PUERTO PRINCIPE.- Unas 262 personas han muerto y alrededor de 60 han resultado heridas en los ataques armados que se han registrado desde que comenzó el año en las comunas de Kenscoff y Carrefour, al sur de la capital haitiana, Puerto Príncipe, en el marco de la espiral de violencia que afecta al país caribeño, según estimaciones de la ONU.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés) ha precisado que desde el 27 de enero hasta el 27 de marzo los ataques de las pandillas en estas localidades han dejado 262 muertos, de los cuales 115 eran civiles y 147 pandilleros, y 66 heridos (59 civiles). Además, cuatro miembros de las fuerzas de seguridad han muerto y otros cuatro han resultado heridos.

«Los pandilleros han desplegado una brutalidad extrema con el objetivo de infundir miedo en la población. Ejecutaron a hombres, mujeres y niños dentro de sus casas y dispararon a otros en caminos y senderos mientras trataban de huir de la violencia, incluyendo a un bebé», reza un informe en el que ha señalado que los ataques, en los que se produjeron saqueos e incendios de viviendas, han obligado a más de 3.000 personas a huir de sus residencias.

La BINUH ha advertido de que la demora en la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad a los ataques de las bandas, así como las declaraciones de altos funcionarios que indicaban que las autoridades habían recibido información sobre la preparación de los mismos antes de su ejecución, «podrían poner de manifiesto una falta de coordinación entre la cúpula de la Policía y el Gobierno«.

«La secuencia de acontecimientos en Kenscoff parece indicar que, inicialmente, las fuerzas de seguridad no tomaron las medidas adecuadas para prevenir los primeros ataques ni para asegurar el rápido despliegue de unidades policiales especializadas, a pesar de los informes sobre la inminente amenaza de las pandillas«, ha señalado.

Ante esta situación, la misión de la ONU ha recomendado a las autoridades nacionales que establezcan fuerzas judiciales especializadas para combatir la impunidad y que desarrollen un plan integral para recuperar el control territorial de las zonas afectadas por la violencia de las pandillas, así como fortalecer las capacidades de recopilación de datos de Inteligencia.

Al dirigirse a la comunidad internacional, la BINUH ha pedido «continuar» con el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) de Haití para «ayudar» a la Policía Nacional a «restablecer la seguridad del país en pleno respeto del Derecho Internacional». También ha pedido adoptar medidas «urgentes» y «estrictas» para impedir el suministro de armas a Haití.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde el año pasado, se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia del contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.

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POR EDWIN DE LA CRUZ

Por fin, el liderazgo dominicano da un paso firme y decidido frente a una realidad que ya no se podía seguir ignorando. En su alocución a la nación, el presidente Luis Abinader hizo lo que muchos mandatarios evitaron por temor al costo político: enfrentar de manera directa la crisis migratoria provocada por el colapso del vecino Haití.

Las 15 medidas anunciadas no solo son necesarias, sino urgentes. Durante años, la República Dominicana ha cargado con un peso desproporcionado frente al deterioro institucional, económico y social de Haití, mientras la comunidad internacional ha optado por mirar hacia otro lado. El presidente no solo reconoce la magnitud del desafío, sino que actúa con determinación, enviando un mensaje claro tanto a nivel nacional como global: la soberanía dominicana no está en venta ni en riesgo de ser negociada.

El reforzamiento militar de la frontera, la ampliación del muro, las reformas legales y los controles migratorios en hospitales son medidas valientes que buscan poner orden donde reinaba el desorden. No se trata de rechazar la solidaridad, sino de trazar límites responsables. El Estado tiene la obligación moral y constitucional de proteger a sus ciudadanos, sus recursos y su estabilidad social.

La carga fiscal que ha significado para el país el sostenimiento de servicios de salud, educación y asistencia para una población migrante creciente y en gran medida irregular, ha tocado fondo. El sistema no puede más, y la ciudadanía lo sabe. Saludamos la decisión de establecer protocolos claros en los hospitales y de buscar la regularización del empleo para los dominicanos. Esta es una apuesta por la justicia social y por la dignidad nacional.

El presidente también pone el dedo en la llaga al exigir acción a una comunidad internacional que ha fallado en toda línea con Haití. Las palabras de Abinader fueron directas: “La República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece”. Y tiene toda la razón. Por demasiado tiempo hemos asumido un rol que corresponde a las grandes potencias, a los organismos multilaterales y a quienes tienen el poder de cambiar el rumbo de Haití, pero no la voluntad de hacerlo.

Este es un momento histórico. El presidente no solo aprieta los pantalones, sino que traza una línea en la arena: aquí se respeta la ley, se protege la soberanía y se defiende el bienestar del pueblo dominicano. Las críticas llegarán, como siempre, pero la historia recordará a quien tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando más se necesitaba.

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