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SANTO DOMINGO.- República Dominicana dio un paso “largo” y se pone en la dirección correcta con la recién aprobada Ley de Regulación de Extranjeros, pero el camino para conseguir la plena restauración de la nacionalidad dominicana de las personas privadas de este derecho, podría estar lleno de obstáculos, si el Gobierno no aborda de forma integral este crítico problema, consideró Amnistía Internacional (AI).
En una carta abierta enviada al presidente Danilo Medina, el organismo precisó que la controvertida política de desnacionalización del país llegó a su punto culminante en septiembre de 2013, cuando el Tribunal Constitucional (TC) determinó que los hijos dominicanos de migrantes en situación irregular nacidos en la República Dominicana entre 1929 y 2010, nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana y debían ser privados de ella.
“Esta reciente ley debe ser bienvenida como un intento por parte de las autoridades dominicanas de resolver el dramático problema que crearon con sus políticas discriminatorias, que afectó a miles de personas –la inmensa mayoría, dominicanos de origen haitiano– cuyas vidas han estado en suspenso durante años. Pero se trata sólo de un primer paso, ya que deja a muchas personas atrapadas en un limbo jurídico y privadas del disfrute de sus derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de AI.
Explicó que esta ley establece dos categorías: las personas que en algún momento fueron inscritas en el registro civil dominicano, y aquéllas cuyo nacimiento nunca fue declarado.
“Es como si las autoridades dominicanas sólo estuvieran viendo la punta del iceberg. La ley es un paso positivo para las personas que fueron inscritas en el registro civil, pero es totalmente inadecuada para el resto. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana pertenece a la segunda categoría, y entre ellos se encuentran las personas más pobres y vulnerables del país”, dijo.
Aclaró que ninguna de las soluciones que aporta la ley dispone el restablecimiento automático de la nacionalidad dominicana, como solicitaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La expulsión tendría consecuencias catastróficas para las personas nacidas en República Dominicana y que, como sucede en la mayoría de los casos, tienen muy pocos vínculos con el país de origen de sus progenitores”, subrayó.
Dijo que en ambos casos, la Junta Central Electoral vaya a tener un papel tan destacado en la aplicación de la ley. Este organismo ha demostrado carecer de la imparcialidad necesaria para llevar a cabo los procesos de regularización y naturalización de forma justa y ecuánime.
“Las autoridades dominicanas deben garantizar el debido proceso y el derecho a una revisión judicial en todos los casos de privación de la nacionalidad. También deben crear una comisión de vigilancia, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la aplicación plena y justa de la ley. Si las autoridades dominicanas buscan en serio una solución, deben garantizar que la arbitrariedad y la discriminación ya no van a ser la norma cuando los dominicanos de ascendencia haitiana traten de acceder a sus derechos”, expresó.
jt/am