La democracia dominicana enfrenta un desafío estructural cuando el carisma personal se antepone al cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales por parte de quienes ocupan una curul en el Senado de la República, ya que la investidura legislativa exige un compromiso que va más allá de la popularidad mediática o el reconocimiento artístico en las plazas públicas del país, a pesar de que el sistema requiere de representantes presentes en el debate técnico y no de figuras que utilicen su influencia para evadir la fiscalización constante que la ciudadanía demanda sobre  el uso de cada de peso invertido en sus salarios y privilegios estatales.

El ejercicio de la función pública en el Congreso Nacional no debe ser considerado un trabajo de tiempo parcial, ni una plataforma para el lucimiento de marcas personales alejadas del rigor que impone la Carta Magna en su cuerpo normativo, debido a que la representación de una provincia implica la responsabilidad ineludible de dar voz a las necesidades colectivas a través de la presencia física y el voto consciente en cada sesión convocada por la cámara alta, pues el abandono de estas tareas degrada la calidad institucional y fomenta una percepción de impunidad ante el incumplimiento de los deberes más elementales.

Resulta preocupante observar cómo el ausentismo sistemático se ha convertido en una práctica tolerada dentro del Senado, donde las justificaciones médicas y los compromisos personales parecen tener más peso que el mandato soberano otorgado por el pueblo en las urnas electorales durante los procesos democráticos, ya que esta falta de rigurosidad en la asistencia impide que se desarrollen procesos de fiscalización efectivos sobre las obras y préstamos internacionales que comprometen el futuro financiero de la nación dominicana, mientras los representantes se ausentan de sus responsabilidades primordiales sin recibir sanciones administrativas contundentes que frenen esta conducta.

La disparidad entre la energía mostrada en actividades privadas de carácter lucrativo y la fragilidad de salud alegada para no asistir a las sesiones legislativas, plantea un dilema ético y jurídico que el país no puede seguir ignorando bajo el manto del folclor político nacional, visto que la ley no debe ser un guión elástico que se ajusta a la conveniencia de los intereses particulares de quienes ostentan el poder en un momento determinado, puesto que la coherencia es el pilar fundamental que sostiene la confianza de los contribuyentes en las instituciones que diseñan el marco legal de la sociedad.

En este contexto la gestión del senador Héctor Acosta por la provincia de Monseñor Nouel se destaca negativamente por registrar un alarmante porcentaje de asistencia que apenas ronda el  33% durante la legislatura más reciente evaluada por los organismos competentes, en razón de que esta cifra representa una colisión directa con el artículo 83 de la Constitución dominicana, la cual dicta la obligatoriedad de asistir a las sesiones del pleno parlamentario para cumplir con la labor de legislar y representar dignamente a sus electores en el territorio nacional.

La denominada paradoja de la salud selectiva es uno de los puntos más críticos en el análisis de su desempeño, pues resulta jurídicamente inaceptable que se presenten certificados de incapacidad para evadir el rigor parlamentario, pues mientras el legislador mantiene una activa agenda de conciertos y espectáculos públicos que requieren un notable esfuerzo físico y mental constante, ya que si existe la vitalidad necesaria para brillar sobre los escenarios artísticos debería existir la misma disposición para ocupar la curul y debatir las leyes que afectan directamente a la población dominicana.

Al desertar de sus deberes sagrados de fiscalización y representación el artista Acosta ha dejado un vacío físico en el hemiciclo que traiciona la confianza de un electorado que votó por un senador activo y no por una figura ausente que prioriza su carrera musical sobre el bienestar colectivo, porque la labor de un congresista no consiste en ser un mensajero de lujo o un gestor de obras puntuales ante el Poder Ejecutivo, sino en ser un arquitecto de las leyes que regulan el funcionamiento de todo el Estado de manera permanente.

Lo que genera una profunda irritación en el contribuyente, visto el elevado costo económico que representa mantener una oficina senatorial, cuya cabeza principal es considerada por muchos como un fantasma parlamentario, debido a la frecuencia de sus inasistencias injustificadas porque a pesar de no cumplir con su jornada completa, el senador percibe un salario base junto al polémico fondo de gestión provincial conocido popularmente como el barrilito, el cual alcanza sumas mensuales que superan los 700 mil pesos destinados originalmente a labores de asistencia social.

A los ingresos anteriores se añaden beneficios por concepto de representación y viáticos junto al denominado cofrecito que incrementa significativamente la carga financiera sobre el erario público, mientras el sistema permite que las dietas por comisiones se mantengan activas con la simple presentación de excusas médicas cuestionables por su falta de sustento documental real, pues se estima que el Estado destina cerca de un millón de pesos mensuales a un legislador que opera bajo un esquema de tiempo parcial en sus funciones.

Esta realidad convierte al representante de Monseñor Nouel en una figura que algunos analistas definen como “la media botella” más cara del Congreso Nacional, al gestionar favores en los pasillos gubernamentales, pero que falla en la tarea legislativa por la cual recibe un paquete completo de beneficios económicos pagados por el pueblo dominicano porque la función pública no es un accesorio biográfico ni una extensión del mundo del entretenimiento, sino un compromiso sagrado que exige presencia real y trabajo constante en el debate de los temas nacionales.

La complacencia del Senado al validar sistemáticamente estas ausencias lo convierte en cómplice de un ausentismo que se burla de su propio reglamento interno y permite que los privilegios económicos se mantengan intactos a pesar del incumplimiento de las responsabilidades principales, en el sentido que la democracia requiere de un voto presente para sancionar presupuestos y fiscalizar la ejecución de proyectos que impactan en la vida diaria de los ciudadanos, quienes esperan soluciones concretas desde el hemiciclo y no canciones desde una tarima instalada en cualquier provincia o pueblo del país.

Resulta contradictorio que mientras se alega falta de tiempo o salud por las labores senatoriales, tampoco se promuevan iniciativas legislativas de alto impacto para la provincia Monseñor Nouel, como la construcción de un Sistema de Alcantarillado Pluvial, una obra necesaria pero sin importancia por no ser visible electoralmente para quienes prefieren el clientelismo de la entrega de canastillas y fotografías proselitistas. Al parecer, para este congresista, la labor técnica de legislar para aprobar el presupuesto del próximo año exige una permanencia que el artista ha decidido sacrificar por su agenda privada.

Es imperativo que la sociedad exija una rendición de cuentas real a los congresistas que consideran su cargo como una ocupación secundaria porque la Constitución no protege a representantes de media jornada que perciben salarios millonarios, mientras la sociedad padece por la falta de leyes efectivas y fiscalización rigurosa. Héctor Acosta debe decidir si su prioridad es el escenario o el Congreso, puesto que la voz de un pueblo no puede quedar reducida a un eco vacío en un asiento desocupado durante las sesiones congresuales.

La inasistencia recurrente no se limita a la del senador de la República Dominicana, por la provincia Monseñor Nouel. No, también se extiende hacia los congresistas, Bernardo Alemán y Alexis Victoria Yeb, quienes registran más del 30% de ausencias en sesiones recientes. Las curules vacías y la presentación constante de excusas debilitan el quórum y postergan leyes fundamentales, convirtiéndose en el símbolo de una representación política que se desentiende de sus deberes elementales.

Esta conducta colectiva constituye una afrenta a la dignidad nacional y una burla al esfuerzo de los contribuyentes que financian privilegios para una clase política ausente. Resulta urgente que la sociedad civil demande consecuencias reales ante este cinismo institucionalizado que degrada la democracia y convierte al Congreso en un escenario de sombras.