PUERTO PLATA. – El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este sábado un centro comunal en Maimón, construido a un costo superior a los 42 millones de pesos.

El funcionario dijo que el ismo forma parte del esfuerzo gubernamental por fortalecer el desarrollo del turismo comunitario en República Dominicana.

Dijo que este proyecto consiste en la construcción de un espacio de 1,400 metros cuadrados para albergar las instalaciones requeridas para brindar un servicio a la comunidad del municipio en la turística provincia.

«Estamos apostando a la diversificación del producto turístico y el turismo comunitario es parte de ello. Por eso estamos aquí», dijo Collado.

Agregó que «creemos en un turismo inclusivo. La bonanza de esta industria debe sentirse en la comunidad, debe impactar en su gente y beneficiar a todos», señaló el funcionario.

De su lado el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la importancia de la obra para los residentes en Maimón.

«Gracias al ministerio de turismo de culminar una obra tan trascedente como este centro comunal», dijo.

LA OBRA

El centro comunal fue ejecutado por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), a un costo de RD$42,493,421.79.

Tendrá una infraestructura para el ayuntamiento, que cuenta con 2 niveles de 200 metros cuadrados cada uno, con un espacio para la sala capitular, oficinas sindicales, entre otras que puedan completar el organigrama de funciones del ayuntamiento.

Además, contará con 2 módulos de baños por nivel. El mismo construido con muros de mampostería, pisos de porcelanato y ventanas corredizas de aluminio.

Mientras que, el área para el cuerpo de bomberos tiene dos niveles de 160 metros cuadrados cada uno, con espacio para 2 camiones de bomberos, oficina; así mismo las áreas necesarias para el personal de permanencia en las instalaciones, habitaciones, cocinas, comedor, baños y sala de estancia.

Asimismo, el espacio funerario distrital, tendrá 2 espacios para capillas de 25 metros cuadrados cada uno, y un espacio para preparación y conservación.

an/am

Santo Domingo, 6 may.- El Segundo Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 15 años de prisión a un exempleado de la Junta Central Electoral (JCE) y absolvió a otros tres, acusados por el robo de más de 37 millones de pesos, en las oficinas del recinto electoral de esa provincia.

El condenado es Joel Antonio Durán Tavares, exinspector de seguridad y monitoreo de la institución, quien, además, fue sentenciado al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de la institución agraviada, según informó ese sábado el Ministerio Público en un comunicado.

El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, expresó su valoración a la condena emitida por cuanto resarce, en materia penal y civil, el daño infringido a la Junta Central Electoral y porque, también, valida la investigación penal desplegada por la institución persecutora.

«En relación a los demás acusados que fueron absueltos, esperaremos la notificación de la sentencia íntegra, a los fines de analizar si es pertinente presentar un recurso de apelación», indicó el fiscal titular.

El tribunal liberó de cargos a Juan Carlos Fortuna, Estarlin Rosario y Jorge Luis Peña Rossó.

Los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, formaron el tribunal colegiado.

Los hechos atribuidos al condenado ocurrieron el 29 de junio de año 2020 en la víspera del proceso electoral que la JCE organizaba, en tanto que la suma sustraída se destinaría para el pago nominal de empleados fijos y personal contratado.

of-am

SANTO DOMINGO.- La procuradora general, Miriam Germán Brito, designó una comisión independiente para que investigue las denuncias de supuesto maltrato y explotación laboral de parte del Ministerio Público a los fiscalizadores, y que han sido vertidas en medios digitales, escritos y redes sociales.

En una declaración escrita remitida a ALMOMENTO.NET, la magistrada dijo que esta comisión -denominada Grupo de Trabajo- deberá realizar un diagnóstico institucional y rendir un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas. «Tengan seguro que consecuencias habrá».

La funcionaria expresa preocupación debido a que  como parte de las denuncias, se ha hecho  referencia a «dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses» debido a la supuesta explotación laboral.

LA DECLACION

El texto de la declaración de la Procuradora General es el siguiente:

“A raíz de la circulación entre los integrantes del Ministerio Público de las propuestas de reglamento de escalafón y las bases para un concurso interno de ascenso de fiscalizadores, me ha generado gran preocupación las denuncias sobre maltrato y explotación laboral vertidas en medios digitales y escritos, así como a través de las redes sociales.

Dentro de las declaraciones dadas, se hace referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses, renuncias que, según lo alegado, se han producido por explotación laboral en el ejercicio de sus funciones.

Por supuesto que aseveraciones como las anteriores, de ser ciertas, deben acarrear respuestas contundentes por parte de la institución, máxime cuando se hace uso del concepto de “mano de obra barata”. Si algo ha caracterizado mi gestión y accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia aceptaré violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobaré nada que así disponga (que no es el caso).

Es necesario reconocer, como he dicho ya tantas veces, que el Ministerio Público arrastra el lastre de decisiones nefastas del pasado que han generado distorsiones inaceptables, como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo está llamado a ejercer por ley el fiscal.  También reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias.

Una de las principales metas que he asumido al frente de la institución es la mejora progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que corresponden a los integrantes del Ministerio Público. Por ello, procuramos a través de los mecanismos institucionales de previsión presupuestaria los recursos necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplicó el año pasado; el pago de los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preveía desde el 2014, pero que nunca se había cumplido. Este año estamos trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida. Todo esto representa un monto de casi 700 millones de pesos anuales.

Ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes de la institución, he designado una comisión independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnóstico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas. Tengan seguro que consecuencias habrá.

Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relación a la carrera del Ministerio Público.

Quisiera dejar constancia del compromiso ineludible que, como procuradora general de la República, asumo con el cumplimiento de la ley. No sucumbiré al chantaje y la presión que desde distintos frentes se está lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que estamos conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio Público. Estaré siempre en disposición de conversar, de escuchar las distintas opiniones, de ponderar los reparos que se realicen a las iniciativas cursadas, en el marco del respeto y la consideración que nos debemos como personas decentes.

Sé perfectamente lo que significa hacer una carrera, subir los diversos escalones sin saltarse ninguno. Vi gente que me pasó por el lado a exceso de velocidad, pero nunca sucumbí a la maledicencia y la desconsideración ajena. El Ministerio Público cuenta con un régimen legal que deja poco margen a la arbitrariedad en la gestión de la carrera. El reto es cumplirlo con responsabilidad, y corregir las irregularidades que perviven a lo interno de la institución. Ese es el compromiso que he asumido.

Considero que en las actuales circunstancias debemos seguir trabajando con las iniciativas pendientes, ampliar los plazos para recibir observaciones, abrir más el debate interno y con la sociedad para que se puedan airear los criterios considerados, corregir lo que fuere necesario y adoptar finalmente medidas pertinentes acorde a las necesidades institucionales, las previsiones presupuestarias y los procedimientos que establece la ley.

Espero que la racionalidad prime y que los reclamos colectivos e individuales sean canalizados sin entorpecer el servicio de procuración de justicia penal.

Confío asimismo en que el trabajo que realizará la comisión designada nos permitirá contar con información útil para continuar tomando las medidas necesarias para el adecentamiento del Ministerio Público».

an/am

AZUA, República Dominicana.- Un hombre que había sido dado por muerto hace 31 años, regresó sano y salvo a su casa en la comunidad La Ciénaga, del distrito municipal El Rosario, en esta provincia.

La familia pensaba que Adolfo Geraldo (Aventón) había fallecido tras este haber emprendido una travesía en yola hacia Puerto Rico.

Dijeron que el hombre salió en busca de una mejor condición económica, por lo que se vio en la necesidad de dejar a su pareja embarazada y a su llegada encontró a su hijo y tres nietos.

Según publican medios de prensa, sus familiares dicen estar agradecidos con Dios por lo que recibieron a su familiar con mucha alegría.

an/am

BARAHONA.- Autoridades antinarcóticos y militares informaron este sábado que se incautaron de 325 paquetes de «presumible» cocaína en un operativo ejecutado frente a las costas de Barahona, en el que también fueron apresados dos dominicanos.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) destacó en un comunicado que de la acción participaron sus agentes y miembros de la Armada, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por el Ministerio Público.

Unidades tácticas y de reacción de la DNCD, así como efectivos de la Armada, recibieron informaron de que varios individuos, a bordo de una lancha rápida, tratarían de introducir al país una cantidad considerable de sustancias controladas, lo que activó de inmediato el protocolo de interdicción.

«Tras una intensa persecución naval, aérea y terrestre, la embarcación de 24 pies de eslora, fue abordada a varias millas náuticas al sur de la referida provincia, en cuyo interior se ocuparon 13 pacas conteniendo los 325 paquetes de la sustancia», afirmó la DNCD.

En la operación combinada, que duró poco más de 15 horas, fueron apresados dos dominicanos, quienes serán sometidos a la Justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades ocuparon además dos localizadores (GPS), 15 garrafones de combustibles, dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, una lona, agua y comestibles, «entre otras evidencias».

El Ministerio Público y la DNCD profundizan la investigación, en relación a estas redes de narcotráfico internacional que tienen como modo de operación traer en lanchas rápidas desde Sudamérica, «grandes cantidades» de sustancias narcóticas.

«Debemos destacar que la capacidad operativa y de reacción de las autoridades dominicanas, en contra del narcotráfico y sus delitos conexos, se ha redoblado en aeropuertos, puertos, fronteras, costas, así como en todo el territorio nacional», sentenció el organismo.

of-am

Santo Domingo, 5 may .- Los trabajos para la firma del denominado «Gran Pacto de Nación» frente a la crisis haitiana, convocado por el presidente Luis Abinader, han avanzado en las últimas semanas, afirmó este viernes el viceministro administrativo de la Presidencia, Andrés Lugo Risk.

Los trabajos se han están desarrollando «de manera amplia, plural y participativa», indicó el funcionario en un comunicado divulgado por la Presidencia Nacional.

EL LLAMADO

Abinader llamó el 27 de febrero pasado, durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, «a un pacto de país» dirigido a defender la soberanía nacional ante la dramática situación en el vecino Haití.

De acuerdo con la declaración de Lugo Risk, representantes de 25 agrupaciones políticas, intelectuales y académicos, así como representantes de diversas áreas del Gobierno, «se han mantenido participando en los espacios de debate y presentación de propuestas que se han creado para conciliar los distintos criterios de especialistas y conocedores de este tema».

Además, se han conformado cuatro comisiones de trabajo: política exterior, política migratoria, impacto económico y control fronterizo.

Tres de estas «ya dan los últimos toques a sus propuestas finales, consensuadas y elaboradas luego de numerosas reuniones en el Palacio Nacional, el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Trabajo», afirmó, aunque sin precisar cuáles.

SE ANUNCIARÁN ACCIONES Y MEDIDAS

En las próximas semanas, agregó, se anunciarán acciones y medidas que se han articulado en estos encuentros.

La crisis socioeconómica y política se ha recrudecido en los últimos meses en Haití, que sufre una espiral de violencia y la reaparición del cólera, que ya ha causado más de 600 muertos en el país desde octubre pasado.

Todo ello llevó al primer ministro haitiano, Ariel Henry, a pedir el año pasado el envío de una fuerza extranjera, una solicitud aún sin respuesta concreta. EFE

mf/acm