POR CARLOS SALCEDO

A pesar de su aparente distancia, la literatura y el derecho colindan y se entrecruzan. Son muchas las obras literarias que han denunciado injusticias y patologías en sistemas judiciales. Lejos de ser simples ficciones, han retratado tribunales arbitrarios y procesos deshumanizados, cuestionando estructuras de poder como el Estado, el sistema político e incluso divino.

La literatura, en este sentido, ha actuado como una herramienta crítica que invita a repensar la justicia, promoviendo un enfoque más humano en los sistemas normativos.

Esa relación entre literatura y derecho no ha sido fortuita, ni casual. Autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz y Miguel Ángel Asturias, todos formados en derecho, han contribuido significativamente a este vínculo, utilizando sus obras para explorar conflictos éticos y jurídicos.

Este encuentro interdisciplinario es un viaje literario que conecta a Sófocles, Cervantes, Dickens, Kafka y otros autores, quienes han abordado cuestiones intemporales como la venganza, la resistencia y los derechos humanos (Falcón y Tella). Dichas obras no solo enriquecen el análisis jurídico, sino que también humanizan el derecho al explorar las emociones, conflictos y dilemas que enfrentan las personas frente a la ley.

La interacción entre literatura y derecho no está en dudas, lo que ofrece una visión más rica y crítica de la justicia. Este puente entre narrativa y análisis jurídico nos permite reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas normativos, al tiempo que pone en el centro las experiencias humanas, recordándonos que el derecho no puede desvincularse de las historias que lo conforman.

Censura de la literatura como texto de ficción y como herramienta para el cambio

Autores de la trascendencia de Platón, Ortega y Gasset y Goethe han censurado, en gran forma, la literatura, calificándola como inútil para la ciudad del logos, para la búsqueda de la verdad y dejado ver su carácter fragmentario, sólo pertinente como texto de ficción, respectivamente.

Sin embargo, Nietzsche adoptó una postura más combativa, viendo la literatura como una herramienta para dinamitar estructuras cristalizadas. Y es que, a su juicio, la escritura no solo interviene en la vida, sino que es un medio para expresar realidades originarias que trascienden el pensamiento conceptual, además,  que activa y conmueve la vida, desafiando lo petrificado.

La literatura, en todas sus formas, no solo refleja los sentimientos, emociones y reflexiones humanas, sino que también se erige como un vehículo de denuncia frente a injusticias, ilegalidades y arbitrariedades que atentan contra la dignidad humana. En este sentido, es un instrumento capaz de superar barreras mediante la lucha combinada del pensamiento, la acción política y la expresión literaria. Su trabajo radica en una indagación profunda sobre lo humano, revelándose como un recurso valioso para los operadores jurídicos.

El cruce entre derecho y literatura cobra relevancia precisamente por la capacidad de la literatura para cuestionar los límites y supuestos del derecho. Como fenómeno, la literatura invita a reflexionar sobre la concepción de verdad que maneja el derecho, confrontando sus fundamentos epistemológicos y ontológicos.

Este cuestionamiento no solo enriquece el análisis jurídico, sino que también amplía su comprensión, promoviendo una visión más crítica e integral de la justicia. Así, literatura y derecho dialogan constantemente, recordándonos que ambos campos, aunque distintos en su forma, comparten un interés común: comprender y transformar la experiencia humana frente a las estructuras de poder.

La literatura como juridicidad subversiva

En La lucha por el derecho, Ihering sostiene que todo derecho vigente en el mundo ha sido adquirido mediante lucha. Las grandes conquistas históricas, como la abolición de la esclavitud, la libertad de conciencia o la igualdad ante la ley, no surgieron de manera espontánea ni como resultado de la evolución natural de las sociedades. Por el contrario, fueron el fruto de prolongados enfrentamientos contra estructuras que se oponían al cambio.

Jacques Derrida, por su parte, describe la literatura como una “juridicidad subversiva” y destaca su conexión intrínseca con la democracia. Para este filósofo francés, la literatura es inseparable de la democracia porque ambas garantizan un espacio donde es posible “decirlo todo”. Este vínculo entre democracia y literatura refuerza la idea de que la libertad de expresión y la creatividad literaria son esenciales para consolidar sistemas democráticos y cuestionar las estructuras de poder que limitan los derechos fundamentales.

De ahí que la literatura no solo es una expresión artística, sino también un vehículo para denunciar injusticias y exponer las patologías de sistemas judiciales, políticos y sociales. Obras como Las miserias del proceso penal de Carnelutti ponen de manifiesto las deficiencias de los procesos penales, donde con demasiada frecuencia los imputados son despojados de su humanidad y tratados como objetos, problema este que refleja la incivilidad inherente a muchos sistemas judiciales, que, en lugar de proteger la dignidad humana, perpetúan prácticas alienantes, burocráticas e injustas.

Además, la literatura ha narrado con aguda precisión las atrocidades de gobiernos despóticos y la necesidad de establecer frenos efectivos al poder. De hecho muchos autores, como Mario Vargas Llosa, con Conversación en la catedral y la Fiesta del chivo, han dejado ver cómo las tiranías erosionan los derechos fundamentales y han abogado por el fortalecimiento de la Constitución y las normas como herramientas para limitar la autoridad y proteger las libertades públicas.

De ahí que, novelas como las mencionadas de Vargas Llosa, no solo describen los abusos del poder, sino que también sirven como un llamado de atención y guía para los lectores, inspirando reflexiones sobre la importancia de un sistema normativo que garantice el equilibrio entre poder y justicia.

Con una riqueza discursiva que combina la elegancia del lenguaje con la contundencia de sus denuncias, la literatura ha iluminado las luchas por los derechos humanos, enfrentándose a sistemas que han normalizado las violaciones al debido proceso, la igualdad de armas y otros principios esenciales en un Estado democrático.

Este cruce interdisciplinario entre derecho y literatura subraya el papel transformador de las narrativas literarias, capaces no solo de reflejar las realidades de un sistema muchas veces fallido, sino también de plantear alternativas que promuevan un mayor respeto por la dignidad humana y los valores democráticos. La literatura es, pues, no solo un registro de nuestras luchas, sino también un motor para el cambio y la consolidación de los derechos.

JPM

“Así como es imposible no probar la miel o el veneno que está en la punta de la lengua, así también es imposible manejar los fondos del gobierno sin probar, al menos, un poquito de la riqueza del Rey”. Artashastra Kautilya, Ministro jefe del Rey de la India, 300 años a.C.

Ese dicho lapidario, como una sentencia que define lo irrevocablemente juzgado, constituye una expresión que refleja no solo la dificultad para erradicarla, sino las complejidades de  este mal que, siendo tan viejo, aún en estos días, afecta las principales administraciones y economías del mundo. La corrupción. Tan antigua como el hombre mismo, y a pesar de su longevidad sigue carcomiendo los cimientos de las sociedades y debilitando sus administraciones, la gobernabilidad y la democracia.

La corrupción administrativa o burocrática se refiere a la imposición intencional de distorsiones en la implementación establecida de leyes, normas y reglamentaciones para lograr ventajas destinadas a individuos dentro y fuera del gobierno mediante mecanismos ilícitos y turbios que desvían los fondos públicos a intereses particulares, personales y cuyo uso es contrario a los planes del gobierno diseñados para que la ejecución presupuestaria vaya a beneficiar a los integrantes de la sociedad.

Modalidades

Este mal tiene variadas modalidades de presentarse y ejecutarse. El soborno es un ejemplo típico. Corromper los funcionarios que tienen responsabilidades de administrar recursos públicos, suele ser tarea fácil para quienes ejercen el soborno, pero este mal no es propio de este único medio, sino que son muchas las formas en que se presenta y manifiesta. Las principales formas en que se manifiesta son: el soborno, el padrinazgo, el nepotismo y la captura del Estado.

El soborno consiste en el pago que hace un tercero a un funcionario para obtener ventajas tales como la obtención de permisos, la agilización de procesos fuera del alcance legal, la obtención de algún beneficio que, de no pagar, no hubiera podido conseguir. El padrinazgo y su primo el nepotismo consisten en el favoritismo demostrado por intereses estrechamente dirigidos por quienes están en el poder a cambio de recibir apoyo político.

El otorgamiento de favores personales, la concesión de contratos a única fuente, o nombramientos en cargos públicos de personas sin preparación ni méritos.

Una forma más perniciosa de corrupción la constituye la captura del Estado que se refiere a las acciones de individuos, grupos o empresas en los sectores públicos y privados, para influir en la promulgación de leyes, reglamentaciones, decretos y otras políticas del gobierno para su propia ventaja. Implica grandes pagos, grandes contratos y grandes transacciones.

Ante grandes actos con apariencia de legalidad donde se envuelven sumas exageradamente grandes, los montos que se lleva la corrupción son igualmente grandes y proporcionales a los actos que la originan.

La corrupción se ha convertido en el obstáculo más desafiante para el desarrollo económico. Sus actos tienen consecuencias nefastas para la el crecimiento económico, desincentivan la inversión extranjera y tienden a obstaculizar la disminución y erradicación de la pobreza. Sus variadas y disímiles manifestaciones son claros ejemplos de las complejidades que ella envuelve, de lo creativo que suelen ser quienes la practican, quienes la piensan y sobre todo sus ejecutores. Su identificación genera las dificultades propias que se encuentran en el camino de enfrentarla.

Su combate, requiere de igual grado de creación, suficiencia, firmeza y templanza, sin cuyas condiciones las acciones emprendidas no serían posibilidad de alcanzar el éxito, en tanto el espinoso camino que es preciso seguir para encontrar las vías idóneas de combatir ese mal ancestral de la historia de la humanidad, es de difícil transitar.

En República Dominicana, cada cierto tiempo aparecen preocupaciones sociales por las dimensiones que alcanza la corrupción, mismas que pasan al plano del olvido por años consecutivos en que la sociedad ni la recuerda.

El tema debe ser permanente, pero no es así. Se pone de moda cuando se aproxima, cada cuatro años, el proceso de escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, cuando se apertura la inscripción de las candidaturas para los interesados en postular a formar parte del pleno de ese órgano de control externo de los fondos públicos, del patrimonio del Estado y de los procedimientos administrativos para su fiscalización. Desaparecen una vez seleccionados los miembros, por la desidia social que deja el uso de fondos públicos a la discrecionalidad de los funcionarios.

En la misma forma espontánea que aparecen, se ausentan las momentáneas reclamaciones sociales sobre el manejo que funcionarios dan a los recursos públicos, muchas veces desviados del beneficio colectivo a intereses particulares, obscuros y espurios que se dan con familiares y allegados de estos, y que se conoce como “padrinazgo”, una forma de corrupción muy común que pasa desapercibida para la mayoría de quienes forman la sociedad, incluso para quienes reclaman por otros mecanismos de desvío de fondos públicos a cumplir necesidades particulares.

Arrastramos ese mal de la corrupción por décadas, se podría decir, por siglos. Desde la creación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, surgieron algunas formas de corrupción, la primera, corrupción legislativa, ocurrida en la proclamación de la primera Constitución el  6 de noviembre de ese año, donde fue preciso, por el cerco al que fue sometido el constituyente, incluir el artículo 110, mediante el cual se le dio poderes extraordinarios al Presidente. Otras siguieron en los gobiernos posteriores como el de Báez, cuando se toman los primeros empréstitos públicos.

Desde el Estado, no solo en la administración centralizada y descentralizada, sino desde los mismos órganos de control, tanto interno como externos, se ha desempeñado tradicionalmente un paupérrimo papel en cuanto al control y uso pulcro y transparente de los recursos públicos, llegando incluso a que las propias autoridades de control externo maquillen las auditorías realizadas a diversos entes, transformen los hallazgos del mal uso del erario por simulaciones y distorsiones, en las que se hacía creer contrario a lo real, un uso correcto en el manejo de fondos.

Una nueva modalidad de corrupción administrativa se inserta con ese actuar de los funcionarios del órgano de control que, desviando sus atribuciones para hacerse cómplices de los entramados formados para el saqueo del erario, se convierten en los inventores de una nueva corrupción legalizada por quienes tienen la facultad de descubrirla, auscultarla y desvelarla a través de sus informes técnicos en los que, si encuentran indicios de culpabilidad penal, deben remitir sin dilación a la Procuraduría General de la República, para fines de investigación. Esta gestación en cierne, es quizás la peor de todas las caras de la corrupción.

 juanbdr.1971@gmail.com

jpm-am

De manera sorprendente existe resistencia en los médicos dominicanos a jubilarse, sobre todo porque, a pesar de que en los últimos años se les ha estado jubilando con el total de su último salario, de acuerdo a la Ley 414/98, cuando miran hacia el futuro sienten un gran temor, porque el ingreso percibido por una jubilación médica en el país es estático, sin que importe el incremento del precio de la canasta familiar y los medicamentos.

Nadie puede negar que en nuestro país la esperanza de vida se ha incrementado a ritmo sostenido y cada día es más creciente la proporción de médicos jubilados que superan los 75 años. El problema es que, como el médico jubilado va perdiendo disponibilidad económica, en la medida en que se va ampliando la brecha entre lo que recibe como ingreso jubilatorio y los montos percibidos por los que se mantienen en la vida activa, la calidad de vida en la etapa jubilatoria se va deteriorando.

Es cierto que en algunas áreas de la vida los gastos disminuyen en la etapa de la jubilación, porque los jubilados no necesitan tanta ropa y a mayor edad se ingieren menos alimentos y los gastos sociales son menores, pero por otro lado, los gastos médicos se incrementan de manera significativa, con el agravante de que cuando un jubilado acude al hospital donde trabajó por hasta 30 años se encuentra con que es un desconocido al que tratan igual que a cualquier enfermo y si osa visitar un médico privado le cobran igual que a los demás pacientes.

De este modo, el aspecto económico es lo más trascendente en los dos conjuntos de médicos: los activos y los jubilados, porque si bien son justas las luchas gremiales en pos de conseguir mejoría salarial para los médicos activos, no se toman en cuenta los médicos jubilados, cuyos ingresos jubilatorios permanecen estáticos, dejándolos sumergidos en una difícil situación económica que se va agravando con el paso de los años.

Los aumentos salariales para la clase médica tienen, pues, una doble cara. Una llena de contenidos positivos y gratificantes para los médicos activos y otra llena de contenidos negativos y frustrantes para los médicos jubilados, porque la etapa que sigue a los incrementos salariales se caracteriza por el aumento del costo de la vida.

Desde mi punto de vista, la lucha gremial de la clase médica se debe centrar en disminuir hasta eliminar la brecha de ingresos entre los médicos jubilados y los activos. En la actualidad hay médicos que se jubilaron como directores de hospitales, por ejemplo, cuyo ingreso jubilatorio es de RD$50,000.00, mientras existen otros médicos que, con la misma categoría, se jubilaron años después y perciben hasta RD$200,000.00 como monto jubilatorio.

Esta situación obliga a que no pueda considerarse justa la lucha por incrementos salariales globales a la clase médica. Es indispensable que el incremento a los jubilados sea sustancialmente mayor que a los activos, a fin de ir cerrando la brecha de ingresos entre ambos tipos de médicos. Solo después que los jubilados perciban lo mismo que los activos podría justificarse un incremento salarial global.

Lo justo

En la actualidad se ha anunciado un incremento salarial de un 20% para los médicos activos y nada para los jubilados. Lo justo sería un 20% para los jubilados y un 10% para los activos, o incrementos mayores, pero manteniendo esta proporcionalidad. Y más correcto aún sería una proporción de aumento mayor para los jubilados cuyo monto jubilatorio es menor de $75,000.00, que para aquellos que perciben ingresos más cercanos a los activos, si lo que se procura es realmente ser justos.

El tiempo de vida que tenga un médico después de la jubilación debe poder ser disfrutado y debe ser gratificante, pero para ello es indispensable que los jubilados no sigan siendo considerados sólo en segundo orden.

Y hay que revivir aquellas consideraciones del Juramento Hipocrático y el Código de Ética Médica que obligan a respetar a los médicos después de su retiro y a no cobrarles honorarios médicos a ellos ni a sus cónyuges e hijos menores.

jpm-am

De absurda podría considerarse la petición de las entidades que representan a los comerciantes de colmados y otros negocios en el sentido de que se les permita mantenerse abiertos hasta las 4:00 de la madrugada expendiendo bebidas alcohólicas a sus clientes quienes las consumen en estos lugares al compás de música a alto volumen y conversaciones en alta voz alterando la tranquilidad de los vecinos residentes en las viviendas de su entorno.

La proliferación de los denominados colmadones alcanza desde los más humildes sectores populares hasta los de clases media y alta convirtiéndose en un grave problema para las personas que por razones de edad, salud o compromisos de trabajo, deben descansar adecuadamente en la noche.

Esperamos que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se mantenga firme en su posición de que los colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques acuáticos, así como las tiendas de licores trabajen hasta las 12:00 de la medianoche.

Por mera cortesía, la funcionaria se reunió con los representantes de los comerciantes que abogan por la extensión de sus horarios de operaciones y aunque prometió presentar la solicitud a la Fuerza de Tarea Conjunta el próximo lunes 23, confiamos en que la misma será desestimada para bien y tranquilidad de la sociedad.

jpm-am