Un tema recurrente y de palpitante actualidad es el relativo a los alquileres e inmuebles del Estado ya que cuando se habla, se escribe, se opina sobre el mismo muchas veces  se especula, se retuercen los datos o las informaciones que se tienen sobre éste, pues quienes lo hacen no disponen de las estadísticas completas, cayendo en el ámbito de la especulación, tal vez no por mala intención, sino con el deseo de llevar informaciones frescas sobre el tópico o animado por ofrecer informaciones certeras acerca del verdadero patrimonio o valor del Estado.

Una de las inquietudes, de la administración gubernamental Abinader, desde que asumió la dirección de los destinos del Estado Dominicano, ha sido el transparentar todas las acciones y recursos del Estado, siempre que se conozca todo cuanto envuelve lo que corresponde al bien general, a lo que corresponde al pueblo, en defender los recursos de todos los dominicanos, ya que siempre ha habido personas de mala voluntad de apropiarse de lo que corresponde a todo un pueblo.

En el presente gobierno, se han celebrado con frecuencia, acuerdos interinstitucionales entre: la Dirección General de Contabilidad, Dirección General de Bienes Nacionales y la Dirección General del Catastro Nacional, a los fines de identificar los verdaderos bienes del Estado, tanto muebles como inmuebles y también los bienes intangibles, como son los softwares de tanta importancia para llevar a cabo las acciones oficiales, a los fines de eficientizar todas las acciones operativas del Estado y otros sectores.

En ese sentido, se ha transitado un gran trecho, pues se han identificado muchos muebles e inmuebles que se desconocían de su existencia y ubicación e inclusive si estos disponían o no de sus títulos de propiedad.

De ahí que, el gobierno Abinader logró obtener el título de propiedad del Palacio Nacional, entre otras importantes propiedades del Estado. Aún se trabaja arduamente para conocer el verdadero registro y valoración contable del patrimonio del Estado Dominicano.

El pasado 21 de abril del año que discurre, a través de un interesante programa de televisión, se dieron a conocer informaciones acerca de las propiedades alquiladas por el Estado Dominicano, algunas de ellas alejadas de la realidad, producto tal vez, de informaciones procedentes de fuentes incompletas que contrastan con informaciones extraídas del sistema TRE o registro de contratos de la Contraloría General de la República revelando informaciones que no se compadecen con la realidad.

Esto así, ya que en dicho programa televisivo se informó que el alquiler del inmueble que hoy ocupa el Consejo Nacional de Competitividad, este fue alquilado por RD$67,000,419.00, cuando en realidad el monto envuelve la suma de RD$67,419,144.00 con una adenda de RD$11,056,500.00, certificación Núm. BS-0001328-20221, y no por RD$13,000,000.00 como se informó en el programa de marras.

Otro inmueble alquilado por el Estado es  el correspondiente al Defensor del Pueblo por RD$708,000.00, certificación Núm. BS-0003501-2021 y no por RD$2,000,000.00 como se informó.

El Local alquilado donde opera la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos, por RD$113,280.00, certificación Núm.. BS-0000437-2023, modalidad de pago mensual y no por RD$5,664,000.00 como se informó.

El alquiler de un local que ocupa la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), por la suma de RD$1,242,051,843.96, certificación Núm.. BS-0003738-2023, modalidad de pago mensual por un año y, no por RD$1,400,000,000.00 por un período de diez años.

Local alquilado por el Estado el cual es ocupado por el Plan Presidencial Contra la Pobreza, por una suma de US$153,828.00, certificación Núm. BS-0011821-2022 y BS-0011824-2022, modalidad pago mensual, sin adenda. Conforme la denuncia este inmueble había sido alquilado por RD$22,000,000.00 mensuales.

El local que ocupa el Ministerio de Interior y Policía fue alquilado por RD$471,930,000.00 y el Sistema de Registro de Contratos (TRE) que usa la Contraloría General de la República es de RD$471,930,000.40, certificación Núm. BS-0018474-2022, modalidad, pago parcial y sin adenda, período 4 años.

Otra de las denuncias de alquiler vertidas en el indicado programa televisivo, es la correspondiente a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones cuya certificación corresponde al Núm. BS-0011144-2022, por una suma de RD$309,469,125.00, mensualidad por RD$25,789,093.75 conforme los registros del Sistema TRE de la Contraloría y no por un importe de RD$25,000,000.00 mensuales.

Durante el año 2022 la Contraloría General de la República certificó contratos por RD$5,085,583,475.00 y se pagaron mediante libramientos registrados en el circuito financiero del Estado la suma de RD$3,944,780,736.93, en igual período.

Es sabido por todos, que el Estado tiene el compromiso de garantizar la eficiencia y transparencia de los gastos públicos a los fines de que éstos sean optimizados de forma efectiva y eficiente con el propósito de alcanzar las metas, objetivos y, cumplir su verdadera misión y visión de futuro.

En el año 2022, el gasto total del presupuesto ejecutado ascendió a RD$1,173,736.71 millones, equivalente a un 18.75% del PIB, estimado para ese año en RD$6,260,564,002,000.00.

En lo que respecta al gasto por alquileres este ascendió a RD$8,151.73 millones frente al total de gastos ejecutados en el año 2022, representó un 0.69%.

El Ministerio que mayor gasto de alquiler incurrió durante el año 2022 fue el de Relaciones Exteriores con una suma de US$26.48 millones y el Ministerio de Turismo por US$0.98 millones.

Es oportuno señalar, que se pueden aprobar libramientos correspondientes a certificaciones por concepto de alquileres aprobadas en años anteriores y que las certificaciones pueden repetirse en monto debido a los términos de renovación del contrato.

Conforme a la razón anterior, los montos no siempre se corresponden directamente y por tanto deben ser analizados cuidadosamente, a los fines de obtener informaciones más precisas sobre los alquileres concertados por el Estado con el sector privado.

De manera pues, es atinente que las informaciones investigadas por los realizadores de programas de investigación vayan a las fuentes fidedignas o mayor confianza sobre un tema en particular, con el propósito de obtener la verdad sobre los hechos, pues a veces se festinan las investigaciones o se actúa solo por el rumor público.

felix.felixsantana.santanagarc@com.do

La queja de que se le está dando todo al sector privado, vía fideicomisos o asociaciones que no son del todo transparentes y luego oposición critica gobierno por triunfo licitaciones siempre, a empresarios fuertes, en detrimento de pequeños empresarios, se puede resolver si usamos el sistema chileno, donde Estado no invierte tanto, no hay peaje sombras, mínimo tráfico de influencias y el promotor que quiera invertir, arriesgar, se lanza y el Estado secunda, pero sin comprometer flujos efectivos a corto plazo

Es un método seguro que multiplica inversión y rentabilidad, bajando quejas y murmuraciones que opacan iniciativas del Estado desde los tiempos del imperio Romano y RD no es excepción.

¿Cómo funcionará?  Fácil, con ingresos mínimos garantizados

Así lo define Chile, donde estudié sistema: “Daré ingresos mínimos garantizado al promotor privado en cuatrienio por decreto diciendo. Mi gobierno define el total de ingresos que garantizará durante el período de concesión de un proyecto. Según estimaciones oficiales del propio gobierno, esta garantía cubriría aproximadamente el 70% de los costos del proyecto.”

 

Antes de que una empresa se adjudique la licitación, la empresa deberá elegir cuáles serán los ingresos mínimos garantizados que ésta quiere durante el período que administre la concesión.”

No obstante, los ingresos mínimos garantizados que se declaren para cada año deberán estar al interior de una banda de ingresos mínimos propuesta por el gobierno. Esta banda cuenta con un piso y un techo, siendo este último el equivalente al 80% del ingreso esperado en cada año (obviamente se asume una tasa de crecimiento de los ingresos para cada año de la concesión).

Debe señalarse que en caso de que la empresa concesionaria se acoja al sistema de ingresos mínimos garantizados, ésta deberá compartir el 50% de sus ingresos con el Estado si es que sus ingresos sobrepasan una rentabilidad dada.

Por ejemplo: De acuerdo con el contrato que se tenía en los momentos en que se licitó la autopista Los Libertadores Chile, los ingresos mínimos garantizados totales y actualizados no podían ser superiores a UFChile 3.800.000. en dólares 36 millones, según prima hoy en día.

 

En términos de fórmula, las empresas interesadas en licitar un proyecto deben definir sus ingresos mínimos garantizados (IMG) sujetos a: formula.

 

IMG = Ingresos mínimos garantizados
; I             = Inversión inicial (costo total de infraestructura)
; CO         = Costos operacionales
; CM        = Costos de mantención
; r             = Tasa de descuento propuesta por la empresa al momento de licitar

La suma total de (I + CO + CM) corresponde entonces al valor presente neto oficial de la concesión, que incluye los costos de la inversión inicial, los costos operacionales y de mantención de la concesión presentes durante los años que dura la concesión. Además, el parámetro del 70% incluido en la fórmula se basa en el hecho de que la mayoría de las empresas interesadas en licitar soportaba una deuda que equivale al 70% del total de sus activos.

 

En cuanto a la garantía estatal, ésta se activa cuando los ingresos anuales percibidos por la empresa concesionaria en un año determinado están por debajo de los propuestos inicialmente por la concesionaria (precio de ejercicio, si es que la garantía se ve como una opción put). El Estado chileno garantizará la diferencia, incluso en el caso de que la empresa concesionaria obtenga cero ingresos

 

Es interesante destacar en este tema que la mayoría de las empresas que han optado por este sistema de ingresos mínimos garantizados lo han hecho eligiendo los techos de la banda de ingresos mínimos para los primeros años de funcionamiento de la concesión.

 

Con ello, y a juicio de muchos, la idea que se persigue con esto es la de garantizar a los bancos el pago de las deudas que inicialmente permitieron la realización de estas cuantiosas obras de infraestructura vial. Sin garantías, los bancos no hubiesen estado dispuestos a financiar dichos proyectos.

 

La concesión de obra pública es una de las modalidades en que se manifiesta la asociación público – privada en Chile. En virtud de esta, el Estado encarga a un privado la ejecución, conservación o reparación de una obra pública fiscal a cambio del derecho a explotarla en los términos estipulados en el respectivo contrato de concesión.

 

Se trata de un sistema relativamente nuevo con resultados tremendamente exitosos para un país como Chile: “67 proyectos adjudicados por una inversión aproximada de US$11.700 millones”.

Gran parte del éxito de este sistema se atribuye a la existencia un estatuto jurídico que cautela y garantiza adecuadamente los intereses de todos los actores involucrados, sean estos partes del contrato o terceros que se relacionan con ellas.

Ojo ley intima a las empresas. En Chile una corporación como Proyectos Industriales (Pinsa) debe asumir de manera «inmediata y duradera» la reparación de las juntas del puente Duarte, puesto que algunas han vuelto a deteriorarse y de no hacerlo sanción cuesta muchísimo y te sacan del mercado, no concursas más.

jpm-am

SANTO DOMINGO.- El Grupo Popular y el Gobierno de los Estados Unidos, renovaron su alianza estratégica mediante la cual la Fundación Popular y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), continuarán promoviendo el desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente en comunidades de diversas zonas del país.

Este objetivo general se orienta a proteger los recursos naturales contra los choques climáticos, fortalecer a las organizaciones comunitarias y locales en la gestión de los recursos hídricos, expandir iniciativas relacionadas con la salud e intercambiar buenas prácticas entre los participantes del acuerdo y terceros.

De forma concreta, se ejecutarán proyectos para favorecer la resiliencia comunitaria, promoviendo la sostenibilidad, el empoderamiento y la cooperación a nivel local.

También, en lo relacionado al agua, saneamiento e higiene, se dará respuesta a las necesidades sanitarias de las comunidades seleccionadas y a la reducción del impacto negativo al medioambiente.

El acuerdo contempla además la educación superior, con expertos que colaboran a través de los programas de formación de la Cátedra de Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.».

LOGROS OBTENIDOS

El Grupo Popular y la USAID iniciaron este acuerdo con la firma de un Memorando de Entendimiento en 2019, entre cuyos logros destacan la mejora del acceso al agua potable en la comunidad de El Guanal, Arroyo Blanco y Blanco Arriba, provincia Santiago Rodríguez, donde 775 hogares, unas 2,634 personas, han mejorado su calidad de vida.

Para este año se tiene en agenda construir un humedal en la escuela primaria “El Rodeo”, de Arroyo Blanco Arriba, y extender al área de influencia del Plan Sierra la provisión de agua y de soluciones sanitarias.

AMPLIACION DE LA VISION SOSTENIBLE

José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular y vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Popular, destacó la importancia de este proyecto y su capacidad para extender una visión sostenible en favor del país.

En tanto, Rebecca Latorraca, directora de la USAID en la República Dominicana, subrayó la importancia de este acuerdo, como un reflejo del compromiso de la sociedad dominicana, el sector privado y los organismos internacionales para plantear soluciones que mejoren la calidad de vida de las familias dominicanas.

El acto de firma se realizó en la Torre Popular.

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