Hay tres temas de la agenda nacional que están sobre el candelero público, los cuales afectan la imagen del Gobierno. Ellos son la sentencia del Tribunal Constitucional 125-25, el reciente discurso del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, donde admite el descuido de esa organización política al penetrar individuos vinculados al narcotráfico y, finalmente, el permiso concedido por Luis Abinaderal secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para el uso de los Aeropuertos Internacional Las Américas (José Francisco Peña Gómez) y de San Isidro para supuestamente combatir el narcotráfico en la región.

La sentencia TC-125-25 ha sido un tema controversial, motivo de discusión en la población dominicana, porque esa alta corte anuló los Artículos 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional) y el 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de Fuerzas Armadas), que prohíben las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo pertenecientes a esas instituciones.

La sentencia del TC aparece en un documento de 140 páginas (antipedagógico) y hace hincapié en el Art. 44 de la Constitución de la República, el cual reza de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a la intimidad.”

Es el único argumento del TC, porque para nada podía apelar al Art. 39 de la ley de leyes en torno al derecho a la igualdad de los dominicanos, donde establece que no se puede discriminar por razones políticas, raciales, religiosas, sociales y de género. El problema está que cuando se habla de género, solo se entiende hombre y mujer. No hay un tercero. El vocablo homosexual no aparece en la carta magna. Y el Art. 55 es muy claro y preciso al decir:  La familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer al contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla.

Las sentencias del Tribunal Constitucional en teoría son irrevocables, pero algunas no se han cumplido, sobre todo cuando interfieren con otros poderes del Estado. De forma particular, la 125-25, choca con el Art. 128 de la Constitución, que dice que el presidente de la República “…es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado.”

Conflicto legal

Es evidente que esa sentencia involucra un conflicto legal. Y es lo que lleva al director de la Policía Nacional y al ministro de las Fuerzas Armadas a expresar, en presencia del jefe de Estado, que seguirían aplicando las leyes internas de los organismos armados. Aparte de lo legal, esa sentencia, es un desafío a un aspecto de la cultura dominicana, donde solo se reconoce como normal la relación sexual entre hombre y mujer, única que garantiza reproducción humana.

La relación entre personas del mismo sexo la población, mayoritariamente, la percibe como aberrante y es un factor que favorece a la posible arbitrariedad de la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, son muchas las entidades de la sociedad civil y abogados expertos en asuntos constitucionales que se han pronunciado cuestionando la actitud gubernamental, de aprobar un desacato contra el organismo que tiene la supremacía de las leyes y sus miembros son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que encabeza el precisamente elpresidente de la República.

Se cree que la actitud del Gobierno está motivada en el populismo, en colocarse al lado de la conducta de la mayoría de los dominicanos respecto al rechazo a la sentencia y a favor de los órganos armados, por lo menos sobre ese tema. Y el presidente asume esa posición sin importarle tirarse completamente en contra a la comunidad gay que, diferente a otros países, no está organizada políticamente.

Y Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD prefieren guardar silencio y no fijar posiciónresponsable sobre un caso que piensan no les suma nada y sí podría restarle. De todos modos, hasta el momento, si alguien está a la defensiva en torno a ese asunto es el PRM y el Gobierno.

Los partidos opositores, de los tres capítulos que están sobre el tapete, solo se han pronunciado para responder a José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del PRM, que en un reciente discurso admitió que a esa organización penetraron individuos vinculados al narcotráfico, muchos de los cuales resultaron electos a puestos legislativos y municipales.

Es una cuestión sobre la que el PRM y el Gobierno guardó silencio por más de cinco años, pero ya no podía postergar la respuesta. Respuesta basada en pretextos infelices, porque los narcotraficantes son conocidos en sus demarcaciones geográficas y de todas maneras les dieron entrada.

    No solo les dieron entrada, sino que los postularon como diputados, alcaldes y regidores, pese a que los estatutos internos requieren años determinados de militancia para ser candidatos. Muchos de esos hombres y mujeres del bajo mundoresultaron electos tanto en los comicios del 2020 como en los del 2024, sacrificando en ambos procesos electorales a dirigentes políticos de trayectoria limpia.

Uno de los alegatos de Paliza es que provenían del PLD y la Fuerza del Pueblo, cuyas organizaciones lo han emplazado a que cite los nombres. No han hecho más nada, pese a que el ministro exhortó a los narcotraficantes, que están en la política partidaria, a que se entreguen todos, lo que lleva a colegir que, aparte de los capturados por la justicia dominicana y extranjera, quedan muchosmás, inclusive ocupando puestos legislativos y municipales.

Y no se trata de que los capturados al momento, cerca de la docena, se distribuyen entre los diferentes partidos. No. Todos pertenecen al PRM, por lo que es un caso inexplicable y justifica la andanada de ataques recibidos en medios electrónicos y redes sociales. Quizás al Gobierno y al PRM les hubiera ido mejor con no abordar el caso, porque al presidente de la entidad política nadie le ha creído. Y el Gobierno, después de cinco años, cae a la defensiva por primera vez.

Para colmo al Gobierno se le junta un tercer tema. Ahora se trata del permiso que otorga el presidente de la República al secretario de Guerra(lean eso: “guerra”) de Estados Unidos, Pete Hegseth, para que haga uso de los aeropuertos de San Isidro e Internacional José Francisco Peña Gómez, en un acto de cooperación conjunta contra un supuesto narcotráfico en la región, lo que transgrede el Art. 3 de la Constitución de la República sobre la “inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención.”

Abinader pretende justificar su osadía en un acuerdo establecido en 1995 entre República Dominicana y Estados Unidos para suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Conforme al literal d) del Art. 128, de la Constitución, el presidente está facultado a suscribir convenios internacionales, pero con la aprobación del Congreso Nacional. Naturalmente,el Poder Legislativo, de mayoría perremeísta,aprobaría ese despropósito. Y posiblemente los de oposición no voten o no acudan.

Sin embargo, todo el mundo sabe que no hay tal lucha contra el narcotráfico. La propia Organización de las Naciones Unidas ha sostenido que el Cártel de los Soles es inexistente. Es un simple pretexto. El problema es político entre Estados Unidos y Venezuela, donde países como Argentina, El Salvador y República Dominicana se han colocado a las órdenes de la potencia norteamericana.

El presidente Abinader ha sido tan solidario que inclusive entregó dos aviones del Estado venezolano, que se encontraban en nuestro país recibiendo mantenimiento, a las autoridades estadounidenses. Ahora procede a entregar los aeropuertos, acto que compromete a todos los dominicanos, porque estamos hablando de nuestra soberanía. Y si se produce una intervención militar contra Venezuela, un país hermano, con el mismo idioma, la misma música, los mismos deportes, religión, todo, con el que tenemos deuda histórica de gratitud, esa sería una afrenta y una mancha para toda la vida.

Hay quienes sostienen que esa solidaridad, que raya en el servilismo, no es por las exportaciones, porque los demás países del área venden también sus productos a esa potencia y muestran una actitud de mayor dignidad. El problema radica, aseguran, en el mismo tema que abordó Paliza en su discurso: el narcotráfico.

El narcotráfico es un tema sobre el cual la oposición muestra miedo. No se atreve, no puede, hacer oposición. Y sobre la concesión de los aeropuertos dominicanos a Estados Unidos que nadie espere que el PLD ni la Fuerza del Pueblo se pronuncien, no por el PRM sino por Estados Unidos. Además del Instituto Duartiano, las únicas que han repudiado ese acontecimiento, por el momento, son las organizaciones de izquierda. Para nada la familia Castillo, los Vincho, ni otros tantos que a diario abordan el tema haitiano y se autodenominan nacionalistas se han manifestado en esta oportunidad.

jpm-am

No sabía que el combate, aunque sea de palabra, al narcotráfico tiene ribetes políticos. Organizaciones partidarias gastan bríos señalando narcotraficantes ligados a otros partidos, pero chillan ante los intentos del Gobierno estadounidense por establecer controles a esa práctica criminal en el Caribe.

La disposición del Gobierno dominicano de permitir que Estados Unidos pueda utilizar “provisionalmente» áreas de dos aeropuertos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región, deja al descubierto quién es quién en este asunto. Asombra el inusitado nacionalismo que ha brotado contra la medida.

El primer grito lo emitió desde Venezuela Diosdado Cabello, cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Como “locura imperial” tildó la acción. Sobre este señor -cualquiera es un señor, dijo Gardel- pesan graves acusaciones de parte de los Estados Unidos, se le vincula, como a su jefe, de partícipe del llamado Cartel de los Soles.

El presidente Abinader ha consentido en prestar áreas del aeropuerto Internacional de las Américas y otro espacio en la Base Aérea de San Isidro, la cual opera un aeródromo militar. Aviones y personal técnico de Estados Unidos prepararán acciones logísticas contra el narcotráfico, a través de la operación «Lanza del Sur».

Grupos dominicanos que son más adeptos a Maduro “ y su viejo de gobierno de difuntos y …heces” que, a su propio país, protestan la medida porque no ha gustado a los beneficiarios del gobierno venezolano. De ningún modo, las operaciones a realizarse aquí implican la posibilidad de invadir a ese país hermano.

El presidente Abinader, en correspondencia con su sentido democrático, tuvo a bien participar a los tres expresidentes de la República el plan de colaboración con EUA para el combate al crimen organizado. Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina dieron su no objeción al acuerdo. No se justifica el tirar la piedra y esconder la mano.

Resulta fácil entender que sobre República Dominicana pende «una amenaza real que no reconoce fronteras», como aseguró el presidente Abinader. Por eso, la decisión responde a una necesidad estratégica: reforzar el anillo de protección aérea y marítima ante el incremento de las actividades del crimen organizado en la región.

La adhesión al dictador Maduro no debe prevalecer sobre el interés nacional. Si el Gobierno estadounidense se presta a reforzar la vigilancia contra el tráfico criminal de drogas, esa colaboración es válida. La falsa izquierda debe buscar otros argumentos para justificar a Maduro. Lo mismo va para sectores de Fuerza del Pueblo.

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Por Olga María Guzmán Ruíz 

La elección de un juez/a especializado en Familia y Niños, Niñas y Adolescentes para integrar la Suprema Corte de Justicia no es solo conveniente; es necesaria.

El sistema jurídico dominicano exige decisiones de alto nivel que respeten el interés superior del niño, apliquen acciones afirmativas y salvaguarden derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad, la integridad y el desarrollo pleno. Estos principios no pueden interpretarse adecuadamente sin la mirada técnica y humana que aporta un juez/a formado en materia familiar y de niñez.

Los procesos que involucran NNyA son profundamente distintos a los de adultos; requieren un enfoque protector, manejo especializado del lenguaje, comprensión de la psicología,experiencia en Cámara Gesell y Cámara de Consejo y del impacto emocional de cada actuación judicial.

Solo un juez/a con trayectoria en esta materia puede garantizar que esas decisiones superiores se tomen desde la sensibilidad, la técnica y la responsabilidad que demanda la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Suprema Corte necesita voces que entiendan de manera integral la realidad familiar, los conflictos parentales, la violencia contra la niñez, los riesgos de revictimización, la polivictimización, la aplicación de medidas socioeducativas y la importancia de proteger a los más vulnerables dentro del sistema judicial. Estas competencias no se improvisan; son fruto de años de práctica, formación y compromiso ético.

Por todo ello, seleccionar un juez/a especializado en Familia y NNyA fortalece la justicia, eleva la calidad de la interpretación constitucional y garantiza que las decisiones de mayor jerarquía reflejen el estándar más alto de protección y humanidad. Es una decisión jurídica, institucional y moralmente correcta. Y es, además, una deuda con la niñez dominicana.

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En la República Dominicana, cada mes, miles de hogares viven la misma experiencia amarga: abrir la factura eléctrica de las EDEs con la gran incertidumbre y aprensión de no saber qué sorpresa traerá esta vez.

No se trata ya de simples errores humanos, ni de fallas técnicas, lo que está ocurriendo es un verdadero atraco institucionalizado, una práctica abusiva que se ha normalizado bajo la indiferencia —o complicidad— de quienes tienen la responsabilidad de regular y poner orden.

Las empresas distribuidoras han convertido la factura eléctrica en un espacio donde cabe todo lo que a ellas les conviene: cargos inexplicables, aumentos arbitrarios y cobros que ningún ciudadano entiende ni puede reclamar.

Es un verdadero abuso de poder, legitimado por la incapacidad —o la falta de voluntad— de un gobierno que no muestra el más mínimo interés en poner orden en un sector que opera como si no tuviera ningún tipo de control ni regulación.

La gente está desesperada, indefensa, no tiene a dónde acudir, no tiene opciones alternativas, no tiene un sistema confiable que la proteja. Está atrapada en un monopolio que le exige pagar sin preguntar y aceptar sin protestar.

Es un ejercicio de poder sin control, donde al usuario se le obliga a pagar lo que se le impone, sin explicación y sin derecho a cuestionarlo. ¿El resultado? Una población indefensa atrapada en una abusiva imposición que no ofrece alternativas ni vías efectivas para reclamar justicia.

La falta de supervisión, la ausencia de transparencia y la incapacidad para reformar un sistema eléctrico que hace años dejó de responder a los intereses de la gente han convertido esta situación en una política que, aunque no declarada oficialmente, resulta más que evidente: cargar sobre el pueblo el peso de la ineficiencia del sector eléctrico.

No podemos seguir aceptando que el ciudadano se someta a un sistema que no le explica, no le protege y no le respeta. Este atropello continuo es un golpe directo a la economía familiar, pero también a la confianza en las instituciones.

Y frente a esta realidad, la sociedad dominicana no puede permanecer callada. Es hora de exigir responsabilidades, de reclamar transparencia, y de poner fin a estos atropellos que vulneran la dignidad de cada hogar.

Desde el ámbito que nos competa, tenemos el deber de denunciar este modelo que sangra silenciosamente al pueblo dominicano. Debemos exigir una reforma profunda, un régimen de regulación y supervisión real y un compromiso firme con la justicia y la transparencia.

jpm-am

Al conmemorarse el 204 aniversario de la Independencia de 1821 (1 de diciembre), el Gobierno de Luis Abinader monta el grotesco espectáculo de conceder permisos al Pentágono de Estados Unidos para utilizar parte del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez y de la base aérea de San Isidro.

Es una decisión claramente violatoria de la Constitución de la República y de una sentencia del Tribunal Constitución que había rechazado, precisamente, la pretensión del Pentágono de que sus oficiales entraran a República Dominicana sin pasaportes, como si esto fuera territorio estadounidense.

Abinader va más lejos de lo que ya prohibió el TC y prohíbe la Constitución: además de oficiales sin pasaportes, también autorizó el ingreso de aviones y equipo militar.

El Presidente se coloca de espaldas a la Carta Magna y frente a la posibilidad de un juicio político, aunque no lo haga este Congreso Nacional que resulta tan dócil a sus órdenes.

Nadie podía imaginar que el hijo de Rafael Abinader, contralor del Gobierno del coronel Caamaño en 1965, podría resultar tan dócil al poder imperial.

Hasta en colmados se comenta que esta podría ser una consecuencia de que algunos acusados de narcotráfico, vinculados al Partido Revolucionario Moderno, hayan hablado más de la cuenta sobre financiamiento de campaña y que los gringos tengan al actual presidente agarrado por el “pichirrí”, como diría Hipólito Mejía.

En cualquier caso, corresponde al pueblo dominicano protestar con energía contra esta afrenta a la soberanía nacional, hecha con el pretexto de enfrentar el narcotráfico, pero que todo el mundo sabe que la intención es apoderarse del petróleo venezolano.

jpm-am