PORJUAN MOLINA

Para nadie es un secreto la situación política que ha venido atravesando Estados Unidos en los últimos años, que ha tenido como rasgos característicos los siguientes fenómenos relevantes:

A) El asalto al capitolio el 6 de enero del 2021, B) El sobreendeudamiento de más del 124.10% de su capital, teniendo este un PIB de USD$ 25.31 billones de dólares y una deuda de USD$ 31.40 billones de dólares aproximadamente. C) Los diversos juicios políticos e intentos de asesinatos contra el expresidente Donald Trump.

Sin duda alguna, estos eventos detallados precedentemente han afectado la estabilidad social y política de dicho país.

Hasta hace poco en un informe sobre el índice de democracia en el mundo, publicado por la revista Británica The Economist, Estados Unidos arrojó un 7.85% en cuanto a su índice como una democracia defectuosa. Como es evidente, esos fenómenos sociales han dado ciertas connotaciones a la actual contienda electoral, la cual culminará con las elecciones de este 5 de noviembre del 2024.

Vale decir que, aparte de estas problemáticas, los temas centrales de debate entre los candidatos presidenciales de los principales partidos, Donald Trump, del partido Republicano, y Kamala Harris, del partido Demócrata, respectivamente, son la inmigración, la guerra de Ucrania, el alto costo de la vida, la crisis de Venezuela, el conflicto entre Israel-Palestina, y la crisis fronteriza entre Haití-República Dominicana.

Sobre estos tópicos, solo haré hincapié en el último: «crisis fronteriza entre Haití-República Dominicana».

Como es evidente, la comunidad internacional y sobre todo el actual gobierno de turno de los Estados Unidos, ha hecho un cliché de expresiones como «Los dominicanos son racistas o no contribuyen humanitariamente con los haitianos». Expresiones estas carentes de sustento crítico, puesto que el Estado Dominicano en las últimas décadas ha desembolsado miles de millones de pesos en gastos humanitarios en favor de los haitianos, hasta el punto de construir una Universidad en territorio Haitiano.

De ahí que, la actual gestión gubernamental de Estados Unidos ha tomado como medida, diversos métodos de coacción contra la República Dominicana, como podemos citar: 1) No designar un embajador de Estados Unidos en República Dominicana, 2) Declarar una alerta migratoria a todos los afroamericanos que vienen desde Estados Unidos a República Dominicana, 3) El cierre del comercio binacional en el Central Romana entre Estados Unidos y República Dominicana por unas supuestas explotaciones laborales a los trabajadores de color negro, 4) La no renovación del DR-CAFTA en cuanto a la importación de arroz de Estados Unidos a República Dominicana con aplicación de arancel, el cual expira en 2025.

Evidentemente, todas estas medidas tienen una peculiaridad en común, que es: afectar la economía dominicana. Por lo que, es de suma importancia que la diáspora dominicana residente en Estados Unidos, la cual es de 2,393,718 personas, tome conciencia sobre cuál es el candidato a la presidencia por los Estados Unidos que representa los mejores intereses para su patria natal.

juandejesusmolinat@gmail.com

jpm-am

Después del anuncio del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, de que la reforma fiscal quedaba sin efecto de aprobación, ha surgido un intento por parte de algunos sectores de atribuirle a la figura presidencial el rol de héroe en esta decisión.

Sin embargo, es esencial recordar que los verdaderos protagonistas de esta historia fueron, sin lugar a dudas, los ciudadanos dominicanos. Fue la voluntad popular, la voz del pueblo, la que impuso la razón sobre las intenciones políticas.

José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hizo un llamado contundente a la militancia de su partido y a los aliados, pidiendo apoyo para la reforma fiscal. Este llamado no pasó desapercibido, ya que, viniendo de alguien con su influencia, se entendía que tal propuesta no podía ser fruto de una iniciativa personal.

Es difícil creer que una medida tan impopular como esta surgiera sin el respaldo o la directriz de figuras de mayor rango en el gobierno. ¿Cómo explicar que un político experimentado se lanzara a promover algo tan rechazado si no hubiera sido bajo mandato superior?

Pero el pueblo, en un acto de resistencia civil, se opuso de manera decidida. Las comunidades, cansadas de promesas rotas y de políticas fiscales que no los beneficiaban, se organizaron, protestaron y, con una voz firme y unida, dijeron que no. «La reforma no va», fue el mensaje claro que retumbó en cada rincón del país.

El gobierno, entonces, no tuvo otra opción que dar marcha atrás. Y en ese proceso, quedó claro que no fue la sensatez ni la benevolencia del presidente lo que impulsó la cancelación de la reforma, sino la presión de una mayoría absoluta y soberana: el pueblo dominicano.

El intento de algunos sectores de pintar al presidente Abinader como un salvador que escuchó al pueblo de manera espontánea resulta, a todas luces, una narrativa engañosa. No se trató de un acto de bondad o sabiduría política; fue una respuesta forzada ante la movilización social. El verdadero salvador de esta historia es el mismo pueblo, que se organizó, que supo alzar su voz cuando se le quiso imponer una carga injusta.

De haber seguido adelante con la discusión de la reforma fiscal en el debate público, el clima de tensión que ya se vivía en las calles habría escalado aún más. La calma que hoy se respira en el país no es gracias a la decisión de retirar la reforma, sino al poder de las redes sociales y de los medios de comunicación que amplificaron el sentir de la ciudadanía. Fueron esos canales los que permitieron que el grito de «no a la reforma» llegara a cada rincón del poder.

Las plataformas digitales, en especial, jugaron un papel crucial. Fueron el escenario donde los ciudadanos expresaron su descontento, se informaron y se organizaron para ejercer presión sobre el gobierno. Los mensajes, las protestas virtuales y los llamados a la acción crearon una ola de resistencia que el gobierno no pudo ignorar. Este fenómeno demuestra, una vez más, el poder que tiene el pueblo cuando se une y decide alzar la voz.

No debemos permitir que se distorsione la narrativa. El presidente Abinader no actuó por una repentina iluminación política; actuó porque no tenía otra opción. Fue el pueblo el que, con determinación, evitó que se aprobara una reforma fiscal que habría significado una carga adicional para las familias dominicanas, ya afectadas por la inflación y las dificultades económicas.

Esta es una victoria de la democracia participativa, una muestra del poder de la ciudadanía cuando se organiza y actúa en defensa de sus derechos. No fue la sensatez de los líderes políticos la que prevaleció, sino la voluntad popular. Y es esa voluntad la que debe seguir siendo protagonista en las decisiones importantes que afectan al país. El pueblo habló, y el gobierno tuvo que escuchar.

jpm-am

POR ALEJANDRO SANTOS

Indiscutiblemente, la manera en que fue concebido el proyecto de reforma fiscal representaba una pieza que afectaba de manera amplia y severa a la economía de la clase media y a sectores productivos nacionales.

Era de esperarse una reacción de rechazo. En esta ocasión, el rol protagónico lo asumió el empoderamiento espontáneo, principalmente de la población capitalina de los residenciales de clase media.

Los cacerolazos se expandieron al unísono, acompañados de una firme decisión de cobrarle al gobierno de Abinader con la retirada de su apoyo, en caso de que se aprobara cualquier medida que afectara a esa clase. Así, diversos factores se fueron sumando hasta que tanto el Congreso como el gobierno entendieron que esa propuesta de reforma fiscal no es viable en estos momentos para nuestro país.

Sin duda alguna, debemos reconocer la decisión responsable y la capacidad del presidente Abinader de sintonizar con el sentir de la población al retirar y dejar sin efecto el proyecto de ley de “Modernización Fiscal”.

Mientras tanto, el gobierno se enfrenta al gran dilema de cómo hacer frente a los compromisos de pago de la deuda externa y al déficit del presupuesto nacional.

La mayoría de las organizaciones sociales y creadores de opinión son partidarios de que el gobierno ajuste los gastos corrientes, que han experimentado un notable aumento en los últimos tiempos.

Asimismo, economistas independientes sostienen que una nueva reforma fiscal debe centrarse en gravar el consumo suntuario, las bancas de juego y los grandes capitales, quienes deben aportar más para que nuestro país logre implementar un modelo fiscal progresista.

Seguramente, el debate sobre la reforma fiscal continuará, y es de esperar que se mantengan contradicciones sobre cuál es la mejor vía para definir las fuentes de recaudación.

Es evidente que a ningún sector le agrada la idea de que se le apliquen impuestos que reduzcan su nivel de consumo, ahorro e inversión.

Dada la complejidad de la composición socioeconómica actual de la República Dominicana, lo más sensato es no afectar más a la clase media y a los sectores más vulnerables. Cualquier propuesta futura debe enfocar su fuente de recaudación en la clase alta y en actividades y bienes suntuarios.

La reforma fiscal seguirá en un rumbo incierto, dentro de un laberinto del que aún no se vislumbra una salida factible para la República Dominicana.

jpm-am