En todas las disciplinas, especialmente en lo concerniente a la interpretación de las normas que rigen la convivencia social, prevalecen numerosas ambigüedades, máxime en un medio como el nuestro en el que no pocos profesionales calificados se acomodan a los designios del poder.

En ese sentido, siempre me he esforzado por ser coherente entre lo que afirmaba ayer y lo que sustento hoy. Inicio con un tema controvertido: me refiero a la reelección presidencial, o más concretamente, si es necesario, en semejante hipótesis, la celebración de un referendo aprobatorio.

Cuando el expresidente Medina impulsó la modificación constitucional en 2015 y se impugnó la ley que declaró la necesidad de convocatoria que culminó con la desafortunada sentencia TC/0224/17, me encontraba precisamente en ese cuerpo colegiado, y junto con el doctor Hermógenes Acosta elaboramos un voto disidente señalando que, en una decisión anterior (TC/0175/13), se había indicado claramente que el derecho al sufragio pasivo es fundamental.

Por tanto, al impactar la reelección el sufragio era inevitable la celebración del referendo aprobatorio. Más todavía, la propia Sala Constitucional de Costa Rica, en su sentencia 271-03, apuntó que la reelección comprende el derecho a elegir, el cual es indiscutiblemente fundamental.

En esa línea de razonamiento, el Tribunal Constitucional dominicano expresó en la TC/0175/13 que el sufragio pasivo es un derecho fundamental, al catalogarlo como “derecho fundamental al sufragio pasivo”. Y en este punto se impone enfocar brevemente la dimensión objetiva y subjetiva del derecho al sufragio, aspecto que un distinguido colega confundió al considerar de manera esquemática que el mismo se agota en su fase objetiva, sin considerar la subjetiva.

En su trabajo se afirma que las normas jurídicas, y en especial “las contenidas en la Constitución, son la de imponer deberes, obligaciones, prohibiciones, sanciones y restricciones, o a reconocer determinadas facultades de hacer o no hacer a determinados sujetos de derecho”. Esa es precisamente la dimensión subjetiva que inicialmente admite y posteriormente excluye para concluir negando la necesidad del referendo, lo cual constituye una evidente contradicción.

En efecto, la dimensión subjetiva del sufragio es precisamente la facultad individual de los ciudadanos a ejercer el voto de manera libre y voluntaria, esto es, no se agota con la simple regulación del derecho en sí mismo (vertiente objetiva).

Referendo

El profesor Manuel Aragón expresa que todos los hilos del derecho atraviesan la Constitución, por lo que siempre es preciso analizarlos en toda su amplitud. En tal sentido, la interpretación del artículo 272 del texto constitucional impone ciertamente la celebración de un referendo cuando la modificación propuesta se vincule a un derecho fundamental. Y esa fue precisamente la lógica del constituyente, dificultar el mecanismo de reforma para evitar modificaciones caprichosas por mayorías coyunturales.

De modo, pues, que restringir el alcance de la reelección, desconociendo sus repercusiones en los derechos de los electores, para esquivar así la posibilidad de un referendo, resulta desafortunado. El politólogo alemán, Dieter Nohlen, vincula la reelección con el derecho ciudadano de participación política, o sea, al sufragio.

En tal sentido, todo lo concerniente a la reelección gravita inexorablemente sobre el sufragio, derecho fundamental por excelencia que irremisiblemente debe ser sometido a referendo. Por otra parte, no en vano el constituyente dominicano incorpora en el artículo 4 la forma de gobierno que deberá ser “civil, republicano, democrático y representativo”, para reafirmar más adelante en el 268, bajo el título del procedimiento de reforma y mediante una cláusula de intangibilidad, que ninguna modificación podrá versar sobre este aspecto.

Así las cosas, no cabe la menor duda que cualquier enmienda que se pretenda al contenido del título XIV, referente a las reformas constitucionales, exige la celebración de un referendo aprobatorio. En consecuencia, petrificar la modalidad de reelección presidencial ineludiblemente supone un referendo aprobatorio por dos razones: a) impacta el derecho al sufragio en sus dos dimensiones (activa y pasiva), y b) se estaría incursionando en un ámbito de procedimiento que necesariamente arrastra la participación directa del soberano.

En cuanto a esta esfera procedimental, he escuchado opiniones en el sentido de que, al no afectarse plazos ni mayorías, no se estaría limitando el procedimiento. Falso razonamiento en virtud de que todo lo que se modifique dentro del título relativo a las “reformas constitucionales” debe ser objeto de referendo.

Al fin y al cabo, es una esfera celosamente concebida por el constituyente, por lo que colocar límites al procedimiento, por leves que puedan resultar, constituyen reformas sustanciales. Se trata de una interpretación reduccionista para acomodarla al fin perseguido: obviar el referendo.

En definitiva, los artículos 269 y 272 de nuestro Supremo Estatuto Político deben ser interpretados sistemáticamente, por lo que resulta inevitable la celebración de un referendo aprobatorio. Comprimir por vía interpretativa el alcance de la reelección y su incidencia sobre el sufragio, que es derecho y deber entre nosotros, para así eludir el referendo, constituye un despropósito que lacera la frágil institucionalidad que nos gastamos.

jpm-am

En medio de tanto bullicio nacional e internacional sobre diversos temas  -la mayoría de corte negativo- asoman a veces en nuestro país acciones positivas que deben merecer acogida y aplauso general.

En la provincia Monseñor Nouel, cuya común cabecera es Bonao, acaba de registrarse uno de esos hechos satisfactorios que muchas veces discurren imperceptibles, sin resonancia,  pero que tienen enorme significación y deben ser multiplicados en otros lugares.

Resulta que en esa zona funciona la Federación de Campesinos hacia el Progreso, que tiene buenas ramificaciones y conexiones con grupos rurales, sin estar inspirada en motivaciones políticas y solamente interesada en provocar el bienestar de los hombres del campo.

Entre sus planes está poner en funcionamiento -en combinación con otras entidades- la Escuela Agroecológica de Loma de Blanco, que desarrollará planes educativos de campesinos tendentes a proteger la amplia cuenca hidrográfica de la provincia.

Proyecto concreto

Tras indagar -con buena lupa- sobre los fines, historial, integridad y agenda de esa federación, una institución estatal con notas suma cum laude en el presente, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egegid), ha decidido respaldar plenamente el proyecto de escuela agroecológica y las otras acciones colaterales de la federación.

Y esta es la esencia y conclusión de la historia: EGEHID y la Federación de Campesinos hacia el Progreso firmaron un acuerdo con el objetivo de aunar esfuerzos para el desarrollo de un programa de reforestación, educación, cuidado, protección, vigilancia y conservación del medioambiente en las zonas de influencia de los complejos hidroeléctricos Aniana Vargas, Río Blanco y Pinalito, en Monseñor Nouel.

La empresa estatal hará un aporte económico mensual para el desarrollo de un programa de trabajo  y la Federación de Campesinos hacia el Progreso deberá suministrar un plan operativo anual e informes financieros periódicos, de conformidad con los ejes estratégicos acordados.

Concretamente, la Federación de Campesinos se compromete a desarrollar e implementar la Escuela Agroecológica de Loma de Blanco, así como campamentos y/o jornadas educativas para jóvenes, niños y adultos, cuyo objetivo será sensibilizar sobre la importancia del medioambiente y sus elementos.

También se compromete a desarrollar programas de producción y cultivo de plantas para actividades de reforestación con especies nativas y endémicas como bambú, café bajo sombra, guama, entre otros, lo que ayudará a garantizar la cobertura boscosa de la cuenca, eje que será supervisado por el Gabinete Ambiental de EGEHID.

El acuerdo, que tiene una duración de un año (prorrogable), fue firmado por el administrador de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar, y el presidente de la Federación de Campesinos hacia el Progreso, Esteban Polanco Colón.

josepimentelmunoz@hotmail.com

Al arribar al periodo jurídico en que nos encontramos, ya en el pleno siglo XXI, han desaparecido totalmente los últimos restos de una antiquísima aberración penal: los procesos, no solo contra los animales, sino también contra las cosas inertes y las fuerzas naturales, que muchas veces consiguieron manifestaciones pasmosas.

Es sabido, que en la antigüedad clásica, un gran filósofo, el excelso maestro Platón, legislando para una sociedad ideal, como es la que prepara en su República, prescribe que sea sometido a proceso criminal todo aquello que pueda dañar al hombre y que le dañe en efecto, salvo el rayo y los demás meteoros lanzados por las manos de los dioses, porque estos casos, en vez de delitos, deben ser interpretados como castigos.

Pero si en la antigüedad clásica este concepto pudo forrar expresiones de grandioso esplendor, en la Edad Media, los procesos contra los animales consiguen expresiones más bien risibles. Hemos de recordar el gran estudio de Carlos Adossio Bestie delinquenti, para conocer hasta qué extremo de burla e ironía se pudo llegar en esa época, como el caso de las sanguijuelas del lago de Berna o el de los ratones de Autun.

Incluso los libros y comentarios expresos sobre la manera de enjuiciar a los animales más dóciles, se encuentra en la creación literaria de los antiguos prácticos del Derecho Penal; y de estos libros, el más famoso es el publicado a fines del siglo XVI, después de la Carolina, por un jurista francés llamado Chassanée, que tituló su obra De excomunicatione animalium insectorum.

Por suerte, esto pasó ya, y lo mismo que los juicios de Dios sostenidos por animales, como el famoso caso del perro de Montargis, en Francia, cerca de Orleans, no ha sido  más que un rasgo de buen reír de los arcaicos tiempos una caricatura palmaria de la justicia de la época, similar a las tallas burlescas y hasta obscenas que a menudo hallamos en la imaginería de las catedrales medievales.

Cuando se llega a la etapa actual, unánime es la afirmación de que solo el hombre, y el hombre vivo, pueden ser sujeto activo del delito y sujeto pasivo de la pena, pues también en los tiempos antiguos, el hombre muerto, los cadáveres, se vieron mostrados al proceso y a penalidades.

Más el hombre, en la esfera del Derecho toma, como es sabido, dos distintos aspectos, en orden a la personalidad jurídica: la persona física o natural, los hombres y las mujeres; y la persona moral, social, jurídica, ficticia, que todos estos nombres, todos inexactos, se da a las agrupaciones y a las asociaciones. Semejante doctrina, ¿es también aplicable al Derecho Penal?

En la época en que estamos considerando, podemos afirmar que no. La cuestión ni siquiera está indicada en los códigos. Tan sólo un antiguo Código del Brasil tiene una declaración terminante, al afirmar que nada más la persona física puede ser sujeto de Derecho Penal, y que en el caso de que concurran al delito miembros de corporaciones o asociaciones, su responsabilidad será meramente individual.

Criterio como este, solo se hallaba, en Europa, en el Código Penal de uno de los Estados de la Antigua Confederación Germánica, el de Hannover. Los demás códigos, ni siquiera plantean el problema.

¿Para qué suscitar la cuestión en una época en que el colosal carácter individualista de la Revolución Francesa, había hecho casi desaparecer, en todas partes, la vida corporativa, habiendo quedado reducido el mundo casi por completo a la multitud de decenas, o de centenas de millones de individuos sueltos, desligados de toda organización social y viviendo cada uno puramente su vida individual propia?

Seguramente es conocida de  todos., una frase del gran civilista belga Emilio Laurent, quien  en sus famosos comentarios al Código de Napoleón, dice que éste parece estar hecho “pour un enfant trouvé et mourant celibataire”, es decir, para un niño expósito que muere soltero,  encontrándose totalmente aislado en el mundo.

Pero este fenómeno es totalmente artificial, subsistió poco. Apenas la Revolución hubo segado la magnífica floración corporativa del antiguo régimen, enseguida, como sus raíces son enormemente hondas y eternas, la vida corporativa comenzó a brotar de nuevo, y cuando en la segunda mitad del siglo XIX vuelve a haber corporaciones, asociaciones, sociedades de todas clases, en número justamente amplio para plantear los problemas jurídicos, es cuando en el Derecho Penal comienza a presentarse la cuestión de la responsabilidad criminal de las personas morales.

Todavía en el periodo que examinamos, la cuestión queda descartada y puesta al margen, por un argumento debido a uno de los maestros alemanes de quien a su tiempo hablamos, Feuerbach, el cual dice que, como quiera que la persona social es una persona ficticia, una simple creación artificial del Derecho, esta persona solo puede vivir dentro de la esfera del Derecho mismo, desapareciendo tan luego como se sale de ella.

El argumento en la actualidad  nos parece un sofisma, dada la concepción reinante acerca del carácter natural de la persona social, Pero en los tiempos a que nos referimos no tuvo réplica. Por consiguiente, tenemos estas otras afirmaciones: que no hay más delincuente posible que el ser humano, y que la personalidad de éste, en lo penal, se limita al individuo físico, sin trascender nunca a las corporaciones y asociaciones.

jpm-am

Se ha quedado en la bruma de la duda la participación involuntaria de los cangrejos de Najayo en la debacle militar que sufrieron aquí en el 1655 las tropas inglesas. En esta corta serie, más delante, haré un breve recuento de las versiones tejidas al respecto.

La casualidad, pero más la suerte, con categoría histórica, han sido claves en múltiples hechos registrados por los historiadores. Algunos animales, como mito o verdad, forman parte de eso. Lo referido arriba encaja en la crónica conocida sobre el revés de los ingleses aquel año, en la ciudad de Santo Domingo y zonas aledañas.

Al frente de esa fuerza expedicionaria estaban el general Robert Venables, encargado de las operaciones bélicas en tierra; y el almirante William Penn, al mando de la flota de guerra. Cumplían órdenes del poderoso dictador Oliverio Cromwell, quien luego de darle muerte al rey Carlos I transformó un reinado antiquísimo en República y se hizo proclamar Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda.

Bernardino Meneses Bracamonte y Zapata, mejor conocido como el Conde de Peñalba, llegó a la isla de Santo Domingo el 8 de abril de 1655 para ejercer el cargo de Gobernador General de la entonces colonia de España.

Invasión

Menos de 20 días después (el 25 de abril de 1655) la aludida invasión inglesa, compuesta por 34 navíos de guerra y ocho buques con pertrechos bélicos y alimentos, a bordo de los cuales llegaron trece mil combatientes, comenzó a operar en tierra. Los soldados empezaron a desembarcar por los fondeaderos y playas de Haina, Najayo y Nizao y el muelle de la ciudad de Santo Domingo.

Había en esta isla un ambiente de incertidumbre por la muerte del anterior jefe colonial, Andrés Pérez Franco, y por la displicencia que se le atribuyó al sucesor interino de este, Juan Francisco Montemayor de Cuenca. Tal vez el desvalimiento venía desde el 1605, con las llamadas devastaciones de Antonio de Osorio, el gobernador colonial que no fue más que el chivo expiatorio de un gran error del rey Felipe III.

En manuales militares se resalta la hazaña bélica de que unos cientos de lanceros criollos llegados apresuradamente desde Higüey, El Seibo, Bayaguana, Monte Plata, La Vega, Azua, Santiago de los Caballeros y otros lugares, como refuerzos de las escasas tropas coloniales españolas, derrotaron a una poderosa armada inglesa dirigida hacia acá con el fin específico de doblegar al imperio español.

Está documentalmente comprobado que la fracasada operación militar de Penn y Venables a la isla de Santo Domingo, concebida y organizada por Cromwell, tenía una suerte de responsabilidad añadida, en la cual se mezclaban el poder terrenal y la lucha religiosa. En efecto, la disputa entre catolicismo y protestantismo estaba muy activa en Europa. Los contendientes más fuertes eran España e Inglaterra.

El referido dictador y regicida inglés se proponía establecer en Santo Domingo su base de operaciones para destruir el imperio que España había creado en el territorio que se extiende desde el río Bravo, en la frontera de México con EE.UU., hasta la región patagónica en el remoto sur de Argentina. Cromwell tenía un denominado Plan Antillano.

El historiador dominicano César A. Herrera, luego de investigar en archivos españoles, definió dicha intención así: «Un programa político, económico y religioso, destinado a desarticular el imperio español de América…” (Divulgaciones Históricas. Editora Taller, 1989. Pp.31 y 32).

La invasión, por el mar Caribe, no fue una sorpresa total.  La real cédula, dictada por el Rey de España el 13 de septiembre de 1654, le hacía saber al Conde de Peñalba (antes de venir a Santo Domingo) que por dejadez de autoridades coloniales anteriores: “…el enemigo había infestado a aquella isla y sus puertos, por la negligencia y descuido que había habido en su defensa y reparo…”

Anoto que para esa época la isla de La Tortuga, situada a pocos kilómetros al norte de la isla de Santo Domingo, era una madriguera de diversos grupos armados que se movían por todo el Caribe insular.

jpm-am