Los ministros de Interior de la Unión Europea han alcanzado este jueves un acuerdo político para prorrogar hasta marzo de 2026 la protección temporal que la Unión Europea ya garantiza hasta marzo de 2025 a los refugiados ucranianos que llegan a suelo comunitario huyendo de la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania.

Los ministros reunidos en Luxemburgo han dado así luz verde a la propuesta presentada a comienzos de semana por la Comisión Europea, aunque la prórroga no será formalmente adoptada hasta finales de este mes de junio, una vez se culmine la revisión jurista lingüística que necesita la revisión de la norma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su «satisfacción2 en la reunión por la prórroga, al tiempo que ha recordado que España es el cuarto país de la Unión Europea que más peticiones de protección temporal ha concedido en esta crisis, con más de 200.000 refugiados ucranianos asentados en el país, según un comunicado del Ministerio.

El mecanismo de protección temporal, que fue creado tras la guerra de los Balcanes pero no se había activado hasta la guerra en Ucrania, garantiza que los desplazados bajo este paraguas puedan moverse libremente dentro de la Unión Europea en busca de acogida, con derechos como el permiso de trabajo y de estancia garantizados.

La protección fue activada por primera vez en marzo de 2022 y en principio sólo podía ser prorrogada anualmente hasta un máximo de tres años, con lo que se está agotando el plazo máximo bajo el marco actual.

Sin embargo, el reglamento contempla la posibilidad de que «si las razones de la protección persisten», la Comisión Europea pueda proponer nuevas prórrogas de un año para que los Veintisiete decidan por mayoría cualificada si la aceptan.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario presentó el martes una propuesta para ampliar hasta marzo de 2026 la protección especial que la UE concede actualmente a cerca de 4,2 millones de personas llegadas desde Ucrania, un tercio de ellas menores de edad.

A la luz de los «ataques continuados» que Rusia dirige contra infraestructuras civiles y críticas en Ucrania, sigue sin haber condiciones «seguras y estables» para que quienes huyeron de la guerra puedan regresar al país atacado, por lo que Bruselas defiende que la prórroga es una «respuesta necesaria y adecuada a la situación actual».

NACIONES UNIDAS.- Una comisión de la ONU acusó a Israel y a siete «grupos armados palestinos», incluyendo a Hamás, de haber cometido «crímenes de guerra» y «crímenes contra la humanidad» desde el 7 de octubre

A través de un comunicado, la presidenta de la Comisión Independiente Internacional de Investigación para los Territorios Palestinos, la sudafricana Navi Pillay, sentenció que “es imperativo que todos aquellos que cometieron crímenes rindan cuentas”.

En su primer informe sobre el conflicto iniciado con los ataques de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, la Comisión -creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras la guerra de 11 días entre Israel y Hamás en mayo de 2021- estimó que las autoridades israelíes “son responsables” de “crímenes contra la humanidad”, particularmente de “exterminio”, en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre.

ACTOS DE TORTURA Y TRATO INHUMANO

“Se cometieron crímenes contra la humanidad de exterminio, asesinato, persecución de género contra hombres y niños palestinos, traslado forzoso, actos de tortura y tratos inhumanos y crueles”, se lee en el informe, publicado este miércoles 12 de junio.

A diferencia del genocidio, los crímenes contra la humanidad no necesariamente tienen que estar dirigidos a un grupo de población en particular, sino que pueden dirigirse contra cualquier población civil, según la ONU.

Sin embargo, deben cometerse como parte de ataques a gran escala, a diferencia de los crímenes de guerra, que pueden ser actos aislados.

ISRAEL APLICO LA «DIRECTIVA ANIBAL» 

Durante los ataques terroristas de Hamás, el 7 de octubre, en al menos dos casos, el Ejército israelí aplicó la “directiva Aníbal”, que defiende el uso de toda la fuerza posible para evitar que soldados del país caigan en manos del enemigo, incluso a costa de la vida de éstos, aseguró la comisión de investigación de la ONU. Esto “que causó la muerte de 14 civiles israelíes”, precisó.

En uno de esos casos, un tanque israelí disparó contra 13 personas retenidas en una casa en el kibutz de Beeri, uno de los atacados por Hamás y otros grupos armados.

En el otro, una mujer murió por los disparos de un helicóptero del Ejército de Israel, cuando estaba siendo secuestrada.

La comisión comprobó también la presencia de ocho helicópteros en el Festival Nova, uno de los principales objetivos de los atentados de octubre, aunque, en este caso, el informe subrayó que no pudo confirmar si desde ellos se disparó a los civiles.

En el informe, la comisión presidida por la sudafricana Navi Pillay también asegura que la respuesta de las fuerzas israelíes a los atentados “fue significativamente postergada en sus momentos iniciales, y en muchos casos fue totalmente inadecuada”.

“Algunos pequeños grupos de fuerzas de seguridad israelíes llegaron con lentitud, insuficientes en número, y mostraron descoordinación”, concluyó el documento.

El documento denunció también que las autoridades israelíes dieron prioridad a la identificación de víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias para ser enterrados antes que a las pruebas forenses, lo que impidió recolectar evidencias de los abusos cometidos en los ataques, especialmente en materia de crímenes sexuales.

ATAQUES CONTRA CIVILES 

Respecto a los ataques de Hamás y otros grupos palestinos contra Israel, el 7 de octubre, la comisión acusó a los grupos armados palestinos de haber cometido diversos crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles, asesinatos y actos de tortura.

También identificó “esquemas de violencia sexual”, dirigidos en particular a mujeres israelíes, y concluyó que no se trataba de incidentes aislados.

Sobre la ofensiva israelí en Gaza, la comisión afirmó que las autoridades israelíes son “responsables de crímenes de guerra”, y citó, entre otras cosas, el uso del hambre como arma de guerra, los ataques dirigidos intencionalmente contra civiles, la violencia sexual, la tortura y los traslados forzosos.

En Cisjordania, la comisión constató que las tropas israelíes “cometieron actos de violencia sexual, tortura, tratos inhumanos o crueles y atentados contra la dignidad personal, que constituyen todos crímenes de guerra”.

Afirmó también que el gobierno y las tropas israelíes “permitieron, alentaron e incitaron una campaña de violencia por parte de los colonos”.

El informe también señaló declaraciones de funcionarios israelíes -“incluidas aquellas que reflejan la política de infligir una destrucción generalizada y matar a un gran número de civiles“-, que pueden constituir crímenes internacionales graves, como la incitación al genocidio, a la discriminación y a la violencia.

ESTRICTO RESPETO A DERECHO INTERNACIONAL

“La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas las agresiones y las represalias por parte de ambas partes, es garantizar el estricto respeto del derecho internacional“, añadió Pillay, quien fue otrora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza de la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta comisión, que tiene el mandato de estudiar todas las causas profundas del conflicto israelí-palestino, acusa también a las autoridades israelíes de “obstaculizar” sus investigaciones y de negarle el acceso a Israel y a los territorios palestinos ocupados.

Así que su informe se basa en entrevistas con víctimas, realizadas a distancia y durante una misión a Turquía y Egipto, y en documentos que incluyen informes forenses e imágenes de satélite.

Pillay pidió a Israel que “cese inmediatamente sus operaciones militares y sus ataques en Gaza, incluyendo su asalto en Rafah”.

Asimismo, llamó a Hamás y a los grupos armados palestinos a “detener inmediatamente sus disparos de cohetes y a liberar a todos los rehenes“. “La toma de rehenes constituye un crimen de guerra”, añadió.

ISRAEL RECHAZA INFORME

Israel calificó de “abominable e inmoral” este informe. “La comisión ha probado una vez más que sus acciones están al servicio de una narrativa contra Israel, y que nunca hará justicia a las víctimas del terrorismo palestino”, aseguró en un comunicado la embajadora israelí ante la ONU en Ginebra, Meirav Eilon Shahar, minutos después de que se publicara el documento.

Aunque el informe también acusa al grupo armado palestino Hamás de crímenes de guerra y contra la humanidad, el comunicado acusó al documento de “sesgado” con el fin de atacar a Israel. “Justifica el horrible ataque del 7 de octubre, contextualizándolo a través del punto de vista palestino, y sin mencionar décadas de terrorismo o los continuos lanzamientos de cohetes contra el territorio israelí”, afirmó el comunicado israelí.

Según Israel, el informe “intenta de forma intolerable y repugnante establecer una falsa equivalente entre soldados de las fuerzas de seguridad israelíes y terroristas de Hamás en lo que respecta a actos de violencia sexual”. También olvida, afirma, el “deliberado uso de escudos humanos por Hamás”, y acusa a Israel de “supuestamente no defender a su población el 7 de octubre”.

Según el comunicado, mientras Hamás es una organización terrorista sin ley, el Ejército israelí es un país democrático comprometido con el Estado de derecho y con un Ejército que “opera en línea con las normas internacionales”.

SALDO MORTAL DE LA GUERRA

La guerra estalló el 7 de octubre cuando milicianos islamistas mataron a 1,194 personas y secuestraron a 251 en el sur de Israel, según datos oficiales. El Ejército israelí estima que 116 rehenes siguen cautivos en Gaza, aunque 41 de ellos estarían muertos.

La operación lanzada en respuesta por Israel en Gaza ha dejado hasta ahora más de 37,000 muertos, según el Ministerio de Salud del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, considerada una organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros países.

ROMA.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó a Italia para asistir a la cumbre del G7, que se celebrará en la sureña región de Apulia y estará dominada por las conversaciones sobre el apoyo a Ucrania y los esfuerzos para alcanzar una tregua en Gaza.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Bríndisi, Biden embarcó en su helicóptero Marine One para el corto trayecto hasta el lujoso complejo turístico de Borgo Egnazia, donde dirigentes mundiales se reunirán el jueves en un contexto de agitación mundial.

En la cita se espera que las siete democracias más ricas del mundo sellen un acuerdo de ayuda para Ucrania en forma de préstamos por 50,000 millones de dólares financiados con los activos rusos bloqueados por Occidente.

Además, Biden y su colega ucraniano, Volodimir Zelenski, tienen previsto firmar durante la cumbre un pacto de seguridad para «dejar claro» que el apoyo de Washington a Kiev «durará mucho tiempo en el futuro», según el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.