WASHINGTON 19 May.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha abordado este martes con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, los intentos de la Administración de Donald Trump para poner fin, a través de la ONU, a «las acciones ilegales» de Irán en el estrecho de Ormuz, un día después de que las autoridades iraníes hayan anunciado un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en este paso clave para el comercio mundial.

«Hablamos sobre los esfuerzos de Estados Unidos en la ONU para detener las acciones ilegales de Irán en el estrecho de Ormuz, y cómo Estados Unidos movilizó rápidamente recursos para apoyar la respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda», ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense sobre su conversación con el funcionario portugués en sus redes sociales.

Estas declaraciones llegan un día después de que el Gobierno de Irán haya anunciado oficialmente la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (AEGP), que permitirá cobrar peajes a las embarcaciones que crucen por Ormuz, precisando que «el paso sin permiso será considerado ilegal».

Guterres ha manifestado su oposición a cualquier «entidad en particular (que) restrinja» la «libertad de acceso» a Ormuz y ha vuelto a defender «que no haya restricciones a la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho».

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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NUEVA YORK 19 May.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este martes su condena «enérgica» del ataque perpetrado en la víspera en las inmediaciones de una mezquita en San Diego, en California, en el que han muerto al menos tres personas, y ha pedido una investigación «exhaustiva» del suceso mientras advierte de la necesidad de combatir la intolerancia.

«(Guterres) condena enérgicamente el ataque perpetrado ayer contra una mezquita en San Diego, California, en el que perdieron la vida tres personas», ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado remitido a Europa Press.

«Los ataques contra lugares de culto son particularmente atroces y subraya la urgente necesidad de combatir el odio y la intolerancia en todas sus formas», ha agregado, al tiempo que ha trasladado sus «más sentidas condolencias» a los seres queridos de las víctimas y su solidaridad con la comunidad musulmana.

El secretario general ha pedido a las autoridades estadounidenses que emprendan una «investigación exhaustiva» del ataque perpetrado en la zona de la mezquita del Centro Islámico de Mira Mesa, a las afueras de la citada localidad.

El tiroteo, según informó el Departamento de Policía de San Diego, fue perpetrado por dos jóvenes de 17 y 19 años que se habrían quitado la vida minutos después, por lo que el total de fallecidos por el suceso asciende a cinco.

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NUEVA YORK 19 May.- La Justicia estadounidense ha fallado que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) solo podrán realizar arrestos en tribunales de inmigración de la ciudad de Nueva York bajo parámetros muy estrictos tras una demanda presentada por organizaciones civiles en medio de la campaña de detenciones masivas contra migrantes impulsada por la Administración Trump.

El juez federal Peter Kevin Castel del distrito sur de Nueva York ha determinado en su fallo que los agentes del ICE deberán acatar la normativa de 2021 impuesta durante el mandato del expresidente Joe Biden, que impone restricciones estrictas para llevar a cabo arrestos en juzgados especializados en inmigración.

La decisión del juez –que no es definitiva puesto que forma parte de una demanda más amplia– impedirá de forma temporal a los agentes del ICE realizar arrestos masivos en al menos tres juzgados de Manhattan, salvo cuando haya una orden judicial y existan graves amenazas a la seguridad pública.

Esto se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiera en enero de 2025 una directiva que derogaba la normativa de 2021 para el ICE a fin de acelerar las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Varias ONG, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), presentaron una demanda ante dichas políticas «draconianas» de arrestos después de que varias personas denunciaran haber sido detenidas durante comparecencias rutinarias ante cortes especializadas en inmigración.

Las organizaciones solicitaron entonces una medida cautelar mediante una suspensión, que el tribunal denegó parcialmente en septiembre de 2025. Tras ello, los abogados del Departamento de Justicia admitieron que el memorando emitido en enero de 2025 –que derogaba la citada normativa del ICE de 2021– no autorizaba los arrestos en dichos tribunales, por lo que ACLU y el resto de ONG recurrieron la decisión ante la Justicia.

«Durante casi un año, hemos visto cómo agentes enmascarados del ICE emboscaban a personas no ciudadanas en los pasillos de los juzgados, tiraban al suelo a inmigrantes neoyorquinos y separaban a los niños de sus padres», ha afirmado la directora de litigios sobre derechos de los migrantes de ACLU, Amy Belsher, en un comunicado.

Por su parte, el codirector legal de Make the Road New York, Harold Solis, ha celebrado el fallo, aludiendo a que a sus clientes «se les denegó la medida cautelar, basándose en información» que posteriormente el mismo Gobierno «reconoció como falsa».

«Los juzgados de inmigración se habían convertido en lugares de miedo en lugar de un espacio para el debido proceso. Casi a diario, padres eran separados de sus hijos, estudiantes eran detenidos y seres queridos desaparecían en centros de detención inhumanos como resultado de estos arrestos en los juzgados de inmigración», ha argüido.

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