SANTO DOMINGO.- Falleció en esta ciudad la doctora Ramona Estela Castro de Ruffin, madre de Luis Ruffin Castro, director adjunto del Movimiento Intergremial Solidaridad Periodística.
Doña Ramona murió en su hogar. Tenía 97 años.
Actualmente, Ruffin Castro tiene a su cargo la defensa jurídica del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) por la recuperación de la tercera planta de la Casa del Periodista, ocupada por Marvin Joel Soriano Robles, quien supuestamente adeuda más de un millón y medio de pesos por pago de alquiler.
En las próximas horas, la familia Castro informará donde estarán expuestos los restos.
El presidente del CDP, Olivo de León, y el periodista Rafael G. Santana dijeron que en este momento de dolor, llamaron a los afiliados del gremio a acompañar en su dolor a Ruffin Castro, quien «se ha entregado en cuerpo y alma a la lucha por la preservación de la Casa del Periodista».
En iguales términos se pronunció José Beato, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa SNTP.
jt/am

SANTO DOMINGO.- República Dominicana dio un paso “largo” y se pone en la dirección correcta con la recién aprobada Ley de Regulación de Extranjeros, pero el camino para conseguir la plena restauración de la nacionalidad dominicana de las personas privadas de este derecho, podría estar lleno de obstáculos, si el Gobierno no aborda de forma integral este crítico problema, consideró Amnistía Internacional (AI).
En una carta abierta enviada al presidente Danilo Medina, el organismo precisó que la controvertida política de desnacionalización del país llegó a su punto culminante en septiembre de 2013, cuando el Tribunal Constitucional (TC) determinó que los hijos dominicanos de migrantes en situación irregular nacidos en la República Dominicana entre 1929 y 2010, nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana y debían ser privados de ella.
“Esta reciente ley debe ser bienvenida como un intento por parte de las autoridades dominicanas de resolver el dramático problema que crearon con sus políticas discriminatorias, que afectó a miles de personas –la inmensa mayoría, dominicanos de origen haitiano– cuyas vidas han estado en suspenso durante años. Pero se trata sólo de un primer paso, ya que deja a muchas personas atrapadas en un limbo jurídico y privadas del disfrute de sus derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de AI.
Explicó que esta ley establece dos categorías: las personas que en algún momento fueron inscritas en el registro civil dominicano, y aquéllas cuyo nacimiento nunca fue declarado.
“Es como si las autoridades dominicanas sólo estuvieran viendo la punta del iceberg. La ley es un paso positivo para las personas que fueron inscritas en el registro civil, pero es totalmente inadecuada para el resto. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana pertenece a la segunda categoría, y entre ellos se encuentran las personas más pobres y vulnerables del país”, dijo.
Aclaró que ninguna de las soluciones que aporta la ley dispone el restablecimiento automático de la nacionalidad dominicana, como solicitaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La expulsión tendría consecuencias catastróficas para las personas nacidas en República Dominicana y que, como sucede en la mayoría de los casos, tienen muy pocos vínculos con el país de origen de sus progenitores”, subrayó.
Dijo que en ambos casos, la Junta Central Electoral vaya a tener un papel tan destacado en la aplicación de la ley. Este organismo ha demostrado carecer de la imparcialidad necesaria para llevar a cabo los procesos de regularización y naturalización de forma justa y ecuánime.
“Las autoridades dominicanas deben garantizar el debido proceso y el derecho a una revisión judicial en todos los casos de privación de la nacionalidad. También deben crear una comisión de vigilancia, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la aplicación plena y justa de la ley. Si las autoridades dominicanas buscan en serio una solución, deben garantizar que la arbitrariedad y la discriminación ya no van a ser la norma cuando los dominicanos de ascendencia haitiana traten de acceder a sus derechos”, expresó.
jt/am

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo investiga 32 personas detenidas en distintos actos violentos reportados a través del Sistema de Emergencias 911.

La Unidad de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar recibió los detenidos este domingo e inmediatamente inició las investigaciones.
La procuradora fiscal de la provincia, Olga Diná Llaverías, considera que es un buen indicio que en las primeras horas de funcionamiento del 911, la población entendiera la importancia del sistema, reportando los actos violentos en su entorno.
«Esperamos que los ciudadanos sigan llamando para reportar de manera oportuna todos los casos de violencia, en especial los basados en género, para nosotros trabajar a tiempo y salvar vidas», expresó la Magistrada.
Recordó a los habitantes de Santo Domingo que pueden hacer sus denuncias en las Fiscalías Comunitarias, donde además recibirán las orientaciones correspondientes.
jt/am