La aglomeración de militantes políticos en torno a los recintos electorales constituye una práctica ilegal y antidemocrática, en los procesos electorales. Sin embargo, esta estrategia puede tener consecuencias negativas significativas en la participación ciudadana y, en última instancia, en la validez de las elecciones. Este artículo de opinión analizará detalladamente los efectos de la concentración de militantes de partidos políticos alrededor de los centros de votación, explorando las razones detrás de la abstención electoral y las posibles consecuencias de una escalada en la competencia partidista en este aspecto.

La presencia masiva de militantes de un único partido político, como sucedió en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero de 2024 en la República Dominicana, frente a los recintos de votación puede desencadenar un fenómeno de desconfianza y desánimo entre los ciudadanos.

 Cuando los votantes potenciales observan una abrumadora presencia de partidarios de una única agrupación política, se genera la percepción de que el proceso electoral está sesgado, y que la diversidad de opciones se ve reducida a favor de un único partido. Este escenario, lejos de fomentar la participación, conduce a la abstención, ya que los ciudadanos pueden sentir que su voto no tendrá impacto real en un entorno político aparentemente dominado por una sola fuerza. Ese fenómeno es nuevo en los procesos electorales y da vergüenza que se ponga en práctica. No creo que la oposición se quede de brazos cruzados ante esta grave situación.

Si bien la estrategia de concentrar militantes puede ser adoptada por varios partidos, la hipotética situación en la que todas las fuerzas políticas optan por este enfoque plantea un panorama aún más problemático. La acumulación excesiva de personas en los recintos de votación no solo podría generar temor entre los ciudadanos, sino que también aumentaría las posibilidades de conflictos entre partidarios rivales. Las tensiones podrían escalar rápidamente, llevando a enfrentamientos físicos y, en última instancia, comprometiendo la integridad del proceso electoral.

En un escenario extremo, donde la competencia partidista se convierte en una batalla campal por la influencia sobre los votantes, la posibilidad de una abstención generalizada se vuelve más probable. Los ciudadanos podrían optar por alejarse de los centros de votación ante el riesgo de verse envueltos en situaciones peligrosas. En este contexto, las elecciones podrían ser invalidadas, creando un ambiente de desconfianza y deslegitimación del sistema democrático. Tengo la fe, de que un demócrata como el presidente Luis Abinader no permitirá que se repita tal situación.

Para contrarrestar estos riesgos, es esencial promover la imparcialidad y la diversidad en los recintos de votación. Las autoridades electorales deben implementar medidas que eviten la concentración excesiva de militantes de un solo partido, garantizando la representación equitativa de todas las fuerzas políticas en los alrededores de los centros de votación. Esto no solo fomentaría la participación ciudadana, sino que también fortalecería la legitimidad de los resultados electorales.

Visto todo esto desde el punto de vista de la ley de Régimen Electoral 20-23 artículo 5 sobre el sufragio popular, que dice: El sufragio popular será universal, igual, directo y secreto; y será ejercido en las formas y condiciones establecidas en esta ley. Así, el artículo 247 sobre Preservación del orden, establece que No podrán formarse grupos de personas a una distancia prudente de los locales donde se realicen las votaciones, si las condiciones de estos lo permiten, entendiéndose de que se trata de mantener una distancia equidistante del local de votación, cuya regulación estará a cargo del presidente del colegio electoral, auxiliado por el policía militar electoral encargado de la seguridad del referido colegio.

Vista la ley de partidos políticos 33-18 y el artículo 22 de la constitución de la república dominicana, numeral 1, establece que elegir y ser elegible son los primeros derechos de ciudadanía. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Según artículo 208 de la constitución.

 La ley electoral, artículo 233 prohíbe la injerencia u ostentación de las Fuerzas Armadas. Queda prohibida la aglomeración de tropas y toda ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección. El artículo 211 prohíbe la fijación de propaganda en edificios del gobierno. No podrá fijarse ni distribuirse propaganda de carácter electoral, al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes públicos o los edificios escolares. El párrafo VI establece que los delegados ante una junta electoral serán uno por cada nivel de elección. Todo partido, agrupación o movimiento político reconocido, podrá acreditar un delegado, con el sustituto correspondiente, ante la Junta Central Electoral, ante cada junta y colegio electoral, por cada nivel de elección.

Reflexión: Si todos los partidos políticos decidieran enviar sus militantes el Dia de las elecciones que se celebrará el 19 de mayo del 2024 y colocarlos alrededor de los locales electorales, estaríamos en un escenario de un desorden mayúsculo, que podría degenerar en un baño de sangre de consecuencias impredecibles y que podría poner en juego el sistema democrático que tanto dolor y sufrimiento ha costado para construirlo. La Junta Central Electoral JCE debe resolver este dilema y el presidente de la República Dominicana debe garantizar.

En conclusión, la aglomeración de militantes políticos, especialmente cuando es dominada por un solo partido, puede tener consecuencias adversas para la participación ciudadana y la validez de las elecciones. Es crucial reconocer los peligros potenciales de esta práctica y tomar medidas preventivas para garantizar un proceso electoral justo, transparente y representativo. Solo a través de un enfoque equilibrado y la promoción de la diversidad política en los recintos electorales, se puede preservar la integridad del sistema democrático y asegurar la plena participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

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