El que el presidente Luis Abinader favorezca que prime el consenso de todos los sectores involucrados en el proyecto de Ley de Libertad de Expresión que finalmente apruebe el Congreso, despeja muchos temores sobre eventuales pretensiones oficiales de restringir derechos y espacios de libertad ya ganados por los dominicanos.

Pese a la controvertida ley de la DNI, que el Tribunal Constitucional oportunamente anuló, el gobernante fija distancia esta vez -¡y que bueno! – y dice que en la última pieza en discusión el Poder Ejecutivo “no puso ni una coma”, sino que fue elaborada por una comisión integrada por representantes de sectores importantes de la comunicación.

Aunque en principio a muchos asustó o preocupó lo de ”regulación ”, lleva tranquilidad aclaraciones del constitucionalista y académico Namphi Rodríguez y otros comisionados para trabajar la pieza ,en el sentido de que la legislación  protege a los medios (asumo que a los tradicionales) contra posibles riesgos de censura y cuida a los periodistas (presumo que a los que ejercen por profesión y vocación y que, como tales, cumplen con los elementales códigos éticos de la comunicación y con el imperativo servicio de informar, orientar y educar a la sociedad,  no de difamar y dañar personas y honras) ante presiones externas que atenten contra su labor informativa.

Creemos que aquí -y en esto- lo que procede es tener cuidado con inventos y con cambios donde -y con quienes- no aplican.

En pocas palabras, diferenciar las cosas y no meter en un mismo saco a medios y comunicadores que, por práctica y tradición, saben y cumplen con los parámetros del oficio, contrario a la “plaga” de cosecha reciente que, sin control de lengua ni respeto a nada ni a nadie, ha invadido de manera dañina y pervertida la comunicación, desde plataformas sin regulación alguna instaladas en las redes sociales.

hacia allí, dónde también hay gente seria, que está haciendo cosas interesantes, y hay que sacarle del montón, debe ir-con urgencia- la supervisión, la regulación y el control, con consecuencias para los que difaman, calumnian y dañan de manera alegre el honor y la dignidad de las personas.

Y a Faride y al síndico Riverón, por hacer lo que mandan la ley y el deber, hay que apoyarlos y felicitarlos. ¡Por fin…!

encar-medios@hotmail.com

jpm-am

En la columna anterior cité cinco de los diez principios generales que sustentan el proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, en manos del Senado. Seguimos en interés de contribuir a la difusión del contenido de la que será la nueva Ley de Expresión. A continuación, los principios del 6 al 10:

6- Principio de diversidad y pluralismo. La promoción de la diversidad de medios de comunicación y el pluralismo de informaciones e ideas, sin distinción de soportes tecnológicos, debe ser un objetivo primordial de la regulación y de las políticas públicas que desarrolle el Estado para asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión a las personas.

7-Principio de proscripción de asesinatos, intimidaciones y amenazas. El asesinato, secuestro, intimidación y toda amenaza física, sicológica, económica, política o legal, digital o por cualquier otro medio, a los profesionales del periodismo y los comunicadores sociales, …violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.

8-Principio de debido proceso. Constituyen principios rectores para la interpretación, aplicación e integración de las normas civiles, procesales y penales, las disposiciones consagradas en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos humanos suscritos y ratificados por la República Dominicana, siempre que no disminuyan los estándares de protección establecidos…

9-Principio de equidad e inclusión en el lenguaje. La interpretación gramatical del contenido de la presente ley cuando alude al género de la persona deberá siempre asumirse que se refiere a individuos de la especie humana y aplicarse sin que su lectura implique restricción al principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

10-Principio de neutralidad de la red. El responsable de la transmisión, comunicación o enrutamiento tiene el deber de tratar igual a todos los paquetes de datos, sin distinción de contenidos, origen o destino, terminal o aplicación.

Estos principios, contenidos en el artículo 6 del proyecto, se basan en un principio mayor que reza: La libertad de expresión incluye los derechos a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión.

El Senado ha conformado una comisión especial para analizar y estudiar la importante pieza, sometida por el Poder Ejecutivo. Integran la comisión los senadores Aracelis Villanueva,  Moisés Ayala, Franklin Romero, Aneudy Ortiz, Andrés Lama, Ramón Rogelio Genao, Omar Fernández, Félix Bautista, Rafael Duluc, Pedro Tineo y Ginnette Bournigal.

Hay optimismo con esa ley.

JPM

Ha vuelto a la palestra pública el otorgamiento de centenares de «pensiones especiales” a ciudadanos que ni siquiera han acumulado cinco (5) años de servicio en el Estado, incluso, muchos de ellos, que nunca han ocupado un cargo público en nuestro país, y se encuentran en perfecto estado de salud física y mental.

Se hace difícil entender el porqué de estas “pensiones especiales” a algunos privilegiados, y de sus onerosos montos. Por ejemplo, el porqué de las cuestionables asignaciones a personas que, además de estar en condiciones óptimas de salud,  gozan de holgura financiera, por lo menos, a decir de lo que exhiben en sus redes sociales.

Lamentablemente, este fenómeno de las “pensiones especiales” tiene fuertes arraigos en el contexto político y social en nuestro país, ya que han sido utilizadas como una herramienta de prebenda política durante muchos años.

Sin embargo, y es lo que mayor preocupación nos genera, desde 2019, el sistema de pensiones dominicano ha experimentado una transformación radical. En ese año, el gobierno destinaba cerca de RD$1,800 millones de pesos a pensiones. Para 2023, esa cifra se ha disparado a más de RD$10,000 millones, planteando serias interrogantes sobre las políticas que han estado detrás de esta expansión tan voluminosa.

La legalidad de estas “pensiones especiales” está puesta en duda, pues parecen escapar al marco normativo establecido.

Ninguna de las leyes que rigen el régimen de pensiones en República Dominicana, entiéndase la Ley 379-81 y la 87-01, y mucho menos la Constitución, le otorga facultad al Presidente de la República para que, de manera desaforada, favorezca a personas con jugosas pensiones a cargo del erario público.

La Ley 379-81 únicamente faculta al Presidente de la República para que, excepcionalmente, pueda otorgar pensiones a servidores públicos, (entiéndase bien…servidores públicos), no a cualquiera, que acumulen, por lo menos, cinco años de servicios públicos, siempre que los mismos puedan demostrar alguna invalidez física, o padezcan de una enfermedad o impedimento orgánico que los incapaciten para el trabajo productivo y que no poseen medios económicos para sostenerse.

Sorprende que, en la actualidad, mediante decreto, y citando únicamente la Ley núm. 379-81, así como el artículo 57 de la Constitución, se otorgan “pensiones especiales” sin ningún sustento normativo claro y, sobre todo, sin ningún tipo de motivación, en franca violación al párrafo II, del artículo 9, la Ley 107-13.

Nómina

Resulta crucial que el Estado dominicano revise la nómina de las «pensiones especiales» otorgadas en los últimos años. No se trata solo de una preocupación por el impacto en las finanzas públicas actuales; también,  por las consecuencias que estas asignaciones podrían tener para la estabilidad económica del país en el futuro.

Es preocupante la inexistencia de una cobertura legal clara y precisa en el otorgamiento indiscriminado de tales pensiones, pues se trata de un ámbito en el que la Administración del sistema se encuentra atada a la discrecionalidad del Presidente de la República.

Se hace necesario regular las «pensiones especiales” estableciendo reglas o normas claras para la administración y otorgamiento de pensiones que no se ajusten al régimen legal vigente.

La regulación de estas pensiones implicaría que se definan quiénes son elegibles para estas pensiones, los requisitos para obtenerlas, los montos y las condiciones de pago.

Se impone, pues, una rápida intervención de los organismos de control del gasto público, dado que estos privilegios comprometen seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas en nuestro país.

En resumen, regular las «pensiones especiales» implica establecer un marco legal y administrativo que asegure que estas pensiones se otorguen de manera transparente, eficiente y de acuerdo con las normas establecidas, para proteger los derechos de los beneficiarios y garantizar el buen uso de los recursos públicos o privados.

jpm-am