La República Dominicana necesita revisar con seriedad la tendencia de convertir en provincia cada territorio que alcanza determinado crecimiento poblacional, económico o político. El desarrollo de una comunidad no depende necesariamente de que sea elevada a una nueva categoría territorial. En un país relativamente pequeño, con 31 provincias más el Distrito Nacional, continuar fragmentando el territorio puede terminar produciendo más estructuras administrativas que soluciones para la población.
La comparación internacional obliga a reflexionar. En América Latina existen países con territorios y poblaciones considerablemente mayores que los nuestros y que funcionan con menos divisiones territoriales equivalentes al primer nivel administrativo. Argentina, con cerca de 46 millones de habitantes y un territorio de aproximadamente 2.8 millones de kilómetros cuadrados, tiene 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ecuador, con una extensión superior a la dominicana, posee 24 provincias. República Dominicana, con apenas unos 48,000 kilómetros cuadrados, cuenta con 31 provincias y el Distrito Nacional. Naturalmente, cada país tiene una historia y un modelo territorial diferentes, pero la comparación demuestra que tener más provincias no significa necesariamente tener mejor administración ni mayor desarrollo.
Crear una provincia tampoco consiste simplemente en cambiar un nombre en el mapa. Una nueva demarcación demanda gobernador provincial, oficinas y representaciones de instituciones públicas, nuevas estructuras administrativas y electorales, personal, locales, vehículos, seguridad, mantenimiento y presupuestos recurrentes.
Es decir, cada nueva provincia puede convertirse en una expansión permanente de la burocracia estatal. Y ese dinero necesariamente compite con los recursos que el Estado necesita para carreteras, hospitales, escuelas, agua potable, alcantarillado, seguridad ciudadana, energía y otras necesidades básicas.
Contradicción

Ahí aparece una contradicción que debemos enfrentar. Mientras determinados sectores reclaman nuevas provincias como supuesto mecanismo para impulsar el desarrollo, muchas de las provincias existentes acumulan durante años demandas de obras públicas que no reciben respuestas oportunas.
Si el Estado dominicano ya encuentra dificultades presupuestarias para atender todas las necesidades de las demarcaciones actuales, ¿qué sentido tiene seguir creando nuevas estructuras administrativas que generarán todavía más compromisos y reclamaciones?
El desarrollo territorial debe medirse por la calidad de los servicios que recibe la gente, no por la cantidad de gobernaciones que aparecen en el presupuesto nacional. Una comunidad no necesita necesariamente convertirse en provincia para recibir un hospital, un acueducto, carreteras, escuelas, instalaciones deportivas, seguridad o inversiones productivas.
Si para conseguir esas obras primero tenemos que crear una provincia, entonces el problema no está en nuestra división territorial, sino en la forma en que distribuimos la inversión pública.
También debemos evitar que la creación de provincias termine respondiendo principalmente a intereses políticos. Cada nueva estructura territorial genera posiciones, representaciones, candidaturas y espacios burocráticos. Por eso, cualquier propuesta de este tipo debería estar acompañada de un estudio técnico independiente que determine su impacto fiscal, administrativo, demográfico y económico. No basta argumentar que una comunidad ha crecido o que merece mayor reconocimiento institucional.
La República Dominicana necesita avanzar hacia un Estado más eficiente, no necesariamente hacia un Estado territorialmente más fragmentado. Antes de discutir nuevas provincias, deberíamos preguntarnos cómo fortalecer las existentes, descentralizar servicios, mejorar los municipios y dirigir una mayor proporción del presupuesto hacia inversión pública efectiva. La prioridad debe ser llevar las obras a las comunidades, no multiplicar las oficinas del Gobierno.
Ha llegado el momento de establecer una pausa responsable en la creación de nuevas provincias. El territorio dominicano no puede dividirse indefinidamente bajo la idea de que cada nueva demarcación traerá automáticamente desarrollo.
Primero debemos demostrar que somos capaces de satisfacer las necesidades fundamentales de las provincias que ya tenemos. No más provincias en República Dominicana; más inversión, mejores servicios y menos burocracia.
jpm-am


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