Todo gobierno, de cualquier país del mundo, sobre todo, los que están en vías de desarrollo, debe velar para que los recursos públicos que provienen de las recaudaciones de los impuestos en sentido general que pagan los contribuyentes, sean administrados con eficiencia, transparencia y pulcritud y evitar que estos sean distraídos, para poder atender las demandas de obras y servicios de la ciudadanía, más cuando se tiene una gran deuda social acumulada de tantos años, como es el caso de la República Dominicana.

Cuando se le roba vulgarmente esos recursos públicos al Estado, cuando se retienen y no se pagan al fisco, se comete un acto doloso y un crimen de «lesa Patria», pues se le quita el derecho y la oportunidad a millones de personas  de poder contar con los servicios de agua potable, energía eléctrica, educación, salud, seguridad social y ciudadana, viviendas, fuentes de empleos, recreación, carreteras, caminos vecinales, etc. Muchos mueren de hambre y por la falta de un medicamento esencial.

De ahí la importancia y la necesidad de que se castigue la corrupción público-privada y se persiga la evasión fiscal, pues así no habrá necesidad de someter otra reforma, la cual resulta traumática para la ciudadanía y tiene un alto costo político para el propio gobierno. En países con regímenes de fuerza, muchos funcionarios y empresarios que incurren en este grave delito, se le aplica la pena capital  públicamente para dar un ejemplo a los demás.

Austeridad

Si en medio de este desastre, el gobierno no crea un plan de austeridad y disminuye sus  gastos corrientes, evita el derroche de los recursos públicos en publicidad, aumento de la nómina pública, francachelas y continua acudiendo al endeudamiento externo para el pago de capital e intereses de la propia deuda, se ve obligado a someter una reforma para tratar de hacerle frente al gran déficit fiscal que lo envuelve.

Este es el caso por el que está atravesando nuestro país en estos precisos momentos, en que el presidente se ha visto en la obligación  de someter al Congreso Nacional una reforma fiscal no integral, totalmente improcedente, incoherente, injusta, desproporcionada y desigual, la cual resulta lesiva y traumática para los sectores de clase media y de bajos ingresos, por lo que tuvo que retirarla casi de inmediato, por no contar con el consenso y el apoyo de los sectores económicos, políticos y sociales del país.

La misma estaba creando un clima de inestabilidad económica, política y social que iba a afectar la gobernanza democrática, tal como sucedió durante las pobladas sociales ocurridas en el gobierno del Predidente Salvador Jorje Blanco en el año 1984, por estas mismas razones.

Por eso fue que gran parte de la ciudadanía dominicana se indignó al observar tantos escándalos de corrupción públicos y privados sin que se aplicara un régimen de consecuencia ni se exigiera la.devolución de los recursos  distraídos, así como la gran evasión de los impuestos; en cambio, mientras a esos sectores poderosos se les protege, a la clase media y de bajos ingresos se les quiere castigar con más impuestos, en un momento en que el costo de vida y la canasta básica están por las nubes, obligandolos a pagar los platos que otros rompieron.

Los partidos de la oposición y sus líderes políticos deben asimilar esta experiencia y  entender que estamos viviendo otros tiempos, que ya la impunidad y la permisividad con la corrupción pública y privada ya no tienen espacio en nuestros países; pues ya no hay que lanzar una piedra o hacer un disparo de arma de fuego para poner de rodillas a un gobierno y a su mandatario, no importa la mayoría calificada que se tenga en el Congreso Nacional.

El retiro del proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional fue una decisión muy atinada del Presidente Luis Abinader, pues le evitó al país un clima de inestabilidad económica, política, social y de gobernanza democrática. Fijémonos en el espejo de nuestro vecino país de Haití, que cayó en la ingobernabilidad. Hasta la próxima si Dios quiere, dominicanos.

jpm-am

Si existe un área que puede contribuir a crear empleos para jóvenes de las zonas rurales, esa es la agroindustria. La perspectiva del sector se vislumbra luminosa y ojalá el gobierno se decida a crear políticas que favorezcan el impulso de este renglón de la economía.

Las condiciones están dadas para que podamos aprovechar las nuevas directrices al respecto que acaban de trazar organismos como el Grupo Banco Mundial (BM). Estas entidades han manifestado su interés en dar un giro para aumentar de manera considerable los recursos que destinará a financiar la producción agroindustrial.

La nueva pauta fue trazada en las Reuniones Anuales de 2024  del Grupo Banco Mundial y FMI que se celebraron en la ciudad de Washington. Allí el Grupo Banco Mundial informó que dará “un giro estratégico en su enfoque respecto de la agroindustria con el objetivo de crear un ecosistema integral para el sector”.

“En este cambio se combinará una nueva forma de trabajar con un nuevo nivel de inversión; la entidad duplicará los compromisos que destina a las agrofinanzas y la agroindustria hasta llevarlos a los USD 9000 millones anuales para 2030”, ha precisado el organismo financiero.

No hay dudas de que, con este anuncio, la entidad perfila un hálito de esperanza para los productores y agroempresarios de los países en desarrollo, como es el caso de la República Dominicana. El volumen de financiamiento para las agrofinanzas y la agroindustria anunciado por el Banco Mundial, lo menos que debe causar es regocijo, en tanto los técnicos del sector deben abocarse a configurar programas y a realizar las indagaciones de lugar para que algo de estos financiamientos lleguen a los productores nacionales.

“El nuevo enfoque surge en un momento en que el panorama de la agroindustria está reconfigurándose significativamente por la acción de cuatro tendencias: el cambio climático, las innovaciones en las finanzas, la digitalización y las soluciones a la fragmentación”, apunta el Grupo. Y agrega: “También tiene como meta aprovechar la demanda de alimentos, que según las previsiones aumentará un 60 % en las próximas décadas, y responder a la necesidad crítica de crear empleos en los mercados emergentes”.

“Nos encontramos en una encrucijada, y el camino que elijamos hoy determinará el futuro”, dijo el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga en el acto de apertura de las Reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial de 2024, que comenzó este 23 de octubre en Washington, Estados Unidos.

“El enfoque ecosistémico del Banco Mundial –subrayó Banga-nos permite ir más allá de los esfuerzos fragmentados para avanzar con una constelación de soluciones que incluye desde el almacenamiento hasta la logística y la producción, pero teniendo como eje central a los pequeños agricultores y las organizaciones de productores”.

El ministro de Agricultura de República Dominicana, Limber Cruz, quien participó en este evento, tuvo el valor de plantear ante la plenaria, compuesta de delegados de diferentes países, la necesidad de que se destinen a la producción de alimentos agropecuarios la enorme cantidad de recursos que se predestinan a fomentar las guerras en distintas partes del mundo. Dijo Cruz que su propuesta impactó y que muchos de los presentes se pusieron de pie cuando hizo su planteamiento.

Agroindustria y empleos rurales

En el cónclave se destacó que “durante la próxima década, 1200 millones de jóvenes en los países emergentes y en desarrollo alcanzarán la edad de trabajar”. El Banco Mundial advierte, al respecto, que “solo se crearán 400 millones de puestos de trabajo”.

¿Qué hacer?

Ante el acuciante panorama presentado en las Reuniones, el Grupo Banco Mundial “estableció un Consejo Asesor de Alto Nivel sobre Empleo para abordar este problema”. “En este evento, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y los copresidentes del Consejo sobre Empleo —la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam— se refieren a la importancia de analizar ideas audaces e innovadoras para crear empleos que proporcionen a los jóvenes dignidad y un sentido de propósito”.

En una oportunidad me referí al serio problema de desempleo juvenil que abate a las zonas rurales del país. El mal se agrava y las autoridades no lo han podido enfrentar como tal,  creando políticas dirigidas a superar la problemática.

¿A qué da lugar que ocurra esta falta de enfoque?  Da lugar a que cada vez más, con más frecuencia, “los jóvenes del campo” están emigrando a los barrios periféricos, cargados de pobreza, de las ciudades (Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, etc.) donde muchos de éstos terminan en la corrupciòn y siendo víctimas de vicios que les llevan a la muerte.

Empleos para jóvenes rurales

Para hacer frente a esa triste realidad, se hace pertinente implementar políticas para crear empleos para los jóvenes rurales, esto mediante el fomento de empresas agroindustriales en los campos, especialmente en la región Sur. Ocurre que algunos productores agrícolas y constructores, así como algunas autoridades se inclinan por lo más fácil, importar y utilizar en sus empresas y predios agrícolas a extranjeros ilegales, particularmente haitianos.

En tanto, el Grupo del Banco Mundial sostiene que el  giro que ha dado a su política de financiamiento a la agroindustria y otros sectores, entre otras medidas, busca acrecentar la productividad y el ingreso agrícola –ya que según afirma- eso “ayudará a crear empleo, aumentar las ganancias y mejorar la calidad de los alimentos y la nutrición”.

Al respecto, Ishmael Sunga, director ejecutivo de la Confederación Sudafricana de Sindicatos Agrícolas, planteó en la reunión de Washington que: “Para atraer a los jóvenes a la actividad agrícola, no podemos promover la agricultura, sino promover oportunidades de emprendimientos. Cuando se entienden las oportunidades empresariales, se entusiasma a los jóvenes. Y ellos ya están motivados”.

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POR RAYDINA LORA

La realidad en muchos centros educativos de la República Dominicana es sombría. La violencia y el irrespeto se han convertido en problemas alarmantes que afectan tanto a estudiantes como a docentes, generando un ambiente poco propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral. Con este artículo busco reflexionar sobre las causas de esta situación y la necesidad urgente de encontrar soluciones efectivas.

Uno de los factores que contribuyen a la violencia escolar es el entorno social en que viven muchos estudiantes. La pobreza, la falta de oportunidades y el ambiente familiar disfuncional pueden llevar a los niños, niñas y adolescentes a manifestar su frustración a través de comportamientos agresivos. Además, los problemas sociales más amplios, como la delincuencia y la violencia en las comunidades, suelen trasladarse a las escuelas, convirtiéndolas en escenarios de confrontación.

Por otro lado, el irrespeto hacia la autoridad docente, lejos de ser un fenómeno aislado, se ha institucionalizado en algunos contextos. La falta de formación adecuada para el manejo de conflictos y la escasa valoración del rol del educador han generado un clima de desconfianza y confrontación. Los maestros, en muchos casos, se sienten desprotegidos y desmotivados frente a situaciones de acoso o desobediencia por parte de sus alumnos y familias que hacen vida en los centros educativos de país.

Asimismo, las políticas educativas que no abordan estos problemas de manera integral contribuyen a la perpetuación de la violencia y el irrespeto. Es fundamental que las autoridades educativas implementen programas de prevención que fomenten la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Esto incluye la capacitación de los docentes en habilidades socioemocionales y en estrategias de mediación de conflictos, así como la promoción de iniciativas que involucren a padres de familia y a la comunidad en general.

La creación de espacios seguros y de diálogo en las escuelas es vital. Implementar programas de orientación y apoyo psicológico puede ayudar a los estudiantes a canalizar sus emociones y conflictos de una manera constructiva. La música, el arte y el deporte también pueden ser herramientas efectivas para reducir la violencia y promover el respeto, al ofrecer a los niños, niñas y adolescentes alternativas para la expresión de sus emociones.

Si bien es desalentador confrontar esta realidad, el cambio es posible. Las escuelas deben ser refugios de aprendizaje y respeto, no espacios de miedo y agresión. Es necesario que todos los actores involucrados gobierno, escuelas, padres y la comunidad se comprometan a trabajar de la mano para revertir esta situación. La educación es un derecho fundamental y, por ende, debe estar libre de la violencia y el irrespeto.

Trabajemos juntos para que la violencia y el irrespeto en los centros educativos de la República Dominicana acaben, debemos de velar por el bienestar de los docentes y los alumnos de nuestros centros educativos. El Ministerio de Educación (MINERD) debe trabajar para la atención inmediata en los centros educativos públicos del país ya es hora de tomar acción y construir un futuro en el que las escuelas se conviertan en verdaderos lugares de paz, aprendizaje y respeto. Solo así podremos asegurar un desarrollo integral para las futuras generaciones.

jpm-am

Por ANGEL GOMERA

En nuestro país, hemos sido testigos que uno de los roles esenciales y prácticamente determinante ante ciertos acontecimientos nacionales que ha venido ejerciendo la Iglesia, ha sido su misión de la mediación y la concertación ante los conflictos políticos y sociales.

Cabe citar algunos ejemplos su rol en el año 1985, cuando promovió el Diálogo Tripartito (entre el gobierno, empleadores y trabajadores) que hizo posible el nuevo Código de Trabajo, promulgado en 1992 y que puso fin a una situación de conflictos complicados y permanentes entre trabajadores y empleadores. Estos diálogos coadyuvaron a una paralización y disminución de huelgas laborales en el país.

Asimismo, haber participado y promovido iniciativas como el Pacto de Solidaridad Económica de 1990, el Acuerdo de la Comisión de Educación que puso fin a una huelga de maestros y representó importantes conquistas para el Magisterio Nacional en 1991.

También la Agenda Nacional concertada entre la sociedad civil y los partidos políticos en 1993, en donde se acordó en ese momento histórico, mejorar, por mencionar algunos puntos: El escaso desarrollo de una cultura democrática, la disfuncionalidad de la justicia, el poder municipal diluido y erosionado, la poca capacidad de reacción de la sociedad ante los problemas, el afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana.

De igual manera, su aportación en el Acuerdo por una Campaña Electoral en un Clima de Paz, el Pacto de Civilidad y el Pacto por la Democracia en 1994, que posibilitó la superación de una crisis política que mantenía al país al borde de la ingobernabilidad y de caer en un vacío institucional.

Otros logros de la concertación social son las reformas al sistema electoral en 1992; los códigos arancelarios y tributarios en 1992; y el acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios para superar una crisis política alrededor de la Junta Central Electoral en marzo de 1999.

Asimismo, su voz y liderazgo ha sido oportuno para iluminar y explicitar algún acontecimiento significativo; a los fines de que se enfoquen esfuerzos, atención y puedan así canalizarse soluciones a situaciones como, por ejemplo: la indiferencia e insensibilidad ante el rostro amargo e inhumano de la pobreza, la desigualdad social y económica, la descomposición familiar, las enfermedades, la degradación del medio ambiente y los recursos naturales, la corrupción, la criminalidad, la inseguridad ciudadana, la prostitución, el narcotráfico, la explotación del ser humano, el desempleo, entre otras crudas realidades.

Visto lo anterior, entendemos que, ante el anuncio y la implementación de un paquete de reformas a la fiscalidad, electricidad, la seguridad social, el Código Laboral y a la Policía en los momentos actuales; los cuales han venido generando preocupaciones e inquietudes de parte de los diversos sectores de la sociedad.

En cuanto a la propuesta de Ley de Modernización Fiscal se tuvo que retirar del Congreso Nacional por no contar con el debido consenso para ser aprobada, a pesar de que se entiende la necesidad de esta.

En este punto último, el país requiere procurar los consensos necesarios, y así realizar los ajustes estructurales requeridos que impacten favorablemente la economía, a fin de que los compromisos financieros sean sostenibles de manera fiscal y macroeconómica en el tiempo. Se arguye que posponer dicha reforma podría provocar un grave costo para la economía dominicana, e impactar de manera desfavorable el bienestar social.

En ese orden, urge que la Iglesia promueva y active una vez más, su papel y liderazgo en la resolución alternativa de conflictos, asumiendo como método la mediación a través de la herramienta del diálogo para que se logre concertación social y política que se requiere para estos temas tan cruciales.

Finalmente, entender que para construir la paz desde la justicia y la concertación social, es necesario mayor involucramiento, responsabilidad y compromiso de quienes procuran dicho propósito. Ya que nadie puede pregonar con sentido un discurso aprendido sobre la justicia, el diálogo, la caridad y una cultura de paz; si los que hablan o dicen facilitar los procesos no muestran que ellos mismos son constructores internos de los procesos de solución.

¿Qué figura debería ejercer el rol de mediador para lograr la concertación política y social que se requiere para aprobar el paquete de reformas?