En una sociedad democrática, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial al informar, analizar y fiscalizar la gestión gubernamental, sin embargo, para que su labor tenga credibilidad y legitimidad, es esencial que los periodistas y comunicadores actúen apegados a la verdad y que sus análisis sean coherentes.

Esto así, visto a que en las últimas décadas la falta de coherencia por parte de periodistas y comunicadores que se consideran profesionales versados del análisis y los comentarios, viene provocando una percepción que sin duda alguna afecta a la tan cuestionada “prensa imparcial y objetiva” que debería ejercer una labor profesional dirigida a salvaguardar los intereses de la nación y los más vulnerables.

Algunos comunicadores y periodistas en vez de cumplir con la ética y el mandamiento objetivo que se requiere en los medios, se han dedicado a debilitar su capacidad de influir positivamente en el desarrollo del país.

El periodismo debe regirse por principios éticos fundamentales, como la veracidad, la imparcialidad y la responsabilidad. En nuestro país, el debate público y la opinión mediática tienen un impacto significativo en la percepción ciudadana, por tal razón, los comunicadores tienen el compromiso de asumir su rol con seriedad, evitar los conflictos de intereses y mantener una postura transparente en su ejercicio profesional.

La coherencia

Un caso evidente de incoherencia se da cuando un comunicador o periodista que forma parte del gobierno y recibe un salario público, se dedica a atacar constantemente a la misma administración de la que es parte. “La deslealtad se subordina directamente contra aquel que te come el pan de frente; y por debajo carcome para no dejar rastros”.

Esta situación no solo es contradictoria, sino que también genera dudas sobre su verdadera intención. ¿Por qué?, por la sencilla razón de que si un comunicador o periodista tiene serias diferencias contra el gobierno del cual recibe un salario, lo más conveniente sería que renuncie a su cargo en vez de conjugar su estatus para emitir opiniones adversas. De no hacerlo, su postura deslumbra y proyecta una imagen de oportunismo y falta de integridad.

Cuando el periodista es coherente se considera responsable al emitir un juicio de valor que podría trascender en los medios de comunicación, esto no significa que la crítica y la denuncia no sean válidas y necesarias en una democracia participativa, pero  entiendo que las mismas deben estar fundamentadas en datos concretos, verificables y probatorios.

Atacar sin pruebas o sin conocer todos los elementos de un caso en particular no solo daña la credibilidad del comunicador, sino que también contribuye a la desinformación y la manipulación de la opinión pública. El uso de fuentes confiables, la verificación de datos y la presentación de evidencias son elementos esenciales en la construcción de un periodismo responsable.

En la nueva era de la comunicación, donde la información circula como un rayo solar y generalmente sin filtros, los periodistas y comunicadores están obligados a diferenciar sus comentarios y análisis de la especulación y el sensacionalismo que reside en las redes sociales, sin antes investigarse a profundidad. Una información veraz con pruebas y documentos es irrefutable en cualquier escenario, incluyendo el organismo de la justicia.

La distracción del soborno y la obtención de recursos para callar la verdad se manifestaron en los anteriores gobiernos. Periodistas y comunicadores, debido a su compromiso, nunca enfocaron ni criticaron con objetividad y seriedad esos problemas que fueron el resultado de administraciones pasadas, las cuales no hicieron las inversiones requeridas en obras de infraestructuras públicas y de desarrollo en las provincias de la República Dominicana.

En la actual administración sucede lo mismo, pero con más impacto, debido a que un grupo de periodistas y comunicadores de larga data y quienes se endiosan con posturas supuestamente independientes, afianzan su trabajo profesional para promover intereses del gobierno a cambio de grandes sumas dineros en violación a las leyes y a la constitución del país. Pero peor, manipulan la información para promover la inmigración mediante el pago de dinero en dólares; y con ello, vender su moral a cambio de traicionar su propia nacionalidad y los intereses de la Patria.

Además de las deficiencias de energía eléctrica y los altos precios en la facturación, es una odisea recurrir en busca de atenciones médicas a los hospitales del país, mientras las provincias y municipios sienten el padecimiento de pasarse los días sin servicios de agua porque las tuberías de los acueductos lo que destilan de sus interioridades es polvo y contaminación. ¿En qué gobierno creemos? ¿A cuál de los políticos mentirosos, demagogos y corruptos le tomamos la palabra? “No hay forma de sustentar la verdad promoviendo la mentira”.

Acueducto

Para muestra citamos un sólo ejemplo: El municipio de Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, cuenta con el recurso hídrico más grande del país. Desde el corazón de la Cordillera Central (Comunidad de Blanco), nacen la mayor parte de los ríos, sin embargo, tiene un acueducto que data de más de cincuenta años (50) de existencia, por lo que, cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que es imposible resolver un problema de 50 años en cuatro años, pero al parecer a los periodistas y comunicadores no les interesa la solución de esta sentida demanda de la población.

La crítica informada y fundamentada es esencial para el debate público, pero debe hacerse con pruebas y sin caer en ataques infundados que solo contribuyen a la desinformación. El periodismo debe ser un pilar de transparencia y verdad, no un espacio de mentiras, distorsiones, oportunismo, contradicciones y subjetividades, más aún, cuando aquellos que critican son parte del gobierno y viven del mismo, a estos se les ruega que acompañen sus críticas con una carta de renuncia.

Un consejo, amigos periodistas y comunicadores: “Si van a retorcer la verdad sería mejor que se callen la boca”.

El presidente Luis Abinader volvió a rendir cuentas ante el país el pasado 27 de febrero y de nuevo dejó fuera de su agenda política y gubernamental inmediata el tratamiento al trascendental tema de la modificación a la Ley de la Seguridad Social 87-01.

Todo indica, que al igual que los mandatarios que le han antecedido, el actual jefe de Estado, también se une al equipo que tiene terror a marcharle al tema, que no quiere tirarse cananas y, sobre todo; enfrentar al sistema financiero.

Es sabido de todos, que esa ley hay que modificarla, adecuarla, que no se debe ni se puede permitir llegar hacer entrega del primer paquete de pensiones con esos montos que se concibieron y muchos menos seguir con las iniquidades registradas en el Seguro Familiar de Salud, así como también Riesgos Laborables en pleno Siglo XXI.

Al parecer nadie escucha, ni Congreso Nacional, ni Poder Ejecutivo, empresariado, sindicatos, ni ¡nadie!; es una sordera colectiva ante un grito que más temprano que tarde podría transformarse en descontrol y violencia en las calles para imponer las respuestas.

Y que no me vengan con que estoy agitando o llamando a la desobediencia civil, jamás haría eso como un demócrata convencido que soy, lo que intento es advertir que no se debe continuar con esa indiferencia.

Entretención y complicidad

Todo ha sido entretención y complicidad; diputados, senadores, gobierno y empresarios, nos han sacado la lengua, se han burlado de todos, al punto que al momento que estamos escribiendo este análisis no se habla de eso y mucho menos se sabe cuál es el estatus de ese proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social 87-01 que data del 2001.

¿Que están esperando, que este pueblo se levante, que la sociedad se irrite y tome las calles en búsqueda de sus verdugos que ya los tienen debidamente identificado?.

Ojalá y que no. Porque cuando se pierde la “esperanza y el miedo”, como dijo Friedrich Nietzsche, filósofo y poeta, el camino más corto es la confrontación y la sangre y nadie en este país, que yo sepa, quiere que esto suceda. Dios nos libre.

jpm-am