El espíritu constitucional de nuestra Carta Magna es claro y preciso en su artículo 7: establece un Estado Social y Democrático de Derecho. Los principios fundamentales incluyen el respeto a la democracia, la separación de poderes, la protección de los derechos humanos y el imperio de la ley.

Si se implementan las “reformas fiscales” propuestas por este gobierno, con políticas que favorecen solo intereses corporativos sobre los derechos y libertades individuales, estaríamos ante una concentración de poder que hoy exhibe el partido gobernante, utilizado para oprimir a la población a expensas del marco constitucional establecido. Esto podría considerarse una alteración del orden constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.

Esta «subversión» implica un cambio en las estructuras fundamentales del Estado que socava su naturaleza democrática. Es evidente que este gobierno, en su desmedido atrevimiento, está tomando decisiones y acciones que no respetan estos principios democráticos, buscando establecer un sistema más alineado con un modelo corporativista, donde los representantes de grandes capitales tienen más influencia sobre las decisiones políticas en detrimento del bien común.

Definitivamente, esta propuesta de reforma “fiscal” ya ha castigado al sector educativo con más de 20 mil millones de pesos. No es clara con respecto a los sectores económicos privilegiados que, durante décadas, se han beneficiado de un gasto tributario injustificado.

Esto desvirtúa el espíritu del artículo constitucional 244 sobre “Exenciones de impuestos y transferencia de derechos”. Al mismo tiempo, imponer una carga impositiva mayor a la población trabajadora puede interpretarse como un movimiento hacia un modelo corporativista, en detrimento de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Para implementar un Estado Social y Democrático de Derecho, establecido en la Ley 1-12 (Estrategia Nacional de Desarrollo), como la visión del país que debemos instaurar para 2030, las políticas fiscales deberían promover la equidad y la justicia social. Esto implica que las reformas fiscales deben ser progresivas, es decir, que quienes tienen más recursos contribuyan en mayor medida para financiar servicios públicos y proteger los derechos sociales.

Desviación

Si se implementan medidas que benefician desproporcionadamente a grupos específicos—como grandes corporaciones o sectores privilegiados—mientras se aumentan las cargas sobre los trabajadores y la clase media, esto no es más que una desviación de los principios fundamentales del orden constitucional.

Tales acciones pueden verse como subversivas porque alteran el equilibrio necesario entre los diferentes segmentos sociales e institucionales en una democracia funcional. Esta dinámica, centrada en intereses particulares, contradice el espíritu del Estado social y podría generar movilizaciones sociales o legales contra dicha reforma, considerándola injusta o inconstitucional.

Mantener sectores bajo un manto de privilegio establecido desde 1969, 11 años antes que China (1980) y apenas 3 años después que Taiwán, como es el sector de zonas francas, que 55 años después cuenta con exenciones fiscales que exceden los 63 mil millones, y cuyo único rasgo comprobable es que sus salarios no alcanzan ni el 60% del costo de la canasta básica, indica que la política fiscal podría estar favoreciendo un modelo económico que perpetúa la pobreza en lugar de combatirla.

Además, sectores como el turismo, con exenciones fiscales por encima de los 12,500 millones, generan empleos de baja calidad y «guetos laborales» para extranjeros (Friusa), lo que significa que no contribuyen al desarrollo social integral ni a la construcción de comunidades sostenibles.

El sector de generación eléctrica, privilegiado con unos 14 mil millones, aún le factura a las distribuidoras a precios que pueden llegar hasta el 50% por encima del precio real. El mercado de valores, más que aportar con inversiones de nuevos capitales para el fomento de la economía nacional, se dedica a la especulación y, sin embargo, se beneficia de unos 7,000 millones.

Por último, el sector minería, con exenciones fiscales aberrantes, se lleva nuestros recursos y nos deja un pasivo ambiental impagable, además de que lo premiamos con más 6,300 millones de pesos.

Solo al tocar estos cinco sectores y con la recaudación de unos 26,654 millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR), el Estado podría proyectar más de 129 mil millones, todo bajo un orden constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, justo y moral.

Hasta que el gobierno no utilice la transparencia como arma moral y la fiscalización efectiva de los ingresos internos y externos, la población no aceptará ningún sacrificio que la condene a la perpetua miseria. No es justo que la población tenga que comprar productos básicos de alimentación a un precio un 18% más alto para alimentar la corrupción y mantener la impunidad; es un verdadero insulto al pueblo trabajador.

Pedir sacrificios de quienes han derrochado nuestros recursos es inadmisible; ¡es mejor que empiecen a rendir cuentas antes de exigirnos más!

El verdadero sacrificio debe venir de aquellos que han tomado préstamos y se niegan a revelar dónde ha ido a parar cada centavo. Es amoral el chantaje del sacrificio las manipulaciones utilizadas: los que nos exigen pagar sus deudas son los mismos que han vaciado las arcas sin transparencia ni justicia.

Si se aprueban estos “ajustes fiscales”, la clase media quedará atrapada en una red asfixiante, como un pez que no puede escapar de las garras del pescador.

En el Frente Cívico y Social entendemos que los  verdaderos objetivos de una reforma fiscal deben ser garantizar la justicia tributaria, reducir la evasión y elusión fiscal, asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer el desarrollo sostenible, no alimentar la corrupción ni perpetuar la impunidad.

En el FCS creemos que es una aberración improcedente que el gobierno viole el espíritu del orden constitucional y, al mismo tiempo, nos pida que paguemos más impuestos mientras gasta irresponsablemente elaborando presupuestos contrario al artículo 233 de nuestra constitución  poniendo en riesgo nuestro futuro y el de nuestras familias. ¡Es hora de exigir una verdadera reforma que priorice el bienestar del pueblo dominicano! ¡Despierta RD!

jpm-am

Con la posibilidad de un nuevo gobierno liderado por Donald Trump, resurgen las preocupaciones sobre las políticas migratorias que podrían afectar a millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.

El candidato Republicano ha utilizado a los inmigrantes indocumentados como la punta de lanza de su campaña electoral, llegándoles a tildar como «tipos malos», afirmando que «van a destruir nuestro país», que «Están envenenando la sangre de nuestro país», y que «toman nuestras escuelas, hospitales y tomarán nuestra seguridad social»

Estas expresiones falsas y sin ningún fundamento han ido polarizando y dividiendo cada vez más la sociedad americana, llenándola de temor. Trump ha asegurado que en su gobierno habría deportaciones masivas de inmigrantes, prometiendo crear una «fuerza de deportación» para expulsar a millones de inmigrantes «ilegales».

Entre los inmigrantes  indocumentados se encuentran aproximadamente 78,000 dominicanos indocumentados, quienes podrían enfrentar la deportación masiva si se reactivarán medidas migratorias restrictivas y severas como las que propone Trump. El impacto de tales deportaciones no solo sería devastador para los inmigrantes y sus familias, sino que también tendría efectos significativos y de largo alcance en la economía, el tejido social y la estabilidad política de la República Dominicana.

Pilares

Uno de los pilares más importantes para la estabilidad económica de la República Dominicana son las remesas que envían los dominicanos residentes en el extranjero, incluidos aquellos en situación migratoria irregular.

En 2023, las remesas a la República Dominicana alcanzaron alrededor de $10 mil millones de dólares, representando cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este flujo de capital ha sido fundamental para el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la mejora en la calidad de vida de muchas familias dominicanas.

Si se deportara a miles de dominicanos indocumentados, se reduciría considerablemente este ingreso crucial. Las familias que dependen de las remesas verían comprometida su capacidad para cubrir gastos básicos como alimentación, salud, educación y vivienda. La disminución en las remesas no solo afectaría a las familias individuales, sino que también reduciría la demanda interna en la economía, afectando directamente a sectores como el comercio y los servicios. Esto podría generar una desaceleración económica en áreas rurales y urbanas que dependen del flujo constante de dinero enviado desde el extranjero.

Presión 

La llegada masiva de deportados crearía una presión significativa sobre el mercado laboral dominicano. Con un desempleo ya elevado y un gran porcentaje de la población trabajando en la economía informal, la capacidad de absorber a los deportados sería limitada.

Muchas de estas personas, que han vivido en los Estados Unidos durante años, podrían encontrar dificultades para reintegrarse en el mercado laboral dominicano debido a la falta de redes de apoyo, el choque cultural y las barreras burocráticas para acceder a empleos formales.

El aumento del desempleo también podría incrementar la desigualdad social y generar tensiones en las áreas más afectadas. Además, las personas deportadas podrían no tener acceso a los mismos servicios sociales u oportunidades laborales que sus compatriotas residentes en el país, lo que aumentaría su vulnerabilidad y marginación.

La reintegración de los deportados sería un desafío significativo. Muchos dominicanos deportados podrían haber pasado años, incluso décadas, en los Estados Unidos, adoptando costumbres y estilos de vida muy diferentes. Al regresar a la República Dominicana, podrían encontrar dificultades para adaptarse a la realidad social, económica y cultural del país, lo que podría llevar a un sentimiento de desarraigo o exclusión.

Este choque cultural y las dificultades para integrarse podrían aumentar las tensiones sociales y generar problemas relacionados con la delincuencia o la desintegración social. Las comunidades receptoras tendrían que lidiar con los efectos de una inmigración forzada que podría sobrecargar los servicios sociales y las infraestructuras locales, como la educación, la vivienda y la atención médica.

Además de los problemas sociales y económicos, la deportación masiva también representaría una pérdida de capital humano para la economía estadounidense y un reto para la dominicana. Muchos de los dominicanos indocumentados en EE. UU. han adquirido habilidades, educación y experiencia laboral que no necesariamente encontrarán un espacio en la economía dominicana al ser deportados.

El país perdería la oportunidad de beneficiarse de estas habilidades si no se gestionan adecuadamente los programas de reintegración y empleo para los deportados.

Esto subrayaría la necesidad de programas gubernamentales que faciliten la transición de los deportados, ofreciendo oportunidades de empleo y formación en sectores clave de la economía. Sin una estrategia clara para aprovechar este capital humano, la deportación masiva podría resultar en un desperdicio de talento y una mayor sobrecarga para la economía dominicana.

jpm-am

El banco comercial privado más importante de RD informó hace meses que en el 2023 ganó más de 30 mil millones de pesos y solo pagó de impuestos $7,384 millones, es decir, menos de un 30%. Pudo haber pagado $11 o 12 mil millones (entre 35 a 40%)  y todavía habría quedado con 18 o 19 mil millones para ser repartidos, principalmente, entre siete u ocho grandes accionistas.
En nichos como ese es que el Gobierno debería buscar dinero, en vez de estar provocando la paciencia del pueblo dominicano con impuestos al café y otros artículos de primera necesidad, precisamente entre los sectores más pobres.

Entre el segundo, tercero y otros bancos debe haber ganancias parecidas a las del primero, lo que quiere decir que el Gobierno podría captar, sin mucho esfuerzo, alrededor de 25 mil millones de pesos de unas cuantas entidades financieras.

Desde principios del siglo pasado se analiza en Europa, comenzando por los británicos, el predominio del sector financiero sobre otros de la economía. En RD eso es evidente desde hace alrededor de medio siglo y más aún desde la promulgación de la Ley de Seguridad Social, cuando la primera superintendente de Pensiones nombrada fue, precisamente, una vicepresidenta de ese mismo banco; lo que generó una protesta pública airada del presidente de otro grupo en competencia.

Los bancos se aprovechan de un dinero que no es suyo, el de los depositantes, en general; además de las grandes reservas de las aseguradoras y las administradoras de fondos de pensiones y de riesgos de salud que pertenecen, algunas con disimulo, a los mismos grupos financieros; es decir, las grandes masas monetarias están en sus cajas.

Por eso las pensiones concedidas a cotizantes son tan pocas y tan de a poco, porque las ganancias financieras son extraordinarias; acentuando la desigualdad social.

Ante la opinión pública, una reforma fiscal solo tendría justificación si fuera para iniciar un proceso de redistribución de las riquezas, es decir, para cobrar más impuestos a los más ricos, bajar sueldos privilegiados de altos funcionarios, subir los de cientos de miles de empleados para cubrir al menos el costo de la canasta familiar de los que menos ganan, bajar los impuestos a los productos de primera necesidad, etc.

Hace más de medio siglo en el Cibao se decía: “Santiago, ciudad que trabaja y progresa”. Después se cambió la consigna: “Santiago, ciudad donde trabajan los pobres y progresan los ricos”. Lo que pasa en todo el país, demostrable con números y con lo que está a la vista, que no necesita espejuelos para verlo.

También una reforma constitucional debería estar dirigida en ese sentido, para sentar las bases de un proceso de redistribución de las riquezas. Esto significa actualizar el artículo 19 de la Constitución de 1963, referente a la distribución de beneficios de las empresas entre sus trabajadores, para precisar que las grandes distribuyan por lo menos el 25%, las medianas el 20 y las pequeñas el 15%.

Solo con medidas así, que no son radicales sino de actualización de la Carta Magna del 63, se podría revertir el acentuado y peligroso proceso de desigualdad social que exprime a las grandes mayorías.

Es lo que se debería estar debatiendo en un ambiente democrático, respetuoso, de escucha a las diversas opiniones sobre los delicados problemas que los legisladores aprueban atropelladamente, como si llevaran caña para el ingenio; en vez de usar sus cabezas, no entregarlas a la cúpula de su partido, como lo advirtió Juan Bosch en La Mancha Indeleble.

El Gobierno ha creado un ambiente de presión a los más débiles, los haitianos; extensivo a los negros y mulatos que somos la gran mayoría de la población. Usar como cuco el miedo a un enemigo externo, real o supuesto, para influir en la política interna de un país es un viejo truco, tan viejo que lo analizó Aristóteles en La Política.

Pero no por viejo deja de ser perverso y peligroso, aunque solo sea para distraer la atención de la población. Este Gobierno debería recordar la fatídica experiencia del régimen perredeísta del 1982-86. No es prudente provocar la paciencia del pueblo dominicano, aunque se tenga una mayoría legislativa de cuestionable legitimidad.

jpm-am 

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, dictó medidas coercitivas contra varios jóvenes involucrados en lo que el Ministerio Público denomina el caso Camaleón, donde hubo un oscuro contrato que involucra una suma ascendente a 1,317 millones de pesos. A los imputados se les atribuye desfalco, falsificación de documentos, lavado de activos, robo de identidad, asociación de malhechores, crimen de altas tecnologías, terrorismo, sabotaje y contrabando.

Tres de los siete acusados recibieron una sentencia preventiva de 18 meses de prisión. Ellos son: Hugo Beras, antiguo director de Intrant, JochyGómez, supuesto propietario de varias empresas, y Pedro Pedovani, quien fue encargado de Control de Tráfico en la institución que regula la circulación vehicular.

Casos aislados

Casos de corrupción como el presente han ocurrido muchos en el Estado Dominicano durante las últimas décadas, sin que se registre régimen de consecuencia, por lo que pasaban a formar parte de la impunidad judicial. Ha sido con el presente Ministerio Público que la corrupción gubernamental, en casos aislados  –porque la verdad es que se pueden contar–, ha sido sancionada de conformidad a nuestras leyes y al obsoleto Código Penal.

Una de las razones que motiva a funcionarios públicos a la comisión de actos dolosos, entramados mafiosos y otros delitos es la tradicional impunidad, pero también el afán de lucro desmedido que arropa a nuestra población. Un alto porcentaje de los designados en cargos de relevancia, consideran esos decretos como la oportunidad de oro para el enriquecimiento ilícito.

Piensan que no pueden desaprovechar el momento de dotarse de miles de millones de pesos (los cuales suelen lavar), tener villas, mansiones, yates, helicópteros y amantes hermosas.

Se trata de un cúmulo de bienes que no tienen forma de justificar, por no haber recibido herencia económica, nunca haber manejado empresas, no haber jugado béisbol en Grandes Ligas ni haberse sacado sorteo de la Loto. De todas maneras, esa fortuna mal habida sale a relucir de alguna forma. Y algunos antiguos funcionarios, de maneraimprudente, estrujan en la cara a los demás ciudadanos sus excesivas propiedades, lujos, placeres y vida de francachela.

Y como en nuestra sociedad impera una preocupante inversión de valores, a esos vulgares ladrones les dicen “don”, “doctor” o “ingeniero”, pese a que en algunos casos se trata de individuos de baja escolaridad.

Desde la óptica del suscrito, el problema de la corrupción pública no se erradica con sanciones judiciales ejemplarizantes, como la que acabamos de observar con respecto al caso “Camaleón”. Es un paliativo importante, naturalmente, pero hay que irse al combate a la raíz de la corrupción en todas sus manifestaciones, que descansa en el afán de lucro y la vida fácil, que afectan a un amplio segmento de los jóvenes de nuestra sociedad.

Hace décadas que las butacas universitarias están ocupadas por un 65% de damas y a ninguna institución se le ha ocurrido realizar una investigación para establecer los elementos causales de ese caso. El hecho es que los jóvenes de sexo masculino dejaron de ver los estudios como medio para escalar socialmente. Y en los barrios de todo el país abundan los famosos “ni ni” (que no estudian ni trabajan), pero tienen los mejores celulares, tenis de marca y hasta vehículos de motor. ¿Cómo lo hacen?

Es un problema serio en término de ausencia de educación y conciencia sobre conducta moral.  Para colmo, de forma inexplicable, excluyeron “Moral y Cívica” como asignatura de la educación básica, sin que ninguna autoridad del Ministerio de Educación haya dado una explicación. Es como para que acabemos de j… más rápido.

jpm-am

El presidente Luis Abinader habló de cohesión social al justificar la voluntad del gobierno dominicano de pactar un acuerdo con los clubes deportivos y culturales para relanzar la vieja consigna de “cuerpo sano en mente sana” y trabajar por comunidades más seguras y con mejores condiciones de vida para sus habitantes.

De acuerdo a sus palabras, desde la administración se busca utilizar este mecanismo de integración social como parte de una respuesta estratégica al problema de la violencia y la delincuencia juvenil que durante décadas ha venido ganando terreno en los barrios de la capital y de otras comunidades del país.

Pero hay que apuntar que no se trata solo de una declaración protocolar a propósito del significativo encuentro convocado por el Ministro de Deporte, Kelvin Cruz, junto a la Federación Dominicana de Clubes (FEDOCLUBES) en el marco del Día Nacional de los Clubes Deportivos y Culturales.

El anuncio de la construcción o remozamiento de 49 multiusos en el Gran Santo Domingo, en adición a otras instalaciones que ya se han entregado en la Capital y en otros puntos del país, muestra que se trata de una política de largo alcance para impactar positivamente la realidad social de nuestros barrios.

Justo en la noche del mismo día de los clubes, el director de Desarrollo Provincial, Ángel De La Cruz, acudió a un masivo acto comunitario celebrado en la Casa de la Cultura del legendario Club Villa Faro, para anunciar que el próximo año 2025 se inicia la construcción del multiuso de esa populosa barriada de Santo Domingo Este, reconocida por la capacidad autogestionaria que le ha permitido desarrollar una impresionante plataforma de capacitación a través de escuelas deportivas y culturales con el aporte de profesores voluntarios y cientos de niños y jóvenes que se forman en numerosas disciplinas artísticas y deportivas, sin contar con ninguna subvención oficial, proeza que me he ocupado de resaltar en un trabajo periodístico: Villa Faro, la otra cara de la Calle 42.

Cohesión social y sentido de comunidad

Ciertamente, tal como resaltó el presidente Abinader, los clubes deportivos y culturales, al igual que las juntas de vecinos, constituyen una excelente herramienta de cohesión social para crear un sentido de comunidad, tan necesario para generar soluciones a problemas comunes y enfrentar retos tan acuciantes como la drogadicción, la delincuencia juvenil y la falta de oportunidades para construir un proyecto de vida.

Desde la década de los 60s, cuando surgieron los clubes deportivos y culturales como un mecanismo de articulación político-social, estas entidades han ejercido un liderazgo clave, no solo para fomentar el deporte y la cultura, sino también para empoderar a la comunidad frente a los embates de la pobreza urbana.

Basta examinar el aporte de los clubes deportivos y culturales que han logrado convertirse en referentes de gobernabilidad social en sus respectivos barrios, como el Club Mauricio Báez, el Club San Carlos, el Club San Lázaro, el Club Los Cachorros, el Club Varias Luces, el Club Bameso, el Club Luperón, el Club Renacer, el Club Samuel Santana, el Club Huellas del Siglo, el Club Payero, el Club los Astros del 27 de Febrero, el Club Leónidas Solano, el Club Orlando Martínez, el Club Villa Francisca, el Club Simón Bolívar, el Club La Ciénaga, el Club Italia, el Club Los Gladiadores, el Club Héctor J. Díaz, El Club María Auxiliadora, el Club Nicolás Casimiro, el Club Agrucudegua, el Club Oscar Santana, el Club Huellas del Siglo, el Club Calero, el Club Los Minas, el Club Villa Faro, el Centro Deportivo y Cultural Ozama, el Club Eugenio María de Hostos, el Club Los Gigantes de Herrera, el Club Honduras del Este y el Club Miramar, para solo citar algunos de los que operan con notoria incidencia en el gran Santo Domingo.

Esta mención es válida para las instituciones clubísticas de Santiago y de otras ciudades del país que a través de este mecanismo de cohesión social han logrado incidir positivamente en la historia del deporte y en la formación de mejores ciudadanos

En esta lista incluyo mi viejo Club Las Américas, de Santo Domingo Este, que aunque desaparecido y resucitado en más de una oportunidad, tuvo una incidencia fundamental en el barrio del mismo nombre, logrando darle un gran impulso al deporte y la cultura, aún antes de cristalizar la lucha que hizo posible la construcción de la Escuela Patria Mella y la cancha del Club, y sobre todo poner la zapata para que muchos jóvenes del sector se convirtieran en profesionales y ciudadanos responsables y socialmente útiles

jpm-am