En la República Dominicana no existe, en la práctica, diferencia en lo que es la seguridad interna de la defensa nacional. Debemos destacar que todo puede ser analizado y existe el derecho de rectificar medidas contrarias a la doctrina y acuerdos internacionales.

La seguridad interior, desde Estados Unidos hasta Argentina es de carácter policial, para asuntos de policías y de competencia del Ministerio o Secretaría de seguridad interior. Cuando la seguridad privada pasa a manos de las Fuerzas Armadas, el rol que debió ser exclusivo del Ministerio de Interior y Policía pasa a otra institución.

El señor presidente ha manifestado que apoyará la institucionalidad, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada está militarizada, o sea, una institución dirigida por el Ministerio de Defensa, cuando es o debe depender del Ministerio de Interior, o al menos, hacer un híbrido para mayor control.

La seguridad privada es la que realizan  las empresas y personas físicas de servicios de seguridad, con ello más ligada a la seguridad interior y no de defensa. Los agentes de seguridad nada tienen que ver con las Fuerzas Armadas: porque su naturaleza es de carácter civil.

Resulta institucionalmente anacrónico que las Fuerzas Armadas controlen las empresas de seguridad y la formación de los agentes de seguridad privada. El entrenamiento militar es para la guerra y el de los agentes para tratar con ciudadanos. El sentido mercantilista debe estar alejado de la institución garante de la soberanía.

El Ministerio de Interior y Policía debe  gestionar que la seguridad privada pase a formar parte de la Reforma, no por ganancias económicas empresarial y policial, sino para el   desarrollo de la política de Seguridad Ciudadana.

En este sentido, la multifuncionalidad militar y su «efecto pulpo» de absorber todo  lo que aparezca o de atrapar funciones que cada día vuelvan más disfuncionales sus propias  instituciones, que en vez de seguir preparándose para la guerra contra un rival fronterizo, bandas, narcotráfico, y amenazas de otras naciones, se preparen en roles y funciones de caracter civil.

Las leyes que rigen ambas instituciones han fracasado, mientras el presidente incluso sin decreto, ve como primera opción el empleo del poder militar, cuando las sociedades civilizadas ve que la intervención del ejército debe realmente ser un recurso de última instancia.

Para los políticos resulta difícil aprender del fracaso. Por un lado, el Senado de la República Dominicana establece la Ley de Seguridad y Defensa Nacional que en su artículo 21 y 22 excluye a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior, salvo solicite al Presidente de la República como lo establece el artículo 23, no obstante, el artículo 24 establece que el Ministerio de Interior es el encargado del orden interno y de la seguridad interna.

Lo central es incluir en la legislación que las Fuerzas Armadas no tengan el control de la  seguridad privada del país, o al menos, sea para algún apoyo en caso de un conflicto armado. La propia Constitución  delimita la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos no militares.

Debemos avanzar: Hay que salvar el país …

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POR HIDIAN MEDINA CASANOVA

De manera recurrente, nos hemos erróneamente acostumbrado a nombrar como desaparecidas a las personas que se desplazan del lugar donde por lo regular pernoctan y duran más de un día sin que se tenga de estas algunas noticias.

Esa situación tiene un tratamiento diferente en el Código Civil Dominicano, el cual expresa en su artículo 115 que cuando no se sabe el paradero de una persona ni se tiene noticia de si está viva o muerta, se le denomina ausente y se procede a tomar medidas en cuanto a su estatus legal y, fundamentalmente, en la operativización de sus bienes, presentándose la misma en tres etapas que se denominan: presunción de la ausencia, ausencia declarada y posesión definitiva de bienes de la persona de cuya ausencia se trate.

El mencionado código hace una descripción del tratamiento que se le da a la ausencia y a los efectos que de ellas se derivan, en los artículos que van desde el 112 al 139.

La desaparición tiene una apreciación diferente, pues una persona se considera desaparecida cuando se tiene la certeza de que está muerta debido a las circunstancias peligrosas a la que se vio expuesta, aunque no se haya encontrado su cadáver. Pues, si las mismas no se producen, es necesario esperar 30 años para hacer la conversión de ausente a desaparecido.

En la República Dominicana se recogen algunos eventos que, por su grado de peligrosidad, permiten declarar desaparecidas a las personas que estuvieron envueltas en el mismo; por ejemplo, la Ley 5832, sobre declaración de personas judicialmente fallecidas durante la tiranía de Trujillo, establece que: “Las personas que durante esa tiranía se hubiesen desaparecido y de los cuales se tenga presunciones serias de que han muerto, podrán ser declaradas judicialmente fallecidas, a solicitud de todos los interesados, por vía de comunicación dirigida al juzgado de primera instancia del Distrito judicial en que haya tenido su último domicilio aquel cuya muerte se presume”. 

En ese mismo tenor se pronuncia la Ley No. 87, sobre las personas desaparecidas en la Contienda Bélica del 24 de abril de 1965.

Tomando como base las dos normativas mencionadas, debemos recordar que, a raíz de la explosión ocurrida en la provincia de San Cristóbal, en fecha 14 de agosto del año 2023, que afectó a un número importante de personas, de las cuales, de algunos de ellos no se tiene noticia.

Sin embargo, por las circunstancias en la que se desarrolló el acontecimiento, se presume su desaparición, por esa razón se aprobó en el Congreso Nacional la ley que declaró judicialmente fallecidas a las personas que se encontraban en el lugar de la explosión.

Con la declaración de desaparición por ley de esas personas, se facilita que los familiares puedan obtener en las oficialías correspondientes, actas de defunción y otros documentos para trámites legales.

En su artículo 3, esa ley ordena que: “Las personas que estuvieron afectadas por la explosión, de la que no se tiene ninguna noticia, pero sí la casi certeza de su muerte, tienen que ser declaradas desaparecidas judicialmente en el Juzgado de primera instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal”.

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