Si no fuera porque lo leí en una nota del Ministerio de Interior y Policía, no creería que la ministra Faride Raful viajó a El Salvador para “conocer los esfuerzos en materia de seguridad pública y compartir lo que hace el país para garantizar un Estado seguro para los ciudadanos”.

La funcionaria dominicana se reunió con funcionarios salvadoreños con los que trató “con quienes trató sobre la transformación de los cuerpos policiales y combate al crimen organizado”, ante lo cual hay que advertir que la policía dominicana no necesita aprender nada de sus pares centroamericanos.

El modelo de seguridad ciudadana que aplica el presidente Nayid Bukele, basado confinar en una mega cárcel a decenas de miles de supuestos o reales miembros de bandas criminales, es presentado por la OEA como un modelo a seguir por los gobiernos en América Latina, lo que resulta incompatible con la democracia.

Bukele suspendió derechos los consagrados en la Constitución, aunque en ese país opera un parlamento y un sistema judicial diseñado a imagen y semejanza del ejecutivo, en un régimen de fuerza que derrotó a la criminalidad, pero también abatió a la democracia.

Ese remedio solo aplica para El Salvador, que en el último medio siglo fue escenario de una cruenta guerra entre el Frente Farabundo Martí (FMLN) y el ejército regular, que se prolongó por más de diez años con saldo de 70 mil muertos y su institucionalidad anulada.

Durante el periodo de guerra, millones de salvadoreños emigraron al exterior, cuya diáspora se congregó mayormente en el oeste de Estados Unidos, donde emergieron las bandas “Mara Salvatrucha”, “Mara 18” y “Mara Revolucionaria”, que luego asumieron control territorial sobre zonas urbanas y rurales de El Salvador.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, la mega cárcel que alberga a más de 50 mil reclusos en condiciones infrahumanas, ha sido la fórmula infalible de Bukele para enfrentar la criminalidad, una receta solo efectiva en esa nación, que llegó a albergar a más de 70 mil pandilleros.

En El Salvador se sacrificaron las libertades públicas para derrotar a bandas transnacionales, una medicina que se aplicó aquí por 30 años, durante los cuales se dice que se podía dormir en la calle con una botija como almohada. Ese ejemplo no es adaptable a República Dominicana, poseedora de una de las democracias más consolidadas del continente.

En vez de que la ministra Raful abreve en la experiencia única e irrepetible de El Salvador, funcionarios de ese país deberían venir a Santo Domingo a copiar la fórmula democrática de contener la delincuencia y la criminalidad sin malograr las libertades publicas.

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POR LUIS M. GUZMAN

A lo largo de las últimas seis décadas, las remesas enviadas por la diáspora dominicana se han convertido en uno de los pilares más estables de la economía nacional. Desde los modestos envíos informales de los años sesenta hasta los flujos digitalizados del presente, este fenómeno ha sido tan constante como la migración misma.

En 2024, el país recibió más de 10,700 millones de dólares en remesas, representando aproximadamente el 7% del PIB. No es exagerado decir que muchas comunidades sobreviven gracias a esta transferencia de riqueza.

Sin embargo, la propuesta legislativa impulsada por el presidente Donald Trump, que busca imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por inmigrantes no ciudadanos, ha encendido las alarmas. Aunque aún en debate, este proyecto plantea una seria amenaza para millones de familias dominicanas que dependen de cada dólar enviado desde EE.UU. A la vez, cuestiona la estabilidad de una economía nacional excesivamente dependiente del trabajo de sus hijos en el exterior.

Este potencial impuesto, dirigido exclusivamente a quienes no son ciudadanos estadounidenses, afectaría a una mayoría de la diáspora dominicana en EE.UU., compuesta por residentes legales, indocumentados y portadores de visas temporales.

Se calcula que más del 60% de los remitentes no poseen ciudadanía estadounidense, por lo que el impacto podría ser inmediato y profundo en caso de aprobarse.

Consecuencias

Las consecuencias proyectadas son diversas. En primer lugar, el costo del envío de dinero se incrementaría drásticamente, pasando en muchos casos de tarifas promedio de US$3-6 a cargas adicionales de US$10 o más por cada US$200 enviados. Esto reduciría el flujo neto de recursos a las familias, debilitando su capacidad de consumo y su acceso a salud, educación y vivienda.

En segundo lugar, la respuesta de los migrantes podría inclinarse hacia el uso de métodos informales o criptomonedas, con menos control estatal, pero también con mayores riesgos de fraude. Plataformas como Binance o Strike han crecido entre jóvenes migrantes, permitiendo transferencias en USDT (Tether), pero su masificación en comunidades tradicionales aún enfrenta barreras tecnológicas y legales.

A nivel nacional, la economía dominicana podría enfrentar una desaceleración en sectores altamente influenciados por las remesas, como el comercio minorista, la construcción informal, y los servicios. Zonas como el Cibao Central, tradicionalmente receptoras de remesas, mostrarían una contracción en su circulación monetaria, lo que ampliaría las desigualdades territoriales.

De manera prospectiva, el país se enfrenta a una disyuntiva: seguir dependiendo estructuralmente de las remesas o iniciar una transición hacia un modelo productivo interno. Esta propuesta fiscal estadounidense debería servir como un llamado de alerta para repensar las bases del desarrollo dominicano, diversificar la economía y fortalecer las redes de protección social interna.

Alternativas digitales como Wise, Revolut, Remitly y Xoom seguirán ofreciendo opciones para envío de remesas con tarifas más bajas y mayor trazabilidad. Sin embargo, en el mediano plazo, el país debe tomar medidas para integrar estas soluciones en estrategias de inclusión financiera, fomentando que los receptores de remesas las usen no solo para el gasto diario, sino también como palanca de ahorro, inversión y educación.

La amenaza de un impuesto a las remesas también despierta la necesidad de un frente diplomático latinoamericano. México, El Salvador, Honduras y la propia República Dominicana deben unirse para rechazar políticas que penalizan la solidaridad migrante y obstaculizan el flujo económico más estable que reciben sus economías.

A mediano y largo plazo, lo ideal sería que las remesas no sean vistas como un «sustituto de Estado», sino como una fuente complementaria al desarrollo. Para ello, deben crearse mecanismos fiscales e institucionales que canalicen parte de esos fondos hacia proyectos comunitarios, cooperativas, microempresas y fondos de capital semilla.

El año 2025 puede marcar el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las remesas dominicanas; uno que no sólo evalúe su volumen, sino también su calidad, su uso estratégico y su dependencia estructural. Una economía verdaderamente resiliente no puede depender eternamente de la migración como escape económico.

El debate sobre las remesas debe ir más allá del temor a la pérdida de dólares. Es, en esencia, una conversación sobre soberanía económica, equidad territorial y el derecho de los pueblos a construir bienestar desde dentro, sin que su principal fuente de ingreso dependa del trabajo precarizado fuera de sus fronteras.

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POR OSIRIS GUZMAN DELGADO

Desde la década de 1990, la República Dominicana emprendió una reforma estructural profunda de su sistema eléctrico.

El modelo verticalmente integrado, donde el Estado controlaba generación, transmisión, distribución y comercialización, fue desmontado progresivamente para dar paso a un modelo horizontal mixto, con fuerte presencia del sector privado en la generación.

1. Generación (privada/mixta)

Privatización total de las plantas térmicas, a excepción de las hidroeléctricas y sistemas de energía renovable (solar y eólica) propiedad del Estado.

El sector privado opera bajo regulación estatal, lo que ha incrementado la capacidad instalada, pero ha generado una fuerte dependencia de combustibles fósiles y precios internacionales.

Todavía permanecen en servicio plantas de generación de muy bajo rendimiento que encarecen el costo de producción y el precio a las distribuciones (EDES).

2. Distribución (estatal)

A través de tres empresas estatales: EDESUR, EDENORTE y EDEESTE.

Estas enfrentan altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas, morosidad y desafíos operativos.

3. Comercialización (estatal)

Responsabilidad de las EDES, con desafíos estructurales y necesidad de mejoras tecnológicas y en eficiencia operativa.

Riesgos sistémicos: lección del apagón europeo

El apagón ibérico del 2025 evidenció vulnerabilidades globales: oscilaciones de frecuencia, fallos de sincronización, ciberataques y desastres naturales.

La infraestructura dominicana es aún más vulnerable y necesita preparación técnica, institucional y ciudadana ante eventos similares.

Plan Estratégico Nacional de Prevención y Respuesta Inmediata ante Apagones Masivos

Se sugiere  un plan dividido en dos grandes áreas: Prevención y Respuesta Inmediata.

I. Prevención

– Fortalecimiento de infraestructura crítica.

– Diversificación de la matriz energética.

– Rediseño del sistema de respaldo nacional.

– Ciberseguridad energética.

– Marco normativo de contingencias y planes de continuidad operativa.

II. Respuesta inmediata

–        Centro Nacional de Coordinación de Emergencias Energéticas. (EXCLUSIVO)

–        Sistema Nacional de Comunicación de Crisis.

–        Movilización rápida de brigadas técnicas.

–        Protección a los sectores sensibles.

–        Evaluación post-evento y medidas correctivas.

Conclusión y moraleja regional

–         La República Dominicana debe ver la energía como infraestructura crítica de seguridad nacional.

–         La experiencia europea demuestra que la anticipación es la única garantía de estabilidad.

–         Se propone un pacto nacional energético que priorice resiliencia, corresponsabilidad y acción preventiva.

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https://almomento.net/la-sorpresa-del-apagon-del-siglo-en-europa/