Con la integración comunitaria en la recolección de desperdicios sólidos, a través de cientos de organizaciones de los sectores afectados, el entonces presidente Hipólito Mejía logró desterrar, eliminar, los tediosos y múltiples vertederos o basureros callejeros que por más de 15 años le habían “tumbado el pulso” a varios síndicos (alcaldes) en el Distrito Nacional, con la ejecución de un incluyente programa financiado con los fondos aprobados en la Convención de Lomé IV de la Unión Europea.

Un lunes del inicio del 2003, el presidente Hipólito Mejía, acompañado de Huchi Lora y de Don Pepín Corripio, me llamó en estos términos: ¡Eyy Lichito, te quiero ver! Sorprendido le pregunté, ¿cuándo y dónde? Me respondió, el miércoles, a las 8:00 de la mañana en mi despacho.

Le ordenó al entonces jefe de su seguridad, general Cáceres, que me facilitara llegar. Me recibió, me explicó lo que quería y de inmediato llamó al arquitecto Manuel -Memé- Cáceres Troncoso, a la sazón, Ordenador de los fondos europeos en el país, y le dijo  “Memé, ya tengo quien nos resolverá el problema de Sabamar y los barrios”. Nos despedimos, con un “Buen viaje señor presidente”, él que el salía hacia Japón en la tarde.

Programa 

El programa de Saneamiento de los Barrios Marginados, SABAMAR, estaba concebido para integrar a las comunidades en la preservación del medioambiente y, lógicamente, todo iniciaba por la recogida de la basura que la misma comunidad vertía en las calles y callejones, evidenciando la menguada capacidad en múltiples aspectos de varias gestiones municipales para lograr recogerla.

Por tratarse de que la mayoría de esos sectores eran los más poblados, conformados por grandes inmigraciones desde el interior del país y, estaban rodeados por los tres grandes ríos que circundan el Distrito Nacional: Ozama, Isabela y Haina, además de los cientos de cañadas que le atravesaban, la inmensa cantidad de esos desperdicios terminaban en sus cauces, contaminando las aguas, provocando calamidades humanas con enfermedades e inundaciones frecuentes.

El programa estaba concebido para evitar el depósito de los desperdicios en las calles, en las cañadas y los ríos, así salvamos los pozos filtrantes, los imbornales y en consecuencia la vida de esos ríos y de paso evitamos los desbordamientos de las cañadas que ocasionaban inundaciones en las viviendas y sectores que circundaban.

La dinámica prevista por el proyecto era comprarles los desperdicios a las comunidades, en un acuerdo con las autoridades municipales correspondientes. Como es de comprender, uno de los retos significaba encontrar la vía expedita para la factibilidad de los objetivos y a aplicar la mecánica del proyecto en un tejido social tan disímil.

El gobierno del presidente Mejía había logrado fondos provenientes de la Unión Europea (UE) para sustentar el inicio del proyecto. Con estos fondos se preveía la capacitación a la comunidad, donar los primeros equipos (vehículos pequeños, carretillas, entre otros,) necesarios para el traslado de los desperdicios a una planta de transferencia, cuyo costo estaba contemplado por los fondos iniciales,  donde serian tomados por los equipos de los ayuntamientos.

Barrios

Apoyado en las buenas relaciones con los líderes comunitarios que me atribuía el presidente, me trasladé ese mismo día a La Zurza, para iniciar allí la tarea de convencimiento a esos líderes de cada comunidad de los beneficios del programa. Debo resaltar que, por las diferencias de intereses y la necesidad de consenso, debimos agotar jornadas de persuasión en asambleas e individual, de días completos, en algún caso llegar hasta la madrugada.

Logramos consensuar la creación de “Empresas Sociales Comunitarias” luego configurada como “Fundaciones Comunitarias”, una por barrio o unión de varios, cuyas asambleas respectivas aglutinaban hasta 112 organizaciones, entre juntas de vecinos, iglesias, escuelas, clubes culturales, fundaciones, etc.

Los beneficios por la venta a los ayuntamientos de los desperdicios comunitarios estaban destinados a fortalecer la capacidad operativa de las instituciones y a la mejoría de las condiciones físicas y ambientales de los barrios y sus moradores. Se estima hoy en cientos de millones de pesos y mas de 600 empleos directos esos beneficios.

Iniciamos con empresas en los barrios La Zurza, Capotillo, Simón Bolívar, 24 de abril, Las Cañitas, Espaillat, Gualey, 27 de febrero, María Auxiliadora, Guachupita, La Ciénega, Los Guandules, La Puya, entre otros, en el hoy Distrito Nacional. Además, Los 3 Brazos, Vietnam Katanga, Los Mina, en el recién creado Santo Domingo Este y El café de Herrera, La Palmas en Santo Domingo Oeste.

Líderes comunitarios como: Juan Candelario, Fresa Durán, Facundo Reyes, Francisco Reyes, Arístides Arroyo, Jorge Jiménez, Elpidio Cuevas, Guillermo Méndez, Ramón de Js Crisóstomo, Rafael Torres, Gilberto Santos, Isaías en Gualey, Francis Disla, Andrés Mora Vallejo, Gilberto Bruno de la Cruz (mañiño), Yovanny de js Guzmán, Javier Santiago Garcia (Soco), Ivelisse Brache Adalberto Moreta, Jorge Hernández (Jorgito), Carlos Arias, entre muchos más.

Fueron soportes claves en estos logros: El arquitecto Manuel Cáceres Troncoso (Don Meme), José Carlos, Alersio Pimentel, Roberto Castillo Tio, Matilde Reyes Vásquez, además, la ONG Enda Caribe, IDDI, CE Mujer, Centro Juan Montalvo, el padre Jorge Cela, entre otras.

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POR LUIS DECAMPS BLANCO

La progresía dominicana, a pesar de sus nobles ideales y de su compromiso con la justicia social, enfrenta una crisis de relevancia y eficacia en la política nacional. Una crítica constructiva es esencial para cualquier movimiento que aspire a la transformación social. En esa perspectiva se inscribe este escueto análisis de sugerencia a esa progresía y su imperante necesidad de una profunda transformación de sus autoridades y bosquejos operativos, así como para llamar su atención sobre el impacto contraproducente que tiene su esquema de «honestismo» y su «política» para las redes sociales.

Una de las críticas más relevantes que enfrenta la progresía dominicana es su tendencia a hacer «política para redes sociales». Este enfoque superficial se caracteriza por una excesiva dependencia de las redes sociales para difundir mensajes a menudo vacíos de contenido sustancial. Sería una ingenuidad y quizás hasta una torpeza elemental desconocer que las redes sociales son herramientas poderosas para la comunicación y movilización, pero se debe entender que no pueden ser el único vehículo para la acción política.

Plataformas como Instagram, X (antiguo Twitter) y TikTok tienden a privilegiar lo visual y lo inmediato, lo que lleva a los políticos progresistas a enfocarse más en la apariencia que en el contenido. Esto puede resultar en campañas que parecen más un concurso de popularidad que una lucha por el cambio estructural. La política solo para redes sociales es un síntoma de la falta de profundidad en el discurso progresista que necesita, mucho más que sus opositores de la acera contraria, ir más allá de los hashtags y las publicaciones virales para abordar los problemas complejos que enfrenta la sociedad dominicana.

Por otro lado, la progresía local sufre de una lacerante enfermedad: El «honestismo», entendido como una adhesión rígida y casi dogmática a la pureza ideológica y moral, donde se tiende a insinuar que «los buenos» comulgan con sus ideas y «los malos» las combaten… una suerte de maniqueísmo burdo. Esta postura, aunque bien intencionada, a menudo impide la construcción de alianzas necesarias y la toma de decisiones pragmáticas esenciales en la política real: la búsqueda de una perfección moral y ética puede llevar a una inacción paralizante y a una imposibilidad de materializar el discurso, mientras el electorado espera soluciones concretas, inmediatas y «tangibles» a sus problemas diarios.

La política «real» requiere de compromisos y negociación. En lugar de aferrarse a una pureza ideológica que aísla a los progresistas de posibles aliados, es vital adoptar un enfoque más flexible y pragmático. Esto no significa renunciar a los principios fundamentales, sino encontrar puntos de coincidencia y formas de avanzar hacia los objetivos a través de coaliciones y compromisos tácticos.

Otro factor para meditar es el impacto -o falta de él- que generan los líderes o dirigentes de alto nivel con respecto a la población, sus ideas y sus deseos. La superación de la crisis actual de la progresía dominicana impone una reflexión sobre el liderazgo tradicional, ya que los líderes actuales parecen desconectados de las realidades y necesidades de la población. En muchos casos, estos líderes provienen de élites urbanas, sociales y académicas que no necesariamente representan al «ciudadano común», elemento de identidad crucial para el fortalecimiento de cualquier movimiento progresista exitoso.

Para ser verdaderamente representativos y efectivos, los líderes progresistas deben ser capaces de empatizar con las luchas cotidianas de la gente común. Esto requiere no solo un cambio en las caras visibles del movimiento, sino también en su enfoque y metodología. Es esencial que los líderes progresistas salgan de sus burbujas y se involucren directamente con las comunidades a las que pretenden servir.

Un síntoma de problemas más profundos -el fracaso del abordaje progresista a la política local- se hace evidente al considerar su más reciente desempeño electoral. Esto se hace notorio ante el hecho concreto de que dos propuestas electorales insólitas, patéticas e hilarantes obtuvieron más votos que el partido que actualmente «representa» el progresismo dominicano: por un lado, un candidato con una figura cantinflesca, respaldado por un partido liderado por  un ciudadano cuya única «condición» para aspirar es ser descendiente de un ajusticiado dictador y que hace alardes de llevar la efigie de ese sátrapa; y por el otro lado, un burlesco «cabecilla» religioso que, discurso decimonónico en mano, instrumentalizó el nombre y la obra de Dios como estrategia de campaña.

Ese resultado debe ser una llamada de atención para los progresistas, evitando caer en el error de atribuirle su derrota a la manipulación electoral o a la falta de recursos. Esa debacle es un reflejo de una desconexión profunda entre la progresía y el electorado, y un certero indicador de que los mensajes y estrategias actuales no están resonando con los votantes. Esto se hace evidente no solo por su incapacidad de atraer al votante más moderado, sino en su imposibilidad de estimular al resto de la progresía del país, que no está dispuesta a apoyar caricaturas, excentricidades ni extremos.

Otra de las debilidades más notables de la progresía dominicana es la falta de una narrativa clara y coherente que pueda tener resonancias positivas en el electorado. Mientras que los partidos tradicionales tienen mensajes bien definidos y fáciles de entender, los progresistas tienden a dispersarse en una variedad de temas y causas sin una dirección unificada y unificadora. Para superar esta fragmentación, es crucial que la progresía desarrolle una narrativa clara y coherente que articule sus valores y objetivos de manera simple y poderosa. Esta narrativa debe ser inclusiva y capaz de unificar a diversos grupos bajo una visión común de justicia social y progreso.

La progresía dominicana también enfrenta una situación dual con la oportunidad de crecer y fortalecerse debilitando a sus opuestos: Los desafíos incluyen la desconfianza del electorado, la fragmentación interna y la competencia con partidos tradicionales bien establecidos. Sin embargo, las oportunidades son igualmente cruciales, en especial en un contexto donde muchos ciudadanos están descontentos con el statu quo y, aunque a veces ni siquiera lo dicen, en el fondo buscan alternativas más a tono con sus inquietudes, preocupaciones e intereses.

Pero no todo está perdido para los progresistas dominicanos: aún tienen la oportunidad de aprovechar la situación de evidente desidia de casi la mitad del electorado frente a las opciones tradicionales. Para ello, por supuesto, deben hacer nuevas propuestas estratégicas y estar dispuestos a innovar. Por ejemplo, formar alianzas basadas en objetivos comunes y entendimientos claro de cómo cada parte puede contribuir al éxito del movimiento, es crucial para lograr avances significativos.

La renovación de la progresía dominicana es una necesidad no solo para ella misma sino para todo el sistema político dominicano y su partidocracia, pues enriquece y equilibra a estos últimos desde el punto de vista de las apuestas por el porvenir del país. A través de un liderazgo más conectado y empático, una narrativa clara y de mayor amplitud de miras, y una estrategia flexible y pragmática, la progresía puede revitalizarse y convertirse en una fuerza significativa para el cambio en la República Dominicana.

Finalmente, ojalá y los líderes progresistas actuales entiendan que la incorporación activa de los jóvenes y la construcción de alianzas estratégicas serán elementos claves para el éxito de su renovación y relanzamiento, y que deben aspirar a ser más representativos y amplios en su lucha por la justicia social y el progreso colectivo.

luis.decamps@hotmail.com

La segunda entrega de esta serie la hago consciente de que es como ir de adelante hacia atrás, al estilo del “go from front to back” del Derecho Anglosajón, el célebre Common Law.

Por eso se impone ahora hacer breves referencias a literatura jurídica electoral en vigor, para una mejor comprensión del tema tratado.

Nada más adecuado para complementar párrafos que aparecen más abajo decir de entrada que los procesos electorales dominicanos de los siglos XIX y XX no eran como coser y cantar.

La efervescencia de entonces mantenía en permanente agitación al país, lo cual se maximizaba cuando llegaban los tiempos de elecciones nacionales. Era la época en que la ventisca política hacía aflorar a la luz pública a aspirantes avariciosos, roñosos, cutres y cargados de malicia.

Por desgracia todavía quedan aquí algunos personajes funambulescos que se benefician del quehacer de una politiquería ramplona, pero han venido a menos si se les compara con lo que ocurría en nuestro anteayer de historia turbulenta.

Del análisis de la historia criolla se comprueba que antes, durante un tiempo muy largo, un fantasma tenebroso, simbolizado en una escopeta montera (con su “nube de perdigones”) y un perro con músculos tensos, orejas rectas y pupilas dilatadas, parecía perpetuarse en nuestra vida colectiva desde que en la Carta Magna fundacional, la del 6 de noviembre de 1844, se injertó de manera transitoria el abominable artículo 210.

Ello a contrapelo de que antes de nacer el Estado Dominicano Juan Pablo Duarte había escrito y divulgado la necesidad de que el mismo estuviera sustentado en bases constitucionales que sirvieran de sostén de leyes adjetivas que se tendrían que crear para regir de manera específica los derechos y deberes de los individuos.

Pero en el pensamiento de Duarte, como lo demuestran los hechos de su vida, no se anidaba la perversidad de políticos de antes y de ahora, escondidos detrás de un supuesto respeto a los fundamentos legales, aunque siempre basculando para contaminarlo todo.

Bien temprano en la vida republicana del país un ilustrado ciudadano, que escribía con el seudónimo de J.M. Filorio alertó, en un artículo publicado el 16 de abril de 1845, a emprender el camino del progreso, cuya esencia era esta:

“…entonces no se oirán más los destemplados chillidos del monótono e insulso grillo, pues si él se atreve a martirizar nuestros pacientes oídos es que por viendo mudos al ruiseñor y la calandria aventura sus destemplados acentos persuadido de que nada es más contrario a la naturaleza del hombre que ese sopor de muerte en que permanecemos sumergidos.” (Documentos para la Historia Dominicana. Tomo I.P59. Emilio Rodríguez Demorizi).

A 179 años de salir a la luz pública el texto anterior todavía hay muchos grillos en los procesos electorales del país. Sin embargo, sus ruidos ensordecedores no han podido evitar avances en la legislación electoral criolla.

Por eso, reitero, es oportuno que antes de realizar otras reseñas sobre hechos del pasado político nacional haga aquí breves referencias a leyes, normas y resoluciones con vigencia actual sobre cuestiones electorales.

Sin duda se puede decir que desde la primera mitad del siglo decimonónico hasta hoy han ocurrido cambios en todos los aspectos de la sociedad dominicana; rompiendo así la amnesia del pasado alborotado, aunque algunas situaciones de antaño, con sus matices, se mantienen flotando entre nosotros, como uno de los mitos de las llamadas maldiciones gitanas.

Insisto que en el escenario político de hoy, que parece sacado del túnel del tiempo, y no precisamente el que narra el gran escritor argentino Ernesto Sábato, se observan los comportamientos de ciertos individuos que transitan sus pasos por un cotarro político lleno de ideas carentes de sindéresis y una amplia gama de demagogia.

Yendo al grano debo decir que el 12 de abril de 1923 la República Dominicana fue dotada de un órgano electoral, bajo la mirada de las fuerzas estadounidenses que tenían entonces ocupado militarmente el país.

El 8 de marzo del referido año el presidente provisional de la República, Juan Bautista Vicini Burgos, promulgó la Ley 35, mediante la cual nació la Junta Central Electoral. Un año y tres meses después, con la reforma a la Carta Magna del 13 de junio de 1924, esa institución estatal tenía para sus actuaciones cotidianas y extraordinarias la calidad de rango constitucional.

Posteriormente se crearon una miríada de leyes, normas y resoluciones que fueron fortaleciendo el aspecto legal de los procesos electorales dominicanos, aunque muchas veces fueron simples cortinas de humano para vender de cara al público que la escogencia de los candidatos nacionales, provinciales y municipales era el resultado de la voluntad de los votantes. La realidad era otra. Los fraudes, entonces, antes y después los vistieron con vistosos ropajes de legalidad.

La Reforma de la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio del 2015 y promulgada el 10 de julio de dicho año (G.O.10805), dedica 9 de sus artículos (208-216) al sistema electoral.

Pero debo señalar que entre los preceptos que se registran en la historia electoral dominicana con algunos aspectos de fuerza vinculante (y con presumible régimen de consecuencias), estuvo la Ley Electoral No.275-97, promulgada el 21 de diciembre de 1997.

Dicha ley contenía 180 artículos. En su contenido integral se afincaba la legalidad de la escogencia de los hombres y mujeres que a través de ella se sometieron a la consulta de los votantes para ejercer puestos de elección popular.

Pero al hacer la exégesis de esa legislación, utilizando el derecho comparado, se comprobó que tenía fallas estructurales y deficiencias en el campo organizativo, por lo que fue necesario evolucionar hacia un cuerpo legal que permitiera revestir de mayor seguridad la voluntad de los electores, así como crear un marco jurídico específico sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

El texto mencionado precedentemente fue derogado por la Ley 15-19, promulgada el 18 de febrero del 2019 y publicada dos días después en la Gaceta Oficial número 10933, con categoría de Ley Orgánica del Régimen Electoral.

La aplicación de ese último acto legislativo fue de breve duración, puesto que fue abolido mediante la Ley número 2023, integrada por 342 artículos. Se promulgó el 17 de febrero del año 2023. Fue publicada cuatro días después en la Gaceta Oficial No.11100.

Otro mecanismo legal en vigor para tutelar el accionar político y electoral del país es la Ley número 33-18, promulgada el 13 de agosto del del 2018 (G.O. 10917, divulgada el 15-8-2018), la cual establece de manera detallada todo lo concerniente a Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

En la próxima entrega abordaré algunas particularidades de esas dos últimas leyes, y otras disposiciones que forman el espectro electoral dominicano.

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La concepción del derecho de castigar se modifica profundamente bajo la influencia de la Iglesia. Existía entre la Iglesia y la Monarquía una unión bien sellada. La Iglesia apoyaba la autoridad temporal del Rey de su poderosa autoridad espiritual; ella era la representante de Dios en la tierra y erigía los delitos a las órdenes del Rey en el pecado contra la autoridad divina.

En cambio, la ley temporal castigaba con penas las prescripciones religiosas. Así la pena se convertía en castigo infligido por la autoridad temporal en nombre de Dios. La infracción había pues cesado desde entonces, de ser un hecho de orden estrictamente privado.

Muchos crímenes y delitos no suponen ni siquiera la lesión de un interés individual; hechos que son únicamente del dominio de la conciencia, tales como el ateísmo, la herejía, etc., son reprimidos por la ley y castigados por los tribunales.

De otro lado, los legistas, imbuidos de  principios del derecho romano y deseosos al mismo tiempo de aumentar la autoridad del Estado, o sea del Rey, en detrimento de la de los Señores, hacen aparecer la distinción romana de los delitos privados y la de los delitos públicos. Ellos buscan dilatar la lista de estos últimos, cuya persecución sólo pertenecía a los oficiales reales.

Este considerándose como el representante de su vasallo lesionado, persigue él mismo ante los tribunales el castigo del delincuente. Poco a poco, la idea de la venganza pública, es sustituida de una manera general por la idea de venganza privada, que termina por desaparecer totalmente, aún antes del fin del antiguo régimen.

La pena en el antiguo derecho era infligida con un propósito de venganza: es la vendetta pública que es satisfecha, o mejor aún con un propósito de castigo, para hacer redimir la falta por el sufrimiento. Cualquiera que fuera la meta perseguida, la pena debía ser sobre todo dolorosa. Las penas son tachadas de crueldades bárbaras y a menudo inútiles, la tortura, la amputación del puño, la rueda, etc.

Por lo demás, el derecho penal tenía la misma incertidumbre y estaba impregnado de la misma variedad, según las reglas, que el Derecho civil. Las penas no eran definidas, y el Juez tenía la más grande libertad en la elección de los castigos, los cuales él juzgaba bueno de golpear a los culpables.

La multiplicidad de tribunales y su diversidad de organización eran nuevas causas de confusión y de desigualdad en el sistema penitenciario. Nobles, villanos, clérigos, estudiantes, tenían al menos en una cierta época, tribunales diferentes, y la ley penal que era aplicable fue, hasta el final, variable según la calidad personal del inculpado.

Jurisdicciones señoriales, eclesiásticas o reales se subdividen todavía en una infinidad de grados, y las reglas de sus competencias respectivas eran a menudo bastante indecisas y sufrían muchas excepciones y privilegios. Poco a poco, la autoridad real, usando medios aviesos que le eran sugeridos por los legistas, pudo realizar una centralización relativa y suplantar las jurisdicciones primeramente rivales de las jurisdicciones del Rey.

Esos medios encubiertos fueron esencialmente: El establecimiento ante todas las jurisdicciones de un representante del rey, el procurador, cuya institución fue el origen del actual Ministerio Público.

El procedimiento en uso hasta el final de la antigua monarquía fue el llamado funcionamiento inquisitorio, porque fue organizado por los tribunales de la Iglesia o tribunales de la inquisición, para los asuntos que le estaban reservados. Este procedimiento era esencialmente secreto, hasta el juicio inclusive.

Las deposiciones de los testigos eran recibidas en ausencia del acusado y este no podía hacer valer sus reproches contra los testigos sino antes de conocer las declaraciones que ellos habían hecho. El tribunal estatuye sobre el procedimiento escrito, es decir, después del examen de las declaraciones recogidas por escrito y sobre el visto de las memorias redactadas por el acusado.

El tribunal podía interrogar de nuevo al acusado, pero podía igualmente condenarlo sin oírlo ni aun verlo. En fin, en todas las fases del proceso, el inculpado estaba siempre sólo, sin la asistencia de ningún consejo. El juez, en vez de apreciar, según su conciencia, la autoridad que conviene atribuir a cada elemento de prueba, debía decidirse según  reglas precisas determinantes a las diversas circunstancias.

Los testimonios, en ese sistema, eran no pesados sino contados; era el número de testigos lo que importaba y no el valor moral de cada uno de ellos. Finalmente en el periodo revolucionario se comprende como una semejante legislación correspondía poco a las nuevas ideas filosóficas. Ella debía ser reformada de arriba abajo.

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En el presente no voy a plasmar datos estadísticos, escalofriantes, por cierto, sobre la gran problemática que representan los motoristas para la sana convivencia en el tránsito pacífico y ordenador a lo largo y ancho de nuestra República Dominicana, porque si bien es cierto que dan un indicador de la gravedad de la situación, predicar esas informaciones parece ser que no llega a tocar las puertas de los usuarios de los vehículos de dos ruedas popularmente conocidos como motor.

Suerte a Dios que ya pasaron las elecciones y no me van a crucificar por los conceptos sinceros que a continuación voy a detallar como forma de desahogo por los numerosos sustos que pasamos como consecuencia de la presencia inesperada, como fantasma demoníaco, de un motorista perturbador a punto de ponerme a firmar con Los Carmelitas.

Los diferentes gobiernos que hemos tenidos a partir de la desaparición del Trucutú de San Cristóbal, han intentado (uno más que otros) ponerle el cascabel al gato y resolver esa descomposición social que representa el comportamiento charlatán de los usuarios de los llamados “venganza japonesa”.

Es impostergable tomar medidas severas para poner orden a esa clase social que tal parece que sus miembros, al adquirir una motocicleta, entregan como parte del pago la vergüenza que puedan tener. Eso se desprende del hecho mismo de que una persona puede ser muy seria o decente, al conducir ese tipo de transporte sufre una mutación y arranca a realizar todo tipo de actos reñidos con las leyes que rigen el uso de estos. Confesamos que estamos generalizando, pero son escasas las personas que no violentan dichas leyes.

Escuchamos a presidente Luis Abinader hablar de la necesidad de tomar medidas urgentes en ese tenor, se hace necesaria la imposición de esas intenciones regulatorias, aunque, en conversación con un reconocido director de un longevo periódico dominicano, esteme expresó que el dominicano se acostumbró a obedecer bajo represión.

El motorista en su mayoría es irrespetuoso de las leyes y los agentes de la DIGESETT, parecen que se están cansando de los conflictos con ellos, se están cuidando de no perder el rango y ser cancelado por la bravuconada de un rebelde motorizado que lo impulse a perder los estribo y repeler la inconducta en cuestión.

Alguien comentó una vez que los motoristas son peores que el coronavirus, es posible que tenga razón, si observamos las muertes, invalidez y alteración del sistema nervioso que estos ocasionan. Donde menos usted lo espera, ahí sale un motorista en vía contraria, por la acera, de cualquier callejón, y de muchísimas maneras más.

Estoy seguro que muchos lectores dirán que son padre de familia, que el motor es la forma de ganarse la vida, que se ayudan en lo económico, que agilizan la llegada a su destino. Todos esos posibles argumentos no le dan patente para el desorden, para andar por donde mejor le parezca y de la forma que le plazca.

No podemos seguir con este desorden, se debe aplicar todo el peso de la ley, si es necesario aumentar las penas de manera tal que cojan juicio y obtengan la vergüenza nuevamente, algo se tiene que hacer, es una responsabilidad colectiva, donde el gobierno pone su cuota, pero el ciudadano debe poner la suya, porque de nada sirve aplicación severa de la ley, de utilización de métodos represivos, si los muertoristas no aceptan que deben cambiar su comportamiento.

Como dice el dicho popular, a algún lado llegaremos, mientras tanto la pregunta idónea es ¿Qué vamos a hacer con los motoristas?

 luisanibal.medrano@gmail.com

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