revolucionario, y rechazó de manera categórica que fuera racista y clasista.
«Hay suficiente material que plantea que Duarte no era ningún racista ni clasista conservador, por el contrario, era un demócrata revolucionario radical», señaló.
Explicó que en el libro de Quinto Grado se dedica un acápite a las ideas de Duarte plasmadas en su proyecto de Constitución, que incluía un cuarto poder municipal y la idea de unidad de raza como fusión de los aportes étnicos que dieron origen al pueblo dominicano, contrario a cualquier visión de superioridad racial.
Recordó que Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, que motorizó la ruptura con Haití, y fue el principal responsable de la concepción de la República Dominicana.
OCUPACIÓN HAITIANA FUE POR IMPOSICIÓN VIOLENTA
El historiador rechazó las versiones de que Haití ocupó la parte este de la isla sin ánimo colonizador y solo para evitar la restauración de la esclavitud.
«Mi punto de vista es totalmente contrario. Sí hubo una ocupación producto de imposición violenta del Estado haitiano que tenía sus propios intereses y que no tenía que ver con la autodeterminación de los dominicanos», enfatizó.
Reconoció que existía un partido prohaitiano, pero no representaba a la generalidad de la población. Aseguró que los llamados de notables de algunas villas en los que se basó Jean-Pierre Boyer no tuvieron legitimidad de plebiscito y, en muchos casos, fueron inducidos o forzados.
La ejecución presupuestaria constituye uno de los principales indicadores para evaluar la capacidad del Estado de administrar sus recursos, atender las necesidades sociales y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad de las finanzas públicas. En el caso dominicano, los resultados del primer semestre de 2026 muestran algunos avances, particularmente en materia de crecimiento económico e inversión pública, pero también revelan desafíos estructurales que todavía deben ser atendidos.
El presupuesto del Gobierno dominicano continúa operando con un déficit fiscal recurrente. Los ingresos corrientes se sitúan alrededor de entre 15.3 % y 16 % del PIB, mientras el gasto corriente ronda el 18.3 %, generándose una brecha que obliga al Estado a recurrir al endeudamiento para financiar parte de sus compromisos y, especialmente, sus inversiones.
República Dominicana alcanzó en 2025 un PIB nominal estimado en US$127,861 millones de dolares, mientras la economía registró un crecimiento de alrededor de 2.1 %. Ese año también se produjo un desempeño significativo de la inversión extranjera directa, que alcanzó aproximadamente US$5,000 millones de dolares.
Durante el primer semestre de 2026, el crecimiento económico se aceleró hasta 4.5 %, reflejando una recuperación de la actividad productiva que también ha contribuido a la estabilidad del mercado cambiario y a un mayor dinamismo de la inversión. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no resuelve los desequilibrios fiscales.
La estructura presupuestaria continúa mostrando un elevado predominio del gasto corriente frente al gasto de capital. Aproximadamente el 88 % de las erogaciones corresponde a gastos corrientes, mientras cerca del 12 % se destina a inversión y gastos de capital. Esta composición limita el margen del Estado para ampliar la infraestructura pública sin recurrir al financiamiento externo o interno.
De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, durante el primer semestre de 2026 el Gobierno ejecutó RD$764,310.4 millones, equivalentes aproximadamente al 47 % del presupuesto vigente, establecido en RD$1,627,412 millones.
Los ingresos alcanzaron RD$668,366.6 millones, equivalentes al 49.8 % de lo presupuestado para el año. La diferencia entre ingresos y gastos produjo un déficit fiscal de aproximadamente RD$95,943.8 millones durante los primeros seis meses del año.
La composición del gasto también muestra cambios importantes. Mientras en el primer semestre de 2025 los gastos registrados alcanzaron RD$643,781.8 millones, durante igual período de 2026 se situaron en RD$764,310.4 millones. Este incremento refleja tanto una mayor ejecución presupuestaria como las presiones derivadas de las necesidades operativas y sociales del Estado.
Uno de los aspectos más positivos de la ejecución presupuestaria de 2026 es el comportamiento de la inversión pública. Durante el primer semestre, la inversión pública consolidada alcanzó RD$60,644.1 millones, frente a RD$31,171.1 millones de pesos ejecutados en igual período de 2025. Esto representa un incremento considerable y evidencia una mayor orientación de recursos hacia proyectos de infraestructura y formación de capital público.
Entre las principales obras figura la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, uno de los proyectos de infraestructura que concentra una parte importante de los recursos destinados a inversión.
No obstante, el incremento de la inversión pública debe ser acompañado por una evaluación rigurosa de su rentabilidad social y económica.
No se trata únicamente de gastar más en infraestructura, sino de garantizar que cada peso invertido genere productividad, movilidad, empleo, competitividad y mejores condiciones de vida para la población.
Otro elemento que merece atención es la distribución institucional y territorial de la inversión pública.
Una proporción significativa de los recursos se concentra en un reducido número de instituciones, mientras el Gran Santo Domingo absorbe una parte importante de la inversión territorial. Durante el primer semestre, esta zona concentró aproximadamente el 46.9 % de la inversión territorial.
La provincia de Santo Domingo recibió RD$2,776.7 millones y el Distrito Nacional RD$2,048.8 millones, seguidos por provincias como Santiago y Duarte. En contraste, algunas provincias fronterizas, como Independencia, registraron partidas considerablemente menores.
El principal desafío continúa siendo lograr un equilibrio entre crecimiento económico, gasto público, inversión y sostenibilidad fiscal.
Una economía que crece al 4.5 % debe aprovechar ese dinamismo para mejorar la calidad del gasto y ampliar la capacidad recaudatoria sin comprometer la competitividad. Al mismo tiempo, resulta necesario revisar el crecimiento del gasto corriente y establecer mayores prioridades en la asignación de los recursos.
El endeudamiento público puede ser una herramienta legítima para financiar infraestructura productiva cuando existe una adecuada capacidad de pago y cuando los proyectos generan beneficios económicos y sociales superiores a su costo financiero. El problema surge cuando el endeudamiento termina financiando principalmente gastos recurrentes.
En este sentido, las alianzas público-privadas pueden desempeñar un papel importante, siempre que estén estructuradas con transparencia, adecuada distribución de riesgos y mecanismos que garanticen beneficios concretos para el Estado y la sociedad.
La elevada participación del gasto corriente, la persistencia del déficit fiscal, la dependencia del endeudamiento para financiar parte de la inversión y las desigualdades en la distribución territorial de los recursos siguen siendo asuntos que requieren atención.
El reto no consiste solamente en ejecutar el presupuesto, sino en ejecutarlo mejor. El Estado dominicano necesita avanzar hacia una estructura presupuestaria en la que el gasto corriente tenga un crecimiento sostenible y una proporción cada vez mayor de los recursos pueda orientarse hacia inversión productiva, infraestructura, educación, salud, seguridad y generación de oportunidades.
En definitiva, el primer semestre de 2026 deja una señal positiva en materia de crecimiento e inversión pública, pero también recuerda que el verdadero éxito de una política presupuestaria no se mide únicamente por cuánto dinero se ejecuta, sino por qué resultados produce cada peso del presupuesto y qué impacto tiene sobre el desarrollo nacional.
Durante años los activistas comunitarios de la ciudad de Nueva York han enfrentado el abuso y abandono de los edificios por parte de los landlord en los vecindarios pobres; la lucha se ha librado en varios frentes, desde dar asistencia para que las familias de bajos ingresos paguen menos alquiler, hasta solidarizarse visitando las cortes de vivienda para enfrentar a los caseros avaros e incumplidores sin límites.
Ser propietario de una casa en Estados Unidos es realmente un sueño para las familias trabajadoras, los bajos salarios y las obligaciones financieras que ello implica, más los recurrentes atrasos en los pagos, se convierten en una verdadera complicación.
Es decir, excepto que se auxilie de un programa o subvención federal o estatal asequibles, la clase trabajadora está condenada a ser inquilina y la calificación para estos programas es extremadamente difícil.
El problema del inquilinato primero es que se paga por un bien que jamás será propio, sobre el que no puedes decidir nada y solo te toca devolver la propiedad al cumplir el contrato y en los barrios de los trabajadores los propietarios de edificios abusan reiteradamente, pero sin olvidar el cobro religioso de su alquiler. Es decir, tiene el derecho de cobrar, pero no el deber de reparar y dar buen mantenimiento.
No me refiero al trabajador que con mucho sacrificio compa una casa de dos o tres familias, vive en un apartamento y para asegurar el pago de su hipoteca, alquila una o dos unidades; este trabajador cuida su propiedad y casi siempre es consecuente con sus inquilinos; me refiero a los landlord que tienen como negocio el alquiler de edificios que, además, no van por sus propiedades y les da tres pitos la suerte de sus clientes.
Recientemente el New York Post publicó un trabajo de la pluma del periodista John Ketcham, en la que llama la atención sobre la nueva “Office of Mass Engagement” u Oficina de Participación Masiva, a través de la cual la gestión del alcalde Mandani desarrolla “Su plan de vivienda (y) propone confiscar edificios que están en manos de «malos actores» y transferirlos a «administradores responsables», como organizaciones sin fines de lucro”.
El propósito de señor Ketcham es denunciar de manera encubierta, lo que podría ser una acción municipal que pretende hacer frente a los reiterados abusos de los caseros y por fin dar el lugar que merecen y necesitan los trabajadores inquilinos que ven caer a pedazos los apartamentos que pagan con sangre, sudor y lágrimas.
Durante años los caseros han apoyado económicamente las campañas de muchos oficiales electos en NYC y el resultado ha sido voltear la cara cuando toca legislar a favor de los inquilinos: regular los alquileres, exigir mayor compromiso con el mantenimiento y mejorar la seguridad de los edificios.
De prosperar la propuesta de la Office of Mass Engagement en la presente administración, los ataques, incluso de algunos inquilinos, no se harán esperar. Sin embargo, la clase trabajadora, no puede seguir recibiendo tan mal servicio por tan altos costos y al final solo tener dos caminos: pagar altos alquileres o mudarse hacia las afueras.
Es oportuna y bienvenida la acción para que los inquilinos de edificios en situación de virtual abandono se conviertan en cooperativas y lo gestionen como copropietarios, aportando el mantenimiento correcto y con un manejo pulcro de los fondos del edificio. Me parece la mejor noticia que pueden recibir quienes fueron dejados a su suerte con altos alquileres y poco o ningún servicio.
El periodista del New York Post, le preocupa que los edificios en manos de los inquilinos, concluyan con la misma mala experiencia de los proyecto NYCHA (viviendas públicas), es oportuno señalar que es muy positiva la experiencia de los coop gestionados por inquilinos, claro también considero oportuno aumentar la capacitación de los gestores, formarlos en los roles de la junta directiva y aprendizajes básicos sobre administración que les permita saber que pasa con las finanzas de su proyecto colectivo.
Si el alcalde Mandani concreta esta iniciativa, cientos de familias trabajadoras dejaran de ser inquilinos, tendrán sentido de pertenencia y no se verán compelidos a abandonar la ciudad por el encarecimiento de los alquileres.
Es esencial señalar que el alcalde, solo esta aplicando la ley vigente y de concretarse todos deben respetar las reglas de juego.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En vez de ser reubicados en El Seibo, los restos del fallecido general Pedro Santana deben ser trasladados al Altar de la Patria debido a que el Panteón Nacional, donde se encuentran, “le queda pequeño”, opinó un economista y ensayista en temas históricos de esta Capital.
Al dictar una conferencia titulada “Proceso de Formación de la Independencia Nacional”, ante un grupo de profesionales y empresarios, el licenciado Nasarquín Santana objetó la idea de políticos y representantes de algunos grupos sociales de sacar los restos de Santana de dicho Panteón.
Aclaró que ha decidido asumir la defensa de Pedro Santana por un deber histórico, ya que siempre “determinados sectores han querido restar méritos a una de las figuras más trascendentes para nuestra República”.
La conferencia
Sus argumentaciones fueron las siguientes:
Nasarquín Santana
“Santana fue el héroe de la primera batalla de la guerra de independencia, la de Azua del 19 de marzo de 1844, con la cual se puso de manifiesto la determinación dominicana de preservar la República recién fundada. Previo al nacimiento de la República, Santana estaba ya incorporado al movimiento conspirativo que buscaba la separación de Haití, hecho por el que fue perseguido por el presidente Herard pudiendo escapar cuando era conducido a Puerto Príncipe como preso político.
También Santana fue uno de los firmantes del Manifiesto de independencia nacional del 16 de enero de 1844, equivalente a la Declaración de Independencia norteamericana del 4 de julio de 1776, siendo por tanto uno de los Padres Fundadores de la República.
La primera medida tomada por Santana al asumir la presidencia de la Junta Central Gubernativa en Julio de 1844, fue abolir oficialmente la esclavitud en todo el territorio nacional, decisión que disipó los serios temores de la población de color dominicana de que la misma fuere reimplantada en caso de pactarse el protectorado con Francia gestionado incluso con el apoyo de Sánchez y Mella en base al Plan Levasseur.
El Decreto promulgado por Santana para tal fin, es el documento más contundente contra la esclavitud que haya salido de la decisión de un gobernante dominicano, incluso promulgado diecinueve años antes de la Proclamación de Emancipación de Lincoln en los EUA. Los considerandos segundo y tercero de dicho Decreto enunciaban lo siguiente:
“1. Que la esclavitud es contraria a la libertad natural, a los principios eternos de la religión, de la razón y de la sana política.” 2. “Que es de necesidad, afianzar por cuantos medios estén al alcance del Gobierno, la posesión de estado de las personas, la unión y la tranquilidad de los habitantes.” Y en sus únicos dos artículos, se decretaba lo siguiente:
“Artículo 1.- La introducción de esclavos en el territorio de la República, bien sea directamente de África o de cualquier otro punto, es absolutamente prohibida; y los esclavos que pongan el pie en el territorio de la República Dominicana, serán considerados y tenidos como libres inmediatamente.” “Artículo 2.- Cualquiera ciudadano de la República, sin distinción de clase ni persona, que hiciere armar buques para ir al África a extraer esclavos o que se prestase y ocupase en este tráfico vergonzoso e inhumano comprándolos o vendiéndolos, será considerado como pirata, juzgado y castigado con la pena de muerte.”
Al mes siguiente del mismo año, Santana creó el símbolo monetario nacional. Lo hizo mediante Decreto promulgado el 24 de agosto, cuyo texto decía: “Considerando: que es de urgente necesidad recoger lo más pronto posible la papeleta haitiana, por el desafecto y repugnancia con que el público la mira.” En su parte dispositiva el Decreto ordenó la emisión de los primeros billetes dominicanos, con una denominación de cinco pesos, que sería la moneda de curso legal en todo el territorio, disponiendo al mismo tiempo sacar de circulación la moneda haitiana.
Además, tan pronto Santana promulgó la constitución del 6 de noviembre, le envió dos ejemplares al nuevo Presidente haitiano, Philippe Guerrier, con una carta en la que le advertía que los dominicanos iban a defender su independencia y que no depondrían las armas hasta recuperar sus límites.
Seis meses después de asumir la presidencia en 1845 Santana promulgó la Ley 40 del 9 de junio de ese mismo año, sobre división territorial, en virtud de la cual se estipulaba que los fértiles territorios del Altibonito que ocupó Haití y perdió la República, eran parte de la geografía dominicana de conformidad con el Tratado de Aranjuez de 1777.
Asimismo, cuando en ese año Francia continuaba presionándolo para que el país asumiera una proporción de la enorme deuda impuesta por esa nación a Haití a cambio de reconocerle su independencia, la actitud de Santana fue precisarle al cónsul francés Saint-Denys la posición definitiva del gobierno dominicano en los términos siguientes de su carta del 26 de abril:
“En contestación a la nota de V.S. de 21 del corriente, debo decirle que el pueblo dominicano no se considera en derecho obligado a satisfacer en proporción la deuda que los haitianos consintieron a favor de Francia, ya porque sobre la parte del Este solo la España podría invocar sus derechos, ya porque la posesión de los haitianos a esta parte y de su permanencia en ella, no se pueden sacar otras consecuencias y efectos que los que produce la violencia ejercida sobre pueblos desgraciados a quienes por medio del engaño redujeron a la miseria y a la más vergonzosa esclavitud”.
Durante ese mismo año Santana promulgó las leyes fundamentales sobre las cuales se cimentó la organización del Estado dominicano. Promulgó la primera Ley Electoral, que fue la primera ley de la República, aprobada el 8 de abril de 1845 por el cuerpo legislativo compuesto por el Senado Consultor y el Tribunado.
En ese año también Santana promulgó las distintas leyes institucionales que hacían falta para configurar la estructura orgánica del Estado. Específicamente, las leyes de Ayuntamientos, Instrucción Pública, Régimen de Aduanas, Secretarías de Estado, Extinción de Censos, Capellanías y Vinculaciones, Administración Provincial, Orgánica de los Tribunales, Hacienda, Uniformizar las Pesas y Medidas, Patentes, Bienes Nacionales y el Código Penal Militar.
Santana fue además el héroe de la Batalla de Las Carreras, que en 1849 impidió que con su triunfo, Haití sepultara la República, en momentos que el trinitario Manuel Jiménes ocupaba la Presidencia y Sánchez comandaba el ejército del Sur, victoria por la cual el Congreso Nacional le otorgó a Santana el título deLibertador de la Patria.
En 1858 cuando el emperador haitiano Faustino Soulouque utilizó como agente secreto al ex cónsul francés en Puerto Príncipe, Maxime Raybaud, con el fin de inducirlo a unir la República al Imperio de Haití a cambio de suspender su hostigamiento, la respuesta de Santana fue ordenar que en el acto le devolvieran su pasaporte y lo pusieran a bordo de un barco que lo llevó de regreso a Puerto Príncipe.
Las condiciones propuestas por Santana en 1859 y 1860 para la Anexión, se hallaban en íntima concordancia con las necesidades prioritarias del momento. Los efectos buscados, no solo satisfarían esas necesidades, sino que procuraban impactar en los cimientos de las estructuras decadentes que necesitaba transformar la República para superar su estado de retraso y estancamiento.
Tras concretarse la Anexión, el 14 de enero de 1862 Santana solicitó y obtuvo la autorización de la Corona española para reclamarle al gobierno haitiano la devolución de los territorios del Altibonito y reincorporarlos a la geografía de la Patria. Concibió organizar un ejército que marcharía contra Haití en caso de no acceder a devolverlos pacíficamente, plan que no pudo ejecutar por faltarle los recursos indispensables que había solicitado.
El fracaso de la Anexión fue para los dominicanos la pérdida de una extraordinaria oportunidad para su desarrollo y la recuperación de los territorios tomados por Haití.
Por su parte, Mella fue un aliado casi incondicional de Santana hasta 1861. En cuanto a Sánchez, éste fue un aliado también incondicional de Báez. Ambos patricios militaron por tanto en bandos contrapuestos y militarmente contrarios, por ejemplo, durante la Revolución Tabacalera de 1857.
Por igual, los dos fueron signatarios de las Resoluciones de la Junta Central Gubernativa que desde el 8 de marzo de 1844 venía gestionando poner la República bajo el Protectorado de Francia conforme a las estipulaciones del Plan Levasseur, mediante el cual Francia recibiría a perpetuidad la Bahía de Samaná y nombraría al gobernador del territorio cada diez años”.
Sobre el traslado
A favor de la exclusión de los restos de Santana del Panteón Nacional se han pronunciado el dirigente peledeísta, historiador y abogado Euclides Gutiérrez Felix así como legisladores.
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
Palacio de justicia de Barahona
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales.
Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario.
A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Area céntrica de Barahona
Ambiente judicial
Area céntrica de Barahona
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
Actualidad
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención.
Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
La República Dominicana estrenó un nuevo Código Penal, pero el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿cuántos dominicanos conocen realmente lo que cambió?. Promulgar una ley, publicarla y anunciar su entrada en vigor no significa que la ciudadanía la conozca. Y cuando se trata de una legislación que establece delitos, responsabilidades y sanciones, esa brecha de conocimiento puede convertirse en una bomba de tiempo.
El Estado no puede limitarse a repetir que “la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento”. Ese principio jurídico existe, pero no puede convertirse en una excusa para sustituir la educación ciudadana.
El nuevo Código Penal no es un simple cambio de números. Introduce nuevas figuras delictivas, modifica disposiciones y establece responsabilidades que pueden afectar a ciudadanos, empresas, funcionarios, periodistas, estudiantes, instituciones y organizaciones sociales.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿dónde está la gran campaña nacional para explicarle al pueblo qué cambió? ¿Dónde están los programas permanentes en radio y televisión? ¿Dónde están las jornadas en barrios, escuelas, universidades, empresas y comunidades? ¿Dónde están las versiones explicadas en lenguaje sencillo para que cualquier ciudadano pueda entender qué puede hacer, qué no puede hacer y cuáles consecuencias podría enfrentar?.
Porque colocar un PDF en una página oficial no es educar. Eso es publicar. Y publicar no es divulgar. Una ciudadanía que desconoce la ley queda expuesta a cometer infracciones, pero también a convertirse en víctima, a no reconocer sus derechos y a ser manipulada por rumores y falsas interpretaciones.
El vacío de información, además, nunca permanece vacío. Si las instituciones no explican, otros lo harán: las redes sociales, los opinadores improvisados, los titulares sensacionalistas y los supuestos expertos que convierten cada artículo en una interpretación conveniente.
Miedo por prevención
La consecuencia puede ser peligrosa: miedo donde debería existir prevención, confusión donde debería existir certeza y desinformación donde debería existir educación.
Por eso, el país necesita una campaña nacional seria, permanente y plural de divulgación del Código Penal. Una campaña que llegue a las escuelas, universidades, barrios, empresas, iglesias, sindicatos, medios de comunicación y comunidades de todo el territorio nacional.
No se trata de enseñar Derecho Penal a toda la población. Se trata de algo mucho más elemental: enseñarle a la gente las reglas bajo las cuales tendrá que vivir.
El Estado no puede exigir una ciudadanía jurídicamente responsable y, al mismo tiempo, dejarla jurídicamente desinformada. El Código Penal ya está vigente. Ahora falta que el ciudadano lo conozca.
Porque cuando comiencen los primeros grandes conflictos y miles de dominicanos descubran las nuevas reglas después de enfrentarse a sus consecuencias, será demasiado tarde para explicar lo que debió enseñarse desde el principio. Una ley que el pueblo desconoce no previene el delito: prepara el terreno para el próximo problema.
SILESIA, Polonia.– La dominicana Marileidy Paulino volvió a demostrar su dominio en los 400 metros planos al conquistar este domingo la parada de Silesia, Polonia, correspondiente a la Liga Diamante 2026, con un tiempo de 48.87 segundos.
La campeona olímpica y mundial cruzó la meta con amplia ventaja sobre sus principales rivales, la jamaicana Nickisha Pryce, quien terminó segunda con 49.49 segundos, y la bareiní Salwa Eid Naser, tercera con 49.57.
Con este triunfo, Paulino extendió su invicto en la temporada de la Liga Diamante y sumó su cuarta victoria consecutiva en el circuito, después de imponerse anteriormente en Doha (48.91), París (48.48), Mónaco (48.67) y Londres (48.97).
La denominada “Gacela de Don Gregorio” se ha mantenido por debajo de los 49 segundos en todas sus victorias de la Liga Diamante durante 2026, una muestra de la extraordinaria regularidad que ha exhibido en la temporada.
El triunfo en el Estadio Sileski de Chorzów también eleva a 24 sus victorias en competencias de la Liga Diamante, de acuerdo con el registro oficial del circuito.
Paulino llegó a la competencia polaca luego de conquistar recientemente la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde también impuso un nuevo récord de la competición con 48.94 segundos.
La dominicana continúa así consolidándose como la gran referente mundial de los 400 metros y como una de las principales figuras del atletismo internacional.
Su actuación en Polonia representa otro paso firme en una temporada en la que ha combinado triunfos, marcas de alto nivel y una extraordinaria consistencia competitiva.
Con sincera preocupación reflexionamos la posible respuesta a esta pregunta: ¿Realmente, qué ha hecho o está haciendo la comunidad internacional para contribuir con soluciones efectivas ante la grave crisis que, desde hace décadas, está padeciendo la vecina república de Haití?
Por comunidad internacional con deberes éticos, morales, históricos y de solidaridad con respecto al flagelo que acogota al pueblo haitiano, estamos ubicando a: Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comunidad del Caribe (CARICOM), Unión Europea (UE) en particular Francia, Estados Unidos de América (EUA), Banco Interamericano (BI), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (MD), varias ONGs. internacionales con influencias en el continente americano y los países de los gobiernos de los países de Centro América y el Caribe.
Desde hace décadas, la vecina república de Haití padece una grave e histórica crisis de ingobernabilidad, caos socio-político, inflación y reducción de su producto interno bruto (PIB), a tal magnitud que se ha convertido en el país más empobrecido del continente americano y del hemisferio occidental.
Luego del premeditado y alevoso asesinato de su presidente Jovenel Moise, el 7 de julio de 2021, la crisis se ha profundizado a tal magnitud que Haití es catalogado de ser un auténtico Estado fallido y de ser un peligro para los países de la región, en especial de la República Dominicana, como consecuencia de las siguientes situaciones:
El autor es sociólogo. Reside en el municipio Santo Domingo Este
1.- Haití, hace 7 años, no tiene presidente ni Congreso. El gobierno ha estado ejercido por cuatro diferentes Primer Ministro provisionales y dos Comisiones Presidenciales de Transición (con inocultables diferencias y confrontaciones entre ellos). Sus últimas elecciones (muy cuestionadas) se realizaron en noviembre de 2016.
2.- En base al terror, extorsiones, crímenes, violaciones, actos vandálicos, destrucciones y saqueos, diferentes bandas de delincuentes, armados y sin escrúpulos controlan más de 80 % de la capital Puerto Príncipe y varios pueblos del interior.
3.- El PIB decrece en cuatro años consecutivos. Este año el PIB está por debajo del -2 %. Con una población superior a los 12 millones, más del 21 % son desempleados, 40 % son analfabetos, significativa reducción de los servicios de salud y sufren los efectos de una inflación por encima del 24 %.
4.- Esas tres anteriores situaciones producen, diariamente, una masiva emigración de haitianos en las peores condiciones para cualquier país de la región. Esa peligrosa migración haitiana es constante hacia la República Dominicana debido a la vecindad (compartimos la isla) y por razones socio-económicas así como por la paz social y estabilidad política de nuestro país.
Aportes
Aquí presentamos los «principales aportes» de la mencionada comunidad internacional ante la gravísima crisis que flagela al pueblo haitiano:
1ro. El Consejo de Seguridad de la ONU, mediante dos resoluciones decidió: Enviar una comisión de policías internacionales encabezados por policías de Kenia. Duró más de tres años, ¡Se retiró sin ningún resultado! Ante ese fracaso, la ONU formó otra Misión de Militares Anti-Bandas con la expresa misión de desarmar, controlar y pacificar.
Tienen 7 meses como turistas. Las bandas siguen armadas, coleando y acabando. ¡Las dos misiones de la ONU han sido verdaderos fiascos!
2do. El actual gobierno norteamericano (mediante orden ejecutiva del presidente Trump, refrendada por sentencia del Tribunal Superior), acaba de anular el Estatus de Protección Temporal (TPS), para más de 350 mil haitianos que “residen y trabajan en EUA” desde 2010. ¡Ahora serán repatriados! El pasado jueves empezó dicha acción con 150 haitianos deportados que, sin lugar a dudas, agravará la crisis y reforzará la emigración masiva de haitianos.
3ero. Una comisión de alto nivel de la OEA acaba de terminar una visita, del 16 al 19 de agosto en curso, en Haití para “investigar la situación”. La conclusión de la misión la hizo pública el presidente de la comisión y secretario general de la OEA, don Albert Ramdin:
“Urgió a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional a acelerar los esfuerzos para recuperar la seguridad y avanzar en la organización de las elecciones generales previstas para el 13 de diciembre de 2026”. ¡Y colorín, colorao otro cuento acabao!
Como se ve, el pueblo haitiano se encuentra en total indefensión, con una ¡última esperanza! Atreverse a realizar elecciones generales, el 13 de diciembre próximo. en estas increíbles condiciones:
1.- El narcotráfico y las bandas delincuenciales siguen libres, armadas, sin control y haciendo lo que les da la gana.
2.- El Consejo Electoral Provisional (CEP) hace pocos días empezó a organizar el padrón electoral.
3.- La CEP ya registró a 88 diferentes partidos y 17 coaliciones con derechos a presentar candidatos.
4.- La esperanza de unas elecciones libres, equitativas, pacíficas, transparentes y con resultados aceptados por todos descansará en la presencia de diferentes misiones de observadores electorales que designarán los diferentes componentes de la susodicha comunidad internacional.
Por esa hipócrita e irónica actitud de la comunidad internacional ante la grave crisis de Haití, ¡vemos incierta y lúgubre la suerte del empobrecido pueblo haitiano!
Santo Domingo, 24 ago.- Latina) República Dominicana conquistó nueve medallas, incluidas dos de oro, dos de plata y cinco de bronce, durante el Clásico Félix Sánchez de atletismo, que concluyó en esta capital con dos nuevos récords de la competencia, trascendió hoy.
Yeral Núñez y Gabriel Moronta fueron los principales protagonistas de la representación local, al imponerse en los 400 metros con vallas y los 400 metros planos, respectivamente, y establecer nuevas marcas del certamen.
Núñez detuvo el cronómetro en 48.26 segundos en los 400 metros con vallas, con lo que mejoró el récord de 48.45 establecido por el estadounidense Khalifah Rosser en 2022.
Moronta, campeón en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ganó los 400 metros planos con 44.70 segundos y dejó atrás la marca anterior de la prueba, perteneciente al dominicano Lidio Feliz.
El tercer título dominicano correspondió a Rosa Angélica Ramírez, ganadora del lanzamiento de bala con un registro de 18.39 metros.
Las medallas de plata fueron conquistadas por Ana José Timá, segunda en triple salto con 13.40 metros, y Marysabel Senyú, quien ocupó el segundo puesto en salto alto con 1.86 metros y mejoró su anterior registro en el evento.
LIRANYI ALONSO SE DESTACA
La velocista Liranyi Alonso también destacó al subir dos veces al podio con sendas medallas de bronce en los 100 y 200 metros planos.
Alonso marcó 11.05 segundos en los 100 metros y 22.53 en los 200, prueba esta última en la que estableció una marca personal. La estadounidense Jasmine Montgomery ganó los 200 metros con 22.20, mientras la jamaicana Levanya Williams se impuso en los 100 con 10.90.
Los restantes dominicanos del bronce fueron Yancarlos Martínez, tercero en los 200 metros; Braison Guillermo, en triple salto, y Estrella de Aza, en los 400 metros planos.
El Clásico Félix Sánchez regresó este año al Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo después de dos décadas y alcanzó la categoría Plata del World Athletics Continental Tour.
La condición permitió a los participantes sumar puntos para el ranking internacional y buscar los estándares establecidos en la ruta hacia el World Athletics Ultimate Championship de Budapest 2026.
La competencia reunió a atletas de 22 países de América, Asia y África en pruebas de velocidad, vallas, saltos y lanzamiento.